STC8065-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8065-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00124-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de marzo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la tutela que Isaura Garc\u00eda de P\u00e9rez le instaur\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura -hoy Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial-, a los Juzgados Once Administrativo de Oralidad y Dieciocho Laboral del Circuito de Cali y a la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca, extensiva a la Corte Constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La libelista, a trav\u00e9s de apoderada, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la \u00abvida, igualdad, petici\u00f3n, debido proceso, seguridad social, salud, dignidad humana y m\u00ednimo vital\u00bb que estim\u00f3 transgredidas ante la evidente \u00abomisi\u00f3n de pronunciamiento de los convocados\u00bb respecto del conflicto negativo de competencia suscitado con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho que inco\u00f3 en contra de la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca. <\/p>\n
En consecuencia, pidi\u00f3 que \u00abse ordene a la entidad accionada C.V.C., el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente por muerte de su esposo LUIS ALBERTO P\u00c9REZ QUI\u00d1ONEZ (\u2026) con su correspondiente retroactivo, intereses de mora e indexaci\u00f3n o correcci\u00f3n monetaria de las sumas liquidadas\u00bb. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que tiene \u00ab89 a\u00f1os\u00bb, sufre m\u00faltiples enfermedades como osteoporosis, presi\u00f3n alta, colesterol alto y p\u00e9rdida total del ojo derecho y que solicit\u00f3 al Seguro Social Seccional Valle y a la mencionada Corporaci\u00f3n el reconocimiento de la pensi\u00f3n de sobreviviente, en condici\u00f3n de c\u00f3nyuge sup\u00e9rstite de Luis Alberto P\u00e9rez Qui\u00f1onez (q.e.p.d.) fallecido el 14 de septiembre de 1970. <\/p>\n
Indic\u00f3 que tal rogativa fue negada, por el ISS, porque \u00abno reun\u00eda los requisitos para dicha pensi\u00f3n por cuanto no hab\u00eda cotizado para los riesgos de vejez, invalidez y muerte\u00bb (Res. 003045, 25 jun. 1998), y por la segunda entidad (\u00faltima empleadora del causante P\u00e9rez Qui\u00f1onez entre el 1\u00ba de noviembre de 1964 y 13 de septiembre de 1970), porque \u00ab(\u2026) ya le hab\u00edan sido cancelados los valores correspondientes al seguro de vida y acreencias sociales, por lo que la petici\u00f3n resultaba improcedente, como quiera que no contaba con el tiempo de servicio exigido para acceder a ella\u00bb (23 nov. 2016). <\/p>\n
Asever\u00f3 que promovi\u00f3 \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento del derecho\u00bb contra la CVC con el prop\u00f3sito de obtener el \u00abreconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb (30 ag. 2017), pero el Juzgado Once Administrativo de Oralidad de Cali, despu\u00e9s de adelantar el juicio por 2 a\u00f1os y 6 meses, en audiencia inicial concluy\u00f3 \u00abno ser el competente\u00bb para conocer la demanda y la remiti\u00f3 a la Jurisdicci\u00f3n Ordinaria Laboral (10 feb. de 2020), donde el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito provoc\u00f3 \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb y orden\u00f3 el env\u00edo del cartapacio a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura (9 mar. 2020), lo que s\u00f3lo se materializ\u00f3 hasta el 11 de septiembre siguiente. <\/p>\n
Arguy\u00f3 que el 16 de octubre de 2020 suplic\u00f3 a dicha Colegiatura priorizar el estudio del asunto, pero hasta la fecha de formulaci\u00f3n de este ruego, no ha tenido respuesta. <\/p>\n
Afirm\u00f3 estar laboralmente inactiva por raz\u00f3n de su edad y los padecimientos que la aquejan, por lo que vive en \u00abcondiciones\u00bb econ\u00f3micas precarias, \u00absituaci\u00f3n que s\u00f3lo se produjo a partir del fallecimiento de su esposo\u00bb hace 50 a\u00f1os, porque a partir de ese suceso, estuvo \u00abdesamparada como madre cabeza de familia, con 6 hijos\u00bb, uno de los cuales la cuida actualmente sin gozar de un trabajo estable. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al \u00abconsiderarse sujeto de especial protecci\u00f3n, debido a su edad, condiciones de salud y socioecon\u00f3micas\u00bb, acudi\u00f3 a este sendero especial para que se le brindara la \u00abprotecci\u00f3n reforzada del derecho a la pensi\u00f3n\u00bb, por cuanto \u00abno se encuentra en condiciones de esperar el resultado de un proceso ordinario; no ser\u00eda efectivo para la defensa de sus derechos, si se considera la TESIS DE LA VIDA PROBABLE\u00bb. <\/p>\n
2. La Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial explic\u00f3 que de acuerdo con el Acto Legislativo 02 de 2015, art. 14, \u00abya no tiene competencia para asumir el conocimiento de los conflictos de competencia\u00bb, por lo que el paginario \u00abidentificado con el radicado No.11001-01-02-000-2020-00847-00 fue enviado a la Corte Constitucional el 4 de febrero del a\u00f1o en curso\u00bb. <\/p>\n
Los Juzgados Once Administrativo de Oralidad y Dieciocho Laboral del Circuito de Cali narraron la actuaci\u00f3n surtida en el infolio en el que se plante\u00f3 la \u00abcolisi\u00f3n de competencias\u00bb. <\/p>\n
La Corte Constitucional se opuso al amparo en lo que a ella respecta, porque, en su criterio, \u00abno ha vulnerado el derecho fundamental al debido proceso de la se\u00f1ora Garc\u00eda viuda de P\u00e9rez, en tanto que cualquier actuaci\u00f3n judicial que corresponda a este Tribunal no se ha iniciado\u00bb, en la medida que no ten\u00eda \u00abcerteza que el expediente en cuesti\u00f3n haya sido efectivamente remitido a esta Corporaci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial\u00bb. <\/p>\n
Lo anterior, porque si bien es cierto, en el \u00abreporte general de expedientes que se dice fueron remitidos en formato digital, se logr\u00f3 determinar que el caso de la se\u00f1ora aparece anotado en un listado\u00bb, tambi\u00e9n lo es, que \u00abse encuentra pendiente verificar que en efecto se hubiesen recibido el o los archivos que integran dicho expediente\u00bb; adem\u00e1s, \u00abel volumen de procesos digitalizados o en formato digital supera los 120, hecho que aunado a la revisi\u00f3n y organizaci\u00f3n de los 465 expedientes recibidos en formato f\u00edsico ha supuesto una tarea compleja y dispendiosa\u00bb. <\/p>\n
FALLO DE PRIMER GRADO E IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El a quo desestim\u00f3 la salvaguarda por no satisfacer el requisito de la subsidiariedad, en tanto \u00abel caso de ISAURA GARC\u00cdA DE P\u00c9REZ a\u00fan se encuentra en curso\u00bb. <\/p>\n
No obstante, en lo relacionado con el \u00abconflicto negativo propuesto\u00bb suscitado entre las Jurisdicciones Ordinaria y Contenciosa Administrativa, teniendo en cuenta que la actora \u00abpertenece a la poblaci\u00f3n de especial protecci\u00f3n constitucional en raz\u00f3n a que tiene 89 a\u00f1os y padece m\u00faltiples quebrantos de salud (lo que se encuentra debidamente acreditado con el aporte de la historia cl\u00ednica como anexo al escrito de tutela)\u00bb y que la Corte Constitucional est\u00e1 \u00abrecibiendo todos los conflictos de jurisdicci\u00f3n cuyo conocimiento se encontraba en cabeza de la antigua Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura\u00bb, lo que implica \u00abque la razonabilidad del plazo debe estimarse en consideraci\u00f3n a tal circunstancia, que exige la sistematizaci\u00f3n y comprobaci\u00f3n de todos los expedientes remitidos y recibidos\u00bb, exhort\u00f3 a esta a \u00ab(\u2026) priorizar la resoluci\u00f3n del conflicto negativo de competencias (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Recurri\u00f3 la impulsora insistiendo en los argumentos del escrito inaugural, agregando que, \u00abmanifest\u00f3 en la demanda original que por haber fallecido el se\u00f1or Luis Alberto P\u00e9rez Qui\u00f1onez, el d\u00eda 14 de septiembre del a\u00f1o 1.970, la normatividad que debe aplicarse retrospectivamente es el art. 46 de la Ley 100 de 1993\u00bb y, aclarando que, \u00abdebido a su desconocimiento, no acat\u00f3 en el tiempo en que su esposo falleci\u00f3 a reclamar ante la justicia ordinaria, el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente a que ten\u00eda derecho (\u2026) s\u00f3lo a\u00f1os despu\u00e9s cuando aconsejada por un amigo de la familia fue que busc\u00f3 asesor\u00eda de un abogado\u00bb. <\/p>\n
Citando apartes de la sentencia T587A-2012, exigi\u00f3 la aplicaci\u00f3n retrospectiva del art\u00edculo 46 de la Ley 100 de 1993, en virtud del \u00abprincipio constitucional de favorabilidad\u00bb, porque dicha norma flexibiliza los \u00abrequisitos\u00bb que deben acreditarse para lograr el privilegio implorado, m\u00e1xime si \u00abel fallecido reun\u00eda los requisitos establecidos para que su esposa disfrutara de la pensi\u00f3n de sobreviviente\u00bb. <\/p>\n
PERIODO PROBATORIO EN SEGUNDA INSTANCIA <\/p>\n
En esta instancia, a petici\u00f3n de la Magistrada Ponente, la Corte Constitucional frente al diligenciamiento del \u00abconflicto negativo de competencia\u00bb, manifest\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab1. En efecto, el conflicto de competencia jurisdiccionales correspondiente al caso de la se\u00f1ora Isaura Garc\u00eda viuda de P\u00e9rez se identific\u00f3 dentro del gran volumen de procesos que fueron remitidos masivamente por la Comisi\u00f3n Nacional de Disciplina Judicial y que correspondi\u00f3 a un volumen total inicial de cerca de 600 expediente, donde un poco m\u00e1s de 120 procesos estaban en formato digital, entre estos, el caso de la se\u00f1ora Garc\u00eda viuda de P\u00e9rez. Verificado esto, La Secretar\u00eda General de este Tribunal radic\u00f3 dicho caso el 19 de abril de 2021 bajo el n\u00famero CJU688. <\/p>\n
2. Posteriormente, en sesi\u00f3n de la Sala Plena del 25 de mayo de 2021, el citado proceso fue repartido, y asignado al despacho de la Magistrada Gloria Stella Ortiz Delgado. <\/p>\n
3. Finalmente, el expediente fue entregado al referido despacho el pasado 9 de junio del presente a\u00f1o, inici\u00e1ndose as\u00ed su tr\u00e1mite de estudio y sustanciaci\u00f3n\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- Muy pronto advierte la Sala que frente al pet\u00edtum de Garc\u00eda de P\u00e9rez, concerniente al reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobreviviente, \u00e9ste resulta presuroso porque al tiempo de la proposici\u00f3n del socorro y a\u00fan a hoy, se halla latente la definici\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento\u00bb por ella interpuesta contra la Corporaci\u00f3n Aut\u00f3noma Regional del Valle del Cauca. <\/p>\n
Frente a ese aspecto, esta Corte ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(…) este medio de resguardo no fue establecido para sustituir o desplazar las competencias propias de las autoridades judiciales o administrativas, ni para anticipar las decisiones de determinado asunto sometido a su consideraci\u00f3n, pretextando la supuesta violaci\u00f3n de derechos fundamentales. Mientras las personas tengan a su alcance otros medios defensivos o los mismos est\u00e9n siguiendo su curso normal, no es dable acudir a este mecanismo de protecci\u00f3n, ya que no fue instituido para alternar con las herramientas de defensa judicial que el ordenamiento jur\u00eddico ha contemplado, sino cuando carezca de \u00e9stas\u00bb (STC, 28 oct. 2011, rad. 00312-01, reiterada entre otras en STC8897-2017, 21 jun. 2017, rad. 00230-01, STC10432-2017, 19 jul. 2017, rad. 00388-01, y en STC1441-2021) \u2013 Subrayado y Negrita Adrede. <\/p>\n
2.- Tambi\u00e9n se quej\u00f3 la censora de la demora en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de jurisdicci\u00f3n\u00bb suscitado entre los Juzgados Once Administrativo Oral y Dieciocho Laboral del Circuito de Cali para conocer la demanda de \u00abnulidad y restablecimiento\u00bb, porque, seg\u00fan afirma \u00abno ser\u00eda efectivo para la defensa de sus derechos, si se considera la TESIS DE LA VIDA PROBABLE\u00bb. <\/p>\n
En efecto, lo observado en el plenario es que, el mencionado libelo fue radicado el 30 de agosto de 2017; el Juzgado Once Administrativo Oral de Cali lo rechaz\u00f3 el 10 de febrero de 2020; el Dieciocho Laboral del Circuito provoc\u00f3 el \u00abconflicto\u00bb el 9 de marzo siguiente y lo remiti\u00f3 a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura el 11 de septiembre de ese a\u00f1o; la Corte Constitucional lo recibi\u00f3 el 19 de abril de 2021, lo someti\u00f3 a reparto el 25 de mayo y, finalmente, lo pas\u00f3 al despacho de la Magistrada correspondiente el 9 de junio \u00faltimo <\/p>\n
Significa entonces, que desde la presentaci\u00f3n de la \u00abacci\u00f3n de nulidad y restablecimiento\u00bb y desde que se trab\u00f3 \u00abla colisi\u00f3n\u00bb hasta la formulaci\u00f3n de este mecanismo excepcional corrieron 2 a\u00f1os, 5 meses, 10 d\u00edas; y 11 meses, 27 d\u00edas, respectivamente. <\/p>\n
2.1.- Existen circunstancias que, seg\u00fan ha determinado la jurisprudencia, habilitan la intromisi\u00f3n superlativa para resguardar las garant\u00edas b\u00e1sicas y prevalentes de aquellos \u00absujetos de especial protecci\u00f3n estatal\u00bb que est\u00e1n a la espera de una resoluci\u00f3n, que, si bien no se ha dejado de emitir por desidia ni capricho de las autoridades judiciales a cargo del proceso, deben ser tratados de manera preferente en relaci\u00f3n con la asignaci\u00f3n de los turnos en que ser\u00e1n dirimidos. <\/p>\n
Respecto de esa arista, la Corte Constitucional, en sentencia T-067\/2013, precis\u00f3: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con la seguridad social de las personas de la tercera edad, la Corte ha desarrollado una l\u00ednea jurisprudencial de la mayor trascendencia en torno a la tesis de la vida probable, explicando que la misma consiste en que cuando una persona sobrepasa el promedio de vida de los colombianos (determinado por esa Corporaci\u00f3n en 74 a\u00f1os [Sentencia T-456 de 1994, reiterada en sentencia T-067 de 2013]) y que por su avanzada edad, su existencia se habr\u00eda extinguido para la fecha de una decisi\u00f3n dentro de un proceso judicial ordinario. La vida probable resulta ser, entonces, un factor determinante cuando se trata de tomar una pronta decisi\u00f3n, en relaci\u00f3n con una prestaci\u00f3n como la pensi\u00f3n de sobrevivientes, que como su nombre lo indica, est\u00e1 necesariamente conectada con la vida que le resta a las personas de la tercera edad que deben recibirla prontamente antes de que su existencia se agote, sin necesidad de esperar que los jueces ordinarios o los tribunales contencioso-administrativos decidan el caso concreto, muchos a\u00f1os m\u00e1s tarde, cuando, se presume, el interesado puede haber fallecido\u00bb. <\/p>\n
2.2.- Recientemente, esta Sala, frente al derecho del adulto mayor, en la sentencia STC6006-2021 de 6 de mayo, esboz\u00f3, que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Colombia ha pretendido superar las barreras de la desigualdad a trav\u00e9s del reconocimiento de grupos poblacionales que, por sus caracter\u00edsticas particulares y sus condiciones de vulnerabilidad, demandan mayor atenci\u00f3n por parte del Estado, efecto para el cual ha dise\u00f1ado directrices especiales basadas en la aplicaci\u00f3n de un enfoque diferencial. As\u00ed, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que \u00ab[l]os adultos mayores son un grupo vulnerable, por ello han sido catalogados como sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional en m\u00faltiples sentencias de esta Corporaci\u00f3n (\u2026) (T-413 de 2013, T-252 de 2017, T-598 de 2017, T-066 de 2020, entre otras). (\u2026). <\/p>\n
Tambi\u00e9n all\u00ed, se\u00f1al\u00f3 que (\u2026) las \u00abReglas de Brasilia\u00bb, entre otros, sirvieron de antecedente para que en el a\u00f1o 2015 se adoptara la \u00abConvenci\u00f3n Interamericana sobre la Protecci\u00f3n de los Derechos Humanos de las Personas Mayores\u00bb, incorporada al ordenamiento jur\u00eddico colombiano a trav\u00e9s de la expedici\u00f3n de la ley 2055 de 2020, que en su art\u00edculo 2\u00ba define a la \u00abpersona mayor\u00bb como \u00abAquella de 60 a\u00f1os o m\u00e1s, salvo que la ley interna determine una edad base menor o mayor, siempre que esta no sea superior a los 65 a\u00f1os. Este concepto incluye, entre otros, el de persona adulta mayor\u00bb; y en cuyo art\u00edculo 30 reconoci\u00f3 el derecho al acceso a la justicia de los adultos mayores as\u00ed: <\/p>\n
\u00abLa persona mayor tiene derecho a ser o\u00edda, con las debidas garant\u00edas y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciaci\u00f3n de cualquier acusaci\u00f3n penal formulada contra ella, o para la determinaci\u00f3n de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro car\u00e1cter. <\/p>\n
Los Estados Parte se comprometen a asegurar que la persona mayor tenga acceso efectivo a la justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s, incluso mediante la adopci\u00f3n de ajustes de procedimiento en todos los procesos judiciales y administrativos en cualquiera de sus etapas. <\/p>\n
Los Estados Parte se comprometen a garantizar la debida diligencia y el tratamiento preferencial a la persona mayor para la tramitaci\u00f3n, resoluci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de las decisiones en procesos administrativos y judiciales. <\/p>\n
La actuaci\u00f3n judicial deber\u00e1 ser particularmente expedita en casos en que se encuentre en riesgo la salud o la vida de la persona mayor. <\/p>\n
Asimismo, los Estados Parte desarrollar\u00e1n y fortalecer\u00e1n pol\u00edticas p\u00fablicas y programas dirigidos a promover: <\/p>\n
a) Mecanismos alternativos de soluci\u00f3n de controversias. <\/p>\n
b) Capacitaci\u00f3n del personal relacionado con la administraci\u00f3n de justicia, incluido el personal policial y penitenciario, sobre la protecci\u00f3n de los derechos de la persona mayor (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que, aunque para Colombia no ha depositado el instrumento de ratificaci\u00f3n de la Convenci\u00f3n aludida ante la Organizaci\u00f3n de Estados Americanos, lo cierto es que el contenido de esta s\u00ed produce efectos para el pa\u00eds, en virtud del \u201cprincipio de interpretaci\u00f3n pro homine\u201d que, seg\u00fan la Corte Constitucional, integra al bloque de constitucionalidad en sentido lato todos los tratados de derechos humanos (C-327 de 2016). Luego, como Colombia expidi\u00f3 la ley 2055 de 10 de septiembre 2020 con el fin de hacer expreso su designio de incorporar a la legislaci\u00f3n interna la Convenci\u00f3n aludida, no queda duda que deben iniciarse acciones que den lugar a interpretar los procedimientos del sistema jur\u00eddico a la luz del contenido de aquella. <\/p>\n
2.3.- Para resolver los asuntos sometidos a consideraci\u00f3n de la judicatura, la Ley 270 de 1996 estableci\u00f3 par\u00e1metros generales a seguir, pero tambi\u00e9n previ\u00f3 \u00abexcepciones\u00bb que garantizan los \u00abderechos fundamentales de las personas en condiciones de vulnerabilidad\u00bb, que requieren de acciones diferenciales para su auxilio, que conllevan la inaplicaci\u00f3n de aquellos sin que implique desconocer los privilegios de los dem\u00e1s; entre ellas, el art\u00edculo 63A ib\u00eddem, modificado por el 16 de la Ley 1285 de 2009, el cual, autoriza la \u00abalteraci\u00f3n de turnos\u00bb para solventar lo reclamado. <\/p>\n
Sobre este t\u00f3pico, la Guardiana de la Constituci\u00f3n se pronunci\u00f3 al resolver un caso de contornos similares, en los siguientes t\u00e9rminos, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) siendo clara la clasificaci\u00f3n de la mora judicial en el cumplimiento de los t\u00e9rminos procesales como justificada o injustificada, han de repasarse, sucintamente, las distintas medidas de protecci\u00f3n que ha venido adoptando la jurisprudencia constitucional en atenci\u00f3n a las especiales circunstancias de los casos que han sido materia de pronunciamiento. <\/p>\n
<\/p>\n
En lo que respecta a los casos de mora judicial justificada, bien pueden identificarse en la jurisprudencia constitucional tres f\u00f3rmulas alternativas de soluci\u00f3n: (i) la primera de ellas ha consistido simplemente en limitarse a negar la violaci\u00f3n de los derechos al debido proceso y de acceso a la administraci\u00f3n de justicia, por lo que pasa a replicarse la obligaci\u00f3n relativa al sometimiento al sistema de turnos en plenas condiciones de igualdad; (ii) la segunda, por su parte, comporta la orden excepcional de alteraci\u00f3n del sistema de turnos para proferir el fallo, cuando el juez est\u00e1 en presencia de un sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional, o cuando la mora judicial supere los plazos razonables y tolerables de soluci\u00f3n, en contraste con las condiciones de espera particulares del afectado. <\/p>\n
<\/p>\n
Finalmente, (iii) una tercera f\u00f3rmula que puede ser intermedia entre las ya rese\u00f1adas hace relaci\u00f3n a aquellos casos en que se est\u00e1 ante la posible materializaci\u00f3n de un da\u00f1o cuyos efectos nocivos no puedan ser subsanados -perjuicio irremediable-, por lo que si las circunstancias lo ameritan, en atenci\u00f3n al car\u00e1cter subsidiario de la acci\u00f3n de tutela, puede ordenarse un amparo con eficacia jur\u00eddica transitoria en relaci\u00f3n con los derechos fundamentales comprometidos, mientras la autoridad judicial competente se pronuncia de forma definitiva en torno a la controversia planteada. Se trata de una hip\u00f3tesis de aplicaci\u00f3n restrictiva orientada a reconocer realidades cr\u00edticas con incidencia constitucional, como la que se presenta cuando aun a pesar de que se trata de un atraso judicial justificado, el mismo tiene, en todo caso, un impacto significativo en los derechos de sujetos de especial protecci\u00f3n constitucional que afrontan condiciones particularmente dif\u00edciles\u00bb (T-441\/15) Negrilla y Subrayado Adrede. <\/p>\n
<\/p>\n
2.4.- Descendiendo al sub lite, del arsenal probatorio se desprende que, la querellante a m\u00e1s de contar en la actualidad con ochenta y ocho (88) a\u00f1os, pues naci\u00f3 el 31 de diciembre de 1932 y padecer quebrantos de salud que comprometen su existencia digna, tales como \u00abosteoporosis, presi\u00f3n alta, colesterol alto y p\u00e9rdida total del ojo derecho\u00bb, espera desde el 9 de marzo de 2020 que se resuelva el pluricitado \u00abconflicto\u00bb y desde el 30 de agosto de 2017 se defina su aspiraci\u00f3n pensional. <\/p>\n
Luego, es evidente que la tardanza en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de jurisdicci\u00f3n\u00bb afecta \u00ablos derechos fundamentales\u00bb de Isaura Garc\u00eda de P\u00e9rez, tales como la dignidad humana y el acceso efectivo a la administraci\u00f3n de justicia, as\u00ed como tambi\u00e9n, que sus posibilidades de continuar esperando a que llegue el \u00abturno\u00bb correspondiente a su proceso, son m\u00ednimas dada su avanzada edad, lo que permite a esta Corporaci\u00f3n avizorar que es posible que para cuando llegue aquella data, su vida se haya extinguido, circunstancia que, sin lugar a dudas, constituye un perjuicio irremediable, susceptible de conjurar por esta v\u00eda supralegal. <\/p>\n
Ahora, aunque la autoridad constitucional informa que las diligencias ser\u00e1n sometidas pr\u00f3ximamente a estudio en Sala Plena, lo cierto, es que por \u00ablas especiales condiciones\u00bb de la accionante, la jurisprudencia citada en tal sentido y la Ley 2055 de 2020 que exigen mayor protecci\u00f3n del \u00abadulto mayor\u00bb, permiten catalogarla como un \u201csujeto de especial protecci\u00f3n constitucional\u201d, por ende, se hace necesario dar \u00abprevalencia\u00bb a sus \u00abprerrogativas\u00bb, dada la premura del tiempo, que a medida que avanza, disminuye ostensiblemente las \u00abposibilidades\u00bb de seguir esperando. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, en raz\u00f3n a que, como qued\u00f3 dicho, se trata de una persona que ha superado incluso los 65 a\u00f1os para, a la luz de la Ley 2055 de 2020, consider\u00e1rsele adulto mayor y, por ende, sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional; que adem\u00e1s presenta m\u00faltiples patolog\u00edas; que han pasado m\u00e1s de dos a\u00f1os y medio desde que inco\u00f3 la \u00abacci\u00f3n\u00bb y casi uno desde que se provoc\u00f3 el \u00abconflicto\u00bb, adem\u00e1s de que ha transcurrido un lapso razonable desde cuando la primera instancia exhort\u00f3 a la autoridad encargada ahora de dirimirlo sin que se haya logrado la soluci\u00f3n, se conceder\u00e1 el ruego invocado para ordenar a la Corte Constitucional que lo resuelva dentro del t\u00e9rmino de los diez (10) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo y, al juez que aquella determine, un t\u00e9rmino de seis (6) meses para que profiera la sentencia correspondiente. <\/p>\n
3.- Finalmente, la Sala no analizar\u00e1 el \u00abprincipio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb o, como lo denomin\u00f3 la recurrente, \u00abprincipio constitucional de favorabilidad\u00bb, en raz\u00f3n a que, contrario a lo por ella afirmado, esa no fue la pretensi\u00f3n rogada en la demanda tutelar, constituyendo, por consiguiente, un hecho nuevo sobre el que no puede pronunciarse esta instancia sin conculcar los atributos de los convocados, quienes no tuvieron oportunidad de defenderse frente a dicho aspecto. <\/p>\n
Adem\u00e1s, cabe precisar que para el examen \u00abdel principio de la condici\u00f3n m\u00e1s beneficiosa\u00bb, esta Sala no cuenta con los elementos probatorios suficientes ni con el tiempo para recolectarlos, a efectos de determinar si le asiste o no raz\u00f3n a la sedicente, por lo que ser\u00e1 al juez natural a quien corresponda allegar los medios de convicci\u00f3n necesarios para solventar dicho anhelo. <\/p>\n
4.- Como colof\u00f3n, se impone revocar el veredicto rebatido para, en su reemplazo, otorgar la guarda instada en lo que a la definici\u00f3n de la acci\u00f3n interpuesta y del \u00abconflicto\u00bb se refiere. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, REVOCA la sentencia de primer grado y, en su lugar, CONCEDE la tutela instada por Isaura Garc\u00eda de P\u00e9rez, en lo que a la definici\u00f3n de la acci\u00f3n interpuesta y del \u00abconflicto de jurisdicciones\u00bb respecta. <\/p>\n
En consecuencia, se ORDENA a la Corte Constitucional, que en el t\u00e9rmino de diez (10) d\u00edas contados a partir del momento en que reciba la comunicaci\u00f3n de este fallo, decida el \u201cconflicto de jurisdicciones\u201d suscitado entre los Juzgados Once Administrativo y Dieciocho Laboral del Circuito de Cali -Valle del Cauca para conocer la demanda instaurada por Isaura Garc\u00eda de P\u00e9rez (caso n\u00ba CJU688); y, al juez que determine \u00e9sta en la resoluci\u00f3n de la precitada colisi\u00f3n, que, en el plazo de seis meses contados a partir de que reciba el expediente respectivo, profiera el fallo correspondiente. <\/p>\n
Notif\u00edquese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8065-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8065-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-30-000-2021-00124-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1 D.C., primero (1\u00b0) de julio de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la impugnaci\u00f3n del fallo proferido el 2 de marzo de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55380","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55380","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55380"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55380\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55380"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55380"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55380"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}