STC8263-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8263-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02097-00 <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela interpuesta por Antonio Haggar Cueter y Beatriz Zerrate Sierra, contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, tr\u00e1mite al que fue vinculado el Juzgado Quinto Civil del Circuito la misma localidad, as\u00ed como las partes y los intervinientes del juicio verbal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, supuestamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, con el fallo proferido en el marco del proceso de restituci\u00f3n de inmueble arrendado que Verena del Carmen Montenegro Uribe adelant\u00f3 en su contra, bajo el radicado n.\u00ba 2018-00458-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretenden que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena, que deje sin efectos la decisi\u00f3n proferida el 1\u00b0 de junio de los corrientes, a trav\u00e9s de la cual se declar\u00f3 terminado el contrato de arrendamiento. <\/p>\n
2. Para respaldar sus pedimentos aducen en compendio y en lo que interesa para la resoluci\u00f3n del presente asunto, que su arrendadora, la se\u00f1ora Montenegro Uribe, reclam\u00f3 a trav\u00e9s de un proceso verbal la restituci\u00f3n del predio dado en tenencia, el cual finaliz\u00f3 con sentencia de primera instancia proferida el 9 de diciembre de 2020 por el Juzgado Quinto Civil del Circuito de Cartagena, confirmada el 1\u00b0 de junio actual por el Cuerpo Colegiado convocado. <\/p>\n
Consideran que con la anterior determinaci\u00f3n se incurri\u00f3 en un defecto sustantivo por \u00abindebida aplicaci\u00f3n del numeral segundo del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio, pues tal norma no se adec\u00faa a la situaci\u00f3n f\u00e1ctica dada en este proceso\u00bb, en tanto que, \u00able dio a esa norma unos efectos diferentes a los contemplados en ella\u00bb, pues, en su criterio, la causal \u00abse aplica cuando el propietario sea claro y preciso en su comunicaci\u00f3n de desahucio, de que necesita el inmueble arrendado para montar un establecimiento que sea de su propiedad, destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario\u00bb y, en el caso bajo estudio, no se demostr\u00f3 que el desahucio cumple con los requisitos de la norma. <\/p>\n
3. Una vez asumido el tr\u00e1mite, el 30 de junio de los corrientes se admiti\u00f3 la acci\u00f3n de tutela y se orden\u00f3 el traslado a los involucrados para que ejercieran su derecho a la defensa. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Magistrado Ponente de la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, pidi\u00f3 denegar la s\u00faplica presentada, tras advertir que \u00abm\u00e1s all\u00e1 que los accionantes no compartan la causal de no renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento alegada por la demandante, lo cierto es, que la ley no exige ninguna acreditaci\u00f3n de la misma como lo pretenden los reclamantes de amparo, siendo suficiente que el arrendador informe con la suficiente antelaci\u00f3n y puntualice el motivo o la causa para ponerle fin al contrato de arrendamiento, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Comercio, distinto es que, el arrendador incumpla con el compromiso adquirido, debido a que se ver\u00eda compelida a indemnizar a los empresarios conforme a las reglas previstas en el art\u00edculo 522 ib\u00eddem, en donde, adem\u00e1s, se instituye la manera de justificar los perjuicios y de asegurar su efectividad\u00bb, y, por lo tanto, no quebrant\u00f3 ninguna prerrogativa fundamental aqu\u00ed cuestionada. <\/p>\n
b.) Al momento de registrar el proyecto de fallo, no se hab\u00edan efectuado pronunciamientos. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Como es sabido, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo particular establecido por la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de 1991 para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, de car\u00e1cter residual y subsidiario, porque s\u00f3lo procede cuando el afectado no disponga de otro medio judicial de salvaguarda, salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable; ahora, trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, el mencionado instrumento se torna a\u00fan m\u00e1s excepcional, pues s\u00f3lo resulta viable cuando se advierta un proceder del funcionario judicial que se pueda tildar de irrazonable, arbitrario o caprichoso, caso en el cual se faculta la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura de los se\u00f1ores Antonio y Beatriz est\u00e1 encaminada, concretamente, frente a la decisi\u00f3n del pasado 1\u00b0 de junio, a trav\u00e9s de la cual la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cartagena mantuvo en todas sus partes la sentencia que el 9 de septiembre anterior emiti\u00f3 el Juzgado Quinto Civil del Circuito de la misma localidad, en la cual declar\u00f3, entre otras, la terminaci\u00f3n del contrato de arrendamiento celebrado entre la se\u00f1ora Montenegro Uribe y los aqu\u00ed accionantes, pues en el sentir de \u00e9stos, no se daban los presupuestos axiol\u00f3gicos para acceder a las pretensiones de los reclamantes, y se incurri\u00f3 en una errada aplicaci\u00f3n del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio. <\/p>\n
3. No obstante, una vez examinado el contenido de la determinaci\u00f3n criticada a trav\u00e9s de este mecanismo especial, se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n constitucional implorada, en raz\u00f3n a que el sustento de la apelaci\u00f3n se fund\u00f3 en similares argumentos a los ahora expuestos en sede de tutela, sin que en todo caso se advierta que las conclusiones a la que arrib\u00f3 el juez colegiado sean fruto de una interpretaci\u00f3n caprichosa o absurda frente a la normativa que regula el tr\u00e1mite de la terminaci\u00f3n de los contratos de arrendamiento, situaci\u00f3n que descarta toda posibilidad de intervenci\u00f3n del Juez de tutela. <\/p>\n
Ciertamente, el Tribunal Superior de Cartagena para acceder a la terminaci\u00f3n de la aludida convenci\u00f3n, en lo que interesa para el presente asunto conforme a lo aqu\u00ed alegado por los actores, dispuso que como la causal alegada por la arrendadora fue la consagrada en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio a cuyo tenor dispone que la renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento no opera \u00ab[c]uando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitaci\u00f3n o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario\u00bb, el desahucio realizado por la arrendadora el 22 de junio de 2017 \u00absurti\u00f3 los efectos previstos en el art\u00edculo 520 del C\u00f3digo de Comercio\u00bb en la medida en que fue efectuado con \u00abno menos de seis (6) meses de anticipaci\u00f3n a la fecha de terminaci\u00f3n del contrato\u00bb, considerando adem\u00e1s, que esa comunicaci\u00f3n determin\u00f3 \u00abla causal espec\u00edfica para la terminaci\u00f3n del contrato\u00bb. <\/p>\n
Frente a esto \u00faltimo anot\u00f3, que \u00abm\u00e1s all\u00e1 de que los demandados no compartan la causal de no renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento alegada por la demandante, y contrario a lo arg\u00fcido respecto de la inexistencia del desahucio, por no haberse probado la causal 2\u00ba del art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de Comercio, lo cierto es que \u00e9sta no necesita formalidades al momento de plantearse por el arrendador o su arrendatario\u00bb. Entonces, concluy\u00f3 que la norma en cita \u00abno exige ninguna acreditaci\u00f3n de la causal para poner fin al contrato de arrendamiento, (\u2026) distinto es que el arrendador incumpla el compromiso adquirido, debido a que se ver\u00eda compelida a indemnizar a los empresarios conforme a las reglas previstas en el art\u00edculo 522 ib\u00eddem\u00bb. <\/p>\n
Y, siguiendo con esa l\u00ednea de entendimiento, explic\u00f3 que \u00abla ley no exige ninguna condici\u00f3n adicional, distinta al desahucio, para que no haya lugar a la renovaci\u00f3n del arriendo\u00bb, y que, incluso, \u00abde ser necesaria la recuperaci\u00f3n judicial del bien, tampoco es preciso acreditar la causal aducida, basta que se afirme, porque si el propietario incumple la obligaci\u00f3n que adquiri\u00f3, debe asumir las consecuencias\u00bb, recabando adem\u00e1s, que nada obsta para que la arrendadora reclame su bien sin perjuicio de la \u00abforma como (\u2026) pretenda montar su propio establecimiento de comercio, distinto al del arrendatario\u00bb. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, m\u00e1s all\u00e1 de que la Sala comparta o no \u00edntegramente las conclusiones a las que lleg\u00f3 el Tribunal de Cartagena respecto de la puntual materia, como aqu\u00e9llas son producto de una motivaci\u00f3n que no es el resultado de su subjetividad o arbitrariedad, no puede intervenir excepcionalmente el juez de tutela, y menos cuando lo que realmente pretenden los peticionarios del amparo (all\u00ed demandados), es anteponer su propio criterio al de la Corporaci\u00f3n accionada y atacar por esta v\u00eda la decisi\u00f3n que le desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la de la acci\u00f3n de tutela, pues dada su naturaleza excepcional, no fue creada para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios especiales. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que, como qued\u00f3 visto, se analizaron los supuestos de la causal de renovaci\u00f3n del contrato de arrendamiento de local comercial, respecto de los arrendatarios que han ocupado el mismo por m\u00e1s de dos a\u00f1os, concluyendo que no era imperioso la demostraci\u00f3n de la hip\u00f3tesis alegada, que para el caso bajo estudio corresponde a la segunda del art\u00edculo 518 del C. de Co., pues la norma no impone tal situaci\u00f3n, en la medida en que las consecuencias de su incumplimiento se encuentran contempladas en el canon 522 ib\u00eddem. <\/p>\n
Al respecto se precisa, que tal como ha sido reconocido de tiempo atr\u00e1s, que \u00abEl Juez de tutela, a pretexto de examinar si existi\u00f3 vulneraci\u00f3n de un determinado derecho fundamental, [no puede revisar] nuevamente la decisi\u00f3n de los jueces ordinarios que conocieron del tr\u00e1mite y los recursos, como si esta acci\u00f3n hubiere sido concedida como un medio de impugnaci\u00f3n -paralelo- que se pueda adicionar a las actuaciones adelantadas, … por regla general no es posible auscultar, ora para restarles vigencia, ora para otorg\u00e1rselas, dado que dicha labor le corresponde, per se, es al juez natural, es decir al juez del proceso. De all\u00ed que toda consideraci\u00f3n en torno a esa tarea escapa al examen del Juez del amparo, quien en la esfera que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala, tiene una competencia limitada y tambi\u00e9n residual. Tanto, que en concepto configuraci\u00f3n de una de las apellidadas v\u00edas de hecho, es de suyo restricto a la vez que excepcional, como reiteradamente lo ha puesto de presente la jurisprudencia patria\u00bb (CJS STC1149-2021). <\/p>\n
Por lo tanto, la sola divergencia conceptual, o el no compartir el sentido de la decisi\u00f3n anotada, no permite abrir camino a esta herramienta, dado que la tutela no es el instrumento para definir cu\u00e1l de las posibilidades de interpretaci\u00f3n se ajusta a la norma adjetiva o sustancial que est\u00e1 llamada a aplicarse al caso concreto. De manera invariable ha se\u00f1alado la Sala de tiempo atr\u00e1s, que \u00abindependientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (CSJ STC2665-2021). <\/p>\n
5. Por todo lo expuesto, se desestimar\u00e1 lo pretendido con el escrito de tutela presentado ante esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo, en caso de no ser impugnado este fallo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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