STC8014-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8014-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-02113-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n el 21 de enero de 20211, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Jeison Manuel Ca\u00f1\u00f3n Rodr\u00edguez, contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de esta capital, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en el proceso penal radicado n\u00ba 2015-00954. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderado, reclama la protecci\u00f3n constitucional de los derechos fundamentales al debido proceso y defensa t\u00e9cnica, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. Relat\u00f3 en s\u00edntesis que, el 31 de octubre de 2018 el Juzgado Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, (junto a otros tres coprocesados) lo conden\u00f3 a la pena de 141 meses de prisi\u00f3n y multa de 87.495 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, por los delitos de \u00abconcusi\u00f3n y privaci\u00f3n ilegal de la libertad\u00bb. <\/p>\n
Refiri\u00f3 que, su apoderada de entonces, Janeth L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n que no prosper\u00f3, pues el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, Sala Penal, con fallo del 26 de agosto de 2019 confirm\u00f3 en su integridad la condena. Contra esta \u00faltima decisi\u00f3n, la mencionada defensora, interpuso el recurso de casaci\u00f3n, empero, el 4 de octubre de ese a\u00f1o, alleg\u00f3 memorial al tribunal indicando que desist\u00eda de dicho remedio, \u00absuprimiendo sin raz\u00f3n alguna la oportunidad procesal [de] hacer valer su defensa t\u00e9cnica\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3 que, mediante auto del 20 de noviembre de 2019, esa corporaci\u00f3n admiti\u00f3 el desistimiento presentado y consecuentemente, declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario. <\/p>\n
Se duele de la actuaci\u00f3n de la abogada que lo represent\u00f3 en el juicio y acus\u00f3 de \u00abreprochable\u00bb su proceder porque al desistir de la casaci\u00f3n le caus\u00f3 un \u00abperjuicio injusto\u00bb. Sostuvo que, esa falta de defensa t\u00e9cnica se concret\u00f3 en un \u00abdefecto procedimental por excesivo ritual manifiesto a costas del derecho al debido proceso [\u2026] al desistir del recurso [\u2026] y la imposibilidad de una eventual libertad en dado caso de efectuarse la casaci\u00f3n de la sentencia condenatoria\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente arguy\u00f3 que, \u00ab(\u2026) no puede reputarse perenne, garante y material una defensa que desiste del ejercicio de un recurso previa incoaci\u00f3n; no se entiende la raz\u00f3n de ser de tal diligencia, si lo que realmente pretend\u00eda la anterior apoderada era defender[lo], en franca lid (\u2026)\u00bb. Apunt\u00f3 que, no se debe admitir el desistimiento de un recurso \u00abcomo un acto o estrategia defensiva, cuando lo que se busca con la demanda casacional es obtener una resoluci\u00f3n jur\u00eddica acorde a los intereses de cualquier sujeto inmiscuido en el proceso penal (\u2026)\u00bb; y agreg\u00f3 que, esa omisi\u00f3n no se le puede \u00abimputar [\u2026] puesto que \u00e9l [\u2026] no es quien est\u00e1 facultado-t\u00e9cnicamente- para presentar una demanda casacional (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Por lo anterior, pretende que, \u00ab(\u2026) se revoque la decisi\u00f3n del 20 de noviembre de 2019 emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 (\u2026) se conceda la oportunidad procesal para reintentar la presentaci\u00f3n de la demanda de casaci\u00f3n en contra de la providencia del 4 de septiembre de 2019, misma que confirm\u00f3 la sentencia de primera instancia (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juez Quinto Penal del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, hizo un recuento del juicio que se le adelant\u00f3 al actor, y solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite por cuanto la queja se concreta al proceder de la defensora por no sustentar el recurso de casaci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Fiscal\u00eda 4\u00aa Especializada Unidad Gaula, manifest\u00f3 que las censuras formuladas por el quejoso son del exclusivo resorte de la judicatura. <\/p>\n
3. Francia Guerrero Benavidez, abogada vinculada, cont\u00f3 que represent\u00f3 a uno de los procesados en el asunto penal que involucr\u00f3 al aqu\u00ed tutelante. Precis\u00f3 que, en su caso, el desistimiento del recurso de casaci\u00f3n fue una decisi\u00f3n previamente informada a su prohijado, quien estuvo de acuerdo, pues le explic\u00f3 que \u00ablo m\u00e1s adecuado era que el tr\u00e1mite procesal siguiera su curso ante los juzgados de ejecuci\u00f3n de penas [\u2026] ante los cuales se puede solicitar los beneficios de car\u00e1cter judicial o administrativo a los que por ley tengan derechos los penados\u00bb, frente a lo cual no existi\u00f3 oposici\u00f3n de su representado. <\/p>\n
4. En el mismo sentido se pronunci\u00f3 Janeth L\u00f3pez Hern\u00e1ndez, quien fungi\u00f3 como defensora de Ca\u00f1\u00f3n Rodr\u00edguez, puntualiz\u00f3 que el mandato que se le otorg\u00f3 no inclu\u00eda la presentaci\u00f3n del recurso de casaci\u00f3n, pese a ello, se\u00f1ala que se le \u00abpidi\u00f3 el favor de interponerlo\u00bb, sin embargo, el posterior desistimiento obedeci\u00f3 a un an\u00e1lisis de aspectos tales como \u00abla efectividad del recurso, el costo, el tiempo, entre otros (\u2026)\u00bb. A\u00f1adi\u00f3 que, todas las decisiones que tom\u00f3 como defensora las inform\u00f3 a su defendido, quien durante el desarrollo del tr\u00e1mite estuvo en libertad. <\/p>\n
Finalmente, indic\u00f3 que, el poder que se le otorg\u00f3 la facult\u00f3 para adoptar las decisiones a que haya lugar \u00absin que ello implique obtener o no el consentimiento del mandante para actuar en cada oportunidad\u00bb, pese a ello, le comunic\u00f3 cada paso, incluyendo la del desistimiento de la casaci\u00f3n. <\/p>\n
5. El Procurador 317 Judicial Penal II, solicit\u00f3 se declare la improcedencia de la demanda tutelar por cuanto, se vislumbra que el actor en realidad lo que pretende es \u00abun af\u00e1n desmedido por reactivar unos t\u00e9rminos que a todas luces dentro del ordenamiento legal se encuentran finiquitados\u00bb. En igual medida, se\u00f1al\u00f3 que la improcedencia deriva del incumplimiento del requisito de la inmediatez por cuanto han transcurrido m\u00e1s de 14 meses desde el proferimiento de la determinaci\u00f3n que declar\u00f3 desierto el recurso extraordinario. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda al advertir que desatiende los par\u00e1metros de subsidiariedad e inmediatez; el primero porque, \u00abel demandante ha debido plantear sus reparos a trav\u00e9s del recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues si bien inicialmente lo interpuso a trav\u00e9s de su defensora, lo cierto es que de forma posterior la autoriz\u00f3 para que desistiera del mismo, tal y como qued\u00f3 acreditado [\u2026] desech\u00f3 la herramienta jur\u00eddica a su alcance (\u2026)\u00bb. Del segundo porque, la providencia atacada, es decir, la que acept\u00f3 el desistimiento del recurso de casaci\u00f3n es del 20 de noviembre de 2019, mientras que la presente demanda de diciembre de 2020, esto es, \u00abtranscurri\u00f3 m\u00e1s de un a\u00f1o\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La interpuso el apoderado del quejoso reiterando los argumentos del escrito inicial. Refut\u00f3 la providencia de la Sala a quo porque dej\u00f3 de pronunciarse sobre los asuntos que, en extenso, expuso en la demanda de tutela; sostiene frente a la subsidiariedad aplicada que, no se puede tener por cierto que la decisi\u00f3n de desistir de un recurso tiene que ver con la diligencia en el ejercicio de la actividad defensiva. <\/p>\n
En cuanto al requisito de la inmediatez, manifest\u00f3 que el juez de primer grado ignor\u00f3 sus planteamientos en torno a la justificaci\u00f3n que convalida la tardanza, pues recalc\u00f3 que se debi\u00f3 a que su prohijado careci\u00f3 de un abogado que lo asesorara en tal sentido, pues \u00abresulta insensato pensar que el se\u00f1or Ca\u00f1\u00f3n Rodr\u00edguez por s\u00ed mismo incoara una acci\u00f3n de tutela semejante, pues el procesado evidentemente no goza de la pericia t\u00e9cnica y filigrana jur\u00eddica que requiere tal empresa\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte inicialmente establecer si el amparo se ejerci\u00f3 oportunamente y, de superarse lo anterior, si las autoridades judiciales convocadas vulneraron las garant\u00edas denunciadas al aceptar el desistimiento del recurso de casaci\u00f3n \u2013 auto del 20 de noviembre de 2019 \u2013 presentado por la defensora del procesado Ca\u00f1\u00f3n Rodr\u00edguez (ac\u00e1 accionante), decisi\u00f3n en la que, consecuencialmente, se declar\u00f3 desierto dicho medio de impugnaci\u00f3n, lo que en su sentir constituye, supuestamente, una v\u00eda de hecho por \u00abdefecto procedimental por exceso ritual manifiesto (sic)\u00bb. <\/p>\n
2. Procedencia de la tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Por regla general este mecanismo no procede contra determinaciones jurisdiccionales y, por tanto, s\u00f3lo en forma excepcional resulta viable la prosperidad del amparo para atacarlas cuando con ellas se causa vulneraci\u00f3n a los privilegios esenciales, eso s\u00ed, siempre y cuando se hayan agotado todos los medios ordinarios de defensa y se ejerza el resguardo en un plazo prudencial. <\/p>\n
Sobre esto \u00faltimo, ha sido invariable la posici\u00f3n de la jurisprudencia de esta Corte al se\u00f1alar que los principios esenciales que orientan la acci\u00f3n consagrada en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica son la subsidiariedad de dicho mecanismo y el que pasa a desarrollarse. <\/p>\n
3. El requisito de inmediatez. <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ago. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ago. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, la Corte dijo: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) Resalta la Sala. <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la demanda constitucional debe ser promovida dentro de un plazo que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
4. Caso concreto. <\/p>\n
4.1. Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que, la determinaci\u00f3n que acusa el actor como transgresora de sus derechos, esto es, la que acept\u00f3 el desistimiento del recurso extraordinario de casaci\u00f3n por cuenta de su defensora, fue proferida el 20 de noviembre de 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogot\u00e1; mientras que, el presente auxilio fue radicado el 15 de diciembre de 2020, como lo advirti\u00f3 la Sala a quo. <\/p>\n
Lo anterior permite establecer que desde la fecha de la providencia indicada hasta el momento en que se ejerci\u00f3 el auxilio se super\u00f3 el plazo considerado como razonable por la jurisprudencia. <\/p>\n
Entonces, es cierto que el afectado debi\u00f3 acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, ya que su prolongado silencio se aprecia como signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a dicha providencia, adem\u00e1s, ha sido clara la postura de la Corte en cuanto a que, la verificaci\u00f3n preliminar de dicho criterio debe precisarse a\u00fan m\u00e1s en trat\u00e1ndose de ataques a actuaciones o decisiones judiciales. <\/p>\n
4.2. Ahora, en el escrito de impugnaci\u00f3n, el apoderado del actor, pretende explicar que la inactividad de su mandante frente al resguardo se debi\u00f3 a que no cont\u00f3 con un acompa\u00f1amiento profesional que procurara su temprana interposici\u00f3n y que, por lo tanto, luce excesivo que se le exija que, por s\u00ed mismo, depreque la protecci\u00f3n de sus derechos. <\/p>\n
Al respecto, cabe se\u00f1alar que, es cierto que dicho criterio eventualmente puede flexibilizarse a partir de razones que lo justifiquen, esto es, situaciones acreditadas como la debilidad manifiesta por condiciones como la incapacidad f\u00edsica o mental acreditables, la minor\u00eda de edad que requiera agenciamiento, entre otras, o la permanencia en el tiempo de la amenaza de las garant\u00edas superiores (como ocurre respecto de los asuntos que involucran derechos de orden pensional); as\u00ed lo ha apuntado la Corte Constitucional en repetidas ocasiones, en sentencias como la SU-961\/99; T-743\/08 y T-033\/10, y en esta \u00faltima, estim\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Por otra parte y para facilitar el examen de la razonabilidad del lapso transcurrido entre el momento de la presunta vulneraci\u00f3n del derecho fundamental invocado y el ejercicio de la acci\u00f3n, la Corte ha establecido los siguientes criterios: <\/p>\n
\u201c(i) si existe un motivo v\u00e1lido para la inactividad de los accionantes; (ii) si la inactividad justificada vulnera el n\u00facleo esencial de los derechos de terceros afectados con la decisi\u00f3n; (iii) si existe un nexo causal entre el ejercicio tard\u00edo de la acci\u00f3n y la vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales del interesado; (iv) si el fundamento de la acci\u00f3n de tutela surgi\u00f3 despu\u00e9s de acaecida la actuaci\u00f3n violatoria de los derechos fundamentales, de cualquier forma en un plazo no muy alejado de la fecha de interposici\u00f3n. (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
No obstante, aunque el promotor, a trav\u00e9s de su abogado actual, disculpa su inercia en la \u00abfalta de pericia t\u00e9cnica [y] jur\u00eddica\u00bb para propiciar la formulaci\u00f3n del amparo, para la Corte no es de recibo tal argumentaci\u00f3n, por insuficiente e impertinente para eludir la inobservancia del presupuesto de la temporalidad, dado que, por un lado, no se acredit\u00f3 en estas diligencias que estuviera imposibilitado para acudir prontamente a este mecanismo; y de otro, porque bien pudo solicitar la asistencia de la defensor\u00eda p\u00fablica para esos efectos, pero no lo hizo. <\/p>\n
De manera que, al no evidenciar la Corte la concurrencia de alguna de las causales expuestas por la jurisprudencia en cita como eximentes del presupuesto de inmediatez, ser\u00e1 este el criterio que se ratificar\u00e1 de cara a la desestimaci\u00f3n de la protecci\u00f3n rogada, lo que releva a esta particular justicia de ahondar en an\u00e1lisis de otras tem\u00e1ticas como la juridicidad de la decisi\u00f3n atacada, examen que sin duda est\u00e1 condicionado a la superaci\u00f3n del referido requisito temporal. <\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
El tutelante tard\u00f3 en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el principio de la inmediatez; as\u00ed mismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n v\u00e1lida que justificara la tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese por medio id\u00f3neo lo resuelto en esta providencia a todos los interesados, al a quo, y rem\u00edtase oportunamente la actuaci\u00f3n a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Remitido a esta Sala para el conocimiento de la impugnaci\u00f3n el 17 de junio de 2021. <\/p>\n
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