STC8108-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
STC8108-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 68001-22-13-000-2021-00256-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00ba) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se resuelve la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 Katerine Hinojoza Galvis frente a la sentencia del 31 de mayo de 2021, proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, en la acci\u00f3n de tutela que la recurrente le instaur\u00f3 a la Superintendencia de Sociedades \u2013 Intendencia Regional Bucaramanga, extensiva a los intervinientes en el proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial con radicado n\u00b0 68896. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora pretendi\u00f3 que se ordene cancelar la anotaci\u00f3n de embargo \u00abn\u00famero 21\u00bb que pesa sobre el inmueble identificado con el folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 300-113919 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga. <\/p>\n
En sustento, adujo que ante el encartado se adelanta proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial de la sociedad comercial Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada, en el cual funge como acreedora. Se\u00f1al\u00f3 que en dicho tr\u00e1mite se impuso medida cautelar sobre el inmueble se\u00f1alado y que tal gravamen se ha mantenido a pesar de las peticiones de levantamiento realizadas por el representante legal de la deudora. Argument\u00f3 sobre la necesidad de cancelar el gravamen para que en ese predio se pueda construir un proyecto inmobiliario con el que se espera pagar las acreencias de la concursada. <\/p>\n
Expuso que esa cautela contrar\u00eda lo dispuesto por el ordenamiento jur\u00eddico en materia de activos que hacen parte del giro ordinario de los negocios de la compa\u00f1\u00eda deudora y que adem\u00e1s tienen la finalidad de ser utilizados para la construcci\u00f3n de vivienda. <\/p>\n
2. La Superintendencia accionada defendi\u00f3 la legalidad y razonabilidad se su proceder. En ese sentido, se manifestaron los dem\u00e1s vinculados, salvo el representante legal de la sociedad obligada quien coadyuv\u00f3 la salvaguarda. <\/p>\n
3. La primera instancia constitucional deneg\u00f3 el amparo tras considerar que el sostenimiento de la medida obedece al raciocinio justificado del juez natural de la causa. Agreg\u00f3 que la gestora no demostr\u00f3 haber acudido ante el juez del concurso a elevar la petici\u00f3n que en su tutela expuso. <\/p>\n
4. La gestora recurri\u00f3 fincada en que el fallo no estudi\u00f3 los asuntos de fondo de la controversia como son que i). la deudora \u00abtenga un solo inmueble para salvaguardar sus acreencias\u00bb, ii). existan \u00abotras medidas cautelares al interior del proceso de reorganizaci\u00f3n\u00bb, iii). la admisi\u00f3n del concurso tiene un \u00abefecto de publicidad y no de cautela\u00bb. <\/p>\n
Nada controvirti\u00f3 en relaci\u00f3n con lo motivado por el Tribunal sobre la inexistencia de solicitud previa ante el juez del concurso a fin de obtener lo que por esta senda persigue. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
Se confirmar\u00e1 la improcedencia del amparo superlativo, aunque por razones distintas a las indicadas en el fallo impugnado. En efecto, se echa de menos en el expediente cuestionado que la gestora haya criticado oportunamente y ante la autoridad convocada la providencia que rechaz\u00f3 su petici\u00f3n de \u00abcancelaci\u00f3n\u00bb cautelar. <\/p>\n
Del escrito de tutela se observa que el anhelo medular de la convocante se circunscribe a que se ordene el levantamiento de la medida precautoria que pesa sobre el inmueble ubicado en la \u00abcarrera 38 No 52-105 de la ciudad de Bucaramanga\u00bb registrada bajo la anotaci\u00f3n \u00abn\u00famero 21\u00bb del folio de matr\u00edcula inmobiliaria n\u00b0 300-113919 de la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga. <\/p>\n
Dicha pretensi\u00f3n fue negada por el a quo tras considerar que los motivos para mantener el gravamen reprochado resultaban razonables, sin contar con que, a su juicio, no se acredit\u00f3 que la promotora hubiese acudido ante la accionada a elevar la petici\u00f3n de desembargo que por esta senda persigui\u00f3; sin embargo, revisado el expediente, se observa que contrario a lo predicado por la primera instancia, el 4 de mayo hoga\u00f1o la pretensora elev\u00f3 \u00abderecho de petici\u00f3n\u00bb ante la convocada, en el que solicit\u00f3, entre otras, \u00ab[s]e ordene a la Oficina de Instrumentos P\u00fablicos de Bucaramanga, cancelar la medida cautelar de embargo del proceso de reorganizaci\u00f3n sobre el inmueble 300-113919 anotaci\u00f3n No21\u00bb. <\/p>\n
Tal petitoria fue rechazada por auto del 7 de mayo pasado tras argumentar que \u00abno es procedente que se formulen peticiones tendientes a solicitar el cumplimiento de las funciones jurisdiccionales del juez del concurso, a trav\u00e9s del derecho de petici\u00f3n, pretermitiendo las formalidades y etapas procesales que deben observar las partes, los terceros interesados en el proceso y el juez\u00bb. Frente a esa determinaci\u00f3n, como se desprende de la consulta del dossier, no se present\u00f3 oportuna impugnaci\u00f3n, de lo que se colige la desidia sobre el uso oportuno de los medios impugnativos y la inobservancia de la teleolog\u00eda residual con que se dise\u00f1\u00f3 este mecanismo constitucional. <\/p>\n
Expuesto lo anterior y sin desconocer que el derecho de petici\u00f3n no es el instrumento id\u00f3neo para impulsar el oficio judicial1, resulta evidente que la promotora si acudi\u00f3 primariamente ante el juez del proceso de reorganizaci\u00f3n empresarial a exponer su aspiraci\u00f3n; no obstante, el fracaso del resguardo se anida en que el prove\u00eddo que rechaz\u00f3 su anhelo no fue oportunamente recurrido ante su emisor. <\/p>\n
As\u00ed pues, queda develada la incuria de la libelista frente a la posibilidad que tuvo de reprochar la decisi\u00f3n que se abstuvo de resolver su reclamo, mismo que por esta senda pretende alcanzar. <\/p>\n
Sobre la desidia que se pone de presente ha decantado esta Corte que: <\/p>\n
[E]l accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso (STC7730-2020 reiterada en STC2145-2021). <\/p>\n
Finalmente, resulta vedada la intervenci\u00f3n ius fundamental para el caso objeto de estudio, siquiera de forma transitoria, pues \u00abno se prob\u00f3 el menoscabo irreparable, ni lo narrado por la apelante denota (\u2026) gravedad y urgencia (\u2026)\u00bb (STC11816-2018, reiterada STC12017-2020). <\/p>\n
En definitiva, ante la incuria de la actora en el uso de los mecanismos que la ley le otorgaba para la defensa de sus intereses y al no acreditarse o inferirse la existencia de un perjuicio irremediable que faculte la intervenci\u00f3n transitoria de este auxilio, no queda opci\u00f3n diferente a confirmar el veredicto confutado, pero por las razones que aqu\u00ed se expusieron. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Constituci\u00f3n y la Ley CONFIRMA la sentencia de fecha, naturaleza y procedencia conocida. <\/p>\n
Inf\u00f3rmese a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 (\u2026) en trat\u00e1ndose de actuaciones regladas, como la judicial o la disciplinaria, la Corte ha reiterado, que las peticiones deben resolverse de acuerdo a las formas propias del juicio y que el desconocimiento de \u00e9stas comporta la vulneraci\u00f3n del derecho del debido proceso (art. 29 de la C. P.), el cual comienza con la garant\u00eda del libre acceso a la administraci\u00f3n de justicia, tambi\u00e9n consagrado como principio fundamental por el art. 229 ejusdem. De acuerdo con lo anotado se ha sostenido, que s\u00f3lo se les puede imputar el desconocimiento del derecho de petici\u00f3n a dichos funcionarios, cuando se trate de pedimentos sobre asuntos netamente administrativos que como tales est\u00e1n regulados por las normas que disciplinan la administraci\u00f3n p\u00fablica (CSJ STC11135-2015, citada en STC5621-2020, reiterada en STC 11203-2020) <\/p>\n
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