STC8264-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8264-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-13-000-2021-00130-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 21 de abril de 2021 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mar\u00eda de la Cruz Parra Luna, Nicol\u00e1s Valent\u00edn Pe\u00f1alosa Parra, Medardo Mej\u00eda Morantes y Astrid Carolina Parra Rojas, \u00e9sta \u00faltima en calidad de agente oficiosa de Carmen Cleofe Parra Luna, contra el Juzgado Primero de Familia de la misma ciudad. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los gestores del amparo, los primeros a trav\u00e9s de apoderado judicial, y la \u00faltima en la calidad antedicha, reclaman la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental y el de la agenciada al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la inadmisi\u00f3n del proceso de adjudicaci\u00f3n de apoyo transitorio iniciado por la se\u00f1ora Mar\u00eda de la Cruz Parra, identificado con el consecutivo No. 2021-00076-00. <\/p>\n
Reclaman, entonces, para la protecci\u00f3n de las mentadas prerrogativas, que se ordene al Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta, \u00abadmitir la demanda de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la se\u00f1ora CARMEN PARRA, sin la necesidad de presentar como requisito (\u2026) la valoraci\u00f3n de apoyo de la Personer\u00eda o la Defensor\u00eda del Pueblo, en raz\u00f3n a la imposibilidad actual de obtener la misma\u00bb. <\/p>\n
Con el fin de respaldar su queja exponen, en s\u00edntesis, que a causa de un accidente cerebro vascular de grandes dimensiones, la se\u00f1ora Carmen Cleofe Parra Luna perdi\u00f3 el 98% de su capacidad laboral, requiriendo de una persona que la cuide de manera permanente; que para poder tramitar la pensi\u00f3n de invalidez a la que, seg\u00fan sus dichos, aqu\u00e9lla tiene derecho, \u00abse debe radicar ante la Secretaria de Educaci\u00f3n Departamental\u00bb la respectiva petici\u00f3n, junto con una serie de formularios que deben ser rubricados por la potencial beneficiaria de tal asignaci\u00f3n, sin que a la fecha pueda cumplirse con tal requisito, pues debido a la patolog\u00eda que la aqueja, perdi\u00f3 la mayor\u00eda de sus funciones f\u00edsicas y mentales. <\/p>\n
Aducen que en vista de tales circuntancias, la se\u00f1ora Mar\u00eda de la Cruz, hermana de la discapacitada, present\u00f3 demanda de \u00abadjudicaci\u00f3n de apoyos\u00bb para poder representarla en el referido tr\u00e1mite pensional, la cual fue inadmitida por la autoridad judicial convocada en auto del 29 de enero de los corrientes, exigiendo que se aporte una \u00abvaloraci\u00f3n\u00bb en la que se establezca la necesidad de tal soporte, la cual se se\u00f1ala en tal providencia, puede ser brindada por la Defensor\u00eda del Pueblo, la Personer\u00eda, los entes departamentales a trav\u00e9s de la Gobernaci\u00f3n y la Alcald\u00eda, conforme a lo dispuesto en los c\u00e1nones 11 y 38 de la Ley 1996 de 2019; empero, tal pedimento no puede cumplirse, pues en anterior oportunidad ya hab\u00edan intentado la consecuci\u00f3n de dicho documento ante dos de las mentadas autoridades, quienes dijeron carecer de competencia para emitirlo, motivo por el cual, ante la falta de subsanaci\u00f3n, la demanda fue rechazada, por lo que manifiestan estar habilitados para acudir a la present v\u00eda excepcional, pues lo cierto es que, dicen, la autoridad judicial convocada \u00abpudo haber solicitado de oficio que una trabajadora social del juzgado o del bienestar familiar, realizara visita domiciliaria a la se\u00f1ora Carmen Parra, y rindiera informe correspondiente al Juzgado y a las partes interesadas; o cualquier otra prueba que considerara id\u00f3nea y oportuna, para establecer la adjudicaci\u00f3n de apoyos y garantizarle los derechos que le asisten\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO <\/p>\n
El Juzgado Primero de Familia de C\u00facuta solicit\u00f3 denegar salvaguarda instada por improcedente, comoquiera que la parte solicitante en el proceso objeto de an\u00e1lisis no recurri\u00f3 el auto a trav\u00e9s del cual se rechaz\u00f3 la demanda por la falta de subsanaci\u00f3n requerida en la providencia inadmisoria. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, tras advertir que en el caso sub examine, \u00abel reclamo constitucional fue propuesto por la abogada Astrid Carolina Parra Rojas, al considerar vulnerado el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia de los se\u00f1ores Mar\u00eda de la Cruz Parra Luna, Nicolas Valent\u00edn Pe\u00f1aloza Parra y Medardo Mej\u00eda Morantes (demandantes en el proceso objeto de la queja), bajo el argumento de que el juzgado demandado no debi\u00f3 rechazar la demanda de \u201cadjudicaci\u00f3n judicial de apoyos transitorio (Art. 54, Ley 1996\/2019)\u201d, al exigir la \u201cvaloraci\u00f3n de apoyos por las entidades como la Personer\u00eda y la Defensor\u00eda, ya que a\u00fan no tienen la competencia y es imposible cumplir con dicho requisito\u201d. <\/p>\n
Luego, si bien la litigante Parra Rojas cuenta con poder amplio y suficiente para actuar dentro del mencionado proceso, no cuenta con la misma facultad para proceder dentro del presente tr\u00e1mite constitucional, por cuanto no arrim\u00f3 el \u201cpoder especial\u201d para impetrar y llevar hasta su culminaci\u00f3n la acci\u00f3n de tutela a desatar, llamando la atenci\u00f3n que dicha carga no la cumpli\u00f3 pese al requerimiento efectuado en el auto admisorio de la demanda de tutela (ordinal 6\u00ba), pues solo se limit\u00f3 a anexar copia de la demanda y la historia cl\u00ednica. <\/p>\n
Cabe rese\u00f1ar, que la procedencia de la tutela est\u00e1 sujeta al cumplimiento de las condiciones m\u00ednimas establecidas por el legislador por parte de quien invoca la protecci\u00f3n de derechos fundamentales a trav\u00e9s de este mecanismo constitucional. Dentro de esos requisitos se encuentra el de la legitimaci\u00f3n en la causa por activa, consagrada en el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991; y de esta disposici\u00f3n se deriva que el reclamo de amparo puede ser interpuesto de las siguientes maneras: i) por la persona que considera directamente lesionados o amenazados sus derechos fundamentales; ii) por el representante legal; iii) por el apoderado judicial; iv) mediante la agencia de los derechos cuando el titular no se encuentre en condiciones de ejercer su propia defensa; y v) por el Defensor del Pueblo y los Personeros Municipales. <\/p>\n
Al respecto, se insiste, la Corte Constitucional ha indicado que la acci\u00f3n de amparo puede ser presentada por conducto de apoderado judicial \u201csi quien presenta la demanda de tutela acredita ser abogado titulado y se anexa el respectivo poder especial, de modo que no se puede pretender hacer valer un poder otorgado en cualquier proceso para solicitar el amparo constitucional.\u201d. <\/p>\n
Y sobre el particular, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC9228-2018, ha exteriorizado: \u201c(\u2026) en punto de la legitimaci\u00f3n por activa, que la persona habilitada constitucionalmente para promover la acci\u00f3n de tutela es aqu\u00e9lla a la que se le violan o amenazan sus derechos fundamentales. El profesional del derecho que la auspicia dentro del tr\u00e1mite de un determinado proceso es un simple apoderado judicial y, en ning\u00fan momento, resulta afectado en tales derechos\u201d (Se subraya). <\/p>\n
Por ello, seg\u00fan lo sostenido por la jurisprudencia constitucional y las disposiciones superiores pertinentes, un primer requisito de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela es la exigencia de que quien solicite el amparo se encuentre \u201clegitimado en la causa\u201d para presentar la solicitud de protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales. La legitimaci\u00f3n \u201cpor activa\u201d exige que el derecho cuya protecci\u00f3n se invoca, sea un derecho fundamental radicado en cabeza del demandante y no en otra persona. <\/p>\n
Ha de tenerse presente, que los derechos fundamentales por su naturaleza y finalidad, pertenecen a la categor\u00eda de los derechos extrapatrimoniales, en el sentido de que no integran el patrimonio econ\u00f3mico de su titular al no ser cuantificables en dinero sino que forman parte de los estrictamente personales, quedando intr\u00ednsecamente ligados a la persona por su esencia humana sin poder escindirse. Sobre la improcedencia de la acci\u00f3n cuando la tutela es pedida por un abogado que carece de poder espec\u00edfico para actuar, sin que tampoco obre como agente oficioso. <\/p>\n
En ese orden, refulge que la abogada Astrid Carolina Parra Rojas carece de potestad alguna para instaurar la presente acci\u00f3n constitucional, pues, se itera, no alleg\u00f3, junto con el escrito de tutela, el mandato conferido por aquellas personas en cuyo nombre pregona y solicita la protecci\u00f3n del iusfundamental, configur\u00e1ndose una falta de legitimaci\u00f3n en la causa por activa. Por tal motivo, no es posible legitimar la acci\u00f3n de quien, sin el poder espec\u00edfico, pretende obtener la protecci\u00f3n de unos derechos fundamentales de los que no es titular, lo cual desconocer\u00eda el car\u00e1cter personal de los derechos fundamentales, raz\u00f3n m\u00e1s que suficiente para denegar la s\u00faplica constitucional impetrada\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La abogada Astrid Carolina Parra Rojas replic\u00f3 el anterior fallo, luego de se\u00f1alar, en suma, que el a quo constitucional solamente estudi\u00f3 la solicitud de amparo por ella elevada como apoderada judicial de Mar\u00eda de la Cruz Parra Luna, Nicol\u00e1s Valent\u00edn Pe\u00f1alosa Parra, Medardo Mej\u00eda Morantes, sin referirse a la condici\u00f3n de agente oficiosa de la se\u00f1ora Carmen Cleofe Parra Luna (discapacitada), que tambi\u00e9n adujo en la demanda inicial. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como es sabido, el derecho de amparo previsto en el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Nacional s\u00f3lo es viable activarlo frente a determinaciones judiciales cuando las mismas incurran en alguna causal de procedencia, es decir, si corresponden al arbitrario designio del funcionario, con alcances totalmente alejados de los fines perseguidos por el ordenamiento jur\u00eddico, a condici\u00f3n de que la v\u00edctima no tenga ni haya tenido otros instrumentos efectivos para salvaguardar los derechos fundamentales que tales prove\u00eddos hayan amenazado o puesto en inminente riesgo, debido a que su naturaleza residual le impide operar en presencia de dichos medios. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a los motivos expuestos como cimiento de la impugnaci\u00f3n propuesta por la profesional del derecho Astrid Carolina Parra Rojas, debe decirse que, en principio, le asiste raz\u00f3n, comoquiera que la salvaguarda solicitada tambi\u00e9n lo fue en calidad de agente oficiosa de la se\u00f1ora Carmen Cleofe Parra Luna, respecto de quien se demostr\u00f3 con suficiencia el motivo que la imposibilita para ejercer directamente la defensa de sus derechos fundamentales, que no es otro a su grave estado de salud, mismo que la postr\u00f3 a una cama por haber perdido el 98% de sus capacidades f\u00edsicas y mentales, y que hoy obliga a sus familiares a instaurar el proceso de adjudicaci\u00f3n judicial de apoyos para la realizaci\u00f3n de actos jur\u00eddicos que trata el canon 32 y subsiguientes de la Ley 1996 de 2019. <\/p>\n
3. Empero, aun cuando se acepte que la mentada abogada obre en la antedicha calidad, y que la se\u00f1ora Parra Luna cuenta con legitimaci\u00f3n para atacar el mentado tr\u00e1mite judicial, debe decirse que la protecci\u00f3n constitucional igual est\u00e1 llamada al fracaso, pues la gestora del amparo, en una conducta constitutiva de incuria, desaprovech\u00f3 la oportunidad de cuestionar el auto del 29 de abril de los corrientes, en el que se rechaz\u00f3 la plurimencionada acci\u00f3n especial, a trav\u00e9s del recurso de reposici\u00f3n a voces de los art\u00edculos 318 del C\u00f3digo General del Proceso, momento en el cual, adem\u00e1s, pudo alegar lo concerniente a la imposibilidad de aportaci\u00f3n de la valoraci\u00f3n requerida en el auto inadmisoria para que certificara la necesidad del apoyo instado. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte de vieja data, en diversos pronunciamientos ha dicho que, \u00abel accionante no puede acudir a la justicia constitucional en pos de oportunidades defensivas adicionales, ya que la falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC6580-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de la r\u00e9plica horizontal, se ha indicado que, \u00abY, no se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes, especialmente en asuntos que se tramitan en \u00fanica instancia (\u2026)\u00bb (ejusdem). <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, sin duda, como la reclamante no hizo uso de las herramientas defensivas que le brind\u00f3 el ordenamiento jur\u00eddico para tratar de resolver la situaci\u00f3n aqu\u00ed expuesta, no se puede ahora proveer la soluci\u00f3n pretendida, si en cuenta se tiene que la acci\u00f3n de tutela es un medio subsidiario llamado a aplicarse s\u00f3lo cuando en el escenario del respectivo tr\u00e1mite judicial no logran protegerse los derechos fundamentales invocados, pero en ning\u00fan momento el amparo se puede entender instituido para desplazar a los funcionarios a quienes la Constituci\u00f3n o la ley les han asignado la competencia para resolver controversias como las que aqu\u00ed se discute, supuesto que llevar\u00eda a invadir su \u00f3rbita de acci\u00f3n y a quebrantar la Carta Pol\u00edtica. <\/p>\n
5. En consecuencia, se impone el fracaso de la protecci\u00f3n excepcional pretendida, por ende, se debe mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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