STC8271-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8271-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00309-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno). <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 24 de febrero de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Manuel de Jes\u00fas Labarces Eguis contra la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia y la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado Trece Laboral del Circuito de la prenombrada ciudad, las partes y dem\u00e1s intervinientes del proceso declarativo a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama por intermedio de apoderado judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con del proceso ordinario laboral que tramit\u00f3 contra Cementos del Caribe S.A. (hoy Cementos Argos S.A.), y el Instituto de Seguros Sociales (hoy la administradora Colombiana de Pensiones \u2013 Colpensiones), identificado ante la autoridad de casaci\u00f3n accionada con el radicado No. 70759. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, que se ordene a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, \u00abrevocar el fallo de segunda instancia proferido por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla el d\u00eda 7 de noviembre de 2014 (\u2026) y revocar el fallo de casaci\u00f3n proferido (\u2026) el d\u00eda 23 de octubre de 2019\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de sus reparos aduce, en lo esencial, que el 8 de mayo de 2013, el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla accedi\u00f3 a las pretensiones que elev\u00f3 dentro del referido juicio, para que le fuera reconocida la pensi\u00f3n especial de vejez por haber desarrollado labores de alto riesgo, ordenando en consecuencia a la empresa demandada, pagar las cotizaciones adicionales al ISS causadas entre el 23 de junio de 1994 y el 31 de agosto de 2014, y, a Colpensiones reconocerle el derecho pensional desde el 1\u00ba de septiembre de 2004, junto con su respectivo retroactivo e intereses de mora. <\/p>\n
Narra que la decisi\u00f3n fue revocada el 7 de noviembre de 2014, para en su lugar, negar todas las pretensiones, \u00absin observar y analizar las pruebas obrantes en el expediente\u00bb, decisi\u00f3n que ante su inconformidad, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia resolvi\u00f3 no casar el 23 de octubre de 2019, profiri\u00e9ndose el auto de obedecimiento a lo resuelto por el Superior el 3 de diciembre de 2020, con el cual, dice, se demuestra que se cumple con el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
Finalmente asegura, que las prenombradas autoridades desacertaron en sus respectivas decisiones, porque est\u00e1 probado en el proceso cuestionado, que padece de \u00abpatolog\u00edas graves\u00bb derivadas de la actividad que durante m\u00e1s de 20 a\u00f1os desempe\u00f1o en la cementera, por \u00abexposici\u00f3n cr\u00f3nica a polvo inorg\u00e1nico (s\u00edlice)\u00bb, por lo cual fue diagnosticado con \u00abenfermedad restrictiva ventilatoria secundaria a exposici\u00f3n cr\u00f3nica\u00bb a dicho elemento y \u00abfribrosis pulmonar secundaria a inhalaci\u00f3n de polvo inorg\u00e1nico\u00bb, situaci\u00f3n que en su criterio justifica la intervenci\u00f3n a su favor por parte del juez de tutela. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a.) El Patrimonio Aut\u00f3nomo de Remanentes del Instituto de Seguros Sociales refiri\u00f3, que en el evento que se acceda a la protecci\u00f3n, es a Colpensiones le correspond\u00eda efectuar el respectivo reconocimiento pensional. <\/p>\n
b.) Cementos Argos S.A., por intermedio de su representante legal, pidi\u00f3 denegar la protecci\u00f3n reclamada, porque no se prob\u00f3 que en el decurso cuestionado se hubieran vulnerado las prerrogativas superiores invocadas. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corte neg\u00f3 el amparo implorado, para lo cual transcribi\u00f3 los apartes que consider\u00f3 relevantes, de la sentencia criticada a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la misma Corporaci\u00f3n, para colegir de su an\u00e1lisis que \u00abrespondi\u00f3 a las consideraciones del caso concreto y no puede pretender el accionante convertir la v\u00eda constitucional en una tercera instancia, trayendo a esta sede una controversia legal, que escapa a la funci\u00f3n constitucional inherente al proceso de tutela, la cual fue analizada por la autoridad demandada en aplicaci\u00f3n de los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, sin que se observe imperiosa la intervenci\u00f3n del juez constitucional\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo, requisitos \u00e9stos para la procedibilidad de la acci\u00f3n, que deben entonces acreditarse antes de cualquier consideraci\u00f3n sobre el fondo del asunto debatido, ya que la ausencia de cualquiera de ellos, impone por regla general negar la petici\u00f3n de amparo. <\/p>\n
2. En este asunto, el ciudadano Manuel de Jes\u00fas Labarces Eguis cuestiona, a trav\u00e9s de este mecanismo especial de protecci\u00f3n, la decisi\u00f3n del 23 de octubre de 2019 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia, de no casar el fallo emitido el 7 de noviembre de 2014 por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Barranquilla, con que se negaron las pretensiones, tras revocarse la decisi\u00f3n del 8 de mayo de 2013 del Juzgado Trece Laboral del Circuito de Barranquilla con que se hab\u00eda accedido parcialmente a las mismas, dentro del proceso que aquel tramit\u00f3 contra Cementos Caribe S.A. (hoy Cementos Argos S.A.), y el Instituto de Seguros Sociales (hoy Administradora Colombiana de Pensiones -Colpensiones), pues en su sentir, lo determinado por la mentada Sala de Casaci\u00f3n de esta Corte y la Colegiatura accionadas, emergi\u00f3 de la indebida valoraci\u00f3n de las pruebas. <\/p>\n
3. No obstante, de la revisi\u00f3n del escrito inicial y sus anexos, anticipa la Sala que la decisi\u00f3n constitucional de primer grado debe ser confirmada, debido a la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada, porque la determinaci\u00f3n proferida por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n, con que se cerr\u00f3 el debate dentro asunto objeto de revisi\u00f3n constitucional, data del 23 de agosto de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo s\u00f3lo hasta el 11 de febrero de 2021, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan la protecci\u00f3n tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurri\u00f3 m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y tres (3) meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que se cuestiona, sin que el aqu\u00ed inconforme solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que considera hoy vulnerados con tal determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre el requisito de procedibilidad de la tutela en comento ha sostenido esta Corporaci\u00f3n, \u00abas\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb. (CSJ STC142-2021). <\/p>\n
4. De este modo, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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