STC8039-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
STC8039-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00954-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2020). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal el pasado 18 de mayo, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por \u00c9ver de Jes\u00fas Pamplona Suaza contra la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio y el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, obrando en nombre propio, acude al presente instrumento con el fin de reclamar la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso e igualdad. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes en el expediente, se pueden extractar como hechos jur\u00eddicamente relevantes, los siguientes: <\/p>\n
2.1. Mediante sentencia de 9 de noviembre de 2015 el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia conden\u00f3 a \u00c9ver de Jes\u00fas Pamplona Suaza a la pena de doscientos diecis\u00e9is meses de prisi\u00f3n al hallarlo responsable de los delitos de concierto para delinquir agravado (art. 340 incisos segundo y tercero C. P.) y homicidio agravado (arts. 103 y 104-7 C.P.), encontr\u00e1ndose privado de la libertad en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Acac\u00edas. <\/p>\n
2.2 La vigilancia de la sanci\u00f3n la ejerce actualmente el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, despacho que mediante providencia de 24 de septiembre de 2020 no aprob\u00f3 la propuesta de beneficio administrativo de permiso de salida hasta por 72 horas formulada por el director del reclusorio, por cuanto el condenado no acreditaba un descuento de, al menos, el 70% de la pena irrogada. <\/p>\n
2.3. Contra esa determinaci\u00f3n Pamplona Suaza interpuso recurso de apelaci\u00f3n, que fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio el pasado 19 de abril, en el sentido de confirmarla. <\/p>\n
3. El actor considera que las anteriores determinaciones desconocen sus prerrogativas superiores porque es acreedor al beneficio administrativo en cuesti\u00f3n habida consideraci\u00f3n que, por un lado, acept\u00f3 los cargos que le fueron atribuidos por la v\u00eda del allanamiento y, por otro, el requisito de haber cumplido al menos el 70% de la pena impuesta fue \u00abderogado t\u00e1citamente por la Ley 599 de 2000 y la Ley 906 de 2004\u00bb. <\/p>\n
4. Por lo anterior, solicita \u00abimpartir orden perentoria al se\u00f1or Juez Primero de EPMS de Acac\u00edas para que de acuerdo a las protecciones constitucionales\u2026 se me otorgue mi permiso de 72 horas\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
1. El titular de la c\u00e9lula judicial querellada dijo que la denegaci\u00f3n del permiso solicitado obedeci\u00f3 \u00aba la aplicaci\u00f3n de la ley que regula el asunto, la cual\u2026 est\u00e1 vigente\u00bb y que lo pretendido por el promotor es convertir la acci\u00f3n de tutela en una instancia adicional a las consagradas en el ordenamiento procesal. <\/p>\n
2. Similares consideraciones present\u00f3 la magistrada del Tribunal Superior de Villavicencio, ponente de la providencia de segundo grado objeto de censura, quien adem\u00e1s resalt\u00f3 que el actor puede volver a solicitar el beneficio administrativo \u00abuna vez satisfaga el tiempo exigido de cumplimiento de la sanci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE LA SALA DE CASACI\u00d3N PENAL <\/p>\n
Destac\u00f3 que no existe reparo en dichas determinaciones pues \u00abest\u00e1n amparadas en la normativa\u00bb de all\u00ed que \u00abdesde ning\u00fan punto de vista reflejen arbitrariedad o capricho, sino, por el contrario, responden a una interpretaci\u00f3n razonable y a la aplicaci\u00f3n normativa llamada a regular el caso concreto\u00bb. <\/p>\n
IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor insisti\u00f3 en los argumentos consignados en el escrito introductor. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio lesion\u00f3 las prerrogativas fundamentales invocadas por \u00c9ver de Jes\u00fas Pamplona Suaza, al confirmar la improbaci\u00f3n de la propuesta del beneficio administrativo consagrado en el art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, formulada por la direcci\u00f3n del establecimiento penitenciario donde aquel se encuentra recluido, por no cumplirse el requisito objetivo de haber descontado, al menos, el 70 % de la sanci\u00f3n impuesta, toda vez que fue condenado por la Justicia Penal Especializada. <\/p>\n
Lo anterior porque, si bien el reclamo involucra los autos de 24 de septiembre de 2020 y 19 de abril de 2021 proferidos por los convocados, el an\u00e1lisis de la Corte se circunscribir\u00e1 al de segunda instancia, por cuanto fue el que defini\u00f3 el asunto pues, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015, rad 01992-00). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales. <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional, no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las decisiones proferidas o para disponer que lo haga de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. Del caso concreto. Razonabilidad de la decisi\u00f3n <\/p>\n
Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y con observancia en las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de confirmar el fallo de primer grado mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo, toda vez que la decisi\u00f3n adoptada por la colegiatura acusada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado. <\/p>\n
En efecto, para que el juzgador ad quem confirmara la improbaci\u00f3n del permiso de 72 horas de salida del reclusorio dijo que, para el estudio de la cuesti\u00f3n, deb\u00eda acudirse al art\u00edculo 147 del C\u00f3digo Penitenciario y Carcelario el cual, en su numeral 5 establece como requisito \u00abhaber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, trat\u00e1ndose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado\u00bb y que la situaci\u00f3n procesal del posible beneficiario no se aven\u00eda a dicha preceptiva porque, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) \u00c9ver de Jes\u00fas Pamplona Suaza fue condenado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Antioquia\u2026 por los delitos de concierto para delinquir agravado\u2026 en concurso con homicidio agravado. <\/p>\n
En ese orden, es claro que para la \u00e9poca en que se perpetraron los mencionados delitos se encontraba vigente el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, modificado por el art\u00edculo 29 de la Ley 504 de 1999, que exige el cumplimiento del setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, frente a delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializados [sic] por lo que acert\u00f3 el a quo al considerar que debe observarse dicho presupuesto, dado que la condena fue impuesta por un Juzgado Penal de Circuito Especializado (\u2026)\u00bb <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el tiempo de pena descontado por el condenado ni siquiera se aproximaba al l\u00edmite temporal exigido por la disposici\u00f3n legal como requisito objetivo para acceder al beneficio, pues de los doscientos diecis\u00e9is meses de prisi\u00f3n impuestos, tan solo hab\u00eda purgado (entre f\u00edsico y redenciones) noventa meses y veintis\u00e9is d\u00edas, cuando el 70% de aquel guarismo es ciento cincuenta y un meses y dos d\u00edas. <\/p>\n
Continu\u00f3 refiri\u00e9ndose al alegato de Pamplona Suaza, relativo a la inaplicabilidad de la disposici\u00f3n legal en la que se centr\u00f3 la negativa, por su \u00abderogatoria t\u00e1cita\u00bb, para lo cual indic\u00f3, con apoyo en el precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n, que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ninguna raz\u00f3n le asiste al recurrente en su inconformidad y menos a\u00fan, al solicitar la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad, pues la exigencia contemplada en el numeral 5 del art\u00edculo 147 de la Ley 65 de 1993, se encuentra vigente y por ende, acert\u00f3 el a quo en aplicarla, dado que en este evento el sentenciado fue condenado por delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado. <\/p>\n
Por las razones expuestas, para la sala, el a quo acert\u00f3 al negar\u2026 la concesi\u00f3n del permiso para salir del establecimiento carcelario [sic] en el que se encuentra recluido\u2026 pues contrario a lo afirmado por el recurrente, no se hace merecedor a este beneficio (\u2026)\u00bb <\/p>\n
De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el tribunal accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser irrazonable. <\/p>\n
En tales condiciones, se ha dicho que mientras las providencias cuestionadas no revelen arbitrariedad o desmesura, no es posible conceder la tutela, pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
As\u00ed, el hecho de que el gestor del amparo disienta de la postura que atacan, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se ratificar\u00e1 la sentencia objeto de revisi\u00f3n en tanto la decisi\u00f3n censurada no comporta desafuero susceptible de correcci\u00f3n por esta excepcional v\u00eda. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo impugnado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por un medio expedito lo aqu\u00ed resuelto a las partes y a la sala a quo y, en oportunidad, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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