STC8093-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8093-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-01932-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la tutela que Doris Marlene Alarc\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Civil del Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogot\u00e1, extensiva a los intervinientes en el proceso de pertenencia con radicado n\u00b0 2015-00976-01. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pidi\u00f3 que se revoque la sentencia de segunda instancia (18 may. 2021) proferida por el Tribunal accionado dentro del declarativo aludido, para que, en su lugar, se profiera fallo a su favor. <\/p>\n
En sustento se\u00f1al\u00f3 que interpuso demanda de pertenencia sobre el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 50S-40511567 en contra de No\u00e9 Guerrero Aguilar (titular del dominio), Pablo Emilio Rodr\u00edguez Fandi\u00f1o (acreedor hipotecario) y dem\u00e1s personas indeterminadas. En el curso de la controversia se admiti\u00f3 la intervenci\u00f3n de Alba Lucero Rojas Ram\u00edrez en calidad de litisconsorte necesaria, por haber sido adjudicataria del predio a usucapir, en virtud del remate judicial acontecido en el compulsivo hipotecario con radicado n\u00b0 2012-1187-00, tramitado en el Juzgado 23 Civil Municipal de Bogot\u00e1. <\/p>\n
Adujo que el 29 de octubre de 2020 se dict\u00f3 sentencia favorable a sus pretensiones y que la misma fue apelada por la adjudicataria vinculada al tr\u00e1mite, quien expuso como reparos concretos i). la \u00abFalta de valoraci\u00f3n de las pruebas tanto testimoniales, documentales e interrogatorio de parte\u00bb, ii). La vulneraci\u00f3n a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb derivada del veredicto coactivo y, iii). La \u00ab[e]rr\u00f3nea interpretaci\u00f3n de las normas sustanciales, procesales y sentencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Relat\u00f3 que el 18 de mayo hoga\u00f1o se resolvi\u00f3 la segunda instancia que dispuso revocar el fallo opugnado tras predicar que su ingreso al inmueble objeto de usucapi\u00f3n se dio en calidad de hija de la poseedora y que una vez \u00e9sta falleci\u00f3, no se evidenci\u00f3 la interversi\u00f3n del t\u00edtulo que enarbol\u00f3, por lo que se declar\u00f3 la insatisfacci\u00f3n del presupuesto de \u00abposesi\u00f3n material\u00bb requerido por la instituci\u00f3n demandada. <\/p>\n
De tal suceso deriva la gestora su queja constitucional pues considera que el accionado i). declar\u00f3 excepciones no planteadas por los demandados, ii). no valor\u00f3 adecuadamente las pruebas que demostraban su \u00e1nimo de se\u00f1or\u00edo y, iii). desconoci\u00f3 que su intervenci\u00f3n se limitaba \u00ab\u00fanicamente sobre aquellas cuestiones que le hayan sido planteadas y sustentadas por la parte apelante dentro del recurso de apelaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
2. El Tribunal querellado defendi\u00f3 la legalidad de lo actuado. En el mismo sentido se pronunciaron los dem\u00e1s vinculados. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el presente caso, de cara a las cr\u00edticas ya se\u00f1aladas, se denegar\u00e1 el amparo porque la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, al desatar la apelaci\u00f3n que aqu\u00ed se cuestiona, no desbord\u00f3 los contornos expuestos por la recurrente al fundamentar sus reparos concretos, esto es, el ad quem dirimi\u00f3 la impugnaci\u00f3n con observancia de los l\u00edmites trazados por la apelante. Adem\u00e1s, no se avizora en la resoluci\u00f3n del asunto una actuaci\u00f3n arbitraria o una apreciaci\u00f3n probatoria antojadiza que habilite la intervenci\u00f3n de este estrado constitucional. <\/p>\n
2. Claro es que la apelaci\u00f3n de sentencias en el C\u00f3digo General del Proceso, a diferencia de lo que ocurr\u00eda con su antecesor, se gobierna bajo el lineamiento de la pretensi\u00f3n impugnaticia, lo que significa que la competencia del superior se reduce \u00ab\u00fanicamente (\u2026) [a] los reparos concretos formulados por el apelante\u00bb (art. 320 ibidem) salvo aquellas \u00abdecisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley\u00bb (art. 328 ibidem). <\/p>\n
Sobre tal instituci\u00f3n se ha decantado que: <\/p>\n
En materia de apelaci\u00f3n es indiscutible que con el advenimiento del C\u00f3digo General del Proceso se introdujo la cultura de la \u2018pretensi\u00f3n impugnaticia\u2019, en virtud de la cual, en principio, el funcionario de segundo grado s\u00f3lo deber\u00e1 ocuparse de los temas que sean propuestos por el o los inconformes, como ant\u00edtesis a la visi\u00f3n panor\u00e1mica que en dicho marco imper\u00f3 en antiguos sistemas adjetivos, pues no cosa distinta brota de la lectura literal de los art\u00edculos 320 y 328 ib\u00eddem (\u2026) <\/p>\n
Sin embargo, tambi\u00e9n es paladino que semejante regla encuentra salvedades cuando, como esos preceptos lo anotan, es menester adoptar \u2018decisiones de oficio\u2019, lo que conviene armonizar con el canon 282 ej\u00fasdem que trata de la \u00abresoluci\u00f3n de excepciones de m\u00e9rito\u00bb. De modo que, s\u00ed hay eventos en que el ad quem est\u00e1 habilitado para abordar \u00edtems motu proprio sin que de all\u00ed pueda predicarse alg\u00fan desafuero por carencia de competencia, ya que la misma ley lo autoriza y las circunstancias espec\u00edficas del caso as\u00ed lo exigen (\u2026) \u2018por regla general la competencia del superior est\u00e1 restringida a pronunciarse sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin embargo, tambi\u00e9n existen excepciones a esa restricci\u00f3n, tales como: (i) cuando las dos partes impugnan, pues en este caso se debe resolver sin limitaciones; y (ii) en aquellas oportunidades en que debe darse un pronunciamiento de oficio atendiendo lo dispuesto en la ley, que generalmente se da cuando la determinaci\u00f3n de segunda instancia conlleva a que deba decidirse sobre temas \u00edntimamente relacionados con \u00e9sta (STC4271-2018)\u2026\u00bb (Negritas ajenas al texto – CSJ STC1424-2020, reiterada en STC3004-2020, STC7609-2020, STC3556-2021 entre otras). <\/p>\n
Establecido lo anterior, se observa que la queja medular de la promotora se circunscribe a que el Tribunal accionado haya extendido su competencia sobre aspectos que a su parecer, no fueron esbozados por la recurrente al momento de sustentar sus reparos concretos frente a la providencia impugnada, en particular, critic\u00f3 que se hubiese declarado la falta del \u00abpresupuesto de posesi\u00f3n material\u00bb para acceder a la usucapi\u00f3n pretendida, pues, a su juicio, tal situaci\u00f3n no fue mencionada por su contraparte y resulta contraria a las probanzas que en la causa se practicaron. <\/p>\n
Sin embargo, revisado el expediente se destaca la existencia de un reparo impugnativo cuya presencia es incluso reconocida por la accionante; aquel que en el hecho tercero de su escrito de tutela se\u00f1al\u00f3 como \u00abfalta de valoraci\u00f3n de[l] (\u2026) interrogatorio de parte\u00bb. Ciertamente, ese reproche, trazado por la recurrente, fue transcrito por el Tribunal en los antecedentes de la sentencia atacada, concretamente en el ac\u00e1pite en que sintetiz\u00f3 los reproches sustentados por la apelante: <\/p>\n
\u00ab1.5. Recurso de apelaci\u00f3n. <\/p>\n
En la oportunidad prevista por el Decreto Legislativo 806 de 2020, la apoderada de la se\u00f1ora Alba Lucero Rojas Ram\u00edrez desarroll\u00f3 los siguientes puntos: <\/p>\n
1.5.1. Falta de valoraci\u00f3n de las pruebas tanto testimoniales e interrogatorio de parte. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que hubo una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues (\u2026) \u00abdel interrogatorio presentado por la demandante, se desprende que quien hace actos de se\u00f1or y due\u00f1o es su esposo y no como la juez lo pretende interpretar\u00bb. <\/p>\n
N\u00f3tese, entonces, que una de las inconformidades con la sentencia de primera instancia consisti\u00f3 en la \u00abindebida valoraci\u00f3n\u00bb que se efectu\u00f3 a la declaraci\u00f3n rendida por la demandante, en particular, sus asertos sobre la persona que detentaba los actos de se\u00f1or\u00edo sobre el predio objeto de la litis. As\u00ed pues, resulta patente que el objeto de esa censura no era otro que desvirtuar, como elemento cardinal de la acci\u00f3n de pertenencia, la calidad de poseedora que fue reconocida en la primera instancia. <\/p>\n
De all\u00ed que, en aras de constatar tal presupuesto, el Tribunal haya procedido a \u00aba efectuar el an\u00e1lisis de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de pertenencia, en armon\u00eda con algunos de los motivos de inconformidad de la recurrente, en especial el que hace relaci\u00f3n con la indebida valoraci\u00f3n probatoria, que condujo a reconocer la posesi\u00f3n de la demandante (\u2026)\u00bb. En dicho estudio, luego de hacer un recuento de las probanzas practicadas en lo que respecta a la posesi\u00f3n, concluy\u00f3 que: <\/p>\n
Es decir, a la actora le correspond\u00eda acreditar de forma clara e inequ\u00edvoca, que la posesi\u00f3n o coposesi\u00f3n herencial sobre el ya referenciado inmueble, mut\u00f3 o se transform\u00f3 en posesi\u00f3n ordinaria y exclusiva, esto es, desconociendo los derechos de cualquier sucesor de la causante, para lo cual se le impon\u00eda visibilizar las circunstancias que dieron lugar a esa mutaci\u00f3n y el momento o \u00e9poca en que ello tuvo ocurrencia. <\/p>\n
De igual forma, en un ejercicio de valoraci\u00f3n de las dem\u00e1s declaraciones en torno a la calidad de poseedora, se concluy\u00f3 que tampoco se hab\u00eda demostrado la exclusividad de la posesi\u00f3n alegada, \u00abpues al un\u00edsono los testigos manifestaron que la calidad de \u201cpropietarios\u201d la compart\u00edan ella y su esposo, (\u2026) quien todos reconocen como coposeedor\u00bb. <\/p>\n
Visto lo anterior, es evidente que el an\u00e1lisis que el Tribunal efectu\u00f3 sobre la calidad de poseedora que en su momento aleg\u00f3 la promotora, no fue producto de una intenci\u00f3n sesgada de extralimitar la competencia restringida que le otorg\u00f3 el legislador, sino todo lo contrario, correspondi\u00f3 a la necesidad de motivar el estudio que se efectu\u00f3 a una de las censuras que se expusieron en la sustentaci\u00f3n de la alzada, motivo suficiente para tener por desvirtuado el desbordamiento acusado por esta senda. <\/p>\n
3. Se doli\u00f3 tambi\u00e9n la censora de que \u00abel Tribunal, de oficio [haya] decret[ado] (\u2026) excepciones que no hab\u00edan sido alegadas por la parte recurrente\u00bb pues consider\u00f3 que la fata de demostraci\u00f3n de posesi\u00f3n declarada por el ad quem, no solamente desconoc\u00eda la instituci\u00f3n de la pretensi\u00f3n impugnaticia sino que respond\u00eda a una indebida apreciaci\u00f3n de las pruebas que acreditaban su animus de se\u00f1or\u00edo. <\/p>\n
Al respecto, se vislumbra el fracaso de tal reproche, pues como se dej\u00f3 antes rese\u00f1ado, la resoluci\u00f3n acusada no rebas\u00f3 los l\u00edmites de la impugnaci\u00f3n, en ese sentido, la declaratoria de falta de \u00abposesi\u00f3n material\u00bb correspondi\u00f3 a uno de los reparos izados por la apelante. Adem\u00e1s, sabido es, que trat\u00e1ndose de prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio la falta de uno solo de sus presupuestos axiol\u00f3gicos tiene como consecuencia connatural la nugatoria de la pretensi\u00f3n sin que ello corresponda, necesariamente, al reconocimiento de una excepci\u00f3n. As\u00ed, sobre la concurrencia de tales elementos ha dicho esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
Siendo la propiedad tan trascendente, toda mutaci\u00f3n en la titularidad, y con mayor raz\u00f3n, cuando se edifica a partir de la posesi\u00f3n material, alegada por v\u00eda prescriptiva, hecho que forja y penetra como derecho; apareja comprobar certera y l\u00edmpidamente la concurrencia de los componentes axiol\u00f3gicos que la integran: (i) posesi\u00f3n material actual en el prescribiente; (ii) que el bien haya sido pose\u00eddo durante el tiempo exigido por la ley, en forma p\u00fablica, pac\u00edfica e ininterrumpida; (iii) identidad de la cosa a usucapir; (iv) y que \u00e9sta sea susceptible de adquirirse por pertenencia\u00bb (SC16250-2017) (Resaltado propio) <\/p>\n
En consecuencia, queda demostrado que la revocatoria censurada obedeci\u00f3 a la falta de demostraci\u00f3n de uno de los elementos angulares de la instituci\u00f3n demandada y no propiamente, como se alega, a la prosperidad de una excepci\u00f3n. <\/p>\n
4. Por su parte, en lo que respecta a la valoraci\u00f3n desplegada por el ad quem sobre los medios de prueba que lo llevaron a desdibujar la posesi\u00f3n declarada en primera instancia y de la cual deriva la gestora la lesi\u00f3n de sus prerrogativas, queda demostrado de las citas precedentes que los anhelos de aquella vienen sustentados sobre la base de cuestionar la apreciaci\u00f3n probatoria y la aplicaci\u00f3n normativa que el juez natural adopt\u00f3 en la disputa, lo que revela la verdadera intenci\u00f3n de imponer su propio criterio respecto de la forma en que, a su juicio, debi\u00f3 resolverse el pleito prescriptivo. <\/p>\n
Reit\u00e9rese que, al margen de compartir el raciocinio reprochado, trat\u00e1ndose de la valoraci\u00f3n probatoria, goza el juez natural de amplia discrecionalidad para la libre estimaci\u00f3n de las probanzas recopiladas, lo que limita la intromisi\u00f3n del fallador constitucional a aquellos casos en que se acredite una lesi\u00f3n ius fundamental, circunstancia inexistente en el sub lite, pues el mero inconformismo hermen\u00e9utico de la querellante no ostenta la virtud de configurar la v\u00eda de hecho invocada. Sobre el particular ha sido pac\u00edfica la doctrina constitucional al sustentar que: <\/p>\n
[e]l campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n. (STC, 5 jul. 2012, rad. 01339-00, reiterada en STC 7 oct. 2015, rad. 2336-00, STC4937-2016, STC6631-2018 y STC14267-2018, STC5418-2021, STC6009-2021 entre otras). (Resaltado propio). <\/p>\n
5. En definitiva, al quedar expuesto que la sentencia del ad quem no desbord\u00f3 los lineamientos de la pretensi\u00f3n impugnativa elevada y que su contenido obedece a un criterio de interpretaci\u00f3n razonable de las probanzas recaudadas y las disposiciones normativas que regulan la contienda, no queda opci\u00f3n diferente que la de negar el resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve NEGAR la tutela instada por Doris Marlene Alarc\u00f3n. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a los participantes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el paginario a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, de no impugnarse esta resoluci\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8093-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8093-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11-001-02-03-000-2021-01932-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la tutela que Doris Marlene Alarc\u00f3n instaur\u00f3 contra la Sala Civil […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55393","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55393\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}