STC7997-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC7997-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 76001-22-03-000-2021-00140-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n formulada contra la sentencia dictada el 3 de junio de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, dentro de la tutela promovida por Juan de Jes\u00fas Garc\u00eda Jerez frente al Juzgado Noveno Civil del Circuito de la citada ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d adelantado por Patricia Eugenia Cu\u00e9llar Garc\u00e9s al aqu\u00ed actor. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor demanda la protecci\u00f3n de las prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulneradas por el accionado. <\/p>\n
2. Acota, como fundamento del ruego, que fue demandado dentro del juicio compulsivo materia de resguardo, asunto en el cual, el Juzgado Noveno Civil del Circuito de Cali, emiti\u00f3 el mandamiento de pago exigido por el reclamante. <\/p>\n
Aduce que, dentro del t\u00e9rmino legal para ello, contest\u00f3 el libelo introductor, presentando \u201cexcepciones de fondo y tacha de falsedad\u201d, respecto de los t\u00edtulos valores base de recaudo. <\/p>\n
Afirma que el despacho convocado, en auto de 8 de septiembre de 2020, manifest\u00f3 que la parte ejecutante \u201cno se pronunci\u00f3\u201d frente al traslado de los referidos medios de defensa, por tanto, fij\u00f3 fecha y hora para adelantar la audiencia inicial. <\/p>\n
Sostiene que no existe evidencia alguna de los hechos alegados por la parte ejecutante, m\u00e1s a\u00fan, cuando, para la fecha del traslado de la contestaci\u00f3n de la demanda, \u201cya estaba en vigencia el Decreto 806 de 2020\u201d y, por tanto, el tr\u00e1mite del proceso se estaba realizando de manera virtual. <\/p>\n
Considera conculcadas sus prerrogativas fundamentales por la actuaci\u00f3n del estrado fustigado, pues, i) la nulidad decretada \u201cva en contrav\u00eda del principio de publicidad\u201d; ii) en el litigio no aparecen los documentos que sirvieron como fundamento de la solicitud de invalidez procesal deprecada por el ejecutante; y iii) se hizo \u201centrega del expediente digital\u201d dos d\u00edas antes de instalarse la audiencia inicial, la cual, adem\u00e1s, fue interrumpida por tercera ocasi\u00f3n, sin tenerse en cuenta lo se\u00f1alado por el C\u00f3digo General del Proceso frente a la imposibilidad de suspender esa diligencia \u201cpor m\u00e1s de una vez\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, dejar sin efecto la \u201cnulidad\u201d declarada dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder e indic\u00f3 que el gestor \u00fanicamente atac\u00f3 mediante reposici\u00f3n la providencia aqu\u00ed reprochada, omitiendo interponer el recurso de apelaci\u00f3n, el cual era procedente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el resguardo, tras advertir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]el examen a las pruebas adosadas a la tutela, revela que la providencia que data 18 de mayo del a\u00f1o corriente, por medio de la cual resolvi\u00f3 \u201cdeclarar la nulidad de todo lo actuado, a partir del auto 10 de julio de 2020, a trav\u00e9s del cual se corri\u00f3 traslado a la parte demandante de las excepciones de m\u00e9rito y tacha de falsedad propuestas por la parte demandante\u201d, si bien fue objeto de reposici\u00f3n, no se interpuso apelaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando ese recurso deven\u00eda procedente al tenor del numeral 6\u00b0 del art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior indica que la intervenci\u00f3n del aqu\u00ed impulsor en el juicio de apremio civil que critica fue pasiva y sosegada, no controvirti\u00f3 la decisi\u00f3n de la que hoy se duele, ejerciendo de tal manera la defensa de sus intereses en los momentos oportunos y etapas correspondientes dentro de la senda procesal y ante el juez natural, de tal manera, ejerce una defensa tard\u00eda dando lugar, como no pod\u00eda ser de otra forma, a que cobrara firmeza, en primera instancia, la nulidad de todo lo actuado desde el momento en que se corri\u00f3 traslado a la parte contraria de los medios exceptivos, pretendiendo subsanar su omisi\u00f3n a trav\u00e9s de esta v\u00eda excepcional y subsidiaria\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La interpuso el censor repitiendo los mismos argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor e indicando que su defensa fue ejercida \u201csin tener acceso al expediente digitalizado en su integridad\u201d y sin conocer los documentos que sustentaron la solicitud de invalidez alegada por la parte ejecutante. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del requisito de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el interesado no utiliz\u00f3 los instrumentos a su alcance para atacar la decisi\u00f3n emitida en la audiencia de 18 de mayo de 2021, donde se declar\u00f3 la nulidad deprecada por el extremo activo del caso bajo estudio. <\/p>\n
En efecto, aunque el actor present\u00f3 reposici\u00f3n frente al prove\u00eddo criticado, lo cierto es, esa determinaci\u00f3n tambi\u00e9n era susceptible de impugnarse mediante apelaci\u00f3n, recurso procedente a voces de lo establecido en numeral 6 el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso1; empero, el accionante no hizo uso de esa herramienta, desaprovechando la oportunidad de debatir ante el ad quem las irregularidades expuestas en esta v\u00eda residual. <\/p>\n
2. As\u00ed, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Con todo, si el quejoso considera que, al momento de consultar el expediente digital del litigio censurado, el mismo se encontraba incompleto y, por ende, no pudo tener conocimiento de los documentos mediante los cuales se sustent\u00f3 la memorada solicitud de nulidad, debe alegar esa irregularidad ante el juzgado convocado, para que sea esa autoridad quien decidida si le asiste raz\u00f3n en sus aseveraciones; sin embargo, ninguna prueba aportada a esta senda demuestra una actuaci\u00f3n en tal sentido. <\/p>\n
Por tanto, la salvaguarda desemboca en la hip\u00f3tesis de improcedencia prevista en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica en armon\u00eda con el canon 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues el petente pretende un pronunciamiento, sobre aspectos que deben ser puestos en conocimiento y solucionados por el funcionario competente; los cuales no hallan asidero en esta v\u00eda residual y extraordinaria. <\/p>\n
Al respecto, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]n trat\u00e1ndose de instrumentos dirigidos a la preservaci\u00f3n de los derechos, el medio judicial de protecci\u00f3n es, por excelencia, el proceso y, por lo tanto, a nadie le es dable quejarse por la hipot\u00e9tica vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales, si goz\u00f3 y a\u00fan cuenta con la oportunidad de controvertir las decisiones de las que hoy discrepa (\u2026). Por lo dem\u00e1s, es palmario que la tutela no es un mecanismo que se pueda activar, seg\u00fan la discrecionalidad del interesado, para tratar de rescatar las oportunidades perdidas, como tampoco para reclamar prematuramente un pronunciamiento del juez constitucional, que le est\u00e1 vedado, por cuanto no puede arrogarse anticipadamente facultades que no le corresponden, con miras a decidir lo que debe resolver el funcionario competente (\u2026) para que de una manera r\u00e1pida y eficaz se le proteja el derecho fundamental al debido proceso\u2019, pues, reit\u00e9rase, no es este un instrumento del que pueda hacer uso antojadizamente el interesado, ni mucho menos para eludir el que de manera espec\u00edfica se\u00f1ale la ley (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y, del mismo modo, el mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio7. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. Por los anteriores argumentos, se impone la ratificaci\u00f3n del fallo impugnado. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 El art\u00edculo 321 del C\u00f3digo de General del Proceso, expresa cuales autos proferidos en primera instancia son apelables. Entre los cuales encontramos \u201c6. El que niegue el tr\u00e1mite de una nulidad procesal y el que la resuelva\u201d (resaltado propio). <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 22 de febrero de 2010, exp. 00312-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, exp, 00051-01; y el 17 de septiembre de 2013, exp. 1700122130002013-00211-01, entre otras. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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