STC8262-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8262-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02079-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Danny Andr\u00e9s Casta\u00f1o Arboleda contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas Meta, el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia y la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, la que se hace extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y dem\u00e1s intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al \u00abprincipio de favorabilidad\u00bb, a la libertad, a la igualdad y a la dignidad humana, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, en el marco de la acci\u00f3n de tutela que promovi\u00f3 contra el Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, y el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, con radicado No. 2021-00020-01. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el 9 de diciembre de 2020 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 4 de julio de ese a\u00f1o del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, de negarle el subrogado penal de la libertad condicional, pese a que fue condenado por el delito de \u00abextorsi\u00f3n agravada consumada, tentativa de extorsi\u00f3n agravada, tenencia de explosivos y tenencia de armas de defensa personal\u00bb, por hecho ocurridos en el a\u00f1o 2013 cuando estaba vigente el art\u00edculo 64 de la Ley 599 del 2000 modificado por la Ley 1709 de 2014, que, dice, le permit\u00eda acceder al beneficio; no obstante, le fue aplicada la Ley 1121 de 2006 que lo descarta para delitos como el que \u00e9l cometi\u00f3. <\/p>\n
Finalmente asegura, que el 29 de enero de los corrientes la Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio le neg\u00f3 la acci\u00f3n de tutela que present\u00f3 contra esos prove\u00eddos, decisi\u00f3n que impugnada, fue confirmada el 23 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, sin sopesarse el principio de aplicaci\u00f3n de la ley penal m\u00e1s favorable, motivo por el cual \u00abconsidera imperativo replantear [su] denuncia constitucional (\u2026) arrimando elementos nuevos que se han desconocido por los administradores de justicia que son enf\u00e1ticos en aplicar disposiciones judiciales m\u00e1s all\u00e1 de los fines buscados por el legislador en materia de pol\u00edtica criminar del estado\u00bb, circunstancias que, en su criterio, justifican la intervenci\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el d\u00eda 28 de junio hoga\u00f1o se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La Sala Penal del Tribunal Superior de Villavicencio, por intermedio del Magistrado ponente del asunto constitucional cuestionado, manifest\u00f3 que el 15 de febrero de la presente anualidad concedi\u00f3 la impugnaci\u00f3n presentada contra la sentencia que profiri\u00f3 el 29 de enero anterior. <\/p>\n
b). El titular del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad del Circuito de Acac\u00edas, Meta, inform\u00f3 que el aqu\u00ed interesado fue condenado el 29 de noviembre de 2013 por Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Antioquia, a la pena principal de 174 meses de prisi\u00f3n, y se encuentra privado de la libertad desde el 9 de julio de 2013, reconoci\u00e9ndosele una redenci\u00f3n de la pena de 22 meses y 26.5 d\u00edas. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 4 de julio de 2020 le neg\u00f3 la libertad condicional, debido a la prohibici\u00f3n expresa establecida en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, decisi\u00f3n que mantuvo en reposici\u00f3n el 15 de octubre siguiente y que confirm\u00f3 el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia el 9 de diciembre de 2020, prove\u00eddos \u00e9stos atacados en el referido tr\u00e1mite de tutela, neg\u00e1ndose la protecci\u00f3n en ambas instancias. <\/p>\n
c). El Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia se\u00f1al\u00f3, que ratific\u00f3 la negativa de conceder el aludido beneficio, porque el delito de extorsi\u00f3n est\u00e1 incluido en el art\u00edculo 26 de la Ley 1121 de 2006, como excluido del mismo. <\/p>\n
d). A la fecha de registro del fallo no se hab\u00edan recibido m\u00e1s intervenciones. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en una medida a\u00fan mayor, cuando la determinaci\u00f3n atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo. As\u00ed las cosas, de manera sumamente excepcional, la Corte ha admitido la intervenci\u00f3n de un segundo juez de amparo cuando en el tr\u00e1mite de la acci\u00f3n se ha incurrido en una vulneraci\u00f3n clara y ostensible al debido proceso de alguna de las partes o de terceros con inter\u00e9s en el resultado del respetivo tr\u00e1mite <\/p>\n
2. Acerca de esta especial tem\u00e1tica, la Corte Constitucional, en sentencia SU-627 adiada 1\u00ba de octubre de 2015, consolid\u00f3 los criterios dispuestos desde el a\u00f1o 2001 acerca de los casos en los cuales, de manera excepcional, resulta procedente la acci\u00f3n de tutela frente a una controversia suscitada con ocasi\u00f3n de un tr\u00e1mite de igual naturaleza, de la siguiente manera: <\/p>\n
\u00ab4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional\u00bb. <\/p>\n
3. En el presente asunto se observa, que la censura del ciudadano Casta\u00f1o Arboleda recae, concretamente, en el prove\u00eddo del 9 de diciembre de 2020 del Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Antioquia, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 4 de julio de ese mismo a\u00f1o del Juzgado Primero de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Acac\u00edas, Meta, de negarle el subrogado penal de la libertad condicional, por la condena que est\u00e1 descontando por el delito de \u00abextorsi\u00f3n agravada consumada, tentativa de extorsi\u00f3n agravada, tenencia de explosivos y tenencia de armas de defensa personal\u00bb; no obstante, se constata que por los mismos motivos, contra esas decisiones el gestor interpuso otra acci\u00f3n de tutela, resuelta en sentencia proferida el 23 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n del 29 de noviembre anterior de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Villavicencio, con que se neg\u00f3 la protecci\u00f3n invocada, porque, seg\u00fan se plasm\u00f3 en aquella determinaci\u00f3n, \u00ablos autos proferidos en sede de ejecuci\u00f3n de penas objeto de reproche estuvieron precedidos del an\u00e1lisis serio y ponderado de la controversia planteada y de la aplicaci\u00f3n de las normas pertinentes. A partir de esos postulados, los despachos accionados concluyeron que no era procedente conceder la libertad condicional a favor de DANNY ANDR\u00c9S CASTA\u00d1O ARBOLEDA. Los razonamientos all\u00ed plasmados se advierten ajustados a derecho, pues se encuentran fundamentados en las disposiciones legales y la jurisprudencia sobre la materia. As\u00ed, su contraste con el caso concreto permite a la Sala alcanzar la misma conclusi\u00f3n\u00bb (STP3409-2021). <\/p>\n
<\/p>\n
4. Visto lo anterior, se aprecia sin asomo de duda, que el resguardo constitucional reclamado es improcedente, habida cuenta que, como arriba se dej\u00f3 establecido, su objetivo es, en \u00faltimas, atacar las sentencias dictadas por la Sala Especializada en lo Penal de esta Corte y la Colegiatura accionadas, dentro de otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la presente, cuesti\u00f3n que desemboca en la causal de improcedencia de que trata el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si se tiene en cuenta que la jurisprudencia constitucional ha insistido, en que ante una ocasional falta o desafuero en que puedan incurrir los jueces de tutela al ocuparse de las decisiones con las que se resuelva sobre el se\u00f1alado mecanismo excepcional, no es un nuevo instrumento de id\u00e9ntica condici\u00f3n el adecuado para contrarrestar el supuesto quebranto. <\/p>\n
5. Ahora, de la revisi\u00f3n de la p\u00e1gina web de la Corte Constitucional1 se advierte, que el expediente contentivo de la acci\u00f3n tuitiva en comento a\u00fan est\u00e1 en esa Corporaci\u00f3n para su eventual revisi\u00f3n, raz\u00f3n por la cual la parte aqu\u00ed interesada est\u00e1 en la posibilidad de acudir al recurso de insistencia previsto en el art\u00edculo 33 del memorado compendio2, para pedir a la referida Colegiatura su escogencia para dicho tr\u00e1mite, \u00fanico mecanismo procesal que puede interponerse o solicitarse ante los funcionarios habilitados para el efecto, herramienta esta \u00faltima respecto de la cual, ha precisado esta Corporaci\u00f3n: <\/p>\n
\u00abY, no se diga, que dicho instrumento no es suficiente garant\u00eda, dada su eventualidad y discrecionalidad, pues si bien es cierto este grado jurisdiccional no se predica de toda acci\u00f3n de tutela, tambi\u00e9n lo es que la selecci\u00f3n se materializa a trav\u00e9s del procedimiento previsto en el art\u00edculo 33 del Decreto 2591 de 1991, con la prerrogativa adicional de que \u2018[c]ualquier magistrado de la Corte o el Defensor del Pueblo, podr\u00e1 solicitar que se revise alg\u00fan fallo de tutela excluido por \u00e9stos cuando considere que la revisi\u00f3n puede aclarar el alcance de un derecho o evitar un perjuicio grave\u2019, o lo que es lo mismo, apelar al recurso de insistencia que puede ser propuesto \u2018dentro de los quince d\u00edas calendario siguientes a la fecha de notificaci\u00f3n por estado del auto de la Sala de Selecci\u00f3n\u2019. (Art\u00edculo 51 y 52 del Acuerdo 05 de 15 de octubre de 1992)\u00bb (STC3841-2021). <\/p>\n
De este modo, la posibilidad de acudir al mencionado mecanismo ante el alto Tribunal Constitucional, al ser la v\u00eda id\u00f3nea para plantear la inconformidad expuesta en este escenario, impide la intromisi\u00f3n en el asunto por parte de un segundo juez de tutela, pues, este remedio \u00abes un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario natural del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, y en casos como el de ahora, \u00fanicamente es permitida la revisi\u00f3n del desarrollo procesal respecto de las garant\u00edas propias de cada juicio, y por casos excepcionales, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender como un mecanismo instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver las controversias judiciales, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica\u00bb (CSJ STC437-2021). <\/p>\n
6. As\u00ed, estas consideraciones bastan para concluir, que habr\u00e1 de desestimarse la protecci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002https:\/\/www.corteconstitucional.gov.co\/secretaria\/consultat\/consulta.php?campo=rad_actor&date3=2019-01-01&date4=2021-07-02&radi=Radicados&palabra=casta%C3%B1o+arboleda+danny+andres&radi=radicados&todos=%25 <\/p>\n
2\u0002 Reglamentado en el Acuerdo No 05 de 1992, emanado de la Corte Constitucional. <\/p>\n
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STC8262-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado Ponente STC8262-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02079-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno). Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Danny Andr\u00e9s […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55419","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55419","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55419"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55419\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55419"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55419"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55419"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}