STC8266-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8266-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-01077-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 2 de junio de 2021, por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Alfonso Guevara Gonz\u00e1lez contra el Juzgado Once Civil del Circuito de la misma ciudad, tr\u00e1mite al que fueron vinculados las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso coercitivo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama la protecci\u00f3n constitucional sus derechos fundamentales a \u00abla defensa t\u00e9cnica\u00bb, al debido proceso, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia y a la igualdad, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional accionada, en el marco del proceso ejecutivo que Hernando Enrique Guevara Gonz\u00e1lez adelanta en su contra y de Luis Hernando Guevara Pe\u00f1afiel, Rosa Lilia Gonz\u00e1lez de Guevara, Liliana Roc\u00edo y Germ\u00e1n Alberto Guevara Gonz\u00e1lez, identificado con el radicado No. 2016-00850-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1, \u00abdejar sin efecto alguno la providencia proferida el 4 de diciembre de 2020 como la del 5 de febrero de 2021 que resolvi\u00f3 sobre la adici\u00f3n, en el [referido juicio], mediante el cual se mantuvo inc\u00f3lume el auto de fecha 30 de octubre de 2020, donde admiti\u00f3 reforma a la demanda y se libr\u00f3 orden de pago\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo aduce en compendio, que el decurso del asunto se origin\u00f3 en el proceso verbal de simulaci\u00f3n que sus progenitores Luis Hernando Guevara Pe\u00f1afiel y Rosa Lilia Gonz\u00e1lez Guevara (q.e.p.d.) promovieron contra \u00e9l y sus hermanos Hernando Enrique Guevara (q.e.p.d.) Germ\u00e1n Alberto y Liliana Roc\u00edo Guevara Gonz\u00e1lez, tr\u00e1mite adelantado ante el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 y dentro del cual el 11 de abril de 2018 se lleg\u00f3 a una conciliaci\u00f3n \u00abdiferente a las pretensiones de la demanda, relacionado con otros temas en conflicto familiar\u00bb. <\/p>\n
Narra que con sustento en ese acuerdo de su hermano Hernando Enrique Guevara Gonz\u00e1lez inici\u00f3 la referida ejecuci\u00f3n, obteniendo mandamiento de pago el 4 de diciembre de 2019 junto con medidas cautelares, decisiones que \u00e9l atac\u00f3 mediante los recurso de reposici\u00f3n y en subsidio el de apelaci\u00f3n, los cuales, seg\u00fan indic\u00f3 el juez cognoscente, ser\u00edan resueltos una vez se notificaran todos los demandados. <\/p>\n
Sostiene que el 30 de octubre de 2020, el Juzgado accionado acept\u00f3 la reforma de demanda realizada por el ejecutante y libr\u00f3 nueva orden de apremio, \u00absin que hubiese resuelto los recursos presentados contra el mandamiento ejecutivo del 4 de diciembre de 2019 como de las medidas cautelares igualmente decretadas\u00bb, por lo que solicit\u00f3 reponer el nuevo mandamiento de pago por no cumplir el t\u00edtulo ejecutivo con los requisitos de los art\u00edculos 93 y 422 del C\u00f3digo General del Proceso, mecanismo resuelto el 4 de diciembre de 2020, manteni\u00e9ndose la decisi\u00f3n en contra de la normatividad y jurisprudencia aplicables, y sin emitirse pronunciamiento sobre todos los argumentos de la inconformidad. <\/p>\n
Finalmente afirma, que solicit\u00f3 adicionar y complementar la precitada determinaci\u00f3n, para que adem\u00e1s se resolvieran los recursos interpuestos contra el mandamiento de pago inicial, pero el 5 de febrero del presente a\u00f1o no se accedi\u00f3 a ello, situaci\u00f3n por la cual, asegura, se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). Jes\u00fas David Simanca Mej\u00eda, quien dijo ser apoderado de Hernando Enrique Guevara Gonz\u00e1lez, se\u00f1al\u00f3 que lo pretendido por el gestor es desconocer al pago de la obligaci\u00f3n que se ejecuta en el proceso del ep\u00edgrafe, \u00abcuesti\u00f3n que habr\u00e1 de resolverse en la sentencia y no puede ser objeto de estudio en otras instancias\u00bb. <\/p>\n
b). La titular del Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 indic\u00f3 que dentro del referido decurso el aqu\u00ed interesado se pronunci\u00f3 frente a la demanda y propuso excepciones de m\u00e9rito, de las cuales correr\u00e1 traslado al ejecutante una vez culmine la presente actuaci\u00f3n. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 neg\u00f3 la salvaguarda reclamada, porque \u00aben este caso el aqu\u00ed accionante, a trav\u00e9s de su apoderada judicial, formul\u00f3 dentro de la causa ejecutiva excepciones de m\u00e9rito que est\u00e1n pendientes por resolver, relativas a la omisi\u00f3n de los requisitos que el t\u00edtulo ejecutivo debe contener y que la ley no suple expresamente, el cobro de lo no debido o inexistencia de la obligaci\u00f3n, la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, el incumplimiento de las obligaciones contra\u00eddas por el ejecutante en la conciliaci\u00f3n base de recaudo. De tal suerte que resulta prematura e improcedente la intervenci\u00f3n del juez constitucional cuando lo pretendido por esta v\u00eda est\u00e1 pendiente de debate y resoluci\u00f3n ante el juez de instancia\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La present\u00f3 el actor, con sustento en similares motivos a los que expuso en su escrito inicial, a los que agreg\u00f3 que no resultaba procedente que en la sentencia se estudiaran nuevamente los requisitos formales del t\u00edtulo, y es la ausencia de los mismos la que fundamenta su solicitud de protecci\u00f3n. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Bien se sabe, siguiendo los criterios jurisprudenciales de la Corporaci\u00f3n, que, en l\u00ednea de principio, la acci\u00f3n instaurada no procede contra providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de los Jueces constitucionales inmiscuirse en el escenario de los tr\u00e1mites ordinarios en curso o ya terminados, para tratar de modificar o cambiar las determinaciones pronunciadas en ellos, porque al obrar de esa manera se quebrantar\u00edan los principios que contemplan los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
2. En el presente asunto se observa, que la censura expuesta por el se\u00f1or Guevara Gonz\u00e1lez se soporta, en lo fundamental, en que mediante auto de 30 de octubre de 2020, mantenido en reposici\u00f3n el 4 de diciembre del mismo a\u00f1o, que a su vez no fue adicionado el 5 de febrero hoga\u00f1o, el Juzgado Once Civil del Circuito de Bogot\u00e1 haya aceptado la reforma a la demanda, dentro del proceso ejecutivo que Hernando Enrique Guevara Gonz\u00e1lez adelanta en su contra y de Luis Hernando Guevara Pe\u00f1afiel, Rosa Lilia Gonz\u00e1lez de Guevara y Liliana Roc\u00edo Guevara Gonz\u00e1lez, pues en su sentir, el documento base del cobro no cumple con los requisitos necesarios para ser considerado t\u00edtulo ejecutivo. <\/p>\n
3. Sin embargo, no cabe duda para la Sala que lo reclamado a trav\u00e9s de este mecanismo excepcional de protecci\u00f3n est\u00e1 llamado al fracaso, dado su car\u00e1cter subsidiario y residual, en raz\u00f3n a que del informe rendido por la autoridad jurisdiccional convocada, la Corte constata que el debate sobre los requisitos formales del t\u00edtulo sustento del cobro y en s\u00ed, la procedencia del pago reclamado, es objeto de discusi\u00f3n dentro del proceso cuestionado, pues, est\u00e1n en curso las excepciones de m\u00e9rito que, con similares argumentos a los expuestos en este escenario, elev\u00f3 el aqu\u00ed accionante dentro de la ejecuci\u00f3n, siendo esa la v\u00eda procesal para que \u00e9ste exponga los motivos que pretende hacer valer en este tr\u00e1mite, situaci\u00f3n que, aunada a los distintos medios de defensa que el gestor tiene a su disposici\u00f3n para la activa defensa de sus derechos fundamentales a lo largo del decurso en comento, impide la intervenci\u00f3n en el asunto por parte del juez constitucional, dado que no puede actuar como si lo fuera de instancia y tampoco puede operar paralelamente con otras actuaciones, ni para interferir en el procedimiento o adelantar su definici\u00f3n. <\/p>\n
4. Para casos como el presente, la Corte ha indicado a quien solicita la protecci\u00f3n, que \u00abdebe esperar que la autoridad cuestionada profiera la respectiva determinaci\u00f3n, en atenci\u00f3n a que no es admisible que el Juez de tutela se anticipe a una decisi\u00f3n que por competencia debe adoptar el juzgador natural; por tanto, el constitucional no puede invadir la competencia, despojando de las atribuciones asignadas v\u00e1lidamente al funcionario de conocimiento por el constituyente y el legislador, pues si fuera de otra manera, desconocer\u00eda el car\u00e1cter residual de esta senda y las normas de orden p\u00fablico, que son de obligatoria aplicaci\u00f3n, con la consiguiente alteraci\u00f3n de las reglas preestablecidas y el quebrantamiento de las prerrogativas de los intervinientes en tal causa\u00bb (CSJ STC1049-2021). <\/p>\n
5. En este orden de ideas, como no puede acudirse con \u00e9xito al amparo al estar pendiente el pronunciamiento del Juzgado Once Civil del Circuito de esta capital dentro de la actuaci\u00f3n antes individualizada, el gestor deber\u00e1 aguardar a que se d\u00e9 el mismo, pues \u00ab\u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (Cit.). <\/p>\n
6. Ahora bien, contrario a lo alegado por el gestor en su impugnaci\u00f3n, es criterio establecido por esta Sala que el debate sobre los requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo no se agota mediante el ataque al mandamiento de pago, pues es \u00abpotestad deber\u00bb del juez verificarlos incluso en la decisi\u00f3n que defina la suerte de la ejecuci\u00f3n, toda vez que, \u00ab(\u2026) los funcionarios judiciales han de vigilar que al interior de las actuaciones procesales perennemente se denote que los diversos litigios, teleol\u00f3gicamente, lo que buscan es dar prevalencia al derecho sustancial que en cada caso se disputa (art\u00edculos 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y 11 del C\u00f3digo General del Proceso); por supuesto, ello comporta que a los juzgadores, como directores del proceso, legalmente les asiste toda una serie de potestades, aun oficiosas, para que las actuaciones que emprendan atiendan la anotada finalidad, mismas que corresponde observarlas desde la panor\u00e1mica propia de la estructura que constituye el sistema jur\u00eddico, mas no desde la \u00f3ptica restricta derivada de interpretar y aplicar cada aparte del articulado de manera aislada. <\/p>\n
Entre ellas, y en lo que ata\u00f1e con el control que oficiosamente ha de realizarse sobre el t\u00edtulo ejecutivo que se presenta ante la jurisdicci\u00f3n en pro de soportar los diferentes recaudos, ha de predicarse que si bien el precepto 430 del C\u00f3digo General del Proceso estipula, en uno de sus segmentos, en concreto en su inciso segundo, que \u00ab[l]os requisitos formales del t\u00edtulo ejecutivo s\u00f3lo podr\u00e1n discutirse mediante recurso de reposici\u00f3n contra el mandamiento ejecutivo. No se admitir\u00e1 ninguna controversia sobre los requisitos del t\u00edtulo que no haya sido planteada por medio de dicho recurso. En consecuencia, los defectos formales del t\u00edtulo ejecutivo no podr\u00e1n reconocerse o declararse por el juez en la sentencia o en el auto que ordene seguir adelante la ejecuci\u00f3n, seg\u00fan fuere el caso\u00bb, lo cierto es que ese fragmento tambi\u00e9n debe armonizarse con otros que obran en esa misma regla, as\u00ed como tambi\u00e9n con otras normas que hacen parte del entramado legal, verbigracia, con los c\u00e1nones 4\u00ba, 11, 42-2\u00ba y 430 inciso 1\u00ba ejusdem, am\u00e9n del mandato constitucional enantes aludido\u00bb (ver entre otros, CSJ STC2028 -2020, STC1072-2020 y 1735-2020). <\/p>\n
7. Finalmente, no se observa necesaria la intervenci\u00f3n transitoria en el asunto por parte del juez constitucional, en aras de evitar la ocurrencia de un da\u00f1o irremediable, pues no se aprecia en este caso la concurrencia de los presupuestos establecidos por la doctrina constitucional para la configuraci\u00f3n de un detrimento de esa categor\u00eda, al no estar probado que el tiempo que tarde el juzgado accionado en emitir pronunciamiento frente a las aludidas defensas de m\u00e9rito, implique per se, la consumaci\u00f3n de un da\u00f1o de tal naturaleza para el accionante, sin que sea suficiente para ello la mera manifestaci\u00f3n de su existencia, \u00abpor cuanto que sin la presencia de los supuestos del perjuicio irremediable que la doctrina constitucional reclama para su prosperidad, lo alegado tampoco cumple con las caracter\u00edsticas de gravedad, inminencia y apremio de la intervenci\u00f3n del Juez Constitucional\u00bb (CSJ STC793-2021); de ah\u00ed que, no se justifique un actuar preventivo por parte del juez constitucional. <\/p>\n
Sobre las caracter\u00edsticas del perjuicio irremediable, esta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia, a saber: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (CSJ STC723-2021). <\/p>\n
8. Corolario de lo expuesto y sin m\u00e1s razones por innecesarias, habr\u00e1 de ratificarse la decisi\u00f3n refutada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS<\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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