STC8147-2021<\/p>\n
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FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8147-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01955-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de julio dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Elena Casta\u00f1o Mar\u00edn, Aldemar y Carlos Julio Torres D\u00edaz, Mar\u00eda Dolores Mar\u00edn de Casta\u00f1o, Mar\u00eda del Carmen y Luis Gerardo Casta\u00f1o Mar\u00edn y Jeferson Alejandro S\u00e1nchez Casta\u00f1o contra la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta y el Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta. Al tr\u00e1mite fueron vinculados Tom\u00e1s Enrique Barbosa P\u00e9rez, Mar\u00eda Antonia Fuentes Contreras y la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD del Norte de Santander. <\/p>\n
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I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los promotores reclamaron la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, defensa y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente vulnerados por las autoridades judiciales accionadas. <\/p>\n
2.- En sustento de su queja manifestaron que, el 7 de junio de 2013, ante la UAEGRTD del Norte de Santander, el se\u00f1or Tom\u00e1s Enrique Barbosa P\u00e9rez \u00abdenunci\u00f3 y se postul\u00f3 como v\u00edctima, alegando haber tenido que vender a precio irreal por acoso de grupos paramilitares, el predio denominado EL PLACER (\u2026) catastralmente con extensi\u00f3n superficiaria de 38 hect\u00e1reas 0965 metros cuadrados y con \u00e1rea georreferenciada de 38 hect\u00e1reas y 6.842 metros cuadrados, ubicado en la Vereda LA BATER\u00cdA, jurisdicci\u00f3n municipal de Tib\u00fa, Departamento Norte de Santander\u00bb. <\/p>\n
Posteriormente, la Unidad present\u00f3 demanda de restituci\u00f3n de inmueble a la luz de la Ley 1448 de 2011 en nombre del se\u00f1or Barbosa P\u00e9rez, la cual le correspondi\u00f3 al Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta. <\/p>\n
Luz Elena Casta\u00f1o Mar\u00edn y Aldemar Torres D\u00edaz se presentaron y fueron reconocidos como opositores por el Juzgado accionado y, en consecuencia, el tr\u00e1mite fue remitido a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta, que resolvi\u00f3 el asunto en sentencia de \u00fanica instancia el 9 de diciembre de 2020 a favor del reclamante, dejando por resolver, para fallo posterior, la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes. <\/p>\n
Acusaron la sentencia de incurrir en defecto procedimental, en tanto \u00abDesconoci\u00f3 dar cumplimiento a lo reglado por el inciso tercero, Art. 87 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n, as\u00ed mismo del inciso tercero, ordinal d\u00e9cimo quinto del auto admisorio de demanda; en punto espec\u00edfico de designar representante judicial; esto es, curador ad hoc para que asumiera la representaci\u00f3n procesal de terceros determinados e indeterminados; para el caso en concreto, del copropietario titular, Se\u00f1or PASCUAL TORRES LLLANES, (\u2026); generador de un perjuicio frente al derecho de defensa y contradicci\u00f3n por su heredero aqu\u00ed demandante en sede de tutela, Se\u00f1or CARLOS JULIO TORRES D\u00cdAZ (\u2026), uno de varios entre quienes naturalmente exist\u00eda y existe inter\u00e9s sobre las resultas procesales, pues don PASCUAL era el propietario registral de una tercera parte del inmueble objeto de demanda restitutoria; por la obvia circunstancia que de haberse provisto tal representante judicial, \u00e9ste habr\u00eda podido ejecutar una actividad proactiva en favor de tales sujetos de obligatoria vinculaci\u00f3n procesal\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, se\u00f1alaron que el Juzgado accionado, \u00abPese a la reiterada insistencia de la parte opositora, en tiempo procesal oportuno deneg\u00f3 pronunciarse sobre la incorporaci\u00f3n del dictamen aval\u00fao comercial del inmueble, para su debida contradicci\u00f3n y valoraci\u00f3n, en punto de las compensaciones reclamadas por los opositores, en la aspiraci\u00f3n \u2013presente a\u00fan- de su reconocimiento como terceros de buena fe. No obstante la particularidad del proceso en restituci\u00f3n de tierras, hay reglas procesales que no pueden ignorarse u omitirse, en trat\u00e1ndose de serlo de orden p\u00fablico y estricto acatamiento. Se dir\u00e1 por los contradictores procesales que a la acci\u00f3n constitucional se hayan de vincular, que: \u00bfpara qu\u00e9, si en todo caso la sentencia fue adversa los opositores? Lo cual se anticipa contestar, que: De accederse a los amparos constitucionales deprecados, se habr\u00e1 de corregir dicho yerro y omisi\u00f3n de justicia. Con el proceder judicial se desconoci\u00f3 el mandato consignado en el inciso segundo del art. 89 de la Ley 1448 de 2011 y los arts. 164 y ss. del C. G. P., con car\u00e1cter hasta el momento irremediable\u00bb. <\/p>\n
Advirtieron que el Tribunal convocado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho por defecto f\u00e1ctico negativo, en cuanto \u00abNo es cierto que el predio se enajen\u00f3 a muy bajo precio para encuadrar tal acci\u00f3n en el supuesto de hecho contenido en el art. 74 de la Ley de v\u00edctimas y restituci\u00f3n; es decir, DESPOJO POR NEGOCIO JUR\u00cdDICO\u00bb. En sustento refirieron que \u00abEn aval\u00fao comercial por el IGAC, se dijo que para el a\u00f1o 2004 (del negocio jur\u00eddico de compraventa entre reclamante y opositores) se estableci\u00f3 en suma de DOSCIENTOS TREINTA MIL PESOS ($230.000,o) M. Cte. valor por hect\u00e1rea, de las 38.0964 continentes del predio; por lo que entonces su valor global lo fue definido en OCHO MILLONES, SETECIENTOS SESENTA Y DOS MIL, CIENTO SETENTA Y DOS PESOS ($8.762.172,oo) M. Cte. lo cual contundentemente significaba y significa, el alegato de venta del predio a sub valor por el reclamante, quedaba y qued\u00f3 sin sustento, precisamente por causa de una prueba de entidad oficial; en tanto los opositores pagaron a valor muy superior, la suma de DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000,o) M. Cte., con lo cual se desvirtuaba y desvirt\u00faa el encasillamiento dado por la UAEGRTD N. S. en favor del reclamante, de haber sufrido DESPOJO MATERIAL Y POSTERIOR A ELLO VENTA BAJO PRECIO O PRECIO IRRISORIO\u00bb. Y a\u00f1adieron que se incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico positivo, en la medida en que, \u00abde lo aceptado por el propio sentenciador ha de entenderse, aqu\u00ed s\u00ed que se desvirtu\u00f3 la ausencia de consentimiento en cabeza del reclamante; por contrario, hubo un consentimiento expreso, nunca viciado, cuando menos frente la parte opositora, quien lleg\u00f3 hasta el vendedor, a trav\u00e9s de intermediarios y por oferta de negocio del mismo y adquiri\u00f3 a precio justo que TOM\u00c1S ENRIQUE y sin rebajar un solo peso, fij\u00f3 para el predio; lo cual refuerza con el hecho probado de que la venta lo fue a precio m\u00e1s que justo\u00bb. <\/p>\n
De otro lado, atacaron al fallo por adolecer de defecto sustantivo, por indebida aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 74 de la Ley 1448 de 2011, porque \u00abno se present\u00f3 ning\u00fan despojo de la finca, el valor percibido por el reclamante en contexto de la \u00e9poca de negociaci\u00f3n, fue superior a aqu\u00e9l que la propia entidad oficial IGAC determin\u00f3 pericialmente como valor del fundo para el a\u00f1o 2004; recu\u00e9rdese, la suma de $8.762.162, percibiendo $12.000.000,oo cifra superior promedio en un treinta y siete por ciento (37%); por encima de dicho aval\u00fao comercial estatal y es que incluso, el propio reclamante afirm\u00f3 en su declaraci\u00f3n ante la UAEGRTD N. S. que hab\u00eda comprado la finca a su suegro en el a\u00f1o 1997 por valor de $5.000.000,oo cifra un tanto superior a la determinada en el aval\u00fao comercial del IGAC para dicha anualidad ($4.198.223); luego, haciendo un elemental an\u00e1lisis l\u00f3gico y matem\u00e1tico, el valor pagado por los opositores al reclamante, fue m\u00e1s que el justo para la \u00e9poca. Entonces aquel negocio jur\u00eddico as\u00ed materializado, lo fue perfecto, con el lleno de todos los requisitos de validez, no otros que capacidad, consentimiento, objeto y causa l\u00edcitas\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, sostuvieron que \u00abEN CONCLUSI\u00d3N CONSIDERAN LOS DEMADANTES EN SEDE DE CONTROL CONSTITUCIONAL, (que) no se dieron los presupuestos axiol\u00f3gicos del despojo, en trat\u00e1ndose de la ausencia de condici\u00f3n de v\u00edctima por el reclamante; un negocio jur\u00eddico perfectamente v\u00e1lido, los adquirientes lo hicieron en buena fe exenta de culpa, por lo que el Estado les debe proteger, en tal condici\u00f3n y como v\u00edctimas directas del conflicto y a sus familias colaterales; algunos de cuyos miembros, los menores de edad y la anciana madre de LUZ ELENA CATA\u00d1O MAR\u00cdN, do\u00f1a MAR\u00cdA DOLORES MAR\u00cdN DE CASTA\u00d1O, persona de la tercera edad, ameritan y merecen especial protecci\u00f3n estatal, frente a un reclamante pensionado al igual que esposa, con buenos ingresos, etc.\u00bb. <\/p>\n
3.- Instaron, conforme a lo relatado, \u00abPRIMERA: (\u2026) tutelar en favor de los demandantes en contra de las autoridades accionadas: – Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas Territorial Norte de Santander (UAEGRTD \u2013 N. S.), – Juzgado Primero Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta y – Honorable Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta; cada una desde su \u00e1mbito de competencia los derechos fundamentales a: DEBIDO PROCESO – DERECHO DE DEFENSA (ART. 29 C. N.) y ACCESO A LA ADMINISTRACI\u00d3N DE JUSTICIA (Art. 229 C. N.) Corolario de lo anterior, en la l\u00f3gica secuencia procesal, para cumplimiento dentro del improrrogable t\u00e9rmino de cuarenta y ocho (48) horas: SEGUNDA: Ordenar la total nulidad de la nulidad procesal, para a partir inclusive del auto del dieciocho de junio de dos mil diecinueve (18-06-2019) por la respetada Juez Primera Civil del Circuito Especializado en Restituci\u00f3n de Tierras de C\u00facuta; en su defecto se disponga formalizar la notificaci\u00f3n de los por vincular MAR\u00cdA DOLORES MAR\u00cdN DE CASTA\u00d1O, ARNALDO CASTA\u00d1O MAR\u00cdN, MAR\u00cdA DEL CARMEN CASTA\u00d1O MAR\u00cdN como segundos ocupantes y en la misma condici\u00f3n a LUIS GERARDO CASTA\u00d1O MAR\u00cdN y JEFERSON ALEJANDRO S\u00c1NCHEZ CASTA\u00d1O; en igual sentido, la designaci\u00f3n de representante judicial \u2013curador para la litis- en favor de indeterminados y herederos del copropietario titular \u2013 causante PASCUAL TORES LLANES; emiti\u00e9ndose las respectivas comunicaciones a dicha autoridad instructora, as\u00ed como a la Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta; cada una para lo de su cargo y competencia. Tal determinaci\u00f3n, necesariamente producir\u00e1 como consecuencia, la inmediata suspensi\u00f3n del tr\u00e1mite pos fallo en favor del reclamante TOM\u00c1S ENRIQUE BARBOSA P\u00c9REZ y su esposa MAR\u00cdA ANTONIA FUENTES CONTRERAS\u00bb. <\/p>\n
De manera subsidiaria pidieron: \u00abTERCERO: Anular el fallo adoptado, en consecuencia ordenarse a la Honorable Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior de Distrito Judicial de C\u00facuta, proferir fallo ajustado a derecho y en los perentorios t\u00e9rminos que la Honorable Corte le imparta; no otras que darse por probadas las excepciones de fondo formuladas por la parte opositora \u2013ausencia de legitimaci\u00f3n en causa por activa ante la no acreditaci\u00f3n de condici\u00f3n de v\u00edctima por despojo en el reclamante-; o cuando menos, el reconocimiento judicial de la calidad o condici\u00f3n de adquirientes de buena fe exenta de culpa, garantiz\u00e1ndoseles la correspondiente compensaci\u00f3n monetaria en los t\u00e9rminos del dictamen aval\u00fao comercial aportado por los mismos opositores, si de entregarse el predio al Fondo de la UAEGRTD se tratase; ora, la total liberaci\u00f3n con levantamiento de medidas cautelares, grav\u00e1menes y dem\u00e1s respecto del predio El Placer y su incondicional devoluci\u00f3n jur\u00eddica y material a los opositores y segundos ocupantes. CUARTA: En cualquier circunstancia, llamarse la atenci\u00f3n a la UAEGRTD, para que en todos los casos de su competencia, se cumpla a cabalidad con las serias labores de caracterizaci\u00f3n de opositores u ocupantes de predios que por competencia deban asumir para estudio en fase administrativa; as\u00ed se garanticen los derechos de tales sujetos\u00bb. <\/p>\n
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II. RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS <\/p>\n
Y VINCULADOS <\/p>\n
1.- La Sala Civil Especializada en Restituci\u00f3n de Tierras del Tribunal Superior del Distrito Judicial de C\u00facuta manifest\u00f3 que \u00abEn la acci\u00f3n constitucional de la referencia, adem\u00e1s de se\u00f1alar una serie de supuestos yerros en la tramitaci\u00f3n del asunto incluso en la etapa administrativa que no fueron alegados en la oportunidad debida, o los que lo fueron ya se resolvieron por la autoridad respectiva, en lo que ata\u00f1e propiamente con la sentencia las argumentaciones de la parte accionante frente a la satisfacci\u00f3n de los requisitos generales fueron exiguas\u00bb. <\/p>\n
En lo relativo a la acusaci\u00f3n por defecto procedimental consistente en no haber vinculado al proceso a personas que, a juicio del accionante, debieron ser llamadas, se\u00f1al\u00f3 que \u00abtal asunto no ser\u00eda un defecto propiamente de la sentencia sino de la sustanciaci\u00f3n del asunto y, en gracia de discusi\u00f3n, de considerar que se present\u00f3 una nulidad por indebida notificaci\u00f3n pudo haberla planteado dentro del proceso o incluso con posterioridad al fallo, en los t\u00e9rminos del art\u00edculo 134 del CGP -aplicable excepcionalmente para garantizar el debido proceso-. Por lo tanto, existiendo medio legal adecuado y eficaz para lo pretendido deviene en improcedente tal pretensi\u00f3n\u00bb. Agreg\u00f3 que, \u00abEn todo caso, los presuntos herederos y segundos ocupantes que a su juicio no fueron vinculados, contrario a su dicho, s\u00ed se les corri\u00f3 traslado, pero no como el actor pretende pues al carecer de derecho inscrito no correspond\u00eda su notificaci\u00f3n personal sino como legalmente era debido de conformidad con el art\u00edculo 87 en concordancia con el literal e) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, a trav\u00e9s de la publicaci\u00f3n que se realiz\u00f3 el 19 de agosto de 2018\u00bb. <\/p>\n
Adujo que la norma no exige nombrarles curador ad litem a dichos intervinientes, sino que el inciso final del art\u00edculo 87 de la Ley 1448 de 2011 \u00abes clara en establecer que solo se les designa representante judicial a quienes teniendo que ser vinculados porque son titulares de derechos inscritos en la matr\u00edcula del predio reclamado, no comparecen a juicio\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, afirm\u00f3 que \u00abel asunto sobre los segundos ocupantes ni siquiera ha sido resuelto de fondo por esta Sala, en consecuencia, se insiste, a\u00fan existen medios legales procesales y fijados previamente por el legislador para decidir sobre ese asunto\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, \u00abfrente al debate en relaci\u00f3n con el aval\u00fao presentado, que tampoco se tratar\u00eda de un defecto propiamente del fallo, llama la atenci\u00f3n que cuestione una ausencia de pronunciamiento sobre su incorporaci\u00f3n cuando a la par manifest\u00f3 en el hecho trig\u00e9simo s\u00e9ptimo del escrito tuitivo que la Juez \u201cllanamente\u201d indic\u00f3 que \u201cel aval\u00fao se ten\u00eda por incorporado al reconocerse como sujeto procesal\u201d, como en efecto se realiz\u00f3. Pero en \u00faltimas, si no estaba de acuerdo con esa decisi\u00f3n pudo haber interpuesto alg\u00fan recurso, pero as\u00ed no lo hizo. Por ello, de considerar que con esa actuaci\u00f3n se gener\u00f3 una irregularidad, esta se subsan\u00f3 pues no se impugn\u00f3 oportunamente, como lo establece el par\u00e1grafo del art\u00edculo 133 del CGP\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que \u00abTambi\u00e9n fue alegado un supuesto defecto f\u00e1ctico y sustantivo, pero bajo su propia visi\u00f3n o interpretaci\u00f3n de las normas y valoraci\u00f3n de las pruebas allegadas al proceso que desde su particular perspectiva conducir\u00edan a darle la raz\u00f3n en sus planteamientos defensivos, evidenci\u00e1ndose as\u00ed una simple disparidad de criterio con la analizado y concluido en la sentencia que lejos est\u00e1 de dejar al descubierto de manera razonada y concreta el supuesto error ostensible, flagrante y grosero (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
Por \u00faltimo, precis\u00f3 que, \u00ab(\u2026) ha de tenerse en cuenta que para la jurisprudencia constitucional la exigencia de probar la buena fe exenta de culpa dentro del proceso de restituci\u00f3n de tierras no es el resultado de una posici\u00f3n caprichosa ni irrazonable sino que obedece a una respuesta acorde con la magnitud del conflicto armado y sus efectos, propia de los procesos de justicia transicional y restitutiva, que tiene como finalidad la materializaci\u00f3n de un fin constitucional leg\u00edtimo, cual es la protecci\u00f3n de las victimas frente a las enormes dimensiones del despojo y abandono forzado producto de aquel, prop\u00f3sito que, debido a su importancia, exige de los jueces el deber de reconocer, mantener y blindar dicho est\u00e1ndar probatorio\u00bb. <\/p>\n
2.- La Unidad Administrativa Especial de Gesti\u00f3n de Restituci\u00f3n de Tierras Despojadas -UAEGRTD inform\u00f3 que \u00abno tiene legitimaci\u00f3n en causa por pasiva\u00bb y pidi\u00f3 ser desvinculada de la acci\u00f3n constitucional. <\/p>\n
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III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En el sub examine, los accionantes persiguen la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que consideran vulnerados en el tr\u00e1mite del proceso de restituci\u00f3n de tierras con radicado 54001312100120180006701, que culmin\u00f3 con el fallo de \u00fanica instancia del 9 de diciembre de 2020. <\/p>\n
2.- Pues bien, pronto advierte esta Sala que la acci\u00f3n constitucional carece de vocaci\u00f3n de prosperidad y, por tanto, la salvaguarda impetrada habr\u00e1 de ser denegada por considerar que el fallo rebatido no contiene anomal\u00eda que imponga la perentoria protecci\u00f3n, independientemente de que sea o no compartido. <\/p>\n
Sobre el particular, se observa que el Tribunal accionado, al dictar sentencia, expuso motivadamente las razones por las cuales consider\u00f3 que hab\u00eda lugar a amparar el derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de Tom\u00e1s Enrique Barboza P\u00e9rez y su n\u00facleo familiar, a declarar impr\u00f3speras las oposiciones formuladas por Luz Elena Casta\u00f1o Mar\u00edn, Aldemar Torres D\u00edaz y el Banco Agrario de Colombia S.A., negando la compensaci\u00f3n del art\u00edculo 98 de la Ley 1448 de 2011, as\u00ed como a \u00abconservar el statu quo respecto del inmueble reclamado hasta tanto se resuelva la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
Para ello, en primer lugar, propuso resolver varios problemas jur\u00eddicos. El primero \u00abDeterminar si resulta procedente o no la protecci\u00f3n del derecho fundamental a la restituci\u00f3n de tierras de los solicitantes teniendo en cuenta los presupuestos consagrados en la Ley 1448 de 2011, esto es, la calidad de v\u00edctima por hechos ocurridos en el per\u00edodo comprendido en el art\u00edculo 75 de la ley en cita, la relaci\u00f3n jur\u00eddica con el inmueble reclamado y la acreditaci\u00f3n del abandono y despojo conforme a los art\u00edculos 74 y 77 (n\u00fam. 3) ib\u00eddem\u00bb. Y, \u00abEn lo relativo a la contestaci\u00f3n presentada, (\u2026) analizar si se logr\u00f3 desvirtuar alguno de los anteriores elementos y resolver si los opositores actuaron bajo los postulados de la buena fe exenta de culpa, siendo que, ante la no prosperidad de tal prop\u00f3sito, se deber\u00e1 indagar acerca de la presencia de segundos ocupantes, conforme a los lineamientos de la Sentencia C-330 de 2016\u00bb. <\/p>\n
Tras discurrir sobre los fines de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n, se ocup\u00f3 de los presupuestos axiol\u00f3gicos de la pretensi\u00f3n de tierras, precisando que, \u00abComo dimana del art\u00edculo 75 de la Ley 1448 de 2011, para la prosperidad de la pretensi\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras se debe verificar la coexistencia de los elementos de la titularidad del derecho, a saber: 3.2.1. El solicitante debe tener un v\u00ednculo jur\u00eddico de propiedad, posesi\u00f3n u ocupaci\u00f3n con el predio cuya restituci\u00f3n pretende. 3.2.2. El promotor debe ser v\u00edctima de despojo o abandono forzado derivado directa o indirectamente de violaciones al Derecho Internacional Humanitario o a las prescripciones internacionales de Derechos Humanos, en el contexto del conflicto armado interno (en otras palabras, es menester corroborar el da\u00f1o, el hecho sufrido y el nexo causal, con los contenidos propios y condicionamientos dados por la norma). 3.2.3. Los hechos victimizantes deben haber ocurrido en el tiempo delimitado por la ley, esto es, a partir del 1o de enero de 1991\u00bb. <\/p>\n
Manifest\u00f3 que, en el caso concreto, el reclamante ten\u00eda la calidad de v\u00edctima de despojo, en la medida en que aparec\u00eda inscrito en el Registro de Tierras Despojadas y Abandonadas y aleg\u00f3 haber sido objeto de hechos victimizantes; y, agreg\u00f3 que \u00abTOMAS ENRIQUE BARBOZA, al igual que su esposa MARIA ANTONIOA FUENTES, deben ser objeto de un tratamiento especial con la adopci\u00f3n de espec\u00edficas medidas afirmativas y desde la valoraci\u00f3n misma de las pruebas, pues fulgura del expediente su condici\u00f3n de adultos mayores y de v\u00edctimas del conflicto armado, como se disertar\u00e1 en adelante\u00bb. <\/p>\n
De otra parte, el Colegiado convocado determin\u00f3 que se hab\u00eda demostrado el v\u00ednculo jur\u00eddico de la v\u00edctima con el inmueble, pues \u00abSeg\u00fan se observa en el certificado de tradici\u00f3n y libertad, TOMAS ENRIQUE BARBOZA ostent\u00f3 la titularidad de la propiedad sobre el predio en virtud de la compraventa protocolizada en Escritura P\u00fablica Nro. 002 del 9 de enero de 1997 de la Notar\u00eda \u00danica de Tib\u00fa celebrada con JOS\u00c9 ANTONIO FUENTES TARAZONA y registrada en la anotaci\u00f3n Nro. 4 el 27 del mismo mes y a\u00f1o. Condici\u00f3n que tuvo hasta que lo enajen\u00f3 a LUZ ELENA CASTA\u00d1O MARIN, ALDEMAR TORRES D\u00cdAZ y PASCUAL TORRES LLANES a trav\u00e9s de instrumento Nro. 072 del 16 de junio de 2004 de id\u00e9ntica Notar\u00eda47, apuntada en la glosa Nro. 8 el 22 de id\u00e9ntico calendario\u00bb. <\/p>\n
Adicionalmente, en ese aspecto, valor\u00f3 los testimonios de Miguel \u00c1ngel L\u00e1zaro S\u00e1nchez, as\u00ed como las declaraciones de los reclamantes e incluso de los testigos decretados a instancia de los opositores, quienes corroboraron el \u00abambiente violento\u00bb. <\/p>\n
En concreto, en el caso analizado, se demostr\u00f3 que el reclamante fue objeto de amenazas y abigeato por parte de los paramilitares y que el administrador de la finca, Eliseo Ram\u00edrez (Q.E.P.D.), hab\u00eda sido asesinado por grupos al margen de la ley presentes en la regi\u00f3n. <\/p>\n
Al respecto, el Colegiado acusado sostuvo que no \u00abse aleg\u00f3 en la demanda o esgrimido por TOMAS ENRIQUE BARBOZA o MARIA ANTONIA FUENTES que miembros de las autodefensas los amenazaron con la intenci\u00f3n que huyeran del municipio o que les dieron un t\u00e9rmino perentorio para lo propio, de donde se sigue que espec\u00edficamente no reca\u00eda una orden que les impidiera mantener el arraigo en su residencia sino que, se insiste, las extorsiones y los hostigamientos al ser citados en dos ocasiones por integrantes de esa organizaci\u00f3n en relaci\u00f3n con el fundo rural y ser asesinada, por la guerrilla, la persona que lo administraba, fueron las determinantes para decidir, en contra de su voluntad, dejarlo a su suerte. F\u00edjese que tampoco se arguy\u00f3 que estos se sintieran inseguros en el \u00e1rea urbana de Tib\u00fa o que fuesen perseguidos hasta all\u00ed, en cambio, s\u00ed se acredit\u00f3 que las desventuras arriba descritas les generaron, de manera l\u00f3gica, natural y razonable, sentimientos de zozobra y miedo en volver pues de hacerlo podr\u00edan ser asesinados en cualquier momento, m\u00e1xime cuando en anteriores oportunidades ya los hab\u00edan se\u00f1alado de informantes y \u201csapos\u201d por sus visitas al fundo\u00bb. <\/p>\n
Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que \u00abcierto es que carece de demostraci\u00f3n alg\u00fan atentado acaecido en el terreno requerido, pues a decir verdad ni siquiera eso lo adver\u00f3 el reclamante o su esposa. Empero, la ausencia de eventos b\u00e9licos all\u00ed no desdibuja la existencia de un abandono, desplazamiento o despojo, de hecho ni la legislaci\u00f3n ni la jurisprudencia ligan inescindiblemente los dos aspectos que la oposici\u00f3n pretende establecer a manera de requisito, en tanto la complejidad del conflicto armado y de las circunstancias que motivan la ocurrencia del quebranto del v\u00ednculo material o jur\u00eddico son tantas y tan variadas que delimitar de esa forma la procedencia de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras ser\u00eda un sinsentido, toda vez que pueden configurarse amenazas, hostigamientos, extorsiones, homicidios, secuestros, entre muchos otros, por fuera del mismo, incluso en otros municipios o departamentos, siendo entonces lo relevante la corroboraci\u00f3n de que el episodio violento, cualquier que sea, caus\u00f3 el desprendimiento del contacto directo con el predio, como ac\u00e1 indudablemente se observ\u00f3. Con todo, lo cierto es que s\u00ed all\u00ed se present\u00f3 un hecho violento, esto es, la sustracci\u00f3n de los semovientes o abigeato, evento que incluso configura una infracci\u00f3n al art\u00edculo 14 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra y que tambi\u00e9n es un delito en la legislaci\u00f3n nacional (Art. 243. Ley 599 de 2000)\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, pues, que \u00abEn trat\u00e1ndose del homicidio de ELISEO RAM\u00cdREZ (q.e.p.d.), al margen de sus autores, realmente se tiene certeza de que se enmarca en el conflicto armado, en tanto incluso los testimonios practicados a instancia de los opositores as\u00ed lo indicaron y el mismo ALDEMAR TORRES lo reconoci\u00f3. Por consiguiente, el hecho de que se niegue que hayan sido los paramilitares, no controvierte de forma alguna que haya sumado a los bastantes motivos que ten\u00eda la familia BARBOZA FUENTES para verse compelida a dejar la finca, pues si el opositor dio cuenta del impacto que gener\u00f3 en la comunidad en general, de contera, caus\u00f3 mayor escozor y temor a quienes fueron sus patronos, m\u00e1xime si el presunto m\u00f3vil del asesinato tuvo relaci\u00f3n con el ganado que de manera forzada le entregaron a miembros de esa organizaci\u00f3n criminal por parte de la guerrilla al se\u00f1alarlo de su auxiliador de la guerrilla, entonces, con m\u00e1s veras era apenas natural y razonable que el reclamante y su pareja se sintieran acorralados y asustados\u00bb. <\/p>\n
A continuaci\u00f3n, arguy\u00f3 que, \u00abEn el intento por desvirtuar los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n tambi\u00e9n se neg\u00f3 que la finca El Placer hubiera sido abandonada, argument\u00e1ndose que la raz\u00f3n del desamparo del predio era la falta de tiempo para ocuparse de su aprovechamiento. El estado de dejadez fue as\u00ed referenciado por los opositores, los testigos practicados a su instancia y varias de las declaraciones extraprocesales incorporadas, no obstante, no se logr\u00f3 acreditar que en efecto esa fuera la hip\u00f3tesis que lo caus\u00f3 en tanto en realidad no se detall\u00f3 el motivo por el cual intempestivamente se descuid\u00f3, porque antes del 2001, mientras los reclamantes trabajaban en el casco municipal como funcionario p\u00fablico y profesora, era explotada regular y continuamente con actividades pecuarias mediante un delegado y la frecuentaban peri\u00f3dicamente. De donde se sigue que a\u00fan con sus labores en el pueblo estos s\u00ed atend\u00edan su predio y estaban interesados en usufructuarla, pero entonces, se insiste, el hostigamiento y extorsi\u00f3n con el asunto del ganado imposibilit\u00f3 esa utilizaci\u00f3n, del cual, se itera, hasta ALDEMAR TORRES tuvo conocimiento\u00bb. <\/p>\n
Adujo que \u00abCon el mismo prop\u00f3sito concluy\u00f3 la parte opositora que el inmueble no correspond\u00eda a un predio moral o econ\u00f3micamente importante para la familia BARBOZA FUENTES para intentar demostrar que su p\u00e9rdida no era significativa, asunto que, en realidad ni siquiera qued\u00f3 demostrado seg\u00fan era su carga (Art. 78 Ley 1448 de 2011), pues de la sola existencia de otro predio en el casco urbano a tal conclusi\u00f3n no se podr\u00eda llegar. Pero en todo caso, pierde sentido ante la evidencia de que, en verdad, se insiste, lo visitaban y explotaban asiduamente, tanto que desde el 2013 lo est\u00e1n reclamando en restituci\u00f3n, lo que pasa es que cuando hay que ponderar entre salvaguardar la vida y un bien patrimonial, la l\u00f3gica indica que se debe privilegiar \u00e9sta, como en efecto hicieron los actores\u00bb. <\/p>\n
En conclusi\u00f3n, determin\u00f3 que, \u00abde cara a la presunci\u00f3n de buena fe (Art. 5, Ley 1448 de 2011) que orbita sobre los dichos del accionante, bastando incluso solo sus narraciones para dar por acreditado los da\u00f1os que sufri\u00f3, sumado a que resulta coherente con la versi\u00f3n de su esposa, y sin lograr ser desvirtuada por la parte opositora, deviene demostrado el abandono forzado que finc\u00f3 la solicitud, configur\u00e1ndose as\u00ed el supuesto de que trata el art\u00edculo 74 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
En esta medida, el Tribunal hall\u00f3 acreditado en el plenario que \u00ablos reclamantes se vieron avocados a ofertar el inmueble con ocasi\u00f3n a la imposibilidad de retornar y continuar explotando y disfrut\u00e1ndolo y con el \u00e1nimo de recuperar de alg\u00fan modo la inversi\u00f3n hecha y las ya abundantes p\u00e9rdidas ante la forzada entrega de las cabezas de ganado y su abandono\u00bb. <\/p>\n
Y a\u00f1adi\u00f3 que, \u00abEn este orden de ideas, tambi\u00e9n deviene demostrada la ocurrencia del despojo jur\u00eddico (Art. 74, Ley 1448 de 2011) (\u2026)\u00bb, en tanto que \u00abla interpretaci\u00f3n de la norma se encamina a entender que las negociaciones que tienen por origen un motivo vinculado con el conflicto armado son ausentes de consentimiento, pero no siempre porque sea la intimidaci\u00f3n directa proveniente de los adquirientes sino por cuanto puede ser tambi\u00e9n la fuerza de las circunstancias y del escenario b\u00e9lico la que vicia la voluntad de los tradentes\u00bb. Asimismo, \u00aben cuanto a la temporalidad es evidente que las circunstancias analizadas sucedieron con posterioridad al l\u00edmite -fijado en el art\u00edculo 75 ib\u00edd, 1 de enero de 1991- aspecto que tampoco fue debatido en juicio\u00bb. <\/p>\n
De lo expuesto concluy\u00f3 que, \u00abacreditados todos los elementos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, corresponder\u00eda dar aplicaci\u00f3n a lo dispuesto en el literal e) del numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 77 ib\u00edd frente a la inexistencia y nulidad de los contratos, no obstante, ante el mantenimiento del estado de cosas sobre el predio, como se disertar\u00e1 enseguida, esta orden quedar\u00e1 suspendida hasta que se resuelva sobre la presencia de segundos ocupantes\u00bb. <\/p>\n
Ahora bien, el Colegiado se ocup\u00f3 de las excepciones propuestas por los opositores, empezando por la buena fe exenta de culpa, para lo cual valor\u00f3 las declaraciones y testimonios debidamente decretados y practicados, resaltando que \u00abse evidencia que, aunque los opositores s\u00ed sab\u00edan la historia traditicia del inmueble y tuvieron conocimiento de la explicaci\u00f3n sobre el m\u00f3vil de la venta que supuestamente anunci\u00f3 TOMAS ENRIQUE BARBOZA, seg\u00fan la probanza explanada, lo cierto es que, a\u00fan a sabiendas de que este fue extorsionado por los paramilitares, de que el administrador de la finca fue asesinado por motivos anejados con la forzada entrega del ganado del accionante -pues mem\u00f3rese que as\u00ed lo narr\u00f3 ALDEMAR TORRES- y del total descuido de la propiedad, no se preocuparon o pretermitieron indagar si la raz\u00f3n de la tradici\u00f3n ten\u00eda alguna relaci\u00f3n con el conflicto armado, con esos hostigamientos ni por corroborar que ese mal estado no tuviera nada que ver con lo propio. Con m\u00e1s veras cuando eran de la regi\u00f3n y por ello notaban de primera mano la violencia desatada all\u00ed y en el corregimiento, siendo tan notoria que en el 2005 la Gobernaci\u00f3n inscribi\u00f3 en la matr\u00edcula del predio la declaratoria de zona de riesgo inminente de desplazamiento y que obviamente si se registr\u00f3 en esa fecha era por circunstancias an\u00f3malas que ven\u00edan acaeciendo con anterioridad\u00bb. <\/p>\n
Y agreg\u00f3 que, \u00absi en efecto fuere verdad que TOMAS ENRIQUE BARBOZA les indic\u00f3 que el abandono era porque a \u00e9l y su esposa les faltaba tiempo para atender la finca, pues no es un aspecto novedoso, por ello ten\u00edan un mayordomo y solo la visitaban los fines de semana o en festivos, pero resulta que, las declaraciones incorporadas por los contradictores e incluso LUZ ELENA CASTA\u00d1O, tambi\u00e9n dijeron que era con ocasi\u00f3n a que ya nadie quer\u00eda administrarles, lo cual deviene l\u00f3gico por la presencia persistente de la violencia en la zona y por sobre todo despu\u00e9s de que se hicieron p\u00fablicas las razones por las que mataron a su cuidador. En otras palabras, los opositores ten\u00edan suficientes elementos para advertir esa relaci\u00f3n de causalidad de la venta con las afectaciones generadas por el conflicto y no obstante, decidieron adquirir\u00bb. <\/p>\n
Dicho esto, advirti\u00f3 que \u00abser\u00eda el caso proceder con el an\u00e1lisis frente a la existencia de segundos ocupantes en el predio, sin embargo, como se ver\u00e1, con los elementos de juicio obrantes en el proceso no se cuenta con la certeza para determinar el asunto\u00bb. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal encontr\u00f3 debidamente probados los presupuestos axiol\u00f3gicos de la acci\u00f3n de restituci\u00f3n de tierras, contenidos en la Ley 1448 de 2011. No obstante, el Colegiado tambi\u00e9n dej\u00f3 para decisi\u00f3n posterior la suerte del inmueble, en la medida en que no encontr\u00f3 suficientes probanzas para definir la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes -ahora tutelantes. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, el estudio razonado del material probatorio y de las normas aplicables al caso, le permitieron concluir al Tribunal que en el sub examine los opositores no hab\u00edan demostrado su actuar con buena fe exenta de culpa. <\/p>\n
4.- As\u00ed las cosas, se observa que los cuestionamientos esgrimidos por los gestores, con miras a cuestionar la actuaci\u00f3n rebatida, son propios de un disentimiento particular frente a los argumentos que tuvo en cuenta la autoridad judicial demandada para denegar lo pretendido por los aqu\u00ed accionantes. <\/p>\n
Al respecto, debe recordarse que este tipo de disconformidades no habilitan la intervenci\u00f3n del juez constitucional, por cuanto lo que hace es insistir (indirectamente) sobre puntos resueltos de fondo en esa causa. A su turno, se revela con ello la intenci\u00f3n de utilizar el resguardo como un recurso adicional, perdiendo as\u00ed su car\u00e1cter excepcional y residual. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala ha sostenido, de un lado, que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticas del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb (CSJ STC.7 mar. 2008, Rad. 2007-00514-01); y, de otro, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (CSJ STC 28 mar. 2012, Rad. 00022-01). <\/p>\n
Adicionalmente, en cuanto ata\u00f1e a la valoraci\u00f3n probatoria, la Sala tiene sentado que este mecanismo constitucional no da p\u00e1bulo para obtener un nuevo estudio de las pruebas recaudadas en el proceso, como se reclama. En ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n ha establecido que: <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia(\u2026)\u2019\u00bb (CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00 reiterado en STC7213-2020 del 11 de septiembre del 2020). <\/p>\n
<\/p>\n
En el sub examine, no es posible devolvernos a la reconstrucci\u00f3n y a un nuevo an\u00e1lisis de las probanzas allegadas al plenario, m\u00e1xime teniendo en cuenta que, como se dijo atr\u00e1s, la decisi\u00f3n cuestionada se encuentra motivada razonadamente, con base en las pruebas consideradas. <\/p>\n
<\/p>\n
En el mismo sentido, esta Sala ha se\u00f1alado, en reiterada y profusa jurisprudencia, que <\/p>\n
<\/p>\n
\u00ab(\u2026) al sentenciador de tutela le est\u00e1 vedado reexaminar si el juzgador acusado realiz\u00f3 la m\u00e1s convincente o adecuada de las interpretaciones, pues tal tarea est\u00e1 por fuera de sus facultades, ya que \u2018\u2026independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica del juzgador ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho\u2019\u00bb (CSJ STC, 20 sep. 2012, rad. 2012-00245-01; reiterado en STC. 14 sep. 2020, Rad. 2020-00458-01). <\/p>\n
5.- Por lo dem\u00e1s, no escapa a esta Sala que los accionantes alegaron un supuesto defecto procedimental del proceso de marras, debido a que no se habr\u00eda notificado al se\u00f1or Carlos Julio Torres D\u00edaz en calidad de heredero del se\u00f1or Pascual Torres Llanes (Q.E.P.D.). No obstante, este asunto fue definido en el auto del 8 de julio de 2019, en el que, tras recibir el memorial de la Unidad de Restituci\u00f3n de Tierras (fechado el 28 de junio de esa anualidad) por el cual se alleg\u00f3 al proceso la constancia del emplazamiento de los herederos del referido se\u00f1or, el Juzgado accionado advirti\u00f3 que \u00abse dio cumplimiento a lo preceptuado en el literal \u201ce\u201d del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011, con el cual se entiende surtido el traslado de la solicitud a las personas determinadas e indeterminadas que deben comparecer al proceso para hacer valer sus derechos leg\u00edtimos; y a quienes se consideran afectados en este proceso de restituci\u00f3n (\u2026)\u00bb y, en esta medida, las censuras contra dicho prove\u00eddo no pueden ser estudiadas por esta Sala, por carecer del requisito de inmediatez. <\/p>\n
En otras palabras, la notificaci\u00f3n a los herederos del se\u00f1or Pascual Torres frente a la solicitud de restituci\u00f3n de tierras Llanes se surti\u00f3 en los t\u00e9rminos del literal e) del art\u00edculo 86 de la Ley 1448 de 2011 y as\u00ed se determin\u00f3 en el referido auto, que qued\u00f3 ejecutoriado en su momento. <\/p>\n
En ese aspecto, la jurisprudencia ha precisado que <\/p>\n
\u00ab(\u2026) si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros (\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00, STC2015, 29 en. rad. 00014- 00, STC2015, 19 feb. rad. 00278-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015, 26 mar, rad. 0590-00, STC10258-2015, 6 ago. Rad. 2015-01691-00. Reiterada en STC7721-2020, 24 dic. Rad. 2020-00030-01) (Se subraya). <\/p>\n
6.- Los tutelantes tambi\u00e9n cuestionaron la falta de vinculaci\u00f3n al proceso de personas que tendr\u00edan la calidad de segundos ocupantes del predio en cuesti\u00f3n, frente a lo cual adujeron que, por auto del 9 de octubre de 2018 se \u00aborden\u00f3 vincular a la actuaci\u00f3n corri\u00e9ndoles traslado de demanda MAR\u00cdA DOLORES MAR\u00cdN DE CASTA\u00d1A, ARNOLDO CATA\u00d1O MAR\u00cdN y MAR\u00cdA DEL CARMEN CASTA\u00d1O (MARIN) lamentablemente en posterior decisi\u00f3n del dieciocho de junio de dos mil diecinueve (18-06-2019) y sin a\u00fan haberse procedido a tales notificaciones, sin causal legal o sustento v\u00e1lidos (\u2026) se dispuso dejar sin efectos la anterior orden de vinculaci\u00f3n; sin al menos -se reitera- designarles representante judicial\u00bb. <\/p>\n
Pues bien, como afirmaron los propios promotores, este asunto lo defini\u00f3 el Juzgado convocado en auto del 18 de junio de 2019, por medio del cual advirti\u00f3 que \u00aben el numeral quinto del auto fechado nueve (9) de octubre de dos mil dieciocho (2.018) se hab\u00eda ordenado err\u00f3neamente vincular al presente tr\u00e1mite a los se\u00f1ores MARIA DOLORES MARIN DE CASTA\u00d1O, ARNALDO CASTA\u00d1O MARIN y MARIA DEL CARMEN CASTA\u00d1O como ocupantes del predio solicitado, habi\u00e9ndose ya surtido la publicaci\u00f3n del edicto, siendo esta la etapa procesal pertinente para que estos se presentaran a ejercer oposici\u00f3n a los hechos y pretensiones de la solicitud; en consecuencia, d\u00e9jese sin efectos el mencionado numeral\u00bb. <\/p>\n
Nuevamente, en la medida en que lo que se cuestiona es una decisi\u00f3n del 18 de junio de 2019, esta solicitud carece del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Lo anterior, sin perjuicio de se\u00f1alar que el Tribunal en el fallo cuestionado expresamente resolvi\u00f3 \u00abconservar el statu quo respecto del inmueble reclamado hasta tanto se resuelva la situaci\u00f3n de los segundos ocupantes\u00bb y, en consecuencia, no se ha emitido una decisi\u00f3n definitiva sobre el particular, lo cual impide al juez constitucional adelantarse a analizar una situaci\u00f3n que debe ser resuelta por el competente, quien deber\u00e1 determinar qu\u00e9 derechos les asisten a quienes se dicen segundos ocupantes, seg\u00fan corresponda. <\/p>\n
7.- Por \u00faltimo, los gestores plantearon su inconformidad por el hecho de que el aval\u00fao comercial del inmueble no habr\u00eda sido incorporado al proceso de marras. Al respecto, esta Sala resalta que, en el auto de 13 de septiembre de 2019, el Juzgado convocado se\u00f1al\u00f3 que \u00abrevisada la actuaci\u00f3n es bueno recordarle al abogado de la parte opositora que el tr\u00e1mite adelantado en esta jurisdicci\u00f3n es el consagrado en la Ley 1448 de 2011; por ende, se aplica el procedimiento t\u00e1cito en la referida Ley, el cual es una justicia transicional, especial y sumaria: Por lo anterior el aval\u00fao comercial aportado por el mandatario judicial de la parte opositora como se se\u00f1al\u00f3 se encuentra anexado a la actuaci\u00f3n con prove\u00eddo de fecha 11 de diciembre de 2018, cuando fuera reconocido como sujeto procesal (opositor). Por ende, el cual ser\u00e1 valorado al momento de tomarse la decisi\u00f3n de fondo que en derecho corresponda\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, los cuestionamientos que puedan surgir frente a dichos prove\u00eddos tambi\u00e9n devienen improcedentes, por carecer del requisito de inmediatez. <\/p>\n
Sin embargo, se reitera lo expuesto con anterioridad, en el sentido que la sentencia rebatida se motiv\u00f3 razonadamente en un an\u00e1lisis de las probanzas allegadas, la normativa que gobierna el asunto y la jurisprudencia considerada, hermen\u00e9utica plausible por la cual concluy\u00f3 que se hab\u00edan acreditado los presupuestos para la restituci\u00f3n y que no estaban debidamente soportadas las oposiciones presentadas. <\/p>\n
8.- Lo anterior no obsta para se\u00f1alar que, si los actores consideran que se configur\u00f3 una nulidad no saneada en el proceso u ocurrida en la sentencia, por falta de notificaci\u00f3n o de emplazamiento, lo procedente es acudir a la autoridad de conocimiento, atendiendo car\u00e1cter residual y subsidiario de la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
9.- De acuerdo con lo discurrido, no se otorgar\u00e1 la salvaguarda impetrada. <\/p>\n
<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo reclamado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8147-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8147-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01955-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de julio dos mil veintiuno (2021). La Sala decide el resguardo constitucional promovido por Luz Elena Casta\u00f1o Mar\u00edn, Aldemar […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55412","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55412","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55412"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55412\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55412"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55412"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55412"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}