STC8068-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8068-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00446-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida el 18 de marzo de 2021 por la Sala de Decisi\u00f3n de Tutelas No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n constitucional promovida por \u00d3scar Fernando Soto Santacruz contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali y el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Once Penal del Circuito de Cali y las partes e intervinientes en el proceso penal de radicado 2013-04843. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor, a trav\u00e9s de apoderado, demand\u00f3 la salvaguarda de sus derechos fundamentales a la libertad individual, igualdad y debido proceso, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales acusadas. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. El 16 de diciembre de 2019, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal de Cali dict\u00f3 fallo absolutorio en el proceso de radicado 2013-04843 que se segu\u00eda contra el se\u00f1or \u00d3scar Fernando Soto Santacruz, por el delito de violencia intrafamiliar agravado1. Frente a esta determinaci\u00f3n, la Fiscal\u00eda present\u00f3 recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
2.2. El 14 de mayo de 2020, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali decidi\u00f3, entre otros, revocar la sentencia absolutoria y condenar al aqu\u00ed accionante como responsable del punible, imponi\u00e9ndole una pena principal de 72 meses de prisi\u00f3n. En el mismo pronunciamiento, el ad quem le neg\u00f3 al actor los beneficios de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la pena y de prisi\u00f3n domiciliaria, por lo que orden\u00f3 la expedici\u00f3n de la correspondiente orden de captura2. <\/p>\n
2.3. Se\u00f1al\u00f3 el gestor que respecto al anterior prove\u00eddo formul\u00f3 impugnaci\u00f3n especial ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, la cual no hab\u00eda sido resuelta a la fecha de interposici\u00f3n del amparo constitucional. <\/p>\n
2.4. El 3 de febrero de 2021, una vez aprehendido el se\u00f1or Soto Santacruz, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali declar\u00f3 legal la captura efectuada, la cual fue realizada con ocasi\u00f3n de la orden No. 99 del 11 de junio de 20203. El apoderado judicial del acusado interpuso recursos de reposici\u00f3n y, en subsidio, de apelaci\u00f3n contra la anterior determinaci\u00f3n4. <\/p>\n
2.5. El 12 de febrero de 2021, el nombrado Juzgador penal municipal resolvi\u00f3 no reponer el auto del 3 de febrero del mismo a\u00f1o, concediendo la alzada en el efecto devolutivo5. <\/p>\n
2.6. En auto interlocutorio No. 11 del 16 de marzo de 2021, el Juzgado Once Penal con Funciones de Conocimiento de Cali confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a quo6. <\/p>\n
2.7. Censur\u00f3 el actor que se le cercen\u00f3 el principio de legalidad, al materializarse la orden de captura, debido a que, en su entender, el art\u00edculo 450 del C.P.P. no prev\u00e9 la posibilidad de que se libre esta sin que se encuentre ejecutoriada la providencia condenatoria, cosa que en el sub examine a\u00fan no ha acontecido, puesto que la \u00abimpugnaci\u00f3n est\u00e1 siendo tramitada en la sala Penal de esta Corporaci\u00f3n\u00bb. En ese sentido, adujo que se configur\u00f3 el defecto conocido como violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, solicit\u00f3 \u00abPRIMERA. Con fundamento en los hechos anteriores solicito se\u00f1ores magistrados que se tutelen los derechos fundamentales a la libertad individual, la igualdad y el debido proceso que est\u00e1n siendo objeto de vulneraci\u00f3n por parte de la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali con lo ordenado en los Numerales Tercero y Cuarto de la sentencia proferida por parte de este despacho. SEGUNDA. Que como consecuencia de lo anterior y conforme a los argumentos y fundamentos jur\u00eddicos transcritas, solicito del Se\u00f1ores Magistrados se sirvan dejar sin efecto la orden de encarcelaci\u00f3n que recae actualmente sobre mi poderdante, ordenando que, de forma inmediata, su libertad a mi representado, el se\u00f1or \u00d3scar Fernando Soto Santacruz. TERCERA. De no ser acogida la pretensi\u00f3n anterior, solicito en subsidiario se\u00f1ores magistrados, se sirva ordenar al INPEC o a la autoridad que corresponda, que se traslade al se\u00f1or \u00d3scar Fernando Soto Santacruz, a su lugar de residencia ubicado en la hasta tanto sea absuelto de los cargos o en su defecto quede ejecutoriado el fallo condenatorio que hay en su contra y cuya\u00bb. <\/p>\n
1. El Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Cali se\u00f1al\u00f3 que resolvi\u00f3 la apelaci\u00f3n interpuesta contra el auto No. 12 del 3 de febrero de 2021, emitido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de la misma ciudad y pidi\u00f3 que el presente amparo fuera negado, debido a que no existi\u00f3 quebranto ni amenaza de los derechos fundamentales invocados por la parte actora. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali rese\u00f1\u00f3 que, en sentencia del 14 de mayo de 2020, defini\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n propuesto por la Fiscal\u00eda frente al fallo absolutorio No. 161 del 16 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali. Adicionalmente, afirm\u00f3 que \u00abla captura se orden\u00f3, atendiendo a que la ley y jurisprudencia as\u00ed lo disponen\u00bb. <\/p>\n
3. La Fiscal\u00eda Noventa y Dos Local de la Unidad de Armon\u00eda Familiar -CAVIF de Cali indic\u00f3 que, en el presente amparo, no se cumpl\u00eda con el requisito de subsidiariedad, como quiera que exist\u00edan otros medios de defensa judicial a los cuales deb\u00eda acudir el accionante preferencialmente, es decir, que \u00abmuy independientemente de que la sentencia sea impugnada o no, el juzgado de conocimiento, al momento de emitir el sentido del fallo o la sentencia condenatoria (Como el Tribunal en el caso concreto) puede emitir la orden de captura de manera inmediata y \u00e9sta debe cumplirse, independientemente de que la misma no se encuentre en firme porque procedan los recursos de ley, pues tal y como se acaba de citar, no se vulnera la presunci\u00f3n de inocencia\u00bb. <\/p>\n
Precis\u00f3 que \u00abhay constancia de que las partes interpusieron recurso de apelaci\u00f3n, contra el aludido auto, pendiente ojo por resolver, no puede, entonces, ahora pretender el demandante convertir la acci\u00f3n de tutela en una tercera instancia, dado su car\u00e1cter residual y subsidiario\u00bb. Con base en lo anterior, pidi\u00f3 que fuera denegado el amparo. <\/p>\n
4. El Juzgado S\u00e9ptimo Municipal Penal con Funciones de Conocimiento de Cali hizo un recuento de las etapas procesales surtidas en el proceso de radicado 2013-04843, adelantado en contra del se\u00f1or \u00d3scar Fernando Soto Santacruz por el delito de violencia intrafamiliar y adujo que, \u00absi lo que quiere el accionante es revivir t\u00e9rminos para esbozar nuevos argumentos que no fueron abordados en la sustentaci\u00f3n del recurso por el defensor ante este Despacho, como los expresados ahora en la acci\u00f3n de tutela, al citar procesos y supuestas experiencias de litigio, que se itera nunca fueron abordados en su \u00e9poca, por lo cual era imposible tenerlos en cuenta al momento de decidir, debe indicarse que los t\u00e9rminos son preclusivos y no ser\u00eda la acci\u00f3n de tutela la adecuada para ello\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en relaci\u00f3n con los ataques realizados por el apoderado judicial del gestor ante la legalizaci\u00f3n de la captura, afirm\u00f3 que la misma no obedeci\u00f3 a hechos arbitrarios o caprichosos, ni se profiri\u00f3 sin sustento alguno, dado que la decisi\u00f3n se tom\u00f3 acatando lo dispuesto en el art\u00edculo 450 del C.P.P., las sentencias C-204 del 2018, C-342 del 2017 de la Corte Constitucional y las providencias 28918 del 30 de enero del 2008 y 57346 del 10 de junio del 2020 de la Corte Suprema de Justicia. <\/p>\n
Por otro lado, en cuanto a la interpretaci\u00f3n que realiz\u00f3 el abogado accionante acerca del art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, argument\u00f3 que no le asist\u00eda raz\u00f3n, debido a que, \u00abuna vez emitida una sentencia condenatoria y se le nieguen los subrogados o sustituciones de medidas al procesado, independientemente que sea en primera o segunda instancia, deben emitirse las \u00f3rdenes de captura bien sea por el Juez a-quo o ad-quem, salvo las excepciones estipuladas, que deben ser sustentadas, \u00faltimo que no ocurri\u00f3 en el presente caso\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, consider\u00f3 que no se hab\u00eda vulnerado derecho fundamental alguno al accionante, toda vez que se respet\u00f3 el debido proceso. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n de la Corte Suprema de Justicia sostuvo que el 18 de noviembre de 2020 le fue asignada la impugnaci\u00f3n especial formulada por la defensa del aqu\u00ed accionante, contra la sentencia condenatoria emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali el 14 de mayo de la referida anualidad. <\/p>\n
En este sentido, argument\u00f3 que \u00abse encuentra pendiente de resolver el recurso de impugnaci\u00f3n especial, de ah\u00ed que las solicitudes, como las planteadas por el accionante, que no son otras que las atinentes a la ejecuci\u00f3n de la pena, hacen parte de los aspectos propios de la sentencia y su alegaci\u00f3n debe encausarse por la v\u00eda de los recursos que proceden en su contra\u00bb. Por consiguiente, pidi\u00f3 que fuera denegado el amparo \u00abteniendo en cuenta su car\u00e1cter subsidiario y residual, en atenci\u00f3n a que la censura que propone el demandante es un aspecto inherente al fallo y no se plante\u00f3 en este asunto la existencia de un perjuicio irremediable que habilite la competencia del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda invocada, porque no encontr\u00f3 que se configurara el defecto de violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n alegado por el accionante, por las siguientes razones: <\/p>\n
\u00ab(i) El art\u00edculo 450 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece que, si al momento de anunciar el sentido del fallo, el acusado declarado culpable no se hallare detenido, el Juez podr\u00e1 disponer que contin\u00fae en libertad hasta el momento de dictar sentencia <\/p>\n
(ii) Sin embargo, el inciso segundo de esa norma tambi\u00e9n establece que, si lo considera necesario, el Juez ordenar\u00e1 la detenci\u00f3n y librar\u00e1 de manera inmediata la orden de encarcelamiento. <\/p>\n
(iii) Dicha norma fue declarada exequible por la Corte Constitucional en sentencia C-342 de 2017; pronunciamiento de constitucionalidad -con efectos erga omnes- en el cual se advirti\u00f3 que la orden de encarcelamiento establecida por el art\u00edculo precitado respeta las garant\u00edas que la Constituci\u00f3n ha dispuesto en favor del derecho al debido proceso y no viola el principio de presunci\u00f3n de inocencia <\/p>\n
(iv) En cualquier caso, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia tiene establecido que conforme a la naturaleza y los fines de la impugnaci\u00f3n especial, su interposici\u00f3n y tr\u00e1mite no suspende el cumplimiento de la providencia condenatoria y que, si bien es cierto que el art\u00edculo 177 del C.P.P. establece que la apelaci\u00f3n de la sentencia condenatoria se concede en el efecto suspensivo, la misma norma se\u00f1ala el alcance de dicho efecto, esto es, que suspende \u00fanicamente la competencia de quien profiri\u00f3 la decisi\u00f3n, pero no su contenido. <\/p>\n
(v) Los anteriores pronunciamientos indican de manera transparente cu\u00e1l es la posici\u00f3n que tienen sentada los Tribunales de Cierre en materia penal ordinaria y constitucional respecto del asunto que es tra\u00eddo a colaci\u00f3n por el actor, y el hecho de que \u00e9l no est\u00e9 de acuerdo con dicha posici\u00f3n, o de que cuente con evidencia anecd\u00f3tica que indique que en la pr\u00e1ctica judicial a veces se deja en libertad a la persona procesada hasta que se encuentre en firme la sentencia condenatoria -cosa que, por lo dem\u00e1s, es permitida tanto por el art\u00edculo 450 del C.P.P. como por la jurisprudencia rese\u00f1ada-, no implica per s\u00e9, que la determinaci\u00f3n adoptada por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali con respecto a la captura de OSCAR FERNANDO SOTO SANTACRUZ sea ilegal, o a tal punto arbitraria, que amerite la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional. <\/p>\n
(vi) Por \u00faltimo, vale agregar que el art\u00edculo 450 del C.P.P., ya tantas veces citado, no se refiere de manera exclusiva a las sentencias de primera instancia, como de manera sesgada e infundada pretende interpretarlo el apoderado del actor, sino que se refiere al momento en que se anuncie el sentido del fallo condenatorio, sea ello en primera o en segunda instancia\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, consider\u00f3 que, contrario a lo alegado por el tutelante, \u00ablos autos demandados se ajustaron a lo establecido en la Ley y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de esta Corporaci\u00f3n\u00bb y \u00abse encuentran debida y suficientemente fundados, pues ellos fueron sustentados de manera razonable y ajustada a derecho. Ello implica que esas providencias fueron adoptadas bajo el amparo de los principios constitucionales de autonom\u00eda e independencia judiciales y, en esa medida, no puede el juez de tutela entrar a controvertirlas sin observar la presencia o configuraci\u00f3n de una causal espec\u00edfica que lo autorice a ello\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, esgrimi\u00f3 que \u00abla Sala no advierte cu\u00e1l podr\u00eda llegar a ser el fundamento jur\u00eddico que autorice su concesi\u00f3n, toda vez que, en la sentencia condenatoria, al accionante le negaron el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria, lo que implica que debe purgar su pena en el establecimiento penitenciario y carcelario que el INPEC determine. Sin sustento jur\u00eddico v\u00e1lido, no puede el Juez de Tutela entrar a variar dicha determinaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se advierte que la misma fue adoptada conforme a derecho\u00bb. <\/p>\n
IV. LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La impuls\u00f3 la accionante, quien manifest\u00f3 que con posterioridad sustentar\u00eda su discrepancia, no obstante, no obra documento en el cual haga referencia a las razones de su inconformidad. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, el apoderado del actor pretende que se amparen los derechos fundamentales de su mandante y, en este sentido, se deje sin efectos la orden de encarcelaci\u00f3n que recae sobre el accionante, ordenando su libertad, de forma inmediata. Subsidiariamente, pidi\u00f3 que se conmine al INPEC para que lo traslade a su lugar de residencia, hasta tanto sea resuelta la impugnaci\u00f3n especial que cursa ante la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
3. En primer lugar, del escrutinio del decurso procesal, se evidencia que frente a la providencia del 14 de mayo de 2020, por la cual la Sala de Decisi\u00f3n Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali revoc\u00f3 lo resuelto en primera instancia y conden\u00f3 al se\u00f1or Soto Santacruz a 72 meses de prisi\u00f3n, por hallarlo responsable del punible de violencia intrafamiliar, el aqu\u00ed promotor interpuso recurso de impugnaci\u00f3n especial ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, el cual, a la fecha de presentaci\u00f3n del amparo, constitucional no hab\u00eda sido resuelto. <\/p>\n
Por tanto, ser\u00e1 la referida autoridad judicial en la oportunidad procesal correspondiente, quien deber\u00e1 pronunciarse sobre los reparos expuestos mediante este mecanismo excepcional, por cuanto admitir la intervenci\u00f3n del juez constitucional implicar\u00eda reemplazar los instrumentos ordinarios, a trav\u00e9s de los cuales se puede buscar la protecci\u00f3n de tales prerrogativas en la causa. <\/p>\n
En asuntos similares, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u00abEn el asunto que a la hora de la presentaci\u00f3n del libelo tutelar [\u2026] se encontraba en tr\u00e1mite, habida cuenta de la interposici\u00f3n del medio impugnativo de [\u2026] formulado [\u2026], circunstancia por la cual no resulta de recibo que los querellantes, en apresurado actuar, hayan instaurado la presente acci\u00f3n sin siquiera conocer cu\u00e1l era la postura jur\u00eddica del examinador [natural], desatendi\u00e9ndola de antemano, am\u00e9n de soslayar el car\u00e1cter residual y subsidiario que la presente v\u00eda alberga, esto por un lado; y, por otro, en virtud de que el [togado correspondiente] es quien est\u00e1 encargado de revisar lo concerniente al tema aqu\u00ed planteado, conforme as\u00ed lo determinan las reglas de competencia\u00bb (CSJ STC 1 feb, 2011 rad. 2010-00958-01, reiterada entre otras en CSJ STC5325-2019 May. 2 de 2019, rad. 2019-00034-01). <\/p>\n
4. Ahora bien, en relaci\u00f3n con la legalidad de la orden de captura y la supuesta errada aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 450 del C.P.P., es menester resaltar que, en prove\u00eddo del 3 de febrero del a\u00f1o en curso, el Juzgado S\u00e9ptimo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Cali, al evaluar la legalizaci\u00f3n de la aprehensi\u00f3n, afirm\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn el presente caso, no existe duda que el capturado es requerido para que cumpla la pena impuesta por la sala penal del Honorable Tribunal Superior de Cali, quien lo conden\u00f3 por el delito de Violencia Intrafamiliar y le impuso una pena de 72 meses de prisi\u00f3n sin derecho a alg\u00fan subrogado penal, por ello se emiti\u00f3 la orden de captura No. 99 de fecha 11 de junio del 2020. <\/p>\n
En ese orden, debe indicarse que atendiendo el principio de la doble conformidad, la defensa interpuso la impugnaci\u00f3n especial, (recurso que se habilita en los eventos en que los Tribunales Superiores, como jueces penales de segunda instancia, revoquen absoluciones y dicten sentencias condenatorias contra las personas procesadas), por lo cual la apelaci\u00f3n fue concedida, seg\u00fan consta en el sistema Justicia XXI, y en la actualidad se encuentra resolvi\u00e9ndose el recurso en la Honorable Corte Suprema de Justicia, ahora bien, como la orden de encarcelamiento debe proferirse y cumplirse de manera inmediata, conforme lo se\u00f1ala el inciso 2 del art\u00edculo 450 del C.P.P., y ha sido ampliamente reiterado por la Honorable Corte Suprema de Justicia en decisiones como la de radicado 28.918 del 30 de enero del 2008, se concluye que independientemente que el defensor haya interpuesto el recurso especial, la orden de captura debe cumplirse ipso facto, tesis que tambi\u00e9n ha sido defendida por la Honorable Corte Constitucional en decisiones como la T-1315 del 2001 (en donde estudia un asunto similar, pero bajo la \u00e9gida del art\u00edculo 198 de la ley 600, sin embargo, por la similitud al tr\u00e1mite de la ley 906 del 2004 se trae a colaci\u00f3n), y la sentencia de Constitucionalidad C-342 del 2017, en donde se expuso que la orden de detenci\u00f3n que se dispone con el anuncio del sentido del fallo condenatorio contenido en c\u00f3digo de procedimiento penal, no viola las garant\u00edas del debido proceso. <\/p>\n
Al revisar el procedimiento policial realizado al capturado, se observa que el mismo se ajusta a derecho (\u2026)\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n, el aqu\u00ed accionante interpuso recurso de apelaci\u00f3n, siendo resuelto en providencia del 16 de marzo de 2021 por el Juzgado Once Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de la misma ciudad, que se\u00f1al\u00f3 que \u00abla decisi\u00f3n apelada se encuentra ajustada a derecho, y en tal sentido ser\u00e1 confirmada\u00bb. Pues bien, para arribar a dicha determinaci\u00f3n, la autoridad judicial indic\u00f3 que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) revisada la decisi\u00f3n adoptada por el Juez S\u00e9ptimo Penal Municipal con funciones de Conocimiento de la ciudad de Cali, puede decirse, estaba facultado conforme a la sentencia C-042 de 2018, para ejercer control frente al acto de captura que la autoridad policial llev\u00f3 a cabo sobre el se\u00f1or SOTO SANTACRUZ, en la medida en que fue el Juez que conoci\u00f3 del proceso penal por Violencia Intrafamiliar que culmin\u00f3 en esa instancia con sentencia absolutoria, misma que fue revocada luego por la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Cali, que lo conden\u00f3 a la pena principal de 72 meses de prisi\u00f3n y orden\u00f3 librar en su contra orden de captura a trav\u00e9s del Centro de Servicios. <\/p>\n
Lo anterior, si en cuenta se tiene que aunque la sentencia de condena emitida por la respetada Corporaci\u00f3n no hab\u00eda alcanzado su firmeza, como quiera que fue objeto de impugnaci\u00f3n por la defensa del sentenciado y en la actualidad se encuentra ante la Honorable Corte Suprema de Justicia, lo cierto es que conforme a lo establecido en el art\u00edculo 298 de la Ley 906 de 2004 par\u00e1grafo 1\u00ba, que fue declarado exequible en la citada Sentencia de la H. Corte Constitucional, corresponde al Juez de Conocimiento, ejercer el control judicial de la aprehensi\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de las 36 horas, ofreci\u00e9ndose distinto el caso cuando ya la sentencia alcanza ejecutoria, pues para entonces, el control judicial de la captura lo ejerce el Juez de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad que vigila el cumplimiento o ejecuci\u00f3n de la sentencia\u2026 <\/p>\n
Igualmente, la Corte Constitucional establece dos condiciones para ello: i) que una vez capturada la persona debe ser puesta a disposici\u00f3n del juez competente dentro de las 36 horas siguientes y ii) estableci\u00f3 la competencia para adelantar ese control en el \u00abjuez de conocimiento que profiri\u00f3 la sentencia\u00ab y excepcionalmente en el juez de control de garant\u00edas cuando el primero no se encuentre disponible, imponi\u00e9ndole la obligaci\u00f3n de remitirlo ante el juez de conocimiento al d\u00eda h\u00e1bil siguiente. <\/p>\n
4.4 Advierte este despacho que la Corte Constitucional no contempl\u00f3 en la mentada decisi\u00f3n todos los escenarios que se presentan cuando se captura a una persona con miras a que se cumpla una condena, pues lo refiri\u00f3 exclusivamente a esas circunstancias en las cuales el fallo no se encuentra ejecutoriado y por ende la competencia se mantiene en el juez que profiri\u00f3 la sentencia, de all\u00ed que destacara que es al juez de conocimiento a quien le compete ejercer el control de legalidad en tanto que conoce las particularidades del expediente\u2026\u201d <\/p>\n
Establecido que ten\u00eda el primer grado la competencia para ejercer el control judicial sobre la aprehensi\u00f3n de que fue objeto el se\u00f1or OSCAR FERNANDO SOTO SANTACRUZ, no es de recibo, el cuestionamiento del defensor en su apelaci\u00f3n, cuando refiere no pod\u00eda legalizarse la captura de su defendido porque la sentencia proferida en contra de \u00e9ste no hab\u00eda alcanzado su firmeza, ello por cuanto, como se acaba de se\u00f1alar, la no ejecutoria de la decisi\u00f3n condenatoria no impide que se pueda hacer efectiva la captura, menos como ocurre en este caso, en el cual, el Juez de primera instancia, limit\u00f3 el acto de control a verificar: 1- Que el condenado fue puesto a su disposici\u00f3n dentro del t\u00e9rmino de las 36 horas contadas a partir del momento en que se materializ\u00f3 su aprehensi\u00f3n por la autoridad policial; 2- Que la autoridad policial dio cumplimiento a la orden de captura No. 099 que hab\u00eda librado el Centro de Servicios de los Juzgados Penales de esta ciudad, siguiendo lo ordenado por la Sala Penal del H. Tribunal Superior de Cali, en la sentencia condenatoria dictada en contra del se\u00f1or SOTO SANTACRUZ por la conducta punible de Violencia Intrafamiliar. 3. Que existi\u00f3 respeto a los derechos fundamentales del capturado y se le dio buen trato por los agentes encargados de hacer efectiva su captura\u00bb (Se subraya). <\/p>\n
De lo transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente y que la misma no resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento jur\u00eddico, independientemente de que sea o no compartida. Lo anterior, am\u00e9n que aquella fue proferida despu\u00e9s de haberse realizado una valoraci\u00f3n razonable de las actuaciones procesales, las \u00f3rdenes emitidas en el fallo de segunda instancia, la normatividad que gobierna el asunto y de un an\u00e1lisis jurisprudencial en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez constitucional. <\/p>\n
En definitiva, se identifica es una disparidad de criterios entre lo considerado por las autoridades judiciales acusadas- en el desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparadas en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante. Por lo expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. M\u00e1xime, cuando se observa que las decisiones adoptadas no muestran vulneraci\u00f3n de los derechos invocados. <\/p>\n
En ese sentido, esta Sala ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01, reiterado en CSJ STC2462-2021 mar. 2021, Rad. 2020-001724-01). <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, frente a la pretensi\u00f3n subsidiaria, relacionada con que se le ordene al INPEC para que traslade al se\u00f1or Soto Santacruz a su lugar de residencia hasta tanto sea resuelta la impugnaci\u00f3n especial que cursa ante la Sala de Casaci\u00f3n Penal, resulta imperioso manifestar que este \u00f3rgano colegiado comparte lo indicado por el a quo constitucional, en cuanto \u00abno advierte cu\u00e1l podr\u00eda llegar a ser el fundamento jur\u00eddico que autorice su concesi\u00f3n, toda vez que, en la sentencia condenatoria, al accionante le negaron el sustituto de la prisi\u00f3n domiciliaria, lo que implica que debe purgar su pena en el establecimiento penitenciario y carcelario que el INPEC determine. Sin sustento jur\u00eddico v\u00e1lido, no puede el Juez de Tutela entrar a variar dicha determinaci\u00f3n, m\u00e1xime cuando se advierte que la misma fue adoptada conforme a derecho\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
6. Hechas las anteriores precisiones, se confirmar\u00e1 el fallo impugnado. <\/p>\n
VI. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Folios 2-19, archivo \u201cANEXOS_19_2_2021 17_20_16\u201d del expediente digital. <\/p>\n
2\u0002 Ibidem., 20-42. <\/p>\n
3\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c02. AUTO DECLARA LEGAL CAPTURA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
4\u0002 Folios 43-46, archivo \u201cANEXOS_19_2_2021 17_20_16\u201d del expediente digital. <\/p>\n
5\u0002 Folios 1-11, archivo \u201c09. Auto 028 del 12-02-2021\u201d del expediente digital. <\/p>\n
6\u0002 Folios 1-5, archivo \u201c02. AUTO INTERLOCUTORIO No. 11 RESUELVE APELACI\u00d3N CONFIRMA\u201d del expediente digital. <\/p>\n
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STC8068-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8068-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-04-000-2021-00446-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia proferida […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55382","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55382","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55382"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55382\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55382"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55382"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55382"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}