STC8255-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8255-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Roque Ferrer C\u00e1rcamo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, tr\u00e1mite al que fueron vinculados los Juzgados S\u00e9ptimo Civil del Circuito y Diecis\u00e9is Civil Municipal, ambos de la misma ciudad, la Alcald\u00eda Mayor de la misma urbe, Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda, as\u00ed como las partes y dem\u00e1s intervinientes de los asuntos constitucionales a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana, al trabajo, al m\u00ednimo vital m\u00f3vil, a \u00abla confianza leg\u00edtima\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a \u00abla seguridad jur\u00eddica\u00bb y a \u00abla prevalencia del derecho sustancial\u00bb, presuntamente conculcados por la Colegiatura accionada, en el marco de las acci\u00f3n de tutela que Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda interpuso contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Cartagena, con radicado No. 2020-00102-01; y, la similar acci\u00f3n que \u00e9l interpuso contra el mismo Despacho judicial, identificada con el consecutivo No. 2021-00069-01. <\/p>\n
Solicita entonces, de manera concreta, que se ordene a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, \u00abdecretar que incurri[\u00f3] en causal de impedimento de acuerdo al art\u00edculo 39 del decreto Ley 2591 de 1991 y art\u00edculo 56 numeral sexto de la ley 906 de 2004\u00bb, y en consecuencia, \u00abdecretar la nulidad de todo lo actuado\u00bb dentro del segundo asunto constitucional antes individualizados. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reclamos aduce en compendio, que debido a que el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Cartagena no accedi\u00f3 a la restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda tramit\u00f3 en su contra sobre un local comercial de propiedad del Distrito de Cartagena, aqu\u00e9l interpuso acci\u00f3n de tutela contra esa sede judicial, identificada con el radicado No. 2020-00102-01, la cual fue negada en primera instancia el 26 de agosto de 2020 por el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma urbe, pero concedida el 1\u00b0 de octubre de la misma anualidad por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la localidad, tras la impugnaci\u00f3n presentada por el all\u00ed accionante. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en acatamiento a la orden de tutela, el 14 de octubre de 2020 el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Cartagena emiti\u00f3 nueva sentencia en el proceso de restituci\u00f3n, y \u00abpor una mala e ilegal interpretaci\u00f3n ordena la restituci\u00f3n del inmueble arrendado como consecuencia de la declaraci\u00f3n de nulidad absoluta del contrato de arrendamiento, a sabiendas que no era competente para dirimir dicho asunto\u00bb, pues, ello correspond\u00eda al Distrito de Cartagena como propietario del bien objeto de la restituci\u00f3n, habida cuenta que el demandante en ese asunto declarativo no era tenedor o adjudicatario del mismo, ni ten\u00eda contrato para su uso suscrito con el ente territorial, y por ende, \u00abno estaba legitimado en la causa por activa\u00bb. <\/p>\n
Finalmente sostiene, que la restituci\u00f3n a favor de Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda fue realizada el 11 de marzo del presente a\u00f1o por la Alcald\u00eda de la Localidad Hist\u00f3rica del Norte, diligencia en la que \u00e9l sufri\u00f3 un infarto, y tras ser llevado a una entidad hospitalaria, sufri\u00f3 otro, circunstancias por las cuales atac\u00f3 la sentencia de restituci\u00f3n mediante la acci\u00f3n de tutela identificada con el consecutivo No. 2021-00069-01, concedida el 13 de abril del corriente a\u00f1o por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, decisi\u00f3n que la misma Sala del Tribunal Superior de la prenombrada urbe que hab\u00eda conocido de la anterior acci\u00f3n constitucional, revoc\u00f3 el 2 de junio pasado, pese a que, dice, sus integrantes debieron declararse impedidos de oficio para tramitar el asunto, \u00abpor haber conocido del mismo proceso y que ya era cosa juzgada constitucional\u00bb, por haber sido excluido de revisi\u00f3n por la Corte Constitucional, situaci\u00f3n que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 24 de junio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda pidi\u00f3 que se niegue la protecci\u00f3n, por improcedente, ya que la tutela es utilizada por el gestor como herramienta para abrir una nueva instancia de debate sobre decisiones judiciales y hace parte de \u00abuna serie de actuaciones sistem\u00e1ticas que forman parte de una serie de artima\u00f1as, entramados, artificios jur\u00eddicos, que al final lo que buscan es intentar confundir y asaltar en buena fe a los administradores de justicia\u00bb. As\u00ed mismo precis\u00f3, que la inconformidad recae sobre unas decisiones de tutela, lo que por s\u00ed mismo la torna en improcedente, las que adem\u00e1s hicieron tr\u00e1nsito a cosa juzgada. <\/p>\n
b). La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, por intermedio del Magistrado que conoci\u00f3 de los decursos cuestionados, manifest\u00f3 que decidi\u00f3 los mismos con base en \u00ablas pruebas oportunamente recaudadas y en los argumentos razonables que all\u00ed se consignaron\u00bb, sin que le correspondiera declarase impedido para conocer del segundo de los asuntos, porque \u00abla Sala no conoci\u00f3 2 veces del mismo tr\u00e1mite, sino de 2 acciones de tutela distintas, promovidas por personas diferentes, con pretensiones dis\u00edmiles y fundadas en hechos que no son id\u00e9nticos\u00bb; con todo, acot\u00f3 que la tutela es improcedente por incumplir con el presupuesto de la subsidiariedad, \u00abdado que no es la acci\u00f3n de tutela el mecanismo id\u00f3neo para cuestionar sentencias de la misma naturaleza, sino la revisi\u00f3n por la Corte Constitucional\u00bb. <\/p>\n
c). El titular del Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de Cartagena, tras hacer un recuento de las principales actuaciones surtidas en las acciones de tutela cuestionadas y en el proceso declarativo objeto de las mismas, indic\u00f3 que \u00abmal podr\u00eda hacerse uso de una nueva acci\u00f3n constitucional para controvertir la providencia decisoria [del precitado asunto], debidamente ejecutoriada y ajustada al ordenamiento legal\u00bb, motivo por el cual pidi\u00f3 se niegue el amparo. <\/p>\n
d). El Juez S\u00e9ptimo Civil del Circuito de la misma ciudad inform\u00f3, que el 26 de agosto de 2020 dict\u00f3 sentencia dentro de la acci\u00f3n tuitiva No. 2020-00102-00, con que neg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada por Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda, pero su decisi\u00f3n fue revocada el 1\u00b0 de octubre del mismo a\u00f1o por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de la misma ciudad, para concederse el resguardo. Agreg\u00f3 que el accionante tramit\u00f3 incidente de desacato a la anterior orden, archivado el 22 de febrero hoga\u00f1o \u00abteniendo en cuenta que las causas que lo hab\u00edan originado hab\u00edan desaparecido\u00bb. <\/p>\n
e). El titular del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma urbe narr\u00f3 lo acontecido en la acci\u00f3n de tutela que all\u00ed tramit\u00f3 el aqu\u00ed interesado contra el Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal de la localidad. <\/p>\n
f). La Oficina Asesora Jur\u00eddica de la Alcald\u00eda Mayor de Cartagena de Indias, pidi\u00f3 su desvinculaci\u00f3n de este tr\u00e1mite por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, ya que no es parte ni fue vinculada al proceso objeto de estudio constitucional. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Ferrer C\u00e1rcamo recae, concretamente, en la sentencia proferida el 2 de junio del presente a\u00f1o por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que dej\u00f3 sin valor ni efecto la decisi\u00f3n del 13 de abril anterior del Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma ciudad, para as\u00ed, negar la protecci\u00f3n constitucional que elev\u00f3 el aqu\u00ed accionante frente al Juzgado Diecis\u00e9is Civil Municipal, la Alcald\u00eda de la Localidad No. 1 y la Alcald\u00eda Distrital, todos de la ciudad de Cartagena, con ocasi\u00f3n del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que en el prenombrado estrado adelanta Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda en contra del aqu\u00ed interesado, pues seg\u00fan el criterio de \u00e9ste, la mentada Colegiatura debi\u00f3 declararse impedida para conocer del asunto constitucional, porque tramit\u00f3 otra acci\u00f3n de tutela, promovida por Juan Carlos C\u00e1rcamo Garc\u00eda, respecto del mismo proceso declarativo antes individualizado. <\/p>\n
4. Sin embargo, se aprecia sin asomo de duda, que el presente resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es atacar el tr\u00e1mite y la sentencia dictada por la Colegiatura accionada dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
5. Ahora, se advierte que el expediente contentivo de la acci\u00f3n constitucional est\u00e1 en la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio1, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n instada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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