STC8109-2021<\/p>\n
<\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8109-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 25000-22-13-000-2021-00149-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., primero (1\u00b0) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se dirime la impugnaci\u00f3n del fallo de 28 de abril de 2021, dictado por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca en la acci\u00f3n de tutela promovida por Olga Mart\u00ednez Iannini contra el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el litigio n\u00b0 2015-00219. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El escrito genitor permite deducir que la accionante solicit\u00f3 ordenar al juzgado convocado remitirle el dictamen rendido por el auxiliar de la justicia en el proceso materia de escrutinio, as\u00ed como el expediente digitalizado para tener acceso a las piezas procesales aportadas por su contraparte. <\/p>\n
En s\u00edntesis, indic\u00f3 que ante el estrado fustigado cursa en su contra el proceso de pertenencia del radicado referido y que, con ocasi\u00f3n de la emergencia sanitaria, no ha podido acudir a la sede judicial para conocer su estado actual, de ah\u00ed que elev\u00f3 diferentes peticiones por correo electr\u00f3nico para obtener informaci\u00f3n y acceso al expediente; no obstante, obtuvo por respuesta que el paginario estaba al despacho para fijar audiencia. <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3 que el 18 de noviembre de 2020 pidi\u00f3 tanto el link para asistir a la audiencia virtual convocada para el d\u00eda siguiente, as\u00ed como del dossier; empero, el estrado indic\u00f3 que la diligencia no se llevar\u00eda a cabo por cuanto se dict\u00f3 \u00abprovidencia que decret[\u00f3] la suspensi\u00f3n del proceso e integraci\u00f3n de la litis, teniendo en cuenta el experticio rendido por el perito (sic)\u00bb; por consiguiente, reclam\u00f3 la posibilidad de \u00abconocer el expediente y el dictamen pericial\u00bb (3 dic. 2018). S\u00faplica que reiter\u00f3 sin obtener respuesta (17 dic.). <\/p>\n
Adujo que a trav\u00e9s de estado electr\u00f3nico en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial conoci\u00f3 del auto que orden\u00f3 a la demandante aportar \u00abel folio de matr[\u00ed]cula inmobiliaria[,] solicitado mediante requerimiento del 18 de noviembre de 2020\u00bb, circunstancia que no fue puesta en su conocimiento seg\u00fan previenen los art\u00edculos 2\u00b0 y 3\u00b0 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el precepto 78, numerales 5\u00b0 y 14\u00b0, del C\u00f3digo General del Proceso, toda vez que jam\u00e1s recibi\u00f3 comunicaci\u00f3n de los documentos radicados ante el despacho. <\/p>\n
Por \u00faltimo, recalc\u00f3 que no se ha \u00abbrindado respuesta a las solicitudes realizadas\u00bb, omisi\u00f3n que vulnera sus prerrogativas fundamentales, ya que no ha podido ejercer \u00abel derecho de defensa y contradicci\u00f3n de las pruebas y documentos aportados por la contraparte\u00bb. <\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot indic\u00f3 que el resguardo no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad por cuanto la actuaci\u00f3n surtida se ha tramitado conforme a la legislaci\u00f3n y enfatiz\u00f3 que el derecho de petici\u00f3n no procede respecto de actuaciones judiciales. <\/p>\n
A su vez, manifest\u00f3 que desde la pandemia ha suministrado toda la informaci\u00f3n con la advertencia de que la gestora debe hacer el seguimiento al expediente en la p\u00e1gina Web de la Rama Judicial; empero, se\u00f1al\u00f3 que el dictamen rendido por el auxiliar de la justicia, antes de la ocurrencia de la emergencia sanitaria, fue incorporado y puesto en conocimiento de las partes mediante providencia del 11 de marzo de 2020, y la gestora no se pronunci\u00f3 al respecto sino hasta cuando se dict\u00f3 la providencia que orden\u00f3 integrar la litis con base en ella. <\/p>\n
Explic\u00f3 que la Secretar\u00eda no hab\u00eda remitido copia del medio de convicci\u00f3n exigido porque el decurso estaba en el tr\u00e1mite del requerimiento efectuado, am\u00e9n de reducirse la atenci\u00f3n al p\u00fablico exclusivamente por correo electr\u00f3nico, sin embargo, inform\u00f3 que ya brind\u00f3 respuesta a la gestora, adem\u00e1s de remitirle copia de toda la actuaci\u00f3n surtida desde la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial hasta la del dictamen pericial. <\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca desestim\u00f3 la salvaguarda por carencia actual de objeto por hecho superado, toda vez que <\/p>\n
(\u2026) la aqu\u00ed accionante solicit\u00f3 en varias oportunidades que se le facilitara el v\u00ednculo de acceso al expediente digital y que se le facilitara copia de la experticia rendida. Y aunque al momento de presentar este amparo no se le hab\u00eda dado respuesta a su petici\u00f3n, durante el tr\u00e1mite de esta acci\u00f3n constitucional, el accionado inform\u00f3 que ya se le suministraron las copias requeridas, adjuntando copia de las piezas procesales pertinentes. As\u00ed las cosas, como se ve, el pronunciamiento que extra\u00f1aba el actor frente a la diligencia pendiente ya se produjo. <\/p>\n
4. La gestora se alz\u00f3 fincada en alegaciones semejantes a las planteadas en el escrito inaugural, tras enfatizar que, si bien el estrado convocado remiti\u00f3 respuesta parcial a sus peticiones, no ha obtenido \u00abel acceso efectivo al expediente digital\u00bb para garantizar el acceso a la justicia y el derecho de defensa dentro del tr\u00e1mite procesal, puesto que se han surtido actuaciones en el compulsivo que desconoce por ausencia de publicidad. <\/p>\n
5. En esta esta instancia se requiri\u00f3 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial y al Consejo Seccional de la Judicatura, ambos de Cundinamarca para que informaran el apoyo log\u00edstico y t\u00e9cnico brindado espec\u00edficamente a la c\u00e9lula encartada en el procedimiento de digitalizaci\u00f3n de expedientes y que comunicaran qu\u00e9 dificultades afronta aquel despacho para desarrollar esa tarea. <\/p>\n
La primera entidad guard\u00f3 silencio, mientras que, la segunda, indic\u00f3 que mediante Acuerdo PCSJA20-11567 (6 jun. 2020), el Consejo Superior de la Judicatura estableci\u00f3 que a trav\u00e9s de la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Administraci\u00f3n Judicial y del Centro de Documentaci\u00f3n Judicial – CENDOJ- dise\u00f1\u00f3 el Plan de Digitalizaci\u00f3n de la Rama Judicial y fij\u00f3 los lineamientos funcionales generales de digitalizaci\u00f3n y control documental. <\/p>\n
Tambi\u00e9n refiri\u00f3 tener a cargo la gesti\u00f3n de seguimiento y control del plan de digitalizaci\u00f3n de Cundinamarca y Amazonas, aunque no puede agilizar en abstracto la agenda prevista para el plan de digitalizaci\u00f3n pronosticado para la Cabecera de Girardot, comoquiera que su desarrollo est\u00e1 radicado en la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas. <\/p>\n
Expuso que en el Circuito de Girardot se realiz\u00f3 una visita virtual (16 abr. 2021) y que una vez sea diligenciado el formato de recepci\u00f3n de expedientes por los estrados que conforman ese circuito judicial, ser\u00e1 practicada visita presencial por los contratistas de la Rama Judicial, un representante del CONSORCIO RJ 2020 y el equipo de alistadores y digitalizadores para iniciar el plan de digitalizaci\u00f3n, procedimiento que se llevar\u00e1 a cabo en un espacio designado por las agencias judiciales en una ubicaci\u00f3n que depender\u00e1 del cumplimiento del aforo m\u00e1ximo permitido y de las normas de bioseguridad. Por \u00faltimo, indic\u00f3 que el cronograma no se ha ejecutado a cabalidad por el paro nacional, situaci\u00f3n que ha retrasado e imposibilitado el normal desarrollo de esa actividad, toda vez que se ha dificultado el desplazamiento del personal y el env\u00edo de los insumos requeridos para esa finalidad. <\/p>\n
As\u00ed mismo, el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot inform\u00f3 que se encuentra en el proceso de digitalizaci\u00f3n de expedientes f\u00edsicos de acuerdo con el programa desarrollado por el Consejo Seccional de la Judicatura en conjunto con la Direcci\u00f3n Ejecutiva de Tecnolog\u00eda y Sistemas, donde particip\u00f3 en videoconferencia por el aplicativo de Microsoft Teams el pasado 16 de abril, sesi\u00f3n que vers\u00f3 sobre las fases y forma de implementaci\u00f3n del referido plan, de ah\u00ed que contest\u00f3 una encuesta para determinar el n\u00famero de expedientes y la totalidad aproximada de folios a digitalizar. A su vez, se\u00f1al\u00f3 que envi\u00f3 registro fotogr\u00e1fico del sitio disponible para la ubicaci\u00f3n de los equipos y el personal que realizar\u00e1 esa labor, en tanto que est\u00e1 realizando el inventario y su respectiva relaci\u00f3n en la planilla de registro de recepci\u00f3n de expedientes, luego en espera de que la firma contratada se presente en las instalaciones para su ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
La sentencia impugnada ser\u00e1 revocada y, en su lugar, se conceder\u00e1 el amparo reclamado, toda vez que no se encuentra debidamente acreditado el hecho superado invocado por el a quo, habida cuenta que a la solicitante no le ha sido enviado el enlace que le permita acceder a la copia digital del proceso en comento, circunstancia que vulnera sus derechos fundamentales de acceso a la justicia, debido proceso y defensa. <\/p>\n
De los escritos de tutela y de impugnaci\u00f3n se colige que el problema jur\u00eddico sobre el cual gravita el sub judice guarda estrecha relaci\u00f3n con la garant\u00eda del derecho de defensa de las partes, en tiempos en los que la administraci\u00f3n de justicia ejerce sus labores de forma semipresencial y virtual. En Colombia, la pandemia derivada de la COVID-19 abri\u00f3 la puerta a la era digital, lo que oblig\u00f3 a la sociedad a realizar muchas de sus actividades a trav\u00e9s de la virtualidad; visibiliz\u00f3 las brechas que existen sobre conectividad y estableci\u00f3 grandes retos en materia de acceso, protecci\u00f3n y almacenamiento de datos, garant\u00eda de derechos fundamentales y funcionamiento de los organismos del Estado. La administraci\u00f3n de justicia, como servicio p\u00fablico esencial, no ha sido ajena a los cambios mencionados y, por el contrario, es una de sus protagonistas, toda vez que pese a las dificultades en la transformaci\u00f3n social se\u00f1alada, la garant\u00eda de su funcionamiento es necesaria no solo como n\u00facleo esencial de la democracia, sino como eje fundamental de la paz social. <\/p>\n
Debe memorarse que el Juzgado era el centro de encuentro entre usuarios de la justicia, litigantes, empleados y funcionarios judiciales y los elementos f\u00edsicos que dichos actores ten\u00edan en com\u00fan, entre otros, era el expediente, los medios de notificaci\u00f3n que se fijaban en la secretar\u00eda (estados, edictos e incluso traslados) y la sala de audiencia. Luego, eran en esos escenarios en los que se hab\u00edan construido practicas judiciales respecto de las cuales exist\u00eda cierto grado de certeza sobre c\u00f3mo se garantizaban los derechos de defensa, debido proceso y acceso a la justicia de las partes, terceros intervinientes e interesados en alguna causa; sin embargo, con la declaratoria de la emergencia sanitaria y las consecuenciales medidas de restricci\u00f3n de acceso a las sedes judiciales, se descentralizaron las labores del Juzgado y las mismas comenzaron a realizarse, en lo posible, a trav\u00e9s de los medios tecnol\u00f3gicos y el uso de la red. Y no solo eso, las pr\u00e1cticas judiciales tambi\u00e9n cambiaron y ahora deben definirse de forma tal que, aunque muten, las garant\u00edas constitucionales no sufran afectaci\u00f3n alguna. <\/p>\n
Para la Sala es claro que uno de los mayores cambios se ha vivido en la forma de acceder al dossier. Para tal fin, tradicionalmente, los interesados acud\u00edan al Juzgado y efectuaban su consulta en la \u00abbaranda de la secretar\u00eda\u00bb y, usualmente, eso ocurr\u00eda cuando: i) se notificaba alguna decisi\u00f3n, ii) se corr\u00eda alg\u00fan traslado, iii) se preparaba alguna de las audiencias o cuando las partes los requer\u00edan por cualquier motivo distinto. Lo anterior, evidencia que la revisi\u00f3n del expediente es lo que permite llenar de contenido las defensas que los interesados presentan y es por eso que la \u00abpr\u00e1ctica judicial y el derecho de acceso al expediente\u00bb cobra relevancia y se convierte en parte fundamental de las garant\u00edas de acceso a la justicia, defensa y debido proceso, pues de omitirse, los ciudadanos perder\u00edan la br\u00fajula que les permite transitar por las diferentes etapas procesales. <\/p>\n
Ahora bien, con la restricciones para acudir a las sedes judiciales, cambi\u00f3 la forma de acceder al expediente y a las decisiones judiciales, efecto para el cual se prioriz\u00f3 el trabajo virtual, se crearon los micrositios de cada Juzgado para efectuar la publicaci\u00f3n de estados electr\u00f3nicos, se inici\u00f3 el plan de digitalizaci\u00f3n de expedientes y se adoptaron nuevas pr\u00e1cticas judiciales para la consulta del proceso, verbigracia, escanearlo y remitirlo a las partes interesadas o fijar citas en el Juzgado para la consulta. Para tal fin tuvo que acudirse a las Tecnolog\u00edas de Informaci\u00f3n y Comunicaciones \u2013 TIC, cuyo uso ha sido permitido y previsto por el C\u00f3digo General del Proceso en su art\u00edculo 103 as\u00ed: <\/p>\n
En todas las actuaciones judiciales deber\u00e1 procurarse el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, as\u00ed como ampliar su cobertura. <\/p>\n
Las actuaciones judiciales se podr\u00e1n realizar a trav\u00e9s de mensajes de datos. La autoridad judicial deber\u00e1 contar con mecanismos que permitan generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
En cuanto sean compatibles con las disposiciones de este c\u00f3digo se aplicar\u00e1 lo dispuesto en la Ley 527 de 1999, las que lo sustituyan o modifiquen, y sus reglamentos. <\/p>\n
PAR\u00c1GRAFO PRIMERO. La Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura adoptar\u00e1 las medidas necesarias para procurar que al entrar en vigencia este c\u00f3digo todas las autoridades judiciales cuenten con las condiciones t\u00e9cnicas necesarias para generar, archivar y comunicar mensajes de datos. <\/p>\n
Adem\u00e1s, en el marco del Estado de Emergencia Econ\u00f3mica, Social y Ecol\u00f3gica con ocasi\u00f3n de la COVID-19, fue expedido el Decreto Legislativo 806 de 2020, por medio del cual se adoptaron algunas medidas que buscan la implementaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atenci\u00f3n a los usuarios del servicio de justicia, compendio normativo que en su art\u00edculo 2\u00ba previ\u00f3: <\/p>\n
Se deber\u00e1n utilizar las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones en la gesti\u00f3n y tr\u00e1mite de los procesos judiciales y asuntos en curso, con el fin de facilitar y agilizar el acceso a la justicia, como tambi\u00e9n proteger a los servidores judiciales, como a los usuarios de este servicio p\u00fablico. <\/p>\n
Se utilizar\u00e1n los medios tecnol\u00f3gicos para todas las actuaciones, audiencias y diligencias y se permitir\u00e1 a los sujetos procesales actuar en los procesos o tr\u00e1mites a trav\u00e9s de los medios digitales disponibles, evitando exigir y cumplir formalidades presenciales o similares, que no sean estrictamente necesarias. Por tanto, las actuaciones no requerir\u00e1n de firmas manuscritas o digitales, presentaciones personales o autenticaciones adicionales, ni incorporarse o presentarse en medios f\u00edsicos. <\/p>\n
Las autoridades judiciales dar\u00e1n a conocer en su p\u00e1gina web los canales oficiales de comunicaci\u00f3n e informaci\u00f3n mediante los cuales prestar\u00e1n su servicio, as\u00ed como los mecanismos tecnol\u00f3gicos que emplear\u00e1n. <\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de los convenios y tratados internacionales se prestar\u00e1 especial atenci\u00f3n a las poblaciones rurales y remotas, as\u00ed como a los grupos \u00e9tnicos y personas con discapacidad que enfrentan barreras para el acceso a las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, para asegurar que se apliquen criterios de accesibilidad y se establezca si se requiere alg\u00fan ajuste razonable que garantice el derecho a la administraci\u00f3n de justicia en igualdad de condiciones con las dem\u00e1s personas (\u2026). <\/p>\n
Con todo, en el par\u00e1grafo 1\u00ba de dicha norma expresamente se aludi\u00f3 a la prevalencia de las garant\u00edas constitucionales cuando se hace uso de las Tecnolog\u00edas de la Informaci\u00f3n y la Comunicaci\u00f3n para prestar el servicio de justicia. A su tenor literal se consign\u00f3: <\/p>\n
Se adoptar\u00e1n todas las medidas para garantizar el debido proceso, la publicidad y el derecho de contradicci\u00f3n en la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y de las comunicaciones. Para el efecto, las autoridades judiciales procurar\u00e1n la efectiva comunicaci\u00f3n virtual con los usuarios de la administraci\u00f3n de justicia y adoptar\u00e1n las medidas pertinentes para que puedan conocer las decisiones y ejercer sus derechos. (Subrayas de la Sala). <\/p>\n
Y adem\u00e1s, en el par\u00e1grafo \u00fanico del art\u00edculo 1\u00ba del Decreto referido, se consagr\u00f3: <\/p>\n
En aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnol\u00f3gicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deber\u00e1 prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales. <\/p>\n
Los sujetos procesales y la autoridad judicial competente deber\u00e1n manifestar las razones por las cuales no pueden realizar una actuaci\u00f3n judicial espec\u00edfica a trav\u00e9s de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones de lo cual se dejar\u00e1 constancia en el expediente y se realizar\u00e1 de manera presencial en los t\u00e9rminos del inciso anterior. <\/p>\n
Las citadas no son las \u00fanicas normas que versan sobre el tema, tambi\u00e9n el art\u00edculo 95 de la Ley 270 de 1996 dispone que el Consejo Superior de la Judicatura debe propender por la incorporaci\u00f3n de tecnolog\u00edas de avanzada al servicio de la administraci\u00f3n de justicia, en un marco general de pol\u00edtica de justicia digital, y establece las facultades de los servidores judiciales en el uso de las TIC; la Ley 527 de 1995 define el reconocimiento probatorio de los mensajes de datos y la conceptualizaci\u00f3n de las firmas digitales; el Decreto 2364 de 2012 alude a las condiciones, efectos jur\u00eddicos y criterios de seguridad de la firma electr\u00f3nica y el Decreto 2609 de 2012 regula la gesti\u00f3n de documentos electr\u00f3nicos de archivo y sus calidades de autenticidad, integridad, inalterabilidad, fiabilidad, disponibilidad y conservaci\u00f3n, como elementos fundamentales del expediente electr\u00f3nico. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que no solo las normas han delineado las formas para el uso de las tecnolog\u00edas en la Rama Judicial, sino que la pol\u00edtica p\u00fablica tampoco ha sido ajena a ello, por lo que el Consejo Superior de la Judicatura ha trazado algunos lineamientos para la implementaci\u00f3n del expediente electr\u00f3nico y para la digitalizaci\u00f3n de la justicia, por lo que \u00abaprob\u00f3 la implementaci\u00f3n de un Plan de Digitalizaci\u00f3n que apunta a la digitalizaci\u00f3n priorizada de expedientes activos y en gesti\u00f3n de los juzgados, tribunales y altas cortes, a nivel nacional, en un horizonte de tiempo hasta 2022. Con dicho plan no se espera digitalizar todos los expedientes de la Rama Judicial. No obstante, la digitalizaci\u00f3n priorizada de expedientes activos y en gesti\u00f3n permitir\u00e1: \u2022Acercar virtualmente el expediente judicial al juez y a las partes. \u2022Disminuir las consultas f\u00edsicas y presenciales. \u2022Contar con mecanismos de transformaci\u00f3n del soporte f\u00edsico en electr\u00f3nico. \u2022Administrar electr\u00f3nicamente los documentos asociados al expediente, en condiciones de integridad, seguridad y disponibilidad. \u2022Llevar a cabo una primera aproximaci\u00f3n a una gesti\u00f3n documental electr\u00f3nica, como parte del ciclo del proyecto hacia la transformaci\u00f3n digital. \u2022Favorecer la migraci\u00f3n de datos al nuevo sistema de informaci\u00f3n como columna vertebral de la gesti\u00f3n electr\u00f3nica y digital de los procesos\u00bb1. (Subrayas de la Sala) <\/p>\n
Como en otras ocasiones lo ha se\u00f1alado la Sala, <\/p>\n
[l]o anterior, apenas se trata del acceso del derecho contempor\u00e1neo a la esfera de los mensajes de datos y a las redes; como punto de partida para transformar una administraci\u00f3n de justicia edificada en el consumo del papel que aniquila bosques, y soportada en la tramitolog\u00eda hacia la gestaci\u00f3n de una justicia digital relacionada con los derechos y deberes alrededor del ciberespacio y a la aplicaci\u00f3n de las tecnolog\u00edas electr\u00f3nicas para una soluci\u00f3n m\u00e1s \u00e1gil de las demandas de protecci\u00f3n de derechos subjetivos (STC10844-2020). <\/p>\n
En particular, sobre la construcci\u00f3n y acceso del expediente digital, debe resaltarse, de un lado, que tanto las normas como las disposiciones administrativas que aluden a \u00e9l, establecen como premisa el respeto a los derechos constitucionales referidos, y de otro, que el expediente, en cualquiera de sus formas \u2013f\u00edsico, digital, digitalizado, electr\u00f3nico, virtual o h\u00edbrido- es considerado como un todo, un \u00ab[c]onjunto de documentos producidos y recibidos durante el desarrollo de un mismo tr\u00e1mite o procedimiento, acumulados por una persona, dependencia o unidad administrativa, vinculados y relacionados entre s\u00ed y que se conservan manteniendo la integridad y orden en que fueron tramitados, desde su inicio hasta su resoluci\u00f3n definitiva\u00bb,2 que debe ser puesto a disposici\u00f3n de las partes e interesados en condiciones de integridad, seguridad y disponibilidad. Entonces, como el servicio de justicia es esencial, aunque el mismo se preste de forma remota, presencial, semipresencial o virtual y a pesar de que algunas pr\u00e1cticas judiciales, con ocasi\u00f3n de la medidas derivadas por la COVID-19, hayan cambiado, lo cierto es que las razones descritas l\u00edneas atr\u00e1s para consultar el expediente por parte de los usuarios de la justicia se mantienen, de ah\u00ed que la Judicatura tenga la obligaci\u00f3n de garantizarles el acceso f\u00edsico o electr\u00f3nico al expediente, entendido en su conjunto y no a partir de algunas piezas procesales, pues como se vio, es apartir del estudio del mismo que pueden formularse las intervenciones en el proceso y definir las estrategias de defensa y contradicci\u00f3n. <\/p>\n
Bajo el marco descrito, puede colegirse que el ruego de Olga Mart\u00ednez Iannini tiene vocaci\u00f3n de prosperidad porque a\u00fan no ha cesado la vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas fundamentales, ya que si bien es cierto el pasado 21 de abril el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot envi\u00f3 por correo electr\u00f3nico las piezas procesales requeridas por la quejosa durante el tr\u00e1mite de primera instancia, esto es, copia de toda la actuaci\u00f3n surtida desde la pr\u00e1ctica de la inspecci\u00f3n judicial hasta la del dictamen pericial, nada dijo sobre el expediente digitalizado, de ah\u00ed que qued\u00f3 latente la omisi\u00f3n reprochada y, en consecuencia, no se ha configurado la carencia actual de objeto por hecho superado que dedujo el a quo. <\/p>\n
No obstante, luego de ponderar las dificultades en la implementaci\u00f3n del plan de digitalizaci\u00f3n de expedientes f\u00edsicos a ra\u00edz del paro nacional, conforme a la informaci\u00f3n brindada por el Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca, as\u00ed como la labor desplegada por el estrado convocado para que el contratista se presente en las instalaciones asignadas para la ejecuci\u00f3n de esa actividad, seg\u00fan la respuesta suministrada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot, as\u00ed como el silencio de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, resulta plausible colegir que, aunque pueda constituir una eventual justificaci\u00f3n, lo cierto es que se deben adoptar las medidas necesarias y urgentes para restablecer los derechos de la accionante que se traducen en tener acceso a la totalidad de las actuaciones surtidas en el proceso de que es parte y garantizar as\u00ed los principios de publicidad, contradicci\u00f3n e igualdad. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, procede revocar la sentencia impugnada y, en su lugar, se ordenar\u00e1 a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas que, dentro del plazo de veinte (20) d\u00edas contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, ejecute el plan de digitalizaci\u00f3n correspondiente al Circuito Judicial de Girardot, cuesti\u00f3n que implica desarrollar las medidas de apoyo log\u00edstico y tecnol\u00f3gico, espec\u00edficamente en la agencia judicial encartada, tendientes a cumplir aquella planificaci\u00f3n con sujeci\u00f3n al cronograma previsto, en tanto que, se conminar\u00e1 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot para que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la iniciaci\u00f3n de la digitalizaci\u00f3n de los expedientes por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, remita a la accionante por correo electr\u00f3nico el link del correspondiente al radicado n\u00b0 2015-00219. <\/p>\n
Por \u00faltimo, tambi\u00e9n se instar\u00e1 al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que vigile el cumplimiento de la ejecuci\u00f3n del plan de digitalizaci\u00f3n correspondiente al Circuito Judicial de Girardot, concretamente en la sede judicial convocada. <\/p>\n
Postura que encuentra respaldo en el pensamiento de esta Corporaci\u00f3n a la importancia del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones, puesto que: <\/p>\n
(\u2026) la Sala bastante ha enfatizado en la importancia del uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones (TIC) en el impulso de los litigios, destacando los distintos preceptos que se ocupan del tema, entre ellos, el art\u00edculo 103 del C\u00f3digo General del Proceso que constituye un faro esencial al prever que los funcionarios judiciales deben valerse de esas herramientas en la medida que \u00ablas actuaciones judiciales se podr\u00e1n realizar a trav\u00e9s de mensajes de datos\u00bb a fin de \u00abfacilitar y agilizar el acceso a la justicia, as\u00ed como ampliar su cobertura\u00bb. <\/p>\n
En consonancia, se ha reconocido que \u00abel acceso a internet es un derecho humano y, por lo tanto, es fundamental, digno de protecci\u00f3n para el acceso masivo; tambi\u00e9n, como herramienta esencial es un servicio p\u00fablico, que debe servir para cerrar brechas, para avanzar en todo el desarrollo humano, especialmente en educaci\u00f3n, en acceso a la justicia y en progreso tecnol\u00f3gico\u00bb (STC3610-2020, reiterada en STC340-2021). <\/p>\n
En efecto, basta memorar un caso similar, donde se debat\u00eda este crucial aspecto en el marco de las actuaciones judiciales y su predominancia a causa de la emergencia sanitaria, oportunidad donde este Colegiado predic\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) De modo que a pesar de que \u00e9stas no son novedosas, su uso para el servicio de justicia s\u00ed lo es, y obliga a sus funcionarios y usuarios a acoplarse a tales herramientas con el fin de ejecutar los \u00abactos procesales\u00bb que les corresponden en desarrollo de un litigio. <\/p>\n
Pero para que el avance de la Litis pueda darse de esa forma, se exige la concurrencia de dos presupuestos: i) Que los \u00abservidores y usuarios de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb tengan acceso a los medios tecnol\u00f3gicos y, ii) Que unos y otros tengan las destrezas para su empleo. <\/p>\n
Por eso, el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto Legislativo 806 de 2020, luego de contemplar que tiene por \u00abobjeto implementar el uso de las tecnolog\u00edas de la informaci\u00f3n y las comunicaciones en las actuaciones judiciales (\u2026)\u00bb, consagra en su par\u00e1grafo, que \u00ab[e]n aquellos eventos en que los sujetos procesales o la autoridad judicial no cuenten con los medios tecnol\u00f3gicos para cumplir con las medidas establecidas en el presente decreto o no sea necesario acudir a aquellas, se deber\u00e1 prestar el servicio de forma presencial, siempre que sea posible y se ajuste a las disposiciones que sobre el particular dicten el Ministerio de Salud y Protecci\u00f3n Social, el Consejo Superior de la Judicatura, los Centros de Arbitraje y las entidades con funciones jurisdiccionales\u00bb (enfatiza la Sala), CSJ STC7284-2020, reiterada en CSJ STC STC11198-2020. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, resuelve: <\/p>\n
PRIMERO: REVOCAR la sentencia de naturaleza, origen y fecha anotada. En su lugar, CONCEDER el amparo requerido por Olga Mart\u00ednez Iannini. <\/p>\n
SEGUNDO: Ordenar a la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas que, a m\u00e1s tardar dentro de los veinte (20) d\u00edas siguientes contados a partir de la notificaci\u00f3n de esta sentencia, ejecute el plan de digitalizaci\u00f3n correspondiente al Circuito Judicial de Girardot, cuesti\u00f3n que implica desarrollar las medidas de apoyo log\u00edstico y tecnol\u00f3gico, espec\u00edficamente en la agencia judicial encartada, tendientes a digitalizar el paginario No. 2015-00219 y poner a disposici\u00f3n de la accionante el mismo. <\/p>\n
TERCERO: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot que, dentro de los diez (10) d\u00edas siguientes a la iniciaci\u00f3n de la digitalizaci\u00f3n de los expedientes por parte de la Direcci\u00f3n Ejecutiva Seccional de Administraci\u00f3n Judicial de Bogot\u00e1, Cundinamarca y Amazonas, remita a la accionante por correo electr\u00f3nico el link del expediente n\u00b0 2015-00219. <\/p>\n
CUARTO: Ordenar al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Girardot que, dentro de los cinco (5) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta decisi\u00f3n, remita a la accionante, por ahora y frente a ella exclusivamente, copia escaneada en formato PDF del proceso en comento. Lo anterior sin perjuicio de las \u00f3rdenes emitidas sobre el cumplimiento del plan de digitalizaci\u00f3n. <\/p>\n
QUINTO: Conminar al Consejo Seccional de la Judicatura de Cundinamarca para que vigile el cumplimiento de la ejecuci\u00f3n del plan de digitalizaci\u00f3n correspondiente al Circuito Judicial de Girardot, concretamente en la sede judicial convocada y para los efectos de lo aqu\u00ed ordenado. <\/p>\n
SEXTO: Informar a las partes e intervinientes por el medio m\u00e1s expedito y rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n