STC8107-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8107-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00262-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Carlos Saul Serrano Echeverri y Jorge William Serrano Sanchez frente a la sentencia del 3 de junio de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que los recurrentes le instauraron al Municipio de Gir\u00f3n, a la Polic\u00eda Metropolitana de Gir\u00f3n, al Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gir\u00f3n, al Juzgado D\u00e9cimo Civil del Circuito de Bucaramanga y a la Secretar\u00eda de Seguridad, Convivencia y Gesti\u00f3n del Riesgo de Gir\u00f3n, extensiva a los intervinientes en los procesos que ante sus dependencias se adelantaron. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Sin indicar pretensi\u00f3n concreta, los gestores expusieron la necesidad de amparar sus derechos a la propiedad privada, vivienda digna y debido proceso que consideran lesionados en las distintas actuaciones judiciales y administrativas que se han adelantado en relaci\u00f3n al inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 300-77705 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga. <\/p>\n
En sustento, se\u00f1alaron que fueron despojados (6 jul. 2015) de la posesi\u00f3n que ejerc\u00edan sobre el predio \u00abubicado en la manzana 63, lote N\u00b0 4 de la urbanizaci\u00f3n Acapulco de la Mesa de Ruitoque \u2013 jurisdicci\u00f3n del municipio de Gir\u00f3n \u2013 Santander\u00bb. En ocasi\u00f3n a ello interpusieron \u00abquerella policiva por perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n\u00bb que finalmente fue denegada en segunda instancia mediante resoluci\u00f3n 155 del 27 de diciembre de 2019, sobre la cual vers\u00f3 solicitud de revocatoria directa que fue declarada improcedente por la Direcci\u00f3n del Sistema Policivo de Gir\u00f3n \u2013 Santander en Resoluci\u00f3n 71 de febrero 11 hoga\u00f1o. Durante el curso de los tr\u00e1mites descritos (2015-2019) se interpusieron distintas acciones de tutela conocidas por las autoridades judiciales accionadas que, en s\u00edntesis, versaron sobre las alegadas irregularidades acaecidas en el procedimiento policivo. <\/p>\n
Adujeron que, paralelo a este resguardo, versa sobre los hechos un proceso de pertenencia ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Gir\u00f3n Santander con radicado n\u00b068307408900220170005600 y una actuaci\u00f3n penal con \u00abescrito de acusaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda 6 de Gir\u00f3n\u00bb en contra de quienes, a su juicio, les privaron de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
2. Marlene Rivero ram\u00edrez en su calidad de vinculada manifest\u00f3 ser afectada por los sucesos narrados por el libelista. Los accionados y dem\u00e1s vinculados que participaron en este tr\u00e1mite defendieron la legalidad de las actuaciones criticadas e instaron a la improcedencia del amparo por no satisfacerse los requisitos de inmediatez y subsidiariedad. Tambi\u00e9n alegaron la inviavilidad del resguardo por dirigirse contra sentencias de tutela. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar la falta de inmediatez en la interposici\u00f3n del resguardo. Predic\u00f3 tambi\u00e9n la ausencia de subsidiariedad como quiera que existen procedimientos ordinarios para la discusi\u00f3n de los derechos que se invocaron. Finalmente, predic\u00f3 la improcedencia de las criticas encaminadas a las sentencias de tutela que se han tramitado con ocasi\u00f3n de los hechos. <\/p>\n
4. Los gestores recurrieron el fallo de primer grado y afirmaron que la intenci\u00f3n del resguardo radic\u00f3 en obtener la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb de su predio. Se\u00f1alaron que a pesar de conocer la existencia de otros mecanismos judiciales de defensa, se encuentran imposibilitados para acudir a ellos en raz\u00f3n a su situaci\u00f3n econ\u00f3mica. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se confirmar\u00e1 el veredicto confutado porque ha quedado demostrada la falta de inmediatez y subsidiariedad sobre los hechos que motivaron el auxilio. Adem\u00e1s se hace evidente la improcedencia frente a las sentencias de tutela que se criticaron en esta senda. <\/p>\n
2. Revisado el escrito de tutela se echa de menos la exposici\u00f3n de una pretensi\u00f3n espec\u00edfica, no obstante, ex\u00e1minado en su totalidad, se extraen las siguientes quejas constitucionales en pro de atender la s\u00faplica de los actores: i). se duelen de la \u00abausencia de motivaci\u00f3n\u00bb de la resoluci\u00f3n 155 del 27 de diciembre de 2019 que finiquit\u00f3 el procedimiento policivo que se adelant\u00f3 sobre el inmueble identificado con folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 300-77705 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga; ii). censuran la resoluci\u00f3n 71 de febrero 11 hoga\u00f1o mediante la cual se declar\u00f3 la improcedencia de su petici\u00f3n de revocatoria directa frente al pronunciamiento que finaliz\u00f3 el tr\u00e1mite administrativo de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n: iii). reprochan que las sentencias de tutela proferidas durante el procedimiento de perturbaci\u00f3n de la posesi\u00f3n (2015-2019) hubiesen favorecido a quienes consideran que los despojaron de su posesi\u00f3n. <\/p>\n
Sobre esa base y conforme al escrito de impugnaci\u00f3n, se percibe que la aspiraci\u00f3n medular que por esta senda se expone, va dirigida a que se ordene la \u00abrestituci\u00f3n\u00bb del inmueble referido. <\/p>\n
3. Establecido el anterior panorama, se advierte el fracaso de la salvaguarda en lo que respecta a la carencia de motivaci\u00f3n que se endilga a la decisi\u00f3n que puso fin al proceso policivo enunciado (resoluci\u00f3n 155), pues verificado el expediente se observa que dicha determinaci\u00f3n fue proferida el 27 de diciembre de 2019 mientras que la presente acci\u00f3n fue radicada apenas el 20 de mayo de los corrientes, es decir que pasaron m\u00e1s de 16 meses para que se acudiera a este tr\u00e1mite supra legal, suceso que devela la superaci\u00f3n del t\u00e9rmino que la doctrina constitucional ha considerado pruedente para la interposici\u00f3n del resguardo. <\/p>\n
Sobre esa l\u00ednea de pensamiento ha reiterado esta Corporaci\u00f3n que: <\/p>\n
(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01, STC3236-2021). (Resaltado propio) <\/p>\n
Adem\u00e1s, no se acredit\u00f3 en el paginario la existencia de circunstancia justificativa que permita superar el referido requisito de procedibilidad, por lo que se impone la denegaci\u00f3n del amparo frente este reparo particular. <\/p>\n
4. En lo que refiere a la resoluci\u00f3n 71 de febrero 11 de la presente anualidad, mediante la cual la Direcci\u00f3n del Sistema Policivo de Gir\u00f3n \u2013 Santander decidi\u00f3 \u00abnegar la solicitud de revocatoria directa\u00bb de la decisi\u00f3n que en segunda instancia desestim\u00f3 el amparo a la posesi\u00f3n, de la cual derivan los gestores su inconformidad, se percibe cumplido el requisito de inmediatez que se ech\u00f3 de menos frente al anterior reparo, pero, ocurre lo contrario sobre el presupuesto de subsidiariedad como se pasa a exponer. <\/p>\n
Si bien, al tenor del art\u00edculo 95 de la Ley 1137 de 2011 \u00ab[c]ontra la decisi\u00f3n que resuelve la solicitud de revocaci\u00f3n directa no procede recurso\u00bb, mal se har\u00eda, en este caso, tener por superado el requisito de residualidad que caracteriza al tr\u00e1mite constitucional, pues como bien se sabe, adem\u00e1s del deber de comprobar que se hayan agotado todos los medios de impunaci\u00f3n, sea porque no proceden o por la incuria de quien ha dejado fenecer la oportunidad para proponerlos, debe tambi\u00e9n advertirse que para la satisfacci\u00f3n de la aspiraci\u00f3n constitucional se haya acudido a los mecanismos judiciales de defensa establecidos por el legislador y que los mismos no se hallen en curso. <\/p>\n
Revisado el expediente, se observa del mismo dicho de los libelistas que a la fecha se halla en curso un proceso judicial que ostenta la virtud de variar la decisi\u00f3n que la autoridad policiva profiri\u00f3 sobre la posesi\u00f3n del inmueble referido y cuya revocatoria directa fue criticada en este tr\u00e1mite; se trata de un pleito de pertenencia con radicado n\u00b068307408900220170005600 que se adelanta ante el Juzgado segundo promiscuo de Gir\u00f3n que tiene como objeto definir la usucapi\u00f3n del predio que ha sido el motivo de las distintas actuaciones que por este amparo se ventilan. <\/p>\n
As\u00ed pues, es ostensible que las resultas del declarativo que persigue el dominio del inmueble pluricitado, cuentan con el m\u00e9rito suficiente para modificar la decisi\u00f3n que neg\u00f3 el amparo a la posesi\u00f3n, que en \u00faltimas fue lo que se pretendi\u00f3 con la solcitud de invalidaci\u00f3n que fue denegada y que ac\u00e1 se critica. En tal medida, sobre el car\u00e1cter excepcional de este instrumento, la jurisprudencia constitucional tiene ampliamente decantada la impertinencia del auxilio supra legal cuando est\u00e1n en marcha otros mecanismos de defensa dise\u00f1ados por la Ley, al respecto, se ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
resulta palmaria la impertinencia del amparo deprecado, toda vez que el quejoso est\u00e1 haciendo uso de otro medio de defensa judicial y debe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa. (STC14280-2018, reiterada STC12017-2020), (Subrayas propias). <\/p>\n
Ahora, como si lo anterior no fuera suficiente para sostener el rev\u00e9s del auxilio, se destaca que la resoluci\u00f3n atacada no se vislumbra caprichosa o antojadiza, pues fue adoptada sobre la base de que la decisi\u00f3n cuya anulaci\u00f3n se pretendi\u00f3 no detenta la naturaleza de un \u00abacto administrativo\u00bb por haber sido proferida en el marco de un proceso policivo, lo que la releva de ser susceptible de la revocatoria directa contemplada en el art\u00edculo 93 de la normativa se\u00f1alada. Ello se extrae de la considerativa atacada cuyo tenor expone: <\/p>\n
\u00abla resoluci\u00f3n No. 155 del 27 de diciembre de 2019 fue expedida dentro de un proceso policivo civil de perturbaci\u00f3n a la posesi\u00f3n (\u2026) por lo que no nos encontramos ante un acto administrativo proferido dentro de una actuaci\u00f3n administrativa, sino por una decisi\u00f3n de funci\u00f3n de polic\u00eda (\u2026)\u00bb (resaltado propio). <\/p>\n
En ese orden, al margen de compartir el raciocinio que fund\u00f3 la decisi\u00f3n fustigada, es manifiesto que los argumentos lucen razonables, adem\u00e1s se observa que el actuar censurado guarda conformidad con lo dicho por esta Sala en lo que respecta a la naturaleza de las determinaciones proferidas en el curso de los pleitos policivos, los cuales son considerados como \u00abverdaderas disputas jurisdiccionales\u00bb (STC10289-2018, STC3553-2021). <\/p>\n
5. Respecto a las censuras dirigidas en contra de las sentencias de tutela que se profirieron en el lapso del procedimiento que se surti\u00f3 ante la inspecci\u00f3n de polic\u00eda (2015-2019), es evidente el tropiezo del socorro porque se tiene suficientemente ilustrada la improcedencia de este mecanismo contra acciones de su misma estirpe, en efecto sobre el particular se ha dicho que: <\/p>\n
(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u00bb. (SU-627 de 2015, compartido en CSJ STC10007-2020, CSJ STC568-2021, CSJ STC STC2841-2021, STC5697-2021) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, al no haberse acreditado en el sub lite la ocurrencia de las circunstancias descritas, emerge evidente el fracaso del respectivo reproche. <\/p>\n
6. Finalmente, se halla vedada la intervenci\u00f3n ius fundamental para el caso objeto de estudio, siquiera de forma transitoria, pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota (\u2026) gravedad y urgencia (\u2026)\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
7. En definitiva, al no encontrarse satisfechos los requisitos de procedibilidad descritos bien sea por la superaci\u00f3n del lapso jurisprudencialmente se\u00f1alado, o por la existencia de mecanismos judiciales alternos que se encuentran en curso u otros tantos que pueden ser impulsados por los pretensores, no queda opci\u00f3n diferente que la de confirmaar el veredicto impugnado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8107-2021 OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE Magistrado ponente STC8107-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00262-01 (Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Carlos Saul Serrano Echeverri y Jorge William […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55407","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55407","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55407"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55407\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55407"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55407"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55407"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}