STC8148-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8148-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01935-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de treinta de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., dos (02) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Marina Valencia de Camelo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la misma localidad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso de pertenencia a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La promotora de la salvaguarda reclama a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la dignidad humana, a la igualdad, a la \u00abprevalencia del derecho sustancial\u00bb y a la \u00abprescripci\u00f3n\u00bb, presuntamente conculcados por la Colegiatura accionada, con la sentencia emitida en sede de apelaci\u00f3n, en el marco del proceso de usucapi\u00f3n que promovi\u00f3 contra los herederos indeterminados de Campo El\u00edas Camelo Sierra, identificado con radicado No. 2018-00267-00. <\/p>\n
2. En apoyo de su reparo aduce en s\u00edntesis, en un escrito copioso, y luego de hacer una narraci\u00f3n detallada de los hechos que dieron origen al mentado pleito, as\u00ed como de lo acontecido en tr\u00e1mite de ambas instancias procesales, que el mismo recae sobre el predio que se halla ubicado en \u00abla carrera 12 #18-58 barrio Campo Hermoso\u00bb, identificado con el folio de matr\u00edcula No. 100-49317 de la oficina de registro de instrumentos p\u00fablicos de Medell\u00edn, el cual le fue adjudicado en cuota del 89,41% en sentencia adiada 27 de octubre de 1981 dictada por el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales, a la luz del juicio de sucesi\u00f3n del causante Antonio Camelo Sierra. <\/p>\n
Indica que por su parte, el se\u00f1or Campo El\u00edas Camelo Sierra, quien falleci\u00f3 el 4 de abril de 1988, si bien ostentaba la titularidad del 10.59% restante, nunca despleg\u00f3 actos posesorios, siendo ella la \u00fanica quien s\u00ed los ejerci\u00f3 por m\u00e1s de 30 a\u00f1os, motivo por el cual demand\u00f3 la pertenencia, por la v\u00eda de la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio extraordinaria, pretensi\u00f3n que fue desestimada por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de la citada urbe, en providencia del 23 de octubre de 2020, desestim\u00f3 las pretensiones de la demanda por considerar, \u00abque la adquisici\u00f3n de una cuota parte es imposible determinarla materialmente, y que dicha circunstancia ir\u00eda en contra de lo determinado por el legislador en el art\u00edculo 1374 del C\u00f3digo Civil. Indic\u00f3, igualmente en la sentencia aludida, que no era procedente la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio en favor de la parte demandante, por cuanto no pueden coexistir la calidad de comunero y poseedor en una misma cabeza\u00bb. <\/p>\n
Alega que en vista de lo resuelto, apel\u00f3 dicha determinaci\u00f3n, del cual conoci\u00f3 el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, Sala Civil Familia, quien la confirm\u00f3 \u00abaduciendo razones sustancialmente distintas a las invocadas por el operador jurisdiccional inferior\u00bb, estas son, que i) \u00abel material probatorio indica que el bien inmueble objeto de la acci\u00f3n, adem\u00e1s de ser propiedad de una entidad territorial, se encuentra destinado al uso p\u00fablico\u00bb, y que ii) \u00abcon fundamento en dicho razonamiento, el inmueble es un bien imprescriptible, acorde con lo consagrado en el art\u00edculo 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculo 674, art\u00edculo 2518, art\u00edculo 2519 del C\u00f3digo Civil y el art\u00edculo 375 del C.G.P.\u00bb, circunstancias por las cuales acude a la presente senda constitucional, comoquiera que \u00abse evidencia una contradicci\u00f3n por parte de la Sala Civil familia del citado Tribunal Superior, por cuanto da a entender que existe una interpretaci\u00f3n errada frente a los supuestos f\u00e1cticos del caso que nos compete, toda vez que, se\u00f1ala que \u2026\u201cEl 89.41% sobre el que ostentaba el dominio fue enajenado al municipio de Manizales debido a la expropiaci\u00f3n dispuesta en la Resoluci\u00f3n N\u00b0 289 del 10 de diciembre del 2018\u2026\u201d, por cuanto confunde la expropiaci\u00f3n administrativa con una enajenaci\u00f3n forzada\u00bb; adem\u00e1s que \u00abse denota otra imprecisi\u00f3n por parte del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, cuando se\u00f1ala que la parte actora no logr\u00f3 demostrar la interversi\u00f3n del t\u00edtulo, esto es, de comunera a poseedora\u00bb. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 18 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. Al momento del registro del fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Cuando el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica cre\u00f3 la acci\u00f3n de tutela como un procedimiento preferente y sumario al alcance del ciudadano, para reclamar la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales en caso de que \u00e9stos fueran vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica, lo hizo bajo la insoslayable premisa de que no dispusiera el afectado de \u00abotro medio de defensa judicial\u00bb, salvo que la acci\u00f3n se utilizara como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
En ese orden, debe recordarse que el amparo constitucional se caracteriza por la prevalencia del principio de la subsidiariedad, ya que s\u00f3lo procede ante la ausencia de un instrumento jur\u00eddico eficaz para la salvaguarda oportuna del derecho objeto de violaci\u00f3n o amenaza, y por lo tanto, no puede consider\u00e1rsele como un mecanismo alternativo o adicional del presunto afectado con la vulneraci\u00f3n, pues su finalidad no consiste en remplazar los tr\u00e1mites establecidos por el legislador para la protecci\u00f3n de los derechos de los ciudadanos. <\/p>\n
En armon\u00eda con esos postulados, el art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991, que regula la acci\u00f3n de tutela, previ\u00f3 las causales de improcedencia, entre las cuales se destaca la existencia de \u00abotros recursos o medios de defensa judicial\u00bb, dejando a salvo igual principio al consagrado por el Constituyente respecto a que se utilizara como \u00abmecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable\u00bb, advirtiendo eso s\u00ed que la existencia de esos medios ser\u00eda apreciada \u00aben concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante\u00bb. <\/p>\n
2. En el presente caso, Marina Valencia de Camelo, cuestiona lo resuelto en la sentencia emitida el 12 de mayo del a\u00f1o en curso por la Sala Civil Familia del Tribunal Manizales, que mantuvo \u00edntegramente la decisi\u00f3n desestimatoria dictada en primer grado por el Juzgado Sexto Civil del Circuito de esa misma circunscripci\u00f3n, pero atendiendo aspectos distintos a los fijados al momento de sustentarse la apelaci\u00f3n relativos a la calidad del inmueble pretendido en el juicio de usucapi\u00f3n que instaur\u00f3 contra los herederos indeterminados de Campo El\u00edas Camelo Sierra. <\/p>\n
3. Sin embargo, a juicio de la Sala, revisado el contenido de la citada providencia, se observa que la Colegiatura accionada abord\u00f3 el estudio del caso con sujeci\u00f3n a la normatividad y jurisprudencia aplicable al asunto, y apreci\u00f3 los medios probatorios recaudados en el tr\u00e1mite, conforme con las reglas de valoraci\u00f3n dispuestas en el vigente Estatuto Procesal Civil, tarea de la cual concluy\u00f3, en lo esencial, que independiente de los argumentos del juez cognoscente, lo cierto es que, al analizarse el cumplimiento de los presupuestos procesales para la procedencia de la acci\u00f3n de pertenencia, se advert\u00eda el incumplimiento de uno de ellos, en tanto que el bien inmueble solicitado no era susceptible de ser adquirido por el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n, en tanto que <\/p>\n
\u00aben el sub lite qued\u00f3 demostrado que el inmueble materia de la pertenencia es un bien de dominio p\u00fablico. Seg\u00fan el certificado de tradici\u00f3n No. 100-49317, la titularidad del derecho de dominio radica en cabeza del Municipio de Manizales, adquirido as\u00ed: <\/p>\n
– Expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa de cuota de 10.59% a nombre de Campo El\u00edas Camelo Sierra, a trav\u00e9s de Resoluci\u00f3n No. 281 del 10 de diciembre de 201810, inscrita el d\u00eda 9 de enero de 2019, anotaci\u00f3n No. 20. <\/p>\n
– Compraventa de derechos de cuota de 89.41% que pertenec\u00edan a Marina Valencia de Camelo, a trav\u00e9s de escritura p\u00fablica No. 276 del 21 de enero de 2019, inscrita el d\u00eda 29 de enero de 2019, anotaci\u00f3n No. 21. <\/p>\n
En las consideraciones de la Resoluci\u00f3n 281 -por la cual se dispone la expropiaci\u00f3n por v\u00eda administrativa de una cuota parte del bien inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria No. 100- 49317 y ficha catastral n\u00famero 010400300006000, ubicado en la Carrera 12 18-58 barrio Campohermoso de la ciudad de Manizales, Caldas, cuota parte de propiedad del se\u00f1or Campo El\u00edas Camelo Sierra y quien se reputa como propiedad de una cuota parte de este inmueble- se dej\u00f3 se\u00f1alado que la adquisici\u00f3n del bien era indispensable por su ubicaci\u00f3n estrat\u00e9gica para dar continuidad a la ejecuci\u00f3n de obras dentro del \u00e1rea de desarrollo del sistema vial del Macroproyecto de Inter\u00e9s Social Nacional Centro Occidente de Colombia San Jos\u00e9, Avenida Marcelino Palacio \u2013 Avenida Bernardo Arango de Manizales. <\/p>\n
Las pruebas rese\u00f1adas demuestran que el inmueble objeto de la acci\u00f3n no solo es propiedad de una Entidad Territorial, sino que est\u00e1 destinado al uso p\u00fablico, en la medida que se encuentra incorporado al sistema vial de un macroproyecto de inter\u00e9s social, de ah\u00ed que deba considerarse imprescriptible, acorde con lo consagrado en los art\u00edculos 63 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, 674, 2518 y 2519 del C\u00f3digo Civil, y 375 del C\u00f3digo General del Proceso, pues tal como punte\u00f3 el \u00d3rgano de cierre en lo civil \u201c\u2026el r\u00e9gimen de la usucapi\u00f3n es exclusivo de los bienes susceptibles de dominio particular, o, lo que es lo mismo, los bienes de dominio p\u00fablico no est\u00e1n cobijados por las normas que rigen la declaraci\u00f3n de pertenencia, por lo que un eventual proceso de esta \u00edndole no tiene la aptitud de cambiar la naturaleza jur\u00eddica de un bien del Estado de imprescriptible a prescriptible\u00bb. <\/p>\n
Y acerca de la fecha en que fue proferida la aludida resoluci\u00f3n estableci\u00f3, de manera razonable, que \u00abaunque la tradici\u00f3n del derecho de dominio del Municipio sobre el 10.59% del predio se consolid\u00f3 el 9 de enero de 2019, cuando el acto qued\u00f3 inscrito en el folio de matr\u00edcula inmobiliaria, es imposible soslayar que el predio fue declarado objeto de un inter\u00e9s supremo con antelaci\u00f3n -27 de septiembre de 2018- y que la expropiaci\u00f3n se decret\u00f3 desde el 10 de diciembre de 2018, esto es, previo a la presentaci\u00f3n de la demanda de pertenencia\u00bb. <\/p>\n
4. Por virtud de lo anterior, se descarta la eventualidad de predicar que en la demarcada providencia el Tribunal acusado hubiera incurrido en una actitud susceptible de ser cuestionada positivamente a trav\u00e9s de esta excepcional herramienta, dado que, seg\u00fan acaba de verse, la misma est\u00e1 soportada en la normatividad y jurisprudencia aplicable al tema en discusi\u00f3n, as\u00ed como en una correcta valoraci\u00f3n de las pruebas all\u00ed citadas, las cuales evidencian con suma claridad que el predio pretendido por el accionante es de dominio p\u00fablico, y por ende, imprescriptible, por lo que independientemente que a la fecha de presentaci\u00f3n de la demanda de usucapi\u00f3n a\u00fan no se hab\u00eda emitido la resoluci\u00f3n que orden\u00f3 su expropiaci\u00f3n, lo cierto es que, antes s\u00ed exist\u00eda \u00abmedida cautelar por oferta de compra del Municipio de Manizales a la se\u00f1ora Marina Valencia de Camelo (anotaci\u00f3n No. 10), y luego, el 27 de septiembre de 2018, se registr\u00f3 medida cautelar de declaratoria de utilidad p\u00fablica e inter\u00e9s social (anotaci\u00f3n No. 11), de suerte que desde esas datas se ten\u00eda presente que sobre el bien reca\u00eda una afectaci\u00f3n por ser necesario para el beneficio p\u00fablico y de inter\u00e9s del Municipio de Manizales (\u2026), pudi\u00e9ndose concluir que en alg\u00fan momento ser\u00eda objeto de compraventa o expropiaci\u00f3n por parte del ente territorial\u00bb. <\/p>\n
5. Ahora, cabe recordar frente al reproche de la inconforme concerniente a que en su caso no se dio igual soluci\u00f3n a la adoptada por la Sala Civil Familia del Tribunal de Manizales, en procesos de similar naturaleza en los que otrora se analiz\u00f3 la tem\u00e1tica ahora cuestionada, debe traerse a colaci\u00f3n el precedente sentado por esta Sala en casos an\u00e1logos al que ahora, en lo que se explic\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abEn relaci\u00f3n con la presunta vulneraci\u00f3n del derecho a la igualdad, porque \u201cotros despachos judiciales\u201d les han concedido dicho beneficio a sentenciados que se encuentran en las mismas circunstancias que la suya, debe tenerse en cuenta que, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala, los jueces \u201cest\u00e1n perfectamente facultados para decidir de manera independiente y aut\u00f3noma, ya que acoger el precedente jurisprudencial o de cumplir con la carga de exponer los motivos por los cuales no se atiende, s\u00f3lo recae cuando aqu\u00e9l proviene de un superior jer\u00e1rquico, mas no como aqu\u00ed acontece con otros funcionarios situados en el mismo v\u00e9rtice o en grado inferior de la estructura de la administraci\u00f3n de justicia, evento en el cual lo \u00fanico exigible es que la providencia se encuentre debidamente motivada\u201d (sents. del 15 de noviembre y del 12 de diciembre de 2005, exp. T No. 01892-01 y 2279-01). (CSJ STC61725-2020). <\/p>\n
6. As\u00ed, entonces, las anteriores razones suficientes para concluir que el amparo invocado est\u00e1 llamado al fracaso. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el asunto a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZALEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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