STC8105-2021<\/p>\n
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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8105-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 66001-22-13-000-2021-00196-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga frente a la sentencia de 26 de mayo de 2021, proferida por la Sala de Decisi\u00f3n Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la acci\u00f3n de tutela que el recurrente le instaur\u00f3 al Juzgado Tercero Civil del Circuito de esa ciudad, extensiva a los intervinientes en el litigio con radicado n\u00b0 2016-00477. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante pretende que se ordene al despacho fustigado proferir sentencia, desistir de la actuaci\u00f3n, revelar las copias de las acciones de tutela que ha presentado en su contra e indicar los radicados de las acciones populares que ha terminado por desistimiento t\u00e1cito. Adem\u00e1s, que exponga las copias de las quejas que existen frente al titular del juzgado, para lo cual, solicit\u00f3 la vinculaci\u00f3n del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. Tambi\u00e9n pidi\u00f3 que se adhiera al tr\u00e1mite al Procurador General de la Naci\u00f3n, al Defensor del Pueblo y a la Corte Constitucional, esta \u00faltima, con el fin de que se manifieste sobre la legalidad de las actuaciones adelantadas por el juzgado accionado. Finalmente, que se determine que hay mora judicial y se declare la p\u00e9rdida de competencia con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Tercero Civil del Circuito de Pereira manifest\u00f3 que ha intentado dar respuesta a todos los procesos que tiene a su cargo con la mayor diligencia posible. <\/p>\n
Audifarma S.A, la Defensor\u00eda del Pueblo, la Procuradur\u00eda Regional Risaralda, la Personer\u00eda Municipal de Armenia y la Alcald\u00eda Municipal de esa misma ciudad, en calidad de vinculados, alegaron falta de legitimaci\u00f3n en la causa. La Procuradur\u00eda Regional del Quind\u00edo inform\u00f3 que el accionante no ha realizado ning\u00fan tipo de pedimento a esa entidad. <\/p>\n
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2. El Tribunal declar\u00f3 improcedente el amparo, al considerar que \u00abrespecto a la aplicaci\u00f3n de los art\u00edculos 5\u00ba y 84, ley 472 y 121, CGP y el desistimiento de la acci\u00f3n popular. De acuerdo con el recuento procesal el 21-01-2021 se present\u00f3 memorial en dichos t\u00e9rminos y la a quo, con auto del 10-05-2021, los desestim\u00f3, notificado con fijaci\u00f3n en estado del 11-05-2021, sin recursos (\u2026). Sin mayor exegesis se colige el incumplimiento del requisito de [subsidiariedad], habida cuenta de que el actor promovi\u00f3 la tutela (12-05-2021) mientras corr\u00eda la ejecutoria de dicha decisi\u00f3n, en lugar de ejercitar el mecanismo ordinario conducente e id\u00f3neo de que dispon\u00eda para ventilar el problema jur\u00eddico en el tr\u00e1mite ordinario (Art.36, Ley 472)\u00bb. En relaci\u00f3n con las dem\u00e1s peticiones, como lo son que el despacho accionado revele las copias de las acciones de tutela que ha presentado el gestor en su contra e indique los radicados de las acciones populares que ha terminado por desistimiento t\u00e1cito \u00abel interesado no acredit\u00f3 haber presentado peticiones en dichos t\u00e9rminos ni en el expediente obra escrito af\u00edn\u00bb. <\/p>\n
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4. El censor impugn\u00f3 la decisi\u00f3n, pues en su sentir nunca se aplica el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998 y el 121 del C\u00f3digo General del Proceso. Por otra parte, pidi\u00f3 la nulidad de la sentencia de primer grado porque el \u00f3rgano colegiado no vincul\u00f3 a la Corte Constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
El amparo constitucional invocado no est\u00e1 llamado a prosperar, toda vez que no se cumpli\u00f3 con los requisitos de subsidiariedad e inmediatez. <\/p>\n
Ciertamente, Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga radic\u00f3 acci\u00f3n popular cuyo conocimiento asumi\u00f3 la agencia del circuito cuestionada. Aqu\u00e9l, tras considerar que hab\u00eda mora en la resoluci\u00f3n de sus pretensiones, present\u00f3 solicitud de desistimiento, la cual fue negada y luego de ser recurrida se confirm\u00f3 (11 jul. 2017). M\u00e1s adelante, pidi\u00f3 (11 dic.2019) la p\u00e9rdida de competencia del juzgador con base en el art\u00edculo 121 del C\u00f3digo General del Proceso, sin ser aceptada (19 feb. 2020). Finalmente, el libelista por medio de correo electr\u00f3nico (21 ene. 2021) solicit\u00f3 al juzgado, se remita a quien corresponda su queja para la aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998, se aparte del proceso conforme al precepto 121 del estatuto procesal y se desista de la acci\u00f3n; a tales pedimentos se les dio respuesta a trav\u00e9s de auto de 10 de mayo de 2021, notificado por estado el d\u00eda siguiente, sin que se recurriera el mismo. El presente auxilio se radic\u00f3 el 12 de mayo hoga\u00f1o. <\/p>\n
Con ese panorama, frente al primer reproche indicado en la impugnaci\u00f3n, esto es, que dentro de la actuaci\u00f3n no se ha aplicado el art\u00edculo 84 de la ley 472 de 1998 y el 121 del C\u00f3digo General del Proceso, debe se\u00f1alarse que el ruego es improcedente porque no se dio cabal cumplimiento al requisito de subsidiariedad, toda vez que estas peticiones fueron resueltas en el auto de 10 de mayo de 2021, el cual no fue impugnado, por ende se acudi\u00f3 a este mecanismo excepcional sin haber agotado los mecanismos ordinarios de defensa judicial y sin alegar y demostrar alguna de las causales para flexibilizar dicha condici\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) [e]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u00bb (STC7966-2018). <\/p>\n
Con todo, tampoco se cumplir\u00eda con el requisito de inmediatez, en el eventual caso que se hubiere atacado la providencia de 19 de febrero de 2020, que neg\u00f3 la aplicaci\u00f3n de la p\u00e9rdida de competencia y la de 11 de julio de 2017 con la que se rechaz\u00f3 el desistimiento del proceso, porque esta acci\u00f3n constitucional fue radicada el 12 de mayo de 2021, lo cual denota que entre aquellas actuaciones y la presentaci\u00f3n de la tutela transcurrieron m\u00e1s seis meses, lo que supera el t\u00e9rmino m\u00e1ximo permitido para incoar este reclamo de forma tempestiva. <\/p>\n
Si bien es cierto, la acci\u00f3n de tutela no dispone de t\u00e9rmino de caducidad, tambi\u00e9n lo es que debe hacerse uso de ella dentro de un per\u00edodo razonable con posterioridad a la supuesta vulneraci\u00f3n o amenaza de la prerrogativa fundamental. En relaci\u00f3n con este requisito, esta corporaci\u00f3n ha sostenido: <\/p>\n
\u201cha instituido una cl\u00e1usula de oportunidad, conforme a la cual la \u00abtutela\u00bb debe ejercerse en un plazo no mayor a los seis (6) meses posteriores al momento en que se produjo la aparente trasgresi\u00f3n, lo que tiene su fuente en el car\u00e1cter \u00abinmediato\u00bb establecido en el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica y en la necesidad que la misma no se convierta en un componente de incertidumbre jur\u00eddica\u201d. (STC3455-2020, STC7277-2020). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, deber\u00e1 convalidarse el veredicto opugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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