STC8153-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8153-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01364-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio Sarmiento Aguilar, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja y el Juzgado Segundo Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al cual fue vinculada la Sociedad de Activos Especiales (S A E), y la Fiscal\u00eda Treinta y Siete Especializada adscrita a la Unidad de Fiscal\u00edas Nacionales para la Extinci\u00f3n de Dominio. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Actuando por conducto de apoderado, el querellante reclama la protecci\u00f3n de su garant\u00eda esencial al debido proceso, supuestamente conculcada por las autoridades convocadas, al dictar los prove\u00eddos de 17 de septiembre y 30 de noviembre de 2020, por medio de los cuales resolvieron en primera y segunda instancia, sobre el rechazo de la demanda de pertenencia n.\u00ba 2020-00093. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del presente amparo, los siguientes: <\/p>\n
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1. El 5 de agosto de 2020, Jos\u00e9 Antonio Sarmiento Aguilar promovi\u00f3 el precitado juicio en contra de Rosa Leonor Aunta L\u00f3pez, pretendiendo que se declarara due\u00f1o, por usucapi\u00f3n, del predio identificado con matr\u00edcula n.\u00ba 070-79810, ubicado en la ciudad de Tunja. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Civil del Circuito de esa ciudad, quien mediante prove\u00eddo de 17 de septiembre de 2020 rechaz\u00f3 de plano la demanda \u00ab(\u2026) por solicitarse la prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio sobre un bien sobre el que pesa una limitaci\u00f3n dispuesta por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes vigente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. El convocante interpuso reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n contra el citado auto; no obstante, tal determinaci\u00f3n fue refrendada por la Sala Civil Familia del Tribunal de Tunja el 30 de noviembre siguiente. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Inconforme con las referidas providencias, Sarmiento Aguilar acude en tutela aduciendo que aunque sobre el predio recae una medida cautelar que se origina en un proceso de extinci\u00f3n de dominio, lo cierto es que, tal circunstancia no interrumpe la prescripci\u00f3n, precisa que, \u00ab(\u2026) el no incorporarse por el legislador dicha causa como factor interruptor de la prescripci\u00f3n en las enunciaciones que la determina en forma civil o natural, no es posible tampoco por el juzgado incluirla en tal forma porque desbordar\u00eda la funci\u00f3n interpretativa\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Aunque expresamente el convocante no formula ninguna pretensi\u00f3n, se extrae de lo anterior, que su aspiraci\u00f3n se circunscribe a que se dejen sin valor ni efecto los prove\u00eddos de 17 de septiembre y 30 de noviembre de 2020, proferidos por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja, y la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de ese distrito judicial, respectivamente. <\/p>\n
RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
La Sociedad de Activos Especiales, precis\u00f3 que los hechos a los que se refiere la solicitud de amparo se encuentran relacionados con el inmueble identificado con matr\u00edcula inmobiliaria 070-79810 ubicado en la carrera 4 B 5A 34, de la ciudad de Tunja, sobre el cual recae medida cautelar de embargo, secuestro y suspensi\u00f3n del poder dispositivo ordenada por la Fiscal\u00eda Treinta y Siete Especializada adscrita a la Unidad Nacional de Fiscal\u00edas para la Extinci\u00f3n del Derecho de Dominio y Contra el Lavado de Activos, acto debidamente inscrito en las anotaci\u00f3n n.\u00b0 12 del respectivo folio. <\/p>\n
Inform\u00f3 que, conforme a lo dispuesto en el C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio, su rol se circunscribe a la de \u00abmero administrador si\u00e9ndole completamente ajeno el detalle de las diligencias, tiempos y decisiones que por las autoridades investigativas y judiciales son realizadas, as\u00ed\u0301 como aquellas decisiones tomadas por jueces de jurisdicci\u00f3n diferente. Es decir, la SAE SAS \u00fanicamente se ocupa de implementar los mecanismos administrativos fijados por la Ley de extinci\u00f3n de dominio sobre los bienes que por su vinculaci\u00f3n a un proceso de esta naturaleza le son puestos a disposici\u00f3n, los cuales se encuentran fuera del dominio particular hasta tanto se tome una decisi\u00f3n de fondo sobre la acci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, as\u00ed\u0301 las cosas, los mismo son imprescriptibles por estar bajo administraci\u00f3n del Estado por conducto del FRISCO\u00bb. <\/p>\n
Destac\u00f3, que \u00abla inconformidad del accionante tiene origen, b\u00e1sicamente en los lineamientos que cobijan los bienes sobre los cuales se decretaron medidas cautelares de embargo, secuestro y consecuente suspensi\u00f3n del poder dispositivo (\u2026) por lo tanto, se debe recordar que las resoluciones judiciales de inicio de los procesos de extinci\u00f3n de domino cobran firmeza inmediata a su expedici\u00f3n, en consecuencia, la jurisdicci\u00f3n especial\u00edsima de EXTINCION DE DOMINIO adquiri\u00f3\u0301 COMPETENCIA para resolver sobre la extinci\u00f3n del dominio de los bienes inmuebles y sobre las situaciones particulares de cada sujeto afectado. Excluyendo as\u00ed\u0301 a las dem\u00e1s jurisdicciones para conocer de estos asuntos\u00bb (Negrilla en texto). <\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, que \u00abel accionante cuenta con la posibilidad de acudir ante la jurisdicci\u00f3n de extinci\u00f3n de dominio, en aras de que sea esta la que dirima la controversia y examine las pretensiones de este. As\u00ed\u0301 las cosas, esta Sociedad ha actuado en desarrollo de la funci\u00f3n que le compete y con total respeto a los par\u00e1metros normativos que el ejercicio de su actividad le impone, le solicito a este respetable despacho niegue por improcedente lo pretendido por intermedio de la acci\u00f3n de tutela incoada por la representante del accionante\u00bb. <\/p>\n
Reliev\u00f3, que \u00abcuando en el tr\u00e1mite de extinci\u00f3n de dominio existen elementos de juicio suficientes que permitan considerar el probable vinculo u origen de los bienes a las causales previstas para la procedencia de la acci\u00f3n ser\u00e1n objeto de la medida cautelar de suspensi\u00f3n del poder dispositivo, e incluso podr\u00e1n decretarse las de embargo, secuestro y toma de posesi\u00f3n de bienes, haberes y negocios de sociedades, establecimientos de comercio o unidades de explotaci\u00f3n econ\u00f3mica, con el fin de evitar que los bienes puedan ser ocultados, negociados, transferidos o puedan sufrir deterioro, extravi\u00f3 o destrucci\u00f3n; o con el prop\u00f3sito de cesar su uso o destinaci\u00f3n il\u00edcita\u00bb. <\/p>\n
En relaci\u00f3n con la imposici\u00f3n de medidas cautelares en procesos de extinci\u00f3n de dominio, dijo que estas \u00abimplican la limitaci\u00f3n a los atributos de la propiedad privada, esto es, (i) el ius utendi, que consiste en la facultad que le asiste al propietario de servirse de la cosa y de aprovecharse de los servicios que pueda rendir; (ii) el ius fruendi o fructus, que es la posibilidad del due\u00f1o de recoger todos los productos que acceden o se derivan de su explotaci\u00f3n; y (iii) el derecho de disposici\u00f3n, consistente en el reconocimiento de todas aquellas facultades jur\u00eddicas que se pueden realizar por el propietario y que se traducen en actos de disposici\u00f3n enajenaci\u00f3n sobre la titularidad del bien\u00bb. <\/p>\n
Solicit\u00f3, en consecuencia, denegar el amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
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1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja transgredi\u00f3 las garant\u00edas invocadas por el convocante, al dictar, en sede de apelaci\u00f3n, el auto de 30 de noviembre de 2020, que confirm\u00f3 el rechazo de la demanda de pertenencia n.\u00ba 2020-00093, con fundamento en que sobre el inmueble objeto del litigio recae una medida cautelar con ocasi\u00f3n de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
Esto \u00faltimo, en la medida en que, si bien el reclamo involucra la providencia dictada por el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tunja el 17 de septiembre de 2020, fue la dictada por su superior funcional la que defini\u00f3 el asunto. Al respecto, ha se\u00f1alado la jurisprudencia que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aunque el quejoso enfila su ataque contra la decisi\u00f3n de primera instancia, en esta sede constitucional es inane detenerse en ella, pues, al haber sido apelada y estudiada por el ad quem, fue sometida a la controversia que legalmente le corresponde ante el juez natural de tal manera que la valoraci\u00f3n sobre si se lesionaron los derechos fundamentales invocados debe hacerse frente al pronunciamiento definitivo, so pena de convertir este escenario en una instancia paralela a la ya superada\u00bb (CSJ STC, 2 may, 2014, rad. 00834-00, reiterada en STC2242, 5 mar. 2015). <\/p>\n
2. Procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales <\/p>\n
Acorde a los criterios jurisprudenciales de esta Corporaci\u00f3n, se ha dicho y reiterado, en l\u00ednea de principio, que la tutela no procede contra las decisiones o actuaciones jurisdiccionales, toda vez que, en aras a mantener inc\u00f3lumes los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica, al juez constitucional no le es dable inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o terminados, para variar las determinaciones proferidas o para disponer que se decida de cierta manera. <\/p>\n
Por regla de excepci\u00f3n, se tienen aquellos casos en donde el funcionario cognoscente ha incurrido en un proceder arbitrario y claramente opuesto a la ley, o ante la ausencia de otro medio efectivo de protecci\u00f3n judicial, eventos que luego de un ponderado estudio tornar\u00edan imperiosa la intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico. <\/p>\n
As\u00ed mismo se ha dicho que tampoco es posible acudir a esta herramienta supralegal para debatir la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por el fallador y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, pues, solo es posible activar este mecanismo ante un desafuero en dicho ejercicio. <\/p>\n
3. El caso concreto. De la razonabilidad de la decisi\u00f3n cuestionada <\/p>\n
3.1. Efectuado el an\u00e1lisis pertinente a la queja constitucional y, con observancia de las piezas procesales adosadas al expediente, la Sala establece que habr\u00e1 de desestimar el resguardo habida consideraci\u00f3n que la providencia censurada no constituye defecto espec\u00edfico de procedibilidad que conlleve a su revisi\u00f3n, sino que, por el contrario, obedece a un criterio jur\u00eddicamente fundamentado y, por ende, respetable. <\/p>\n
3.2. En efecto, para que la colegiatura ad quem confirmara el rechazo de la demanda formulada por el aqu\u00ed quejoso dijo que, de acuerdo con la documentaci\u00f3n allegada al tr\u00e1mite ordinario, \u00abespecialmente el certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja\u00bb el inmueble que se pretende adquirir, se encuentra afectado dentro de un proceso de extinci\u00f3n de dominio a cargo \u00abde la Sociedad de Activos Especiales\u00bb medida que se soporta en la \u00abLey 1708 de 2014, en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 88\u00bb. <\/p>\n
Dijo el tribunal que \u00abel certificado\u2026 tiene el prop\u00f3sito de mostrar la situaci\u00f3n en la que se encuentra el inmueble y de qui\u00e9n es el propietario actual del mismo, para de este modo dar claridad sobre la procedencia o no de la medida de inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia como lo ordena la Ley.\u00bb <\/p>\n
Para esa autoridad, la decisi\u00f3n del juzgado de primer grado \u00abobedece a un mandato legal\u00bb por haberse \u00abregistrado una medida por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, en su momento, entidad adscrita a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n [sic]\u00bb <\/p>\n
Por lo que concluy\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Conforme a los anexos, la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes en liquidaci\u00f3n entreg\u00f3 a la Sociedad de Activos Especiales SAS el bien. Igualmente, el tema concerniente a la entrega provisional y lo relacionado a la adjudicaci\u00f3n de bienes objeto de confiscaci\u00f3n [sic] correspond\u00eda al FRISCO\u2026 El bien ingres\u00f3 al FRISCO con el objeto de extinci\u00f3n de dominio (\u2026) <\/p>\n
Considera este tribunal que no le asiste raz\u00f3n al recurrente. No es verdad que los bienes objeto de confiscaci\u00f3n [sic], vinculados a extinci\u00f3n de dominio, en la lucha contra el crimen organizados, puedan ser pose\u00eddos, se pueda ingresar en ellos y se pueda adquirir en forma normal por prescripci\u00f3n\u2026 por no estar prohibida la posesi\u00f3n. Este argumento no lo comparte la magistratura y ha de aclararse que, con la liquidaci\u00f3n de la DNE, lo que se produjo fue un cambio en la entidad encargada de su administraci\u00f3n. Hay un acta de entrega del 30\/09\/2014. Se entreg\u00f3 a la Sociedad de Activos Especiales\u2026 que es quien lo administra. <\/p>\n
Ya se dijo atr\u00e1s que los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio ingresan al FRISCO\u2026 el bien pretendido por el demandante en pertenencia est\u00e1 afecto a extinci\u00f3n de dominio, tienen medidas cautelares, fue entregado por la administraci\u00f3n en dep\u00f3sito provisional, condiciones por las cuales est\u00e1 fuera de la posibilidad de posesi\u00f3n (\u2026)\u00bb <\/p>\n
3.3. De acuerdo con lo que acaba de verse, la motivaci\u00f3n adoptada por el tribunal accionado no determina una v\u00eda de hecho susceptible de enmendarse por esta senda, lo que descarta defecto sustantivo, f\u00e1ctico o de otra \u00edndole que amerite la intervenci\u00f3n del juez excepcional, pues en momento alguno denota ser infundada. <\/p>\n
Ciertamente, los razonamientos sobre los que descansa la determinaci\u00f3n cuestionada se encuentran directamente relacionados con el car\u00e1cter constitucional y prevalente de la acci\u00f3n de extinci\u00f3n del derecho de dominio; la cual, como se sabe, encuentra consagraci\u00f3n en el art\u00edculo 34 de la Carta Pol\u00edtica, siendo un instrumento (i) de car\u00e1cter p\u00fablico, pues por su conducto se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio y el tesoro p\u00fablico y la moral social, (ii) de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real e implica la p\u00e9rdida de la titularidad del bien, independientemente de quien lo tenga en su poder o lo haya adquirido1 y, finalmente, (iii) aut\u00f3nomo e independiente en relaci\u00f3n con otras acciones2. <\/p>\n
3.4. Conforme con esa naturaleza supralegal, las medidas cautelares reguladas en los art\u00edculos 12 de la Ley 793 de 2002 y 87 y 88 del actual C\u00f3digo de Extinci\u00f3n de Dominio tambi\u00e9n est\u00e1n revestidas de tal prelaci\u00f3n, como se desprende de los par\u00e1grafos 1\u00ba y 3\u00ba de la \u00faltima disposici\u00f3n en cita y del r\u00e9gimen de administraci\u00f3n de bienes regulado a partir del art\u00edculo 90 del mismo compendio normativo, al punto que contra su decreto no procede recurso alguno, solo la solicitud de control de legalidad ante el Juez de Conocimiento (cuando el tr\u00e1mite se adelanta bajo la \u00e9gida de la Ley 1708), la inscripci\u00f3n en los respectivos registros no puede ser sometida a turno o rehusada (bajo ninguna circunstancia) por el funcionario competente y en su decreto y pr\u00e1ctica no se admiten oposiciones; asimismo, el administrador del Frisco (Sociedad de Activos Especiales) detenta facultades de \u00abpolic\u00eda administrativa para la recuperaci\u00f3n f\u00edsica\u00bb de los bienes o incluso su \u00abenajenaci\u00f3n temprana\u00bb a\u00fan sin haberse definido tal actuaci\u00f3n. <\/p>\n
3.5. As\u00ed las cosas, como la providencia cuestionada no revela arbitrariedad o desmesura, la protecci\u00f3n no puede salir avante pues la sola divergencia conceptual no es fuente de la demanda de amparo, porque, m\u00e1s all\u00e1 de que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00ab(\u2026) ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC 18 de marzo de 2010, exp. 00367-00, reiterada entre otras en STC2293-2018, 22 feb. 2018, rad. 2017-00427-01). <\/p>\n
Tambi\u00e9n se ha sostenido que al juez del auxilio \u00ab(\u2026) le est\u00e1 vedado inmiscuirse en ese an\u00e1lisis tanto f\u00e1ctico como jur\u00eddico, para entrar a reexaminar sin reatos la prueba en que se bas\u00f3 la decisi\u00f3n cuestionada o sopesar los razonamientos esgrimidos, pues mal podr\u00eda interponerse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica). En estas condiciones, resulta palmario que el peticionario pretende, a trav\u00e9s de este mecanismo, revivir el debate propuesto en el referido asunto, desconociendo el car\u00e1cter residual y subsidiario de esta acci\u00f3n, as\u00ed como que la misma no est\u00e1 llamada a servir de soporte para retomar o promover discusiones definidas por el juez natural, conforme a unas reglas de tr\u00e1mite preestablecidas y de acuerdo con la asignaci\u00f3n legal de competencias\u00bb (CSJ STC9556-2014, 22 jul. 2014, rad. 01097-01, reiterada entre otras en STC6066-2018, 10 may. 2018, rad. 00102-01). <\/p>\n
De modo que, el hecho de que el gestor del amparo disienta de la postura que ataca, no por ello se abre camino la prosperidad del reclamo constitucional, pues no es suficiente una decisi\u00f3n discutible o poco convincente, sino que es necesario que \u00e9sta se encuentre afectada por defectos superlativos y desprovistos de fundamento objetivo, es decir, que desborden el orden jur\u00eddico, situaci\u00f3n que no ocurre en el presente asunto. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Por las anteriores razones, se impone la denegaci\u00f3n del amparo porque, seg\u00fan se verific\u00f3, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por el demandante, habida cuenta que la decisi\u00f3n objeto de censura, contiene una interpretaci\u00f3n razonable y ponderada tanto de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica como de las pruebas y del ordenamiento jur\u00eddico. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, NIEGA el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Con Salvamento de Voto <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
(AUSENCIA JUSTIFICADA) <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01364-00 <\/p>\n
Con el respeto acostumbrado, brevemente expreso las razones por las cuales no comparto la decisi\u00f3n que dirimi\u00f3, en primera instancia, la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
1. Considero que el Tribunal censurado cometi\u00f3 un desafuero que ameritaba la injerencia de la jurisdicci\u00f3n constitucional, porque en el auto de 30 de noviembre de 2020, que confirm\u00f3 el dictado el 17 de septiembre de las anteriores calendas, tuvo por reunidos los presupuestos consagrados en el art\u00edculo 375 (numeral cuarto, inciso segundo) del C\u00f3digo General del Proceso, para rechazar de plano la demanda de pertenencia que instaur\u00f3 Jos\u00e9 Antonio Sarmiento Aguilar, sin que los elementos de juicio recaudados en el asunto demostraran, con certeza, que el predio perseguido en usucapi\u00f3n fuese un bien imprescriptible. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que la norma en comento establece que: <\/p>\n
4. La declaraci\u00f3n de pertenencia no procede respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
El juez rechazar\u00e1 de plano la demanda o declarar\u00e1 la terminaci\u00f3n anticipada del proceso, cuando advierta que la pretensi\u00f3n de declaraci\u00f3n de pertenencia recae sobre bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico. Las providencias a que se refiere este inciso deber\u00e1n estar debidamente motivadas y contra ellas procede el recurso de apelaci\u00f3n. (Negrillas ajenas al texto) <\/p>\n
En este orden de ideas, evidente es que para que proceda el rechazo de plano de la demanda de pertenencia, debe estar acreditado que las pretensiones recaen sobre \u00abbienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho p\u00fablico3\u00bb, supuesto f\u00e1ctico que, en el caso de marras, no se encontraba debidamente acreditado, circunstancia que fue desconocida por el ad quem querellado. <\/p>\n
En efecto, el Tribunal enjuiciado, para sostener el rechazo de plano que profiri\u00f3 el a quo, destac\u00f3 que: <\/p>\n
Como lo manifiesta el juez de primera instancia, de los documentos aportados como anexos a la demanda, especialmente del certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos P\u00fablicos de Tunja que el inmueble identificado con el F. M. I. 070-79810, la se\u00f1ora Registradora encargada, certifica que el inmueble en la anotaci\u00f3n No. 14 dice \u201cdestinaci\u00f3n provisional solicitada por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes en liquidaci\u00f3n de Bogot\u00e1\u201d, tal medida se encuentra regulada por la Ley 1708 de 2014 en el par\u00e1grafo 1 del art\u00edculo 88 que derog\u00f3 la Ley 793 de 2002. <\/p>\n
El certificado expedido por el registrador, tiene el prop\u00f3sito de mostrar la situaci\u00f3n en la que se encuentra el inmueble y de qui\u00e9n es el propietario actual del mismo, para de este modo dar claridad sobre la procedencia o no de la medida de inscripci\u00f3n de la demanda de pertenencia como lo ordena la ley. <\/p>\n
En el caso particular se encuentra registrada una medida por la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes, en su momento, entidad adscrita a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la entidad de derecho p\u00fablico, en consecuencia, la decisi\u00f3n del A quo, obedece a un mandato legal. <\/p>\n
SEGUNDO: Conforme a los anexos, la Direcci\u00f3n Nacional de Estupefacientes en liquidaci\u00f3n entreg\u00f3 a la Sociedad de Activos Especiales SAS el bien. Igualmente, el tema concerniente a la entrega provisional y lo relacionado a la adjudicaci\u00f3n de bienes objeto de confiscaci\u00f3n le correspond\u00eda al FRISCO (Fondo para la Inversi\u00f3n Social y la Lucha contra el crimen organizado). El bien ingres\u00f3 al FRISCO con el objeto de extinci\u00f3n de dominio. Esta entidad est\u00e1 creada por la Ley 333 de 1996. <\/p>\n
Considera este Tribunal que, no le asiste raz\u00f3n al recurrente. No es verdad que los bienes objeto de confiscaci\u00f3n, vinculados a extinci\u00f3n de dominio, en la lucha contra el crimen organizado, puedan ser pose\u00eddos, se pueda ingresar en ellos y se pueda adquirir en forma normal por prescripci\u00f3n adquisitiva de dominio, por no estar prohibida la posesi\u00f3n. Este argumento no lo comparte la magistratura y ha de aclararse que con la liquidaci\u00f3n de la DNE, lo que se produjo fue un cambio en la Entidad encargada de su administraci\u00f3n. Hay un acta de entrega del 30\/09\/2014. Se entreg\u00f3 a la Sociedad de Activos Especiales SAS que es quien lo administra. <\/p>\n
Ya se dijo atr\u00e1s que los bienes objeto de extinci\u00f3n de dominio ingresan al FRISCO. El Consejo Nacional de Estupefacientes, los asignaba, esto en desarrollo de la competencia prevista en la Ley 793 de 2002. La competencia le fue suspendida al FRISCO por Ley 1708 de 2014. Luego el Decreto 2136 de 2015 y la Ley 1753 de 2015 cre\u00f3 el Comit\u00e9 de Asignaciones y Destinaciones, el bien pretendido por el demandante en pertenencia, est\u00e1 afecto a extinci\u00f3n de dominio, tienen medidas cautelares, fue entregado por la administraci\u00f3n en dep\u00f3sito provisional, condiciones por las cuales est\u00e1 fuera de la posibilidad de posesi\u00f3n. <\/p>\n
Entonces, evidente es que el estrado convocado concluy\u00f3 que el bien perseguido en usucapi\u00f3n era un bien imprescriptible, connotaci\u00f3n que le otorg\u00f3, al parecer, por el hecho de estar embargado por cuenta de un proceso de extinci\u00f3n de dominio. <\/p>\n
2. Sin embargo, revisado el expediente contentivo del proceso objeto de reproche constitucional, no se verifica que, al momento de presentarse la demanda, estuviese demostrado que el inmueble pretendido en pertenencia tuviese tal connotaci\u00f3n, por las razones que pasan a exponerse: <\/p>\n
2.1. En primer lugar, cuando se rechaz\u00f3 el libelo no estaba acreditado que el predio reclamado por el actor tuviese la connotaci\u00f3n de bien de uso p\u00fablico, fiscal, fiscal adjudicable o bald\u00edo, as\u00ed como tampoco que se tratara de un bien de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
Y es que, lo que reporta el certificado de tradici\u00f3n y libertad del prenotado inmueble es que, desde el 24 de agosto de 2009, pesa sobre el mismo un embargo decretado por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n en un proceso de extinci\u00f3n de dominio, sin que est\u00e9 probado que dicho tr\u00e1mite haya culminado con sentencia favorable a la mentada extinci\u00f3n, siendo ese el acto que lo transformar\u00eda en un bien fiscal y, por tanto, imprescriptible. <\/p>\n
Sobre el particular, dest\u00e1quese que esta Sala Especializada, en reciente pronunciamiento, precis\u00f3 que: <\/p>\n
Sin duda, los bienes con extinci\u00f3n de dominio son fiscales porque el Estado es el propietario. Esa condici\u00f3n, independiente de su \u00abmodo\u00bb, no var\u00eda ni se transforma para crear otra categor\u00eda dentro de las cosas p\u00fablicas. Su uso, simplemente, se reserva a los entes estatales para la realizaci\u00f3n de sus fines, quienes los administran como si fueran particulares. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
La prohibici\u00f3n de prescribir bienes fiscales, en efecto, se justifica para resguardarlos de las acciones de terceros que pretendan afectar su prop\u00f3sito de servir a la comunidad, como es garantizar la prestaci\u00f3n de los servicios p\u00fablicos. Protege tambi\u00e9n los intereses generales sobre los individuales del prescribiente. Adem\u00e1s, asegura cierta sostenibilidad econ\u00f3mica al Estado para atender las necesidades de sus ciudadanos, y en el caso, la posibilidad de luchar contra los patrimonios de origen o de destinaci\u00f3n il\u00edcita, impidiendo la prescripci\u00f3n de los bienes afectados por la extinci\u00f3n del derecho de dominio para impedir el quiebre de valores y principios \u00e9ticos y sociales. De tal modo que la extinci\u00f3n del derecho de dominio y la imprescriptibilidad de los bienes afectados por tan radical e importante medida, corresponden a dos premisas ligadas con la esencia y naturaleza \u00e9tica del Estado Constitucional y Social de Derecho, que esta Corte de ning\u00fan modo puede debilitar. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Dilucidado lo anterior, y con miras a resolver el siguiente cargo, se infiere que el predio fue apto para usucapir hasta el 18 de septiembre de 2007, momento a partir del cual se inscribi\u00f3 en el registro la sentencia que declar\u00f3 su extinci\u00f3n de dominio. Con posterioridad a esa fecha no pueden fijarse hechos posesorios, por ser insignificantes, inocuos e ineficaces para computar el tiempo de la pertenencia. -Resaltado por la Sala- (CSJ SC3934-2020). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, evidente es que los bienes sometidos a extinci\u00f3n de dominio s\u00f3lo mutan su naturaleza a bienes fiscales, con el proferimiento de la sentencia que acceda a la mentada extinci\u00f3n, mas no con las medidas cautelares decretadas en el curso del proceso, con miras a su salvaguarda. <\/p>\n
Entonces, mal pod\u00eda predicarse que estuviese demostrado que el predio reclamado en pertenencia por Jos\u00e9 Antonio Sarmiento Aguilar, en el proceso cuestionado por v\u00eda constitucional, fuese un bien fiscal y, por tanto, imprescriptible, pues lo cierto es que los elementos de juicio que obraban en el diligenciamiento, no daban cuenta de que se hubiese proferido sentencia que declara la extinci\u00f3n del dominio que ostenta su propietaria inscrita en favor del Estado. <\/p>\n
2.2. Ahora bien, respecto al embargo que pesa sobre el mentado predio, vale la pena resaltar que, de vieja data, la Sala ha precisado que: <\/p>\n
\u2026como ya lo tiene precisado la Corte, seg\u00fan detalle que m\u00e1s adelante se ver\u00e1, se debe descartar que las medidas cautelares de embargo y secuestro, sea que se adopten en un proceso ejecutivo o en uno de otra naturaleza, produzcan la interrupci\u00f3n natural de la prescripci\u00f3n adquisitiva. <\/p>\n
En efecto, trat\u00e1ndose de bienes ra\u00edces es claro que el embargo, por s\u00ed solo, no traduce ninguna imposibilidad f\u00edsica o jur\u00eddica para que, quien viene poseyendo el bien en que recae el mismo, pueda continuar realizando sobre \u00e9l actos de se\u00f1or\u00edo (num. 1\u00ba, art. 2523 C.C.), ni comporta, per se, la p\u00e9rdida por \u00e9ste de la posesi\u00f3n (num. 2\u00ba, ib.), puesto que esa particular medida no modifica el car\u00e1cter de bien comerciable que el mismo ostenta, ni afecta en nada la aprehensi\u00f3n material de la cosa con \u00e1nimo de due\u00f1o de quien as\u00ed la detente. <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Esta Corporaci\u00f3n, desde el 8 de mayo de 1890, ha se\u00f1alado que \u201c[e]l embargo no interrumpe ni la posesi\u00f3n ni la prescripci\u00f3n, porque la ley no ha reconocido esto como causa de interrupci\u00f3n natural o civil, como puede verse en los art\u00edculos 2523 y 2524 del C\u00f3digo Civil\u2026\u201d (G.J. T. XXII, p\u00e1g. 376). <\/p>\n
\u2026 <\/p>\n
Posteriormente, mediante fallo adiado el 30 de septiembre de 1954, la Corte insisti\u00f3 en la precedente tesis y explic\u00f3 que \u201c\u2018[e]l embargo y dep\u00f3sito de una finca ra\u00edz no impide que se consume la prescripci\u00f3n adquisitiva de ella. Por el embargo no se traslada ni se modifica el dominio ni la posesi\u00f3n de la cosa depositada; y si bien es cierto que la enajenaci\u00f3n de los bienes embargados est\u00e1 prohibida por la ley, bajo pena de nulidad, el fen\u00f3meno de la prescripci\u00f3n es cosa muy distinta de la enajenaci\u00f3n. Si la posesi\u00f3n no se pierde por el hecho del embargo, no hay disposici\u00f3n alguna en el C. C., que se oponga a la usucapi\u00f3n o prescripci\u00f3n adquisitiva, la cual, por ser t\u00edtulo originario de dominio, difiere esencialmente de la enajenaci\u00f3n\u2019 (Casaci\u00f3n, 4 de julio de 1932, XL, 180)\u201d (G.J., T. LXXVIII, p\u00e1gs. 709 y 710; se subraya). (CSJ SC 13 jul. 200, rad. 1999-01248; ver tambi\u00e9n CSJ SC19903-2017 y CSJ SC4791-2020). <\/p>\n
2.3. As\u00ed pues, la existencia del rese\u00f1ado embargo, por cuenta del proceso de extinci\u00f3n de dominio que se adelanta contra la propietaria inscrita del predio que pretende adquirir por usucapi\u00f3n Jos\u00e9 Antonio Sarmiento Aguilar, resulta insuficiente para predicar su \u00abimprescriptibilidad\u00bb, toda vez que dicha cautela ni tan siquiera tiene la virtualidad de interrumpir la posesi\u00f3n que aduce el demandante. <\/p>\n
En lo tocante con el error procedimental como supuesto suficiente para la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, la Corte Constitucional ha indicado que: <\/p>\n
…este defecto puede ser (i) de tipo absoluto; o (ii) por exceso ritual manifiesto. Sobre el particular, la sentencia SU-770 de 2014 indic\u00f3 que el defecto procedimental absoluto se presenta \u201ccuando el procedimiento que adopta el juzgador no est\u00e1 sometido a los requisitos previstos en la ley, sino que obedece a su propia voluntad\u2026 porque (i) el juez se ci\u00f1e a un tr\u00e1mite ajeno al pertinente, o porque (ii) el juez omite etapas sustanciales del procedimiento con violaci\u00f3n de los derechos de defensa y de contradicci\u00f3n de una de las partes del proceso. Este defecto requiere, adem\u00e1s, que se trate de un error de procedimiento grave y trascendente, valga decir, que influya de manera cierta y directa en la decisi\u00f3n de fondo\u201d, mientras que el defecto procedimental por exceso ritual manifiesto \u201cocurre cuando el funcionario utiliza o concibe los procedimientos como un obst\u00e1culo para la eficacia del derecho sustancial, \u2026 (i) se deja de inaplicar normas procesales que se oponen a la vigencia de derechos constitucionales en un caso concreto; (ii) se exige cumplir requisitos formales de manera irreflexiva, aunque pueda tratarse de cargas imposibles de cumplir, siempre que esta circunstancia est\u00e9 comprobada; (iii) se incurre en un rigorismo procedimental en la apreciaci\u00f3n de las pruebas; (iv) o se omite el decreto oficioso de pruebas cuando a ello hay lugar\u201d (CC T-204\/18). <\/p>\n
4. En los anteriores t\u00e9rminos dejo consignados los motivos que en esta oportunidad me llevaron a separarme de la decisi\u00f3n mayoritaria. <\/p>\n
Fecha ut supra. <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
SALVAMENTO DE VOTO <\/p>\n
MAGISTRADO OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01364-00 <\/p>\n
Me aparto de la decisi\u00f3n adoptada porque, a voces del numeral 4\u00ba del art\u00edculo 375 del C\u00f3digo General del proceso, en los procesos de pertenencia deber\u00e1 rechazarse la demanda cuando se \u00ab(\u2026) advierta que la pretensi\u00f3n (\u2026) recae sobre bienes de uso p\u00fablico, bienes fiscales, bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, cualquier otro tipo de bien imprescriptible o de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico (\u2026)\u00bb (subrayas propias), es decir, \u00fanicamente cuando exista certeza respecto a que el bien objeto de usucapi\u00f3n es de dominio p\u00fablico e imprescriptible, por tener alguna de las calidades se\u00f1aladas, habr\u00e1 lugar al rechazo del libelo; no obstante, en el caso de esta estirpe estaba plenamente acreditado que el inmueble sobre el cual reca\u00eda la pretensi\u00f3n de prescripci\u00f3n era de naturaleza privada, raz\u00f3n por la cual no hab\u00eda lugar a aplicar los efectos de la norma en cita. <\/p>\n
En verdad, a partir de la interpretaci\u00f3n normativa que regula la materia y una vez analizadas las variables del sub judice, puede colegirse que los juzgadores accionados s\u00ed lesionaron el derecho de acceso a la administraci\u00f3n de justicia del gestor, por cuanto desconocieron que el estar afectado el inmueble por una medida cautelar decretada en un proceso de extinci\u00f3n de dominio no muta su naturaleza de privada a p\u00fablica, por lo que no estaba llamada a ser aplicada la norma comentada, como se aludi\u00f3. No se pierda de vista que el registro de medidas previas en el curso de un proceso de tal categor\u00eda simplemente tiene el efecto de garantizar las resultas del juicio, que se desconocen hasta que exista una sentencia de fondo, raz\u00f3n por la cual no pueden restringirse otras controversias legales que se susciten sobre el inmueble, como aquella del poseedor que pretende hacerse propietario. <\/p>\n
De lo expuesto tambi\u00e9n puede inferirse que en la sentencia de la cual tomo distancia se perdi\u00f3 de vista el car\u00e1cter provisional de las cautelas, de forma tal que se soslay\u00f3 que aunque las mismas buscan la salvaguarda del bien en disputa, su existencia no define el litigio en el que se decretaron. Dicho en otras palabras, se adopt\u00f3 una posici\u00f3n sancionatoria y definitiva en el juicio de pertenencia (su rechazo) con estribo exclusivamente en una situaci\u00f3n temporal, pasando por alto que dichas cautelas apenas tienen una condici\u00f3n transitoria, al punto que su existencia no conlleva, necesariamente, al \u00e9xito del proceso de extinci\u00f3n de dominio y, mucho menos, ostenta la virtud de atribuirle al predio gravado la calidad de \u00abimprescriptible\u00bb, lo cual se requiere para rechazar la demanda en el proceso de pertenencia. <\/p>\n
En suma, a mi juicio, el amparo constitucional deb\u00eda prosperar, toda vez que sobre el inmueble objeto de usucapi\u00f3n no exist\u00eda a\u00fan sentencia que declarara la extinci\u00f3n de su dominio, por lo que mal podr\u00eda negarse la naturaleza privada del bien a pesar de las cautelas que lo gravaban, es decir, no exist\u00eda causal alguna para rechazar in limine la demanda, como se hizo. <\/p>\n
En los referidos t\u00e9rminos dejo consignada mi discrepancia. <\/p>\n
Fecha, up supra <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
Magistrado <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 17 de la Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculos 4\u00ba Ley 793 de 2002 y 18 Ley 1708 de 2014. <\/p>\n
3\u0002 Dentro de esta categor\u00eda se agrupan los bienes de uso p\u00fablico, los bienes fiscales, los bienes fiscales adjudicables o bald\u00edos, cualquier otro tipo de bien de propiedad de alguna entidad de derecho p\u00fablico. <\/p>\n
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STC8153-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado Ponente STC8153-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01364-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de veintitr\u00e9s de junio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., seis (6) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Jos\u00e9 Antonio […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55414","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55414","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55414"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55414\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55414"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55414"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55414"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}