{"id":55383,"date":"2024-05-17T20:40:58","date_gmt":"2024-05-17T20:40:58","guid":{"rendered":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/stc8069-2021\/"},"modified":"2024-05-17T20:40:58","modified_gmt":"2024-05-17T20:40:58","slug":"stc8069-2021","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/2024\/05\/17\/stc8069-2021\/","title":{"rendered":"STC8069 2021"},"content":{"rendered":"<p>STC8069-2021<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Magistrado Ponente &nbsp;<\/p>\n<p>STC8069-2021 &nbsp;<\/p>\n<p>Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;11001-02-04-000-2020-01683-01 &nbsp;<\/p>\n<p>(Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) &nbsp;<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, &nbsp;D. C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). &nbsp;<\/p>\n<p>Decide &nbsp;la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia &nbsp;proferida el 29 de octubre de 2020 por la Sala de Decisi\u00f3n de &nbsp;Tutelas No. 3 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de la &nbsp;Corte Suprema de Justicia, en la acci\u00f3n de tutela promovida &nbsp;por Estebana Calvo de D\u00edaz contra la Sala de Descongesti\u00f3n &nbsp;No. 2 de la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Laboral de la misma &nbsp;Corporaci\u00f3n y Cajanal en Liquidaci\u00f3n, hoy UGPP. Al &nbsp;tr\u00e1mite fueron vinculadas las dem\u00e1s partes e &nbsp;intervinientes del proceso ordinario laboral No. &nbsp;13001310500420130009400. &nbsp;<\/p>\n<p>I. ANTECEDENTES &nbsp;<\/p>\n<p>2. De conformidad &nbsp;con el escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se &nbsp;observa la siguiente situaci\u00f3n f\u00e1ctica: &nbsp;<\/p>\n<p>2.1. La ac\u00e1 &nbsp;accionante indic\u00f3 que fungi\u00f3 \u00abcomo &nbsp;trabajadora oficial para el extinto Ministerio de Obras P\u00fablicas, &nbsp;hoy Ministerio de Transporte, en el cargo de aseadora en el Distrito &nbsp;No, 3 con sede en Cartagena [\u2026]\u00bb1 &nbsp;durante un periodo de 13 a\u00f1os. &nbsp;<\/p>\n<p>2.2. Adujo que &nbsp;cotiz\u00f3 para su pensi\u00f3n de vejez en la Caja de Previsi\u00f3n &nbsp;Social -CAJANAL-, desde el primero de agosto de 1981 hasta el 31 de &nbsp;enero de 1983 y desde el primero de enero de 1984 hasta el 31 de &nbsp;diciembre de 1994, con un sueldo promedio de $148.676 mensuales. El &nbsp;31 de diciembre de 1994 su cargo fue suprimido, por Resoluci\u00f3n &nbsp;009109 de esa anualidad. &nbsp;<\/p>\n<p>2.3. En el 2011 &nbsp;solicit\u00f3 a la Caja de Previsi\u00f3n Social, EICE en &nbsp;liquidaci\u00f3n, el reconocimiento y pago de su pensi\u00f3n de &nbsp;vejez, la cual le fue negada, mediante Resoluci\u00f3n UGM-023943 &nbsp;del 4 de enero de 2012. En el 2013 formul\u00f3 una demanda &nbsp;ordinaria laboral en contra de dicha entidad. &nbsp;<\/p>\n<p>2.4. El asunto &nbsp;correspondi\u00f3 al Juzgado Cuarto Laboral del Circuito de &nbsp;Cartagena, que neg\u00f3 sus pretensiones, al estimar que \u00abel &nbsp;art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993 entr\u00f3 en vigencia el &nbsp;1 de abril de 1994, el cual consagr\u00f3 la exigencia de la &nbsp;omisi\u00f3n a la afiliaci\u00f3n al sistema de seguridad social, &nbsp;modific\u00f3 la estructura de derechos demandados y dijo que no &nbsp;ten\u00eda derecho a la pensi\u00f3n sanci\u00f3n y que no era &nbsp;trabajadora oficial\u00bb2. &nbsp;<\/p>\n<p>2.5. La actora &nbsp;apel\u00f3 esa determinaci\u00f3n y la Sala Laboral del Tribunal &nbsp;Superior de Cartagena, por pronunciamiento del 11 de mayo de 2017, &nbsp;confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del a &nbsp;quo &nbsp;y defini\u00f3 que \u00abs\u00ed &nbsp;era trabajadora; no obstante, insisti\u00f3 en que el r\u00e9gimen &nbsp;legal a aplicar era el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993, y &nbsp;desecho (sic) los presupuestos consagrados en la pretensi\u00f3n &nbsp;primera de la demanda, como el art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de &nbsp;1969, porque al entrar en vigencia la Ley 100 de 1993 estableci\u00f3 &nbsp;un r\u00e9gimen laboral para la suscrita porque mi relaci\u00f3n &nbsp;laboral estuvo vigente hasta diciembre de 1994 y porque estaba &nbsp;afiliada a Cajanal\u00bb3. &nbsp;<\/p>\n<p>2.6. Contra la &nbsp;decisi\u00f3n del Tribunal interpuso recurso extraordinario de &nbsp;casaci\u00f3n y la Sala de Descongesti\u00f3n No. 2 de Casaci\u00f3n &nbsp;Laboral de la Corte Suprema de Justicia, por providencia SL1296-2020 &nbsp;del 17 de abril de 20204, &nbsp;resolvi\u00f3 no casar el fallo recurrido, aduciendo \u00abdeficiencias &nbsp;t\u00e9cnicas en la demanda y desestim\u00f3 cualquier derecho &nbsp;[\u2026]\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Expres\u00f3 que &nbsp;el juez plural, con dicha sentencia, incurri\u00f3 en v\u00eda de &nbsp;hecho, pues estableci\u00f3 que ella no era una trabajadora &nbsp;oficial, sin tener en cuenta el precedente fijado por la misma &nbsp;Corporaci\u00f3n en sentencia SL13081-2014, en el cual se indic\u00f3 &nbsp;quienes eran considerados trabajadores oficiales. &nbsp;<\/p>\n<p>3. &nbsp;Pidi\u00f3, conforme a lo relatado, el amparo de sus garant\u00edas &nbsp;fundamentales reclamadas y, &nbsp;en &nbsp;consecuencia, que se deje sin efectos la sentencia SL1296-2020 y se &nbsp;emita un nuevo fallo, \u00abconforme &nbsp;a derecho y al antecedente jurisprudencial [\u2026]\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>II. LA &nbsp;RESPUESTA DEL ACCIONADOS &nbsp;<\/p>\n<p>Y VINCULADOS &nbsp;<\/p>\n<p>1. La Sala de &nbsp;Descongesti\u00f3n No. 2 de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte &nbsp;Suprema de Justicia manifest\u00f3 que su determinaci\u00f3n se &nbsp;ajustaba a las normas aplicables al caso en concreto, en especial, si &nbsp;se tiene en cuenta que en ella se resalt\u00f3 que la demanda de &nbsp;casaci\u00f3n no cumpl\u00eda con las exigencias del C\u00f3digo &nbsp;Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social -CPTSS-. &nbsp;<\/p>\n<p>Destac\u00f3 &nbsp;que, aun cuando se superaran esos vicios de procedimiento, las &nbsp;pretensiones tampoco estaban llamadas a prosperar, seg\u00fan las &nbsp;disposiciones del art\u00edculo 151 de la Ley 100 de 1993, al &nbsp;tiempo que esa decisi\u00f3n se acog\u00eda a las determinaciones &nbsp;jurisprudenciales adoptadas en las sentencias CSJ SL4440-2017, CSJ &nbsp;SL7783-2017, CSJ SL903-2013 y CSJ SL827-2019. &nbsp;<\/p>\n<p>2. La Unidad de &nbsp;Gesti\u00f3n Pensional y Parafiscales-UGPP- pidi\u00f3 no acceder &nbsp;al amparo reclamado y archivar el expediente, dado que, con la &nbsp;decisi\u00f3n emitida por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral, &nbsp;\u00ab[\u2026] &nbsp;no se incurri\u00f3 en defecto material o sustantivo, sino que por &nbsp;el contrario la misma se ajust\u00f3 al ordenamiento legal y al &nbsp;precedente jurisprudencial que regula el tema, para determinar que no &nbsp;le asist\u00eda el derecho a la pensi\u00f3n de Vejez\u00bb. &nbsp;Indic\u00f3 que \u00abla &nbsp;parte actora no puede pretender usar la acci\u00f3n de tutela como &nbsp;una tercera instancia para revisar las decisiones adoptadas por el &nbsp;juez competente de la causa, despu\u00e9s de haberse agotado un &nbsp;procedimiento establecido en la Ley para el efecto\u00bb, &nbsp;aunado a que esta acci\u00f3n constitucional \u00abno &nbsp;es el mecanismo judicial id\u00f3neo para el reconocimiento de &nbsp;peticiones prestacionales, m\u00e1xime cuando ya se ha pronunciado &nbsp;el juez competente de la causa y determin\u00f3 que no le asiste el &nbsp;derecho que reclama\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>3. La Procuradur\u00eda &nbsp;Delegada para Asuntos Civiles y Laborales manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] &nbsp;los reproches formulados por la accionante frente a lo decidido por &nbsp;la corporaci\u00f3n accionada resultan infundados, en tanto la Sala &nbsp;de Descongesti\u00f3n Laboral 2 procedi\u00f3 a efectuar un &nbsp;an\u00e1lisis de fondo hipot\u00e9tico de lo pretendido &nbsp;por la casacionista, partiendo de la base de que el recurso de &nbsp;casaci\u00f3n no cumpl\u00eda con los requisitos de t\u00e9cnica &nbsp;establecidos por la ley para dicho prop\u00f3sito\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Destac\u00f3 &nbsp;que, \u00aba &nbsp;pesar de que puede advertirse que existe fundamento jurisprudencial &nbsp;para que la accionante no est\u00e9 de acuerdo con lo decidido en &nbsp;su caso por la Sala de Descongesti\u00f3n Laboral 2, tal &nbsp;inconformidad no resulta suficiente para que prospere la tutela &nbsp;contra sentencia judicial, en tanto la sentencia atacada no puede &nbsp;calificarse como caprichosa o arbitraria, y antes bien, hace &nbsp;expl\u00edcitos los referentes jurisprudenciales en los cuales se &nbsp;soport\u00f3, y los argumentos jur\u00eddicos que tuvo en cuenta, &nbsp;que no se limitan a la discusi\u00f3n acerca de si la accionante &nbsp;era o no trabajadora oficial\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>III. LA SENTENCIA &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;IMPUGNADA &nbsp;<\/p>\n<p>La Sala Penal de &nbsp;esta Corte neg\u00f3 la salvaguarda impetrada, al considerar que &nbsp;\u00ab[\u2026] &nbsp;se trata de una sentencia donde se explican las razones de hecho y &nbsp;derecho por las cuales no era viable acoger las pretensiones del &nbsp;casacionista\u00bb &nbsp;y, en esa medida, la decisi\u00f3n \u00abse &nbsp;ajusta a la normatividad vigente aplicable al caso concreto\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Destac\u00f3 &nbsp;que, &nbsp;\u00aben un primer t\u00e9rmino la Sala de Casaci\u00f3n Laboral &nbsp;ilustra al recurrente frente a las razones por las que se estima que &nbsp;su demanda de casaci\u00f3n es deficiente, dada la ausencia de &nbsp;requisitos fundamentales que son exigidos normativamente, aclarando &nbsp;que ello no implica una sobreposici\u00f3n de formalismos, sino un &nbsp;aseguramiento de la observancia del debido proceso por el cual se &nbsp;debe regir el tr\u00e1mite extraordinario propuesto\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Sostuvo que &nbsp;\u00ab[\u2026] aun &nbsp;cuando la demanda de casaci\u00f3n no reun\u00eda los requisitos &nbsp;formales para abordar su estudio, la demandada en tutela tambi\u00e9n &nbsp;le explic\u00f3 al recurrente los motivos por los cuales no le &nbsp;asist\u00eda raz\u00f3n frente a su reclamo de ser reconocida la &nbsp;se\u00f1ora Calvo de D\u00edaz como trabajadora oficial [\u2026]\u00bb, &nbsp;enfatizando en que la postura de la accionada \u00abno &nbsp;es nueva, toda vez que se ha expuesto de manera reiterada en diversos &nbsp;fallos de casaci\u00f3n, entre ellos las sentencias CSJ &nbsp;SL4440-2017; CSJ SL7783-2017; CSJ SL903-2013 y CSJ SL827-2019, de &nbsp;modo que la decisi\u00f3n cuestionada se ajusta a los precedentes &nbsp;jurisprudenciales que han desarrollado el tema objeto de an\u00e1lisis\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>III. LA IMPUGNACI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>La &nbsp;accionante present\u00f3 un escrito, en el que manifest\u00f3 que &nbsp;impugnaba el fallo de primera instancia. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<\/p>\n<p>III. CONSIDERACIONES &nbsp;<\/p>\n<p>1. En el sub &nbsp;examine, &nbsp;la reclamante cuestiona la providencia SL1296-2020 &nbsp;del 17 de abril de 2020, mediante la cual la Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Laboral de Descongesti\u00f3n No. 2 resolvi\u00f3 no casar la &nbsp;sentencia dictada por la Sala Laboral del Tribunal Superior de &nbsp;Cartagena el 11 de mayo de 2017, en el proceso ordinario laboral que &nbsp;aqu\u00e9lla promovi\u00f3 contra Cajanal &nbsp;en Liquidaci\u00f3n, hoy UGPP. &nbsp;<\/p>\n<p>2. Del examen de &nbsp;las pruebas que reposan en el expediente, se advierte que la acci\u00f3n &nbsp;constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad, por lo que &nbsp;se confirmar\u00e1 la decisi\u00f3n impugnada, en tanto el &nbsp;veredicto cuestionado no alberga anomal\u00eda que imponga la &nbsp;perentoria salvaguarda deprecada, independientemente de que sea o no &nbsp;compartido. &nbsp;<\/p>\n<p>3. En efecto, al &nbsp;resolver el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, la Sala &nbsp;convocada expuso razonadamente los motivos por los cuales se impon\u00eda &nbsp;no casar la determinaci\u00f3n rebatida, por falta de t\u00e9cnica. &nbsp;<\/p>\n<p>Sobre el &nbsp;particular, enfatiz\u00f3 que, en la demanda de casaci\u00f3n, la &nbsp;entonces recurrente \u00abentremezcla &nbsp;modalidades de violaci\u00f3n legal incompatibles, independientes y &nbsp;aut\u00f3nomas, puesto que en la proposici\u00f3n jur\u00eddica &nbsp;cuestiona la sentencia de violar por la v\u00eda directa, en la &nbsp;modalidad de aplicaci\u00f3n indebida, el art\u00edculo 133 de la &nbsp;Ley 100 de 1993, pero en su demostraci\u00f3n afirma que \u2018La &nbsp;interpretaci\u00f3n del texto legal rotulado en la acusaci\u00f3n, &nbsp;no se compadece con el fin mismo de la instituci\u00f3n prevista &nbsp;[en \u00e9l]\u2019 [\u2026], &nbsp;desconociendo que seg\u00fan lo adoctrinado por la Corte, por &nbsp;ejemplo, en la sentencia CSJ SL, 22 nov. 2006, rad. 27237, no es &nbsp;posible aplicar correctamente un precepto, que es le\u00eddo con &nbsp;error, al caso que no corresponda\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Se\u00f1al\u00f3 &nbsp;que, pese a que \u00abel &nbsp;ataque se encamin\u00f3 por la v\u00eda jur\u00eddica [\u2026]\u00bb, &nbsp;circunstancia bajo la cual \u00abla &nbsp;discusi\u00f3n debe hacerse al margen de las conclusiones f\u00e1cticas &nbsp;y de la actividad de valoraci\u00f3n probatoria del Colegiado [\u2026]\u00bb, &nbsp;era evidente que la recurrente realiz\u00f3 cuestionamientos en ese &nbsp;sentido, pues sostuvo que el &nbsp;\u00ab[\u2026] Tribunal, en su providencia no tuvo en cuenta que &nbsp;en el contrato de trabajo las partes se obligaron al cumplimiento de &nbsp;ciertas normas legales, as\u00ed como tampoco tuvo en cuenta &nbsp;ciertas pruebas que fueron allegadas con el libelo demandatorio que &nbsp;acreditan la edad y la fecha del despido [\u2026]\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 que &nbsp;la demanda hizo alusi\u00f3n a &nbsp;\u00absupuestos &nbsp;f\u00e1cticos que no fueron soporte de la sentencia y sobre los &nbsp;cuales cimenta su acusaci\u00f3n jur\u00eddica, relativos a la &nbsp;condici\u00f3n de \u2018trabajadora oficial del orden &nbsp;departamental, municipal o distrital [\u2026]\u2019, con lo cual &nbsp;invita a la Sala a revisar las pruebas allegadas al plenario, lo que &nbsp;no es posible por la v\u00eda directa, conforme se explic\u00f3 &nbsp;en la sentencia CSJ SL739-2018\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Bajo ese hilo &nbsp;conductor estim\u00f3 que \u00abla &nbsp;acusaci\u00f3n as\u00ed presentada, devela el defecto &nbsp;subsiguiente de mezclar las v\u00edas de ataque propias de la &nbsp;causal primera de casaci\u00f3n, esto es, la indirecta y la &nbsp;directa, lo cual es t\u00e9cnicamente inaceptable, en vista de que &nbsp;cada una es aut\u00f3noma e independiente\u00bb, &nbsp;como lo ha explicado la Corte, por ejemplo, en la sentencia CSJ &nbsp;SL4220-2018. &nbsp;<\/p>\n<p>Afirm\u00f3 que, &nbsp;si se hubiera adelantado el control de legalidad del ataque por la &nbsp;v\u00eda indirecta, se evidenciar\u00eda que la actora no indic\u00f3 &nbsp;si el Tribunal \u00abhab\u00eda &nbsp;apreciado con error o dejado de apreciar los medios de convicci\u00f3n, &nbsp;que no identifica; tampoco singulariz\u00f3 los errores de hecho &nbsp;protuberantes en que incurri\u00f3, ni relacion\u00f3 estos con &nbsp;las pruebas calificadas omitidas o indebidamente valoradas por dicho &nbsp;Juzgador, ni explic\u00f3 de qu\u00e9 manera todo ello impact\u00f3 &nbsp;la sentencia [\u2026]\u00bb, &nbsp;situaci\u00f3n que se encuadra con lo manifestado en la sentencia &nbsp;CSJ SL, 10 jul. 2012, rad. 41635 y CSJ SL341-2019, en las que se hizo &nbsp;menci\u00f3n a lo relacionado con las cargas m\u00ednimas de &nbsp;argumentaci\u00f3n en la v\u00eda indirecta, so pena de la &nbsp;desestimaci\u00f3n del ataque. &nbsp;<\/p>\n<p>Dijo que la &nbsp;censura \u00abpresent\u00f3 &nbsp;sus demostraciones como si se tratara de un alegato de instancia, &nbsp;olvidando que la t\u00e9cnica de la casaci\u00f3n laboral, le &nbsp;exige un ejercicio dial\u00e9ctico, con la finalidad de derruir la &nbsp;totalidad de elementos de la decisi\u00f3n del Juez de la &nbsp;apelaci\u00f3n, identificando la naturaleza de las consideraciones &nbsp;de la sentencia acusada, eligiendo la v\u00eda directa o indirecta, &nbsp;o ambas, en forma independiente, cuando los argumentos, como en el &nbsp;caso, contemplan doble estirpe, esto es, jur\u00eddica y f\u00e1ctica\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>De otra parte, &nbsp;puso de presente que, en el hipot\u00e9tico evento de que se &nbsp;hubiera formulado correctamente el recurso extraordinario de &nbsp;casaci\u00f3n, la discusi\u00f3n girar\u00eda en \u00abdeterminar &nbsp;si el Tribunal aplic\u00f3 indebidamente el art\u00edculo 133 de &nbsp;la Ley 100 de 1993, por cuanto no estaba vigente al momento de su &nbsp;despido, en raz\u00f3n a que ostent\u00f3 el cargo de \u2018aseadora &nbsp;en el Ministerio de obras p\u00fablicas y transporte\u2019\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>Al respecto, &nbsp;refiri\u00f3 que el cargo no saldr\u00eda avante, pues, analizado &nbsp;lo dispuesto en el par\u00e1grafo del art\u00edculo 151 de la Ley &nbsp;100 de 1993, la entrada en vigencia del sistema general de pensiones, &nbsp;\u00aba &nbsp;m\u00e1s tardar el 30 de junio de 1995\u00bb, &nbsp;lo fue \u00fanicamente para \u00ablos &nbsp;servidores p\u00fablicos del nivel departamental, municipal y &nbsp;distrital\u00bb, &nbsp;categor\u00eda que no ten\u00eda la se\u00f1ora Calvo de D\u00edaz, &nbsp;toda vez que su vinculaci\u00f3n fue con el Ministerio de Obras &nbsp;P\u00fablicas y Transporte, hoy Ministerio de Transporte, entidad &nbsp;del orden nacional, por lo que, bajo esa circunstancia, era dable &nbsp;concluir que dicha ley, para el caso de la recurrente, comenzaba a &nbsp;regir el 1\u00b0 &nbsp;de abril de 1994 y le era perfectamente aplicable, m\u00e1xime &nbsp;cuando su despido aconteci\u00f3 el 31 de diciembre de dicha &nbsp;anualidad, situaci\u00f3n que permit\u00eda establecer que el &nbsp;juez plural no incurri\u00f3 en error alguno con su determinaci\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>En torno a la &nbsp;calidad de trabajadora oficial alegada por la se\u00f1ora Calvo de &nbsp;D\u00edaz, la autoridad judicial demandada, luego de traer a &nbsp;colaci\u00f3n lo expuesto en la sentencia CSJ SL7783-2017, se\u00f1al\u00f3 &nbsp;que, como aqu\u00e9lla ostentaba el cargo de \u00abaseadora &nbsp;en el Ministerio de Obras P\u00fablicas y Transporte\u00bb, &nbsp;ten\u00eda la calidad de &nbsp;\u00abempleada &nbsp;p\u00fablica y no de trabajadora oficial, \u00fanica categor\u00eda &nbsp;de servidores p\u00fablicos a los que no les es aplicable la &nbsp;pensi\u00f3n restringida del art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de &nbsp;1969, CSJ SL903-2013, que reitera la sentencia CSJ SL, 23 ene. 2008, &nbsp;rad. 30843 y, con mayor profundidad, en la CSJ SL827-2019\u00bb, &nbsp;la cual precis\u00f3 que &nbsp;\u00absolo &nbsp;regul\u00f3 dicha prestaci\u00f3n para los servidores que &nbsp;contaban con una relaci\u00f3n contractual laboral con el Estado y &nbsp;no quienes ten\u00edan una relaci\u00f3n legal y reglamentaria, &nbsp;[\u2026]\u00bb, &nbsp;como era el caso de la ac\u00e1 actora. &nbsp;<\/p>\n<p>4. De lo &nbsp;transcrito se sigue que la determinaci\u00f3n cuestionada no &nbsp;resulta arbitraria o manifiestamente alejada del ordenamiento &nbsp;jur\u00eddico, dado que fue proferida despu\u00e9s de haber &nbsp;realizado una valoraci\u00f3n razonable de la situaci\u00f3n &nbsp;evidenciada, la normatividad que gobierna el asunto y la &nbsp;jurisprudencia en torno al tema debatido, hermen\u00e9utica &nbsp;plausible que no impone la intervenci\u00f3n del juez &nbsp;constitucional, pues ello le permiti\u00f3 establecer, en primer &nbsp;lugar, que la demanda de casaci\u00f3n carec\u00eda de t\u00e9cnica &nbsp;y, en segundo, que a la se\u00f1ora Estebana Calvo de D\u00edaz &nbsp;le era aplicable el art\u00edculo 133 de la Ley 100 de 1993 para la &nbsp;fecha de su desvinculaci\u00f3n (diciembre de 1994), por haber &nbsp;laborado con una entidad del orden nacional, como fue el Ministerio &nbsp;de Transporte, en cuyo caso dicha ley empezaba a regir desde el &nbsp;1\u00b0 &nbsp;de abril de 1994 y que, al ostentar el cargo de \u00abaseadora\u00bb, &nbsp;en esa dependencia, la misma ten\u00eda era la calidad de &nbsp;\u00abempleada &nbsp;p\u00fablica\u00bb y &nbsp;\u00abno &nbsp;de trabajadora oficial, \u00fanica categor\u00eda de servidores &nbsp;p\u00fablicos a los que no les es aplicable la pensi\u00f3n &nbsp;restringida del art\u00edculo 74 del Decreto 1848 de 1969\u00bb. &nbsp;<\/p>\n<p>En &nbsp;definitiva, lo que se &nbsp;presenta es una disparidad de criterios entre lo considerado por la &nbsp;Sala accionada -en el desarrollo del ejercicio normal de las &nbsp;facultades y amparada en los principios de autonom\u00eda e &nbsp;independencia judicial- y lo planteado por la solicitante. Por lo &nbsp;expuesto, el funcionario constitucional no es el llamado a dirimir la &nbsp;controversia, a modo de autoridad de instancia, arrog\u00e1ndose &nbsp;competencias que no le corresponden. &nbsp;<\/p>\n<p>En ese aspecto, &nbsp;esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel &nbsp;juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro &nbsp;para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y &nbsp;hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los &nbsp;m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo &nbsp;pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si &nbsp;fuese uno de instancia\u00bb &nbsp;(CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); &nbsp;y, de otro, que &nbsp;\u00abla &nbsp;adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento &nbsp;que le allane el camino al vencido para perseverar en sus &nbsp;discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb &nbsp;(CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). &nbsp;<\/p>\n<p>5. De acuerdo con &nbsp;la explicado en precedencia, se ratificar\u00e1 el fallo impugnado. &nbsp;<\/p>\n<p>V. DECISI\u00d3N &nbsp;<\/p>\n<p>En m\u00e9rito &nbsp;de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n &nbsp;Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por &nbsp;autoridad de la ley, CONFIRMA &nbsp;la &nbsp;sentencia de fecha, contenido y procedencia prenotada. &nbsp;<\/p>\n<p>Comun\u00edquese &nbsp;lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s &nbsp;expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del &nbsp;Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a &nbsp;la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. &nbsp;<\/p>\n<p>FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp;<\/p>\n<p>Presidente de Sala &nbsp;<\/p>\n<p>\u00c1LVARO &nbsp;FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO &nbsp;<\/p>\n<p>HILDA GONZ\u00c1LEZ &nbsp;NEIRA &nbsp;<\/p>\n<p>AROLDO WILSON &nbsp;QUIROZ MONSALVO &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ALONSO &nbsp;RICO PUERTA &nbsp;<\/p>\n<p>OCTAVIO AUGUSTO &nbsp;TEJEIRO DUQUE &nbsp;<\/p>\n<p>LUIS ARMANDO &nbsp;TOLOSA VILLABONA &nbsp;<\/p>\n<p>1\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios 1-6 Subcarpeta 1.- 113334 \u201cPrimera Demanda Tutela.pdf\u201d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;del expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>2\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios 1-6 Subcarpeta 1.- 113334 \u201cPrimera Demanda Tutela.pdf\u201d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;del expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>3\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios 1-6 Subcarpeta 1.- 113334 \u201cPrimera Demanda Tutela.pdf\u201d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;del expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>4\u0002 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;Folios 7-27 Subcarpeta 1.- 113334 \u201cPrimera Demanda Tutela.pdf\u201d &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;del expediente digital. &nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<\/p>\n<p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>STC8069-2021 &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; FRANCISCO &nbsp;TERNERA BARRIOS &nbsp; Magistrado Ponente &nbsp; STC8069-2021 &nbsp; Radicaci\u00f3n n\u00b0. &nbsp;11001-02-04-000-2020-01683-01 &nbsp; (Aprobado &nbsp;en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) &nbsp; Bogot\u00e1, &nbsp;D. 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