STC8261-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8261-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01964-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Esmeralda Arias Sep\u00falveda y Germ\u00e1n Fontecha Casas, frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del juicio declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los actores reclaman a trav\u00e9s de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional convocada, con la decisi\u00f3n de segunda instancia proferida en el marco del proceso de nulidad de promesa de contrato de permuta con demanda de reconvenci\u00f3n, que Jos\u00e9 del Carmen Laurentino Prieto Rojas promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se acceda a la protecci\u00f3n rogada, ordenando a la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, \u00abREVOCAR su decisi\u00f3n y Confirmar la decisi\u00f3n del a quo\u00bb en el marco de la controversia referida. <\/p>\n
2. Como sustento de lo reclamado, y en lo que concierne para la soluci\u00f3n del presente asunto aducen, que pese a que acreditaron que cumplieron con las obligaciones del negocio prometido, y era el demandante principal quien se abstuvo de cancelar la suma de $127.500.000,oo, la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 revoc\u00f3 en su integridad lo decidido por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, en cuando que hab\u00eda accedido a las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n condenando al pago no solo de la citada suma de dinero, sino de la cl\u00e1usula penal y las costas procesales. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior decisi\u00f3n se desconoci\u00f3 el art\u00edculo 1608 y siguientes del C.C. \u00abas\u00ed disponiendo de su gaseosa interpretaci\u00f3n sobre el caso en concreto\u00bb, desatendiendo entonces, \u00abel fallo que quedo en firme sobre la sentencia de la demanda principal. Desde luego, vulnerando el principio fundamental de la seguridad jur\u00eddica en cuanto que la demanda principal no fue objeto de reparo alguno por parte del apoderado del demandante, encontr\u00e1ndose conforme con la decisi\u00f3n tomada por el juez de primera instancia, quedando entonces en firme dicha decisi\u00f3n y haciendo tr\u00e1nsito a cosa juzgada\u00bb, circunstancia que, asegura, lesiona las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. El titular del Juzgado Primero Civil del Circuito de Bogot\u00e1, despu\u00e9s de relacionar las actuaciones que conoci\u00f3 del proceso ordinario criticado, indic\u00f3 que no ha vulnerado derecho fundamental alguno de los actores. <\/p>\n
b. Jos\u00e9 del Carmen Laurentino Prieto Rojas a trav\u00e9s de apoderado judicial precis\u00f3, que no es de recibo \u00abse pretenda obtener por esta v\u00eda de acci\u00f3n constitucional, derechos fenecidos por v\u00eda del pronunciamiento judicial atacado, el que despu\u00e9s de un objetivo, razonado y sesudo examen del problema jur\u00eddico, arriba a la conclusi\u00f3n de la revocatoria de la parte de la providencia que fue objeto de recurso de alzada, pronunciamiento que produce el tribunal de instancia, con sujeci\u00f3n a la normatividad sustantiva de obligatoria observancia en este asunto, como es el an\u00e1lisis del contrato de permuta, pues de ser admitidos los errados y espurios argumentos del accionante, no habr\u00eda lugar a que el legislador se ocupara de elaborar la construcci\u00f3n normativa acerca de cada instituci\u00f3n o figura contractual\u00bb. <\/p>\n
c. Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado m\u00e1s pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Se recuerda que la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, frente a la amenaza o violaci\u00f3n que, en cuanto a ellos, pueda derivarse de la acci\u00f3n u omisi\u00f3n de las autoridades p\u00fablicas o de los particulares, sin que se constituya o perfile en una v\u00eda sustitutiva o paralela de los medios ordinarios de defensa que la misma norma superior y la ley consagran para la salvaguarda de tal clase de derechos. <\/p>\n
De igual manera es necesario destacar que, en l\u00ednea de principio, el mencionado mecanismo procesal no procede respecto de providencias y actuaciones judiciales, salvo que se est\u00e9 en frente del evento excepcional en el que el juzgador adopta una determinaci\u00f3n o adelanta un tr\u00e1mite en forma alejada de lo razonable, fruto del capricho o de manera desconectada del ordenamiento aplicable, con vulneraci\u00f3n o amenaza de los derechos fundamentales del respectivo ciudadano, caso en el cual es pertinente que el juez constitucional act\u00fae con el prop\u00f3sito de conjurar o prevenir el agravio que con la actuaci\u00f3n censurada se pueda causar a las partes o intervinientes en el proceso. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de Esmeralda Arias Sep\u00falveda y Germ\u00e1n Fontecha Casas est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido 29 de abril de los corrientes por la Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1, que resolvi\u00f3 \u00abrevoca[r] el p\u00e1rrafo segundo del numeral 1\u00ba y los numerales 2\u00ba y 3\u00ba\u00bb de la sentencia del 30 de octubre de 2020 proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito de la misma ciudad, para en su lugar, entonces, \u00abn[egar] las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n\u00bb dentro del proceso de declaraci\u00f3n de nulidad del contrato de promesa de permuta, con demanda de reconvenci\u00f3n, que Jos\u00e9 Laurentino del Carmen Prieto Rojas promovi\u00f3 en su contra, pues seg\u00fan su criterio, en la citada decisi\u00f3n se estudiaron argumentos que no hicieron parte del recurso de apelaci\u00f3n y se desconocieron los art\u00edculos 1608 y siguientes del C\u00f3digo Civil. <\/p>\n
3. No obstante, revisado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada, la Sala no identifica el ejercicio de una actividad judicial arbitraria, caprichosa, infundada o contraria a las preceptivas legales que rigen el respectivo juicio, con detrimento de los derechos fundamentales de los extremos procesales, si se tiene en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. La Sala Civil del Tribunal Superior de esta capital, para revocar \u00edntegramente el prove\u00eddo que hab\u00eda accedido a las pretensiones de la demanda de reconvenci\u00f3n, luego de advertir que estudiar\u00eda en estrictez las inconformidades del recurso de apelaci\u00f3n, las que circunscrib\u00edan al incumplimiento contractual, y el pago que se exig\u00eda por parte del demandante principal, precis\u00f3 que \u00abes \u00fatil recordar que de la promesa de contrato surge b\u00e1sicamente una obligaci\u00f3n de hacer, consistente en la celebraci\u00f3n del contrato prometido. Luego no es posible, con soporte en ese negocio jur\u00eddico preparatorio, pedir el cumplimiento de las obligaciones que despuntar\u00e1n del contrato prometido, precisamente porque no ha sido ajustado o perfeccionado. Y si bien es cierto que las partes en los contratos de promesa suelen anticipar el cumplimiento de obligaciones futuras, como la de pagar total o parcialmente el precio, o entregar los bienes respectivos, a ello no le sigue que los prometientes permutantes puedan exigir el cumplimiento de esos deberes de prestaci\u00f3n con fundamento en la promesa, de la que, es apenas obvio, no surge una obligaci\u00f3n de dar, sino de hacer, siendo claro que esa anticipaci\u00f3n de pagos o entregas no obedece a que las partes quedaron comprometidas a dar, sino que adelantaron lo que dar\u00edan cuando esta espec\u00edfica obligaci\u00f3n surgiera tras celebrar el negocio prometido. Cosa distinta es su incidencia en la ejecuci\u00f3n de la obligaci\u00f3n de hacer\u00bb. <\/p>\n
Y siguiendo esa misma l\u00ednea argumentativa puso de presente, que \u00abdado que el contrato de promesa no sirve de t\u00edtulo para obtener el pago del saldo del precio de un contrato de permuta que no se ha celebrado. Con otras palabras, si la obligaci\u00f3n de dar no ha nacido a la vida jur\u00eddica, porque la permuta exige escritura p\u00fablica (CC, arts. 1955 y 1956), el juez no pod\u00eda ordenarle al se\u00f1or Prieto que satisficiera ese deber de prestaci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Ahora en relaci\u00f3n al pago de cl\u00e1usula penal, indic\u00f3 que la misma tampoco era viable precisamente \u00abporque si la obligaci\u00f3n a la que accede la pena no ha germinado o despuntado para la ley, lo que impide exigir su cumplimiento, menos a\u00fan puede afirmarse que se caus\u00f3 la sanci\u00f3n. Al fin y al cabo, la cl\u00e1usula penal tiene como prop\u00f3sito asegurar el cumplimiento de una obligaci\u00f3n (CC, art. 1592), que si s\u00f3lo surge del contrato de permuta, no cabe demandarse, ni esta ni aquella, del negocio jur\u00eddico preparatorio\u00bb; adem\u00e1s que esta se presume compensatoria \u00abal punto que \u201cantes de constituirse el deudor en mora, no puede el acreedor demandar a su arbitrio la obligaci\u00f3n principal o la pena, sino s\u00f3lo la obligaci\u00f3n principal\u201d, lo que tampoco puede hacer despu\u00e9s de la mora, salvo que la pena se hubiere pactado para el evento del retardo o con una funci\u00f3n de apremio (CC, art. 1594), no pod\u00eda el juez imponer condena simult\u00e1nea al pago del precio y de la sanci\u00f3n, porque al hacerlo, no s\u00f3lo desconoci\u00f3 que la obligaci\u00f3n asegurada s\u00f3lo surg\u00eda del contrato de permuta, una vez perfeccionado, sino que termin\u00f3 imponiendo un doble pago, dado que la multa se acord\u00f3 \u201cpara cualquiera de los contratantes que incumplan total o parcialmente una o varias cl\u00e1usulas de la presente promesa\u2026\u201d\u00bb. <\/p>\n
3.2. Con todo, m\u00e1s all\u00e1 que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 la Colegiatura criticada, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela para lograr su invalidez o modificaci\u00f3n, pues ello depende de la verificaci\u00f3n de todos los requisitos generales, y al menos, de una causal espec\u00edfica de procedibilidad, la cual, como qued\u00f3 visto, no se configur\u00f3 en el presente caso, pues de este modo se protegen los intereses que se materializan en la ejecutoria de las providencias judiciales, m\u00e1xime cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo, all\u00ed demandados y demandantes en reconvenci\u00f3n, respectivamente, es anteponer su propio criterio frente a lo resuelto, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza residual, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los procesos judiciales, en tanto que en este escenario no es posible debatir sobre la interpretaci\u00f3n normativa. <\/p>\n
3.3. Ahora, t\u00e9ngase en cuenta que, a diferencia de lo considerado por los gestores del amparo, la conclusi\u00f3n a la que arrib\u00f3 la Colegiatura endilgada se soport\u00f3, no solo, en el estudio planteado en el recurso de apelaci\u00f3n formulado en contra de la decisi\u00f3n de primer grado, sino adem\u00e1s, precisamente en una interpretaci\u00f3n adecuada de la normas que rigen el asunto, y si bien el art\u00edculo 1608 del C.C. en materia contractual previene que se debe respectar la intenci\u00f3n de las partes, lo cierto es que no se pod\u00eda dejar de lado que por la naturaleza del contrato, \u00e9ste requer\u00eda de solemnidad para su perfeccionamiento, pero comoquiera que nunca se instrumentaliz\u00f3, no pod\u00edan emitirse condenas respecto de algo que finalmente no naci\u00f3 a la vida jur\u00eddica. <\/p>\n
3.4. En punto del an\u00e1lisis de las providencias judiciales a trav\u00e9s de este mecanismo, esta Colegiatura de vieja data ha considerado, que \u00ab[A]l juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (ver entre otras, recientemente, CSJ STC1161-2021). <\/p>\n
As\u00ed mismo, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
4. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se desestimar\u00e1 la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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