STC8145-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8145-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-0624-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de julio dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 13 de abril de 2021 por la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal de esta misma Corporaci\u00f3n, en la acci\u00f3n de tutela promovida por Jhon Walter Moreno Rinc\u00f3n contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1. Al tr\u00e1mite fueron vinculados el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 y las partes e intervinientes en el proceso penal 110016000028200500033. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor, a trav\u00e9s de apoderado, reclam\u00f3 la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, principio de favorabilidad e igualdad, presuntamente trasgredidos por la corporaci\u00f3n judicial demandada. <\/p>\n
2. De conformidad con el escrito inicial se observa lo siguiente: <\/p>\n
2.1. En el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Bogot\u00e1 curs\u00f3 en contra del accionante y de otros un proceso penal \u00abpor los delitos de homicidio agravado, hurto calificado agravado y porte ilegal de armas\u00bb, en el cual, mediante sentencia del 31 de octubre de 2006, se \u00ababsolvi\u00f3 a los procesados\u00bb, decisi\u00f3n que fue apelada por la Fiscal\u00eda y revocada por la Sala Penal del Tribunal Superior de la misma ciudad, mediante fallo del 29 de septiembre de 2010, que revoc\u00f3 la sentencia de primer grado y conden\u00f3 \u00ab\u2026a cada uno, a la pena principal de CUATROCIENTOS VEINTE (420) meses de prisi\u00f3n\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.2. El gestor asegur\u00f3 que en \u00abcontra [de] dicho fallo, solo proced\u00eda como \u00fanico recurso en su momento, el Recurso Extraordinario de Casaci\u00f3n, teniendo \u00e9ste, unos requisitos t\u00e9cnicos para impetrarlo, por lo tanto deb\u00eda ser interpuesto por un Profesional del Derecho, y que por su precaria situaci\u00f3n econ\u00f3mica para contratar una Defensa T\u00e9cnica, se le cerceno (sic) este Derecho\u00bb. <\/p>\n
2.3. El 14 de octubre de 2020, a trav\u00e9s de su apoderado, present\u00f3 ante la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 \u00abImpugnaci\u00f3n Especial sobre la doble conformidad contra Sentencia de Primera Instancia Condenatoria por ese Honorable Tribunal del d\u00eda 29 de septiembre de 2010\u00bb. <\/p>\n
2.4. El 22 de febrero de 2021, la autoridad judicial demandada \u00abdecidi\u00f3 la Impugnaci\u00f3n Especial realizada por \u00e9ste apoderado judicial, negando el amparo deprecado\u2026\u00bb. <\/p>\n
2.5. Por lo anterior, el actor \u00absufri\u00f3 una vulneraci\u00f3n de su derecho al debido proceso, en cuanto el Tribunal, no le ha permitido apelar la sentencia condenatoria, que le fuere impuesta por primera vez en sede de segunda instancia\u2026\u00bb. <\/p>\n
II. RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el proceso penal y remiti\u00f3 copia de la providencia del 22 de febrero de 2021, en la que se resolvi\u00f3 \u00abNO CONCEDER el recurso de IMPUGNACI\u00d3N ESPECIAL al sentenciado JHON WALTER MORENO RINC\u00d3N\u00bb. <\/p>\n
III. LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo, tras advertir que \u00abla Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 fundament\u00f3 sus consideraciones en la normativa aplicable al caso y la jurisprudencia vinculante de la Sala de Casaci\u00f3n Penal (CSJ AP 3 sep. 2020, Rad. 34017) e incluso, en las reglas que tanto la Corte Constitucional (C-792 de 2014 y SU-146 de 2020) como esta Corporaci\u00f3n plantearon como l\u00edmite temporal de procedencia de la impugnaci\u00f3n especial contra la primera sentencia condenatoria emitida por los tribunales, considerando que la condena no fue proferida en el marco temporal establecido para la interposici\u00f3n del recurso y, adicionalmente, en tanto no hab\u00eda sido interpuesto el recurso disponible para la fecha\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, concluy\u00f3 que \u00abla providencia censurada estuvo fundamentada en una interpretaci\u00f3n razonable y responde a las consideraciones del caso concreto, contrario al querer del accionante, quien pretende convertir la v\u00eda constitucional en una nueva instancia, lo cual escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela\u00bb. <\/p>\n
IV. IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La formul\u00f3 el promotor, quien consider\u00f3 que, \u00absi bien es sabido que mi aprohijado (sic) fue Condenado el 29 de septiembre de 2010, por Primera Vez en Segunda Instancia, para lo cual la Jurisprudencia sela\u00f1o (sic) un plazo cronol\u00f3gico desde el 30 de enero del a\u00f1o 2.014 en adelante, lo que tambi\u00e9n es cierto, que los Tratados Internacionales y la Constituci\u00f3n de 1.991, como NORMA DE NORMAS, establece que ya para ese entonces, exist\u00eda el derecho a la Doble Conformidad\u2026\u00bb. <\/p>\n
V. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el sub examine, el gestor censura la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales por parte de la corporaci\u00f3n judicial convocada, por haberle negado la impugnaci\u00f3n especial contra la sentencia condenatoria del 29 de septiembre de 2010. <\/p>\n
2. Pronto advierte la Sala que la decisi\u00f3n del a quo habr\u00e1 de ser confirmada, en cuanto neg\u00f3 el amparo, puesto que no se observan anomal\u00edas que impongan la salvaguarda deprecada, habida cuenta que la providencia rebatida guarda plena consonancia con la normatividad aplicable y la jurisprudencia que rige la materia. <\/p>\n
2.1. En efecto, mediante auto del 22 de febrero de la presente anualidad, el Tribunal convocado sostuvo que: <\/p>\n
\u00abLa primera sentencia de condena contra la cual se dirige la impugnaci\u00f3n fue proferida por esta Corporaci\u00f3n en prove\u00eddo del 29 de septiembre de 2010, cronolog\u00eda que se muestra por fuera del marco temporal fijado por la Sala de Casaci\u00f3n Penal en auto del 3 de septiembre de 2020, Rad. 34017 M.P., esto es 30 de enero de 2014 al 17 de enero de 2017\u00bb (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
En consecuencia, concluy\u00f3 que resultaba \u00abimprocedente dar tr\u00e1mite a la solicitud de impugnaci\u00f3n especial deprecada por la defensa de MORENO RINC\u00d3N, por cuanto no se cumple con el l\u00edmite de tiempo fijado por el Alto Tribunal en materia penal para la concesi\u00f3n de dicho recurso, situaci\u00f3n que torna inane el an\u00e1lisis de los dem\u00e1s requisitos\u00bb (resaltado fuera de texto). <\/p>\n
2.2. Ahora bien, sobre el particular esta Sala, mediante providencia STC4952-2020, tuvo la oportunidad de analizar, en extenso, lo relativo al principio de la doble conformidad, junto con las sentencias C-792 de 2014, SU-215 de 2016 y SU-146 de 2020, proferidas por la Corte Constitucional, as\u00ed como el Acto Legislativo 01 del 18 de enero de 2018, oportunidad en la cual manifest\u00f3: <\/p>\n
\u00ab5.2. As\u00ed y todo, -para el caso concreto- es trascendental lo siguiente: esta Sala ha instituido un importante derrotero. En efecto, en providencia dictada el pasado 13 de julio de 2020 (CSJ (\u2026)1 13 jul. rad. 2020-00921-00), se consider\u00f3 que: <\/p>\n
Justamente, cual atr\u00e1s se record\u00f3, hubo un precedente interamericano, con m\u00e1s de una d\u00e9cada de antelaci\u00f3n, consistente en el caso Herrera Ulloa Vs. Costa Rica, que se decidi\u00f3\u0301 el 2 de julio de 2004, posteriormente, hubo algunos otros. Luego, en esas condiciones, la data 30 de enero de 2014 del caso Liakat, aunque justificada en el pensamiento de la hom\u00f3loga constitucional, deviene casual y deleznable en la b\u00fasqueda de un criterio estable para esta Sala, porque bien podr\u00eda haber sido otro juicio diferente, el baremo para la aplicaci\u00f3n de la doble conformidad jur\u00eddica. <\/p>\n
Para la Sala, sean aforados o no, en asuntos de este linaje, considera prudente aplicar la garant\u00eda desde la fecha de la emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, el veintinueve (29) de octubre de dos mil catorce (2014), y no desde el treinta (30) de enero de dos mil catorce (2014), data del caso interamericano Liakat Ali\u0301 Alibux\u00bb. (resaltado de la Corte). <\/p>\n
Seguidamente resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00abpartir\u00e1 de la fecha, 29 de octubre de 2014, porque da mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, cuando se provey\u00f3\u0301 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C- 792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda legislativa en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura convencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3\u0301 el Estado colombiano. <\/p>\n
5.3. Descendiendo al asunto rebatido, se observa que, si bien (\u2026) result\u00f3 condenado por el delito de \u00abtr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes, agravado\u00bb en segunda instancia por el tribunal accionado, lo cierto es que tal decisi\u00f3n data de 26 de octubre de 2011 -inadmitido el recurso de casaci\u00f3n el 24 de julio de 2013-, lo que no evidencia la vulneraci\u00f3n denunciada. Indubitablemente, la providencia C-792 de 2014 se emiti\u00f3 el 29 de octubre de 2014. Seg\u00fan las consideraciones anteriormente expuestas, para decursos terminados y fallos que hubiesen cobrado firmeza antes de esa calenda, como en el caso ocurri\u00f3, no era aplicable dicho principio. Por tanto, se torna improcedente la salvaguarda ahora formulada\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
2.3. Igualmente, en sentencia STC1423 del 18 de febrero de 2021 (Exp. 2020-00835-01), esta Sala reiter\u00f3: <\/p>\n
\u00ab\u2026si el reclamo del actor sobre la vulneraci\u00f3n de su derecho a la \u00abdoble instancia\u00bb, apunta a que se verifique la garant\u00eda de la \u00abdoble conformidad\u00bb sobre la condena que le fue impuesta por el Juzgado Veintiuno Penal del Circuito de Bogot\u00e1 el 29 de septiembre de 2010, al respecto baste con se\u00f1alarse que, a partir de la sentencia STC3684-2020, esta Sala opt\u00f3 por aplicar ese beneficio s\u00f3lo para condenas en firme despu\u00e9s (\u2026) cuando fue emitida la sentencia C-792 de 2014(2), ya que \u00abda mayor seguridad a las decisiones que viene tomando en sus fallos constitucionales, frente a esta garant\u00eda, implementada con la aprobaci\u00f3n y entrada en vigencia del Acto Legislativo 01 de 2018, cuando se provey\u00f3 la Sala de juzgamiento de primera instancia en esta Corte. La data de la sentencia C-792 de 2014 representa la recepci\u00f3n oficial por v\u00eda legislativa en el ordenamiento constitucional colombiano y en el procedimiento penal de la garant\u00eda gracias a la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad por omisi\u00f3n legislativa de algunas reglas penales atr\u00e1s rese\u00f1adas, al hallarse nuestro sistema de juzgamiento en contrav\u00eda con m\u00faltiples instrumentos internacionales, y por su definida estructura inconvencional, al apartarse derechamente del art. 8.2 de la Convenci\u00f3n Americana, pacto, al cual se adhiri\u00f3 el Estado colombiano (\u2026) [p]or tanto, la fecha de emisi\u00f3n de la sentencia C-792 de 2014, ser\u00e1, mientras no se expida el correspondiente estatuto normativo, el fundamento, por parte de esta Sala para encarar el an\u00e1lisis y juzgamiento de las acciones constitucionales de amparo que en la materia se formulen\u00bb (Subraya la Sala). <\/p>\n
3. Teniendo en cuenta que la providencia cuestionada est\u00e1 a tono con lo dicho en precedencia, pues el fallo sobre el cual se pretende la impugnaci\u00f3n especial fue expedido el 29 de septiembre de 2010, esto es, por fuera del marco temporal fijado, no es posible, como acertadamente lo decidi\u00f3 el juez constitucional de primera instancia, acceder a la salvaguarda promovida. <\/p>\n
3.1. Sin duda, en el sub judice se identifica una disparidad de criterios entre lo considerado por el estrado judicial accionado \u2013en desarrollo del ejercicio normal de las facultades y amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial- y lo planteado por el solicitante a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional, de modo que el juez constitucional no es el llamado a dirimir la controversia, a modo de juez de instancia, arrog\u00e1ndose competencias que no le corresponden. <\/p>\n
3.2. En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha esgrimido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 0002-01). <\/p>\n
4. De conformidad con lo discurrido, se confirmar\u00e1 el fallo objeto de reclamo, en cuanto neg\u00f3 el amparo, con base en los motivos aqu\u00ed esbozados. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 STC4344-2020. <\/p>\n
2\u0002 29 de octubre de 2014. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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