STC8273-2021<\/p>\n
<\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
Magistrada ponente <\/p>\n
STC8273-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01993-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Desata la Corte la tutela que Giuseppina Vittoria Fiori y Pasquale y Antonina Cotugno le instauraron a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior y al Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito, ambos del Distrito Judicial de Cartagena, extensiva a los dem\u00e1s intervinientes en el consecutivo n\u00ba 2009-00687. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1.- Los gestores solicitaron la protecci\u00f3n de los derechos al \u00abdebido proceso\u00bb y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb para que, en consecuencia, se ordenara: (i) \u00abDejar sin efectos los prove\u00eddos dictados el 13 de mayo y 9 de junio de 2021 para que, en su lugar, se resuelva nuevamente el recurso de apelaci\u00f3n\u00bb y, al Tribunal (ii) \u00abse pronuncie sobre la nulidad procesal insaneable\u00bb. <\/p>\n
En compendio, adujeron que fueron reconocidos como sucesores procesales del demandado Michele Cotugno en el ejecutivo singular que le promovi\u00f3 Emilio Boggioni, juicio en el que el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito decret\u00f3 el embargo y secuestro de las mejoras y construcciones que Michele ten\u00eda en dos heredades de propiedad de la Sociedad Ital-Col Ltda., ubicadas en el Barrio Bocagrande, AV. San Mart\u00edn #7-55\u201d y V\u00eda Mamonal, sector Albornos #1-351, en Cartagena, identificadas con M.I. n\u00ba 060-84061 y n\u00ba 060-00151426, respectivamente (13 abr. 1999). <\/p>\n
Narraron que la Inspecci\u00f3n de Polic\u00eda practic\u00f3 la diligencia de \u201csecuestro\u201d y entreg\u00f3 los bienes al auxiliar de la justicia nombrado (14 may. 1999) y, en ella, seg\u00fan afirmaron, \u201cno hubo oposici\u00f3n (\u2026) [ni] tampoco dentro de los 20 d\u00edas siguientes se present\u00f3 incidente de tercero poseedor\u201d. <\/p>\n
Manifestaron que, posteriormente, el mismo juzgado termin\u00f3 el litigio por \u201cdesistimiento t\u00e1cito\u201d, de acuerdo con el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 317 del C.G.P. y, por consiguiente, levant\u00f3 las medidas cautelares (10 jun. 2015) y requiri\u00f3 al secuestre para la respectiva devoluci\u00f3n al extremo pasivo (20 oct.); no obstante, al advertir que el \u201cembargo y secuestro\u201d de los predios \u201cno se hab\u00eda realizado en debida forma\u201d y, que \u201cen estricto sentido, no existe, es ineficaz\u201d, declar\u00f3 la \u201cilegalidad\u201d del auto de \u201c20 de octubre de 2015\u201d, dej\u00e1ndolo sin efectos (18 jun. 2019). <\/p>\n
Inconformes, formularon los recursos de ley contra esa providencia; el a quo la mantuvo inc\u00f3lume y concedi\u00f3 la apelaci\u00f3n (4 sep. 2019). <\/p>\n
Dijeron que en escrito separado, reclamaron en segunda instancia \u201cla nulidad\u201d de lo actuado con apoyo en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133 del C.G.P., pues estimaron que se \u201crevivi[\u00f3 el] proceso legalmente culminado\u201d; sin embargo, el ad quem confirm\u00f3 la decisi\u00f3n de primer grado (13 may. 2021) sin solventar la rogativa de \u201cinvalidez\u201d, raz\u00f3n por la cual elevaron \u201csolicitud de adici\u00f3n\u201d y, en subsidio \u201crecurso de s\u00faplica\u201d frente a esa directriz, despachada desfavorablemente por \u201cimprocedente\u201d (9 jun.). <\/p>\n
Indicaron que el juez enjuiciado consider\u00f3 que el interlocutorio de 20 octubre de 2015 era \u201cilegal\u201d, comoquiera que las \u201ccautelas\u201d nunca se \u201cnotificaron\u201d a quien figuraba en ese entonces como due\u00f1a de los inmuebles -Sociedad Ital-Col Ltda.-, tal como rezaba el art\u00edculo 681 del C.P.C.; pero, se\u00f1alaron, no tuvo en cuenta que Michele Cotugno era el representante legal de dicha empresa y que durante \u201c20 a\u00f1os\u201d nadie se opuso al \u201csecuestro\u201d, tanto as\u00ed que el auxiliar de la justicia: \u201c(i) Rindi\u00f3 cuentas de su gesti\u00f3n; (ii) Aport\u00f3 los contratos de arriendo; (iii) Consign\u00f3 el producto o beneficio que recib\u00eda de la administraci\u00f3n y hay decena de recibos que lo acreditan; (iv) Defendi\u00f3 frente a terceros su custodia cuando se las quer\u00edan arrebatar\u201d. <\/p>\n
Sostuvieron que los reproches expuestos frente a esa actuaci\u00f3n se sintetizaron en: (i) Se configur\u00f3 \u201ccosa juzgada\u201d; (ii) El decurso ya hab\u00eda finalizado \u201cde forma legal\u201d; (ii) Los \u201cautos manifiestamente ilegales\u201d, son de \u201cnaturaleza eminentemente restrictiva\u201d; y (iii) Se \u201cinobserv\u00f3\u201d el t\u00e9rmino prudencial para la rectificaci\u00f3n que se hizo, por cuanto ya hab\u00eda transcurrido \u201cm\u00e1s de 10 a\u00f1os\u201d desde su ejecutoria. <\/p>\n
A\u00f1adieron que el juzgado fustigado, con el auto de 18 de junio de 2019 \u201cfavorec[i\u00f3] a (\u2026) Mar\u00eda Irene Urquijo Pulgar\u00edn (\u2026), tercera extra\u00f1a que no tiene derecho alguno\u201d y que, adem\u00e1s, no est\u00e1 \u201clegitimada para interponer recursos por no ser parte en el ejecutivo\u201d, aceptando su participaci\u00f3n y acolitando su \u00fanica aspiraci\u00f3n que es \u201capropi[arse] del bien ajeno\u201d, puesto que, con antelaci\u00f3n, aquella ya hab\u00eda emprendido otros tr\u00e1mites alegando su \u201cposesi\u00f3n\u201d y \u201csiempre se le neg\u00f3 (\u2026) por ser mentira fraudulenta (sic)\u201d. <\/p>\n
2.- El Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cartagena destac\u00f3 que a trav\u00e9s de la directriz de 18 de junio de 2019, mediante la cual \u201cdeclar\u00f3 la ilegalidad de una anterior -20 de octubre de 2015\u201d, ejerci\u00f3 \u201ccontrol\u201d de los labor\u00edos, de acuerdo con las \u201cfacultades y deberes contenidos en el numeral 12 del art\u00edculo 42 y 132 del C.G.P.\u201d y que el yerro que se ven\u00eda cometiendo \u201cno era de poca monta\u201d, puesto que se trataba de una \u201cmedida cautelar\u201d practicada \u201cde manera irregular\u201d, ordenada sobre las \u201cmejoras\u201d de unos bienes; no obstante \u201cse materializaron\u201d en los predios \u201cen s\u00ed mismos\u201d; entonces, asegur\u00f3, \u201cmal hubiese sido en prolongar y sustanciar\u201d acerca de la inconsistencia ya evidenciada. <\/p>\n
Emilio Boggioni apoy\u00f3 el amparo porque \u201cno es una disputa simplemente de pareceres o posiciones sobre un tema, est\u00e1n en presencia de verdaderas violaciones de derechos fundamentales\u201d y afirm\u00f3 que lo aludido por los tutelantes es \u201ctotalmente cierto\u201d, por cuanto \u201c(\u2026) existi\u00f3 una empresa criminal (\u2026) de varias personas para apropiarse del fundo ubicado en el barrio Bocagrande (\u2026)\u201d, que estaba en \u201cdep\u00f3sito y custodia\u201d del secuestre designado, situaci\u00f3n que denunci\u00f3 ante la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y lograron evitar dicho cometido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1.- En forma insistente, se ha dicho que la \u00abtutela\u00bb no es la v\u00eda id\u00f3nea para refutar las resoluciones dictadas por los administradores de justicia, cobijados como se encuentran por la autonom\u00eda e independencia que les reconoce el art\u00edculo 228 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. Sin embargo, es innegable que este l\u00edmite desaparece \u00aben los precisos casos en los cuales el funcionario respectivo incurre en un proceder claramente opuesto a la ley, por arbitrario o antojadizo\u00bb, donde, a no dudarlo, se impone \u00abla intervenci\u00f3n del juez de tutela con el fin de restablecer el orden jur\u00eddico si el afectado no cuenta con otro medio de protecci\u00f3n judicial\u00bb (STC4726-2015 reiterada en STC13387-2017 y STC3735-2020). <\/p>\n
2.- De entrada, se anuncia la prosperidad de la salvaguarda porque el Tribunal Superior de Cartagena al no pronunciarse sobre la \u201cnulidad\u201d aducida por los quejosos -en escrito separado\u201d- (9 jun. 2021), incurri\u00f3 en \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb que les vulner\u00f3 el \u00abdebido proceso\u00bb, el \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb y el \u00abderecho de contradicci\u00f3n\u00bb, puesto que actu\u00f3 al margen del procedimiento legalmente establecido, lo que conllev\u00f3 a la \u201cv\u00eda de hecho\u201d pregonada (Cfr. STC6789-2019). <\/p>\n
Sumado a lo anterior, \u201cneg\u00f3\u201d la \u201csolicitud de adici\u00f3n\u201d que incoaron los petentes, para que resolviera sobre la susodicha \u201cnulidad\u201d, al apreciar que: (i) \u00c9sta \u201cno fue objeto de apelaci\u00f3n, lo que de suyo escapa de la competencia\u201d en esa sede; (ii) El superior \u201csolo podr\u00e1 pronunciarse respecto a los reparos concretos expuestos y sustentados (\u2026), y en este caso, es a\u00fan m\u00e1s restringida pues se trata de la apelaci\u00f3n de un auto que se refiere a medidas cautelares, lo cual se debe resolver de plano y por escrito, tal como se hizo en la providencia de 13 de mayo de 2021\u201d y, (iii) Dichas circunstancias, cerraban el paso a efectuar un estudio de fondo del asunto. <\/p>\n
2.1. De ese recuento despunta, sin duda, que la determinaci\u00f3n combatida traduce un desatino de la Colegiatura, pues, mem\u00f3rese que el art\u00edculo 134 del C\u00f3digo General el Proceso, contrario a lo expuesto por ella, establece que \u201clas nulidades podr\u00e1n alegarse en cualquiera de las instancias antes de que se dicte sentencia o con posterioridad a \u00e9sta, si ocurrieren en ella\u201d; regla que se compagina con el inciso 5\u00ba del canon 325 \u00eddem, seg\u00fan el cual, si \u201cel superior advierte que se configur\u00f3 una causal de nulidad, proceder\u00e1 en la forma prevista en el art\u00edculo 137\u201d. <\/p>\n
Ahora, como la irregularidad invocada por los recurrentes, es la prescrita en el numeral 2\u00ba del art\u00edculo 133, que, a la luz del par\u00e1grafo del 36 es \u201cinsaneable\u201d, debi\u00f3 en aplicaci\u00f3n del inciso 4\u00ba del art\u00edculo 134 \u00eddem, tramitarla, esto es, examinar si se configuraba la causal enrostrada, \u201cprevio traslado, decreto y pr\u00e1ctica de las pruebas que fueren necesarias\u201d. No obstante, la Magistratura demandada se abstuvo de adelantar tal gesti\u00f3n, al advertir, escuetamente que \u201cno exist[\u00eda] causal de nulidad capaz de invalidar lo actuado\u201d. <\/p>\n
En ese orden, se vulner\u00f3 flagrantemente el \u201cdebido proceso\u201d de los peticionarios, ya que como lo ha venido sosteniendo esta Sala, dicho escenario se halla estructurado como el camino <\/p>\n
\u201c(\u2026) m\u00e1s efectivo para remediar las irregularidades o desaciertos en que pueda incurrir el funcionario del conocimiento de una puntual actuaci\u00f3n judicial, de manera que el mismo se constituye en \u2018una piedra angular dentro del Estado de derecho\u2019, como quiera que garantiza, en forma plena y eficaz, el derecho de defensa al permitir que \u2018el superior jer\u00e1rquico del funcionario encargado de tomar una decisi\u00f3n en primera instancia, pueda libremente estudiar y evaluar las argumentaciones expuestas y llegar, por tanto, al convencimiento de que la determinaci\u00f3n adoptada se fundament\u00f3 en suficientes bases f\u00e1cticas y legales o que, por el contrario, desconoci\u00f3 pruebas, hechos o consideraciones jur\u00eddicas que ameritaban un razonamiento y un juicio diferente\u00bb (STC 11 nov. 2010, rad. 1872-00 reiterada, entre otras en STC16384-2019)\u201d. <\/p>\n
3.- Ergo, se conceder\u00e1 la ayuda superlativa a fin, de que la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, deje sin efectos el auto proferido el 9 de junio de 2021 para que, en su lugar, adelante el procedimiento correspondiente a la \u201cnulidad\u201d que plantearon los actores en el decurso n\u00ba 2009-00687, conforme a lo aqu\u00ed esbozado. <\/p>\n
Huelga aclarar que esta \u00abdirectriz\u00bb no va dirigida a orientar el sentido de la \u00abdecisi\u00f3n\u00bb del servidor tutelado, es decir, que decrete la \u201cnulidad\u201d del juicio o se abstenga de hacerlo, sino, a que le imprima el tr\u00e1mite respectivo ci\u00f1\u00e9ndose al \u00abdeber\u00bb que le impone el art\u00edculo 134 del C.G.P. <\/p>\n
4.- Ahora, lo concerniente a la aspiraci\u00f3n de \u201cdejar sin efectos\u201d el interlocutorio de 13 mayo de 2021, se subraya que ese reclamo se torna anticipado, teniendo en cuenta que la definici\u00f3n y la validez de dicha determinaci\u00f3n, depende de la reanudaci\u00f3n y posterior soluci\u00f3n de la \u201cnulidad\u201d propuesta, la cual, se itera, no ha culminado, comoquiera que si, en firme la decisi\u00f3n que la solvente, los denunciantes insisten en la infracci\u00f3n de sus garant\u00edas superiores o, de serles desfavorable, tienen la posibilidad de agotar los mecanismos legales que proceden, sin que puedan soslayar las herramientas id\u00f3neas de defensa que al efecto le concede la ley adjetiva. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Constituci\u00f3n, resuelve: <\/p>\n
Primero: Conceder parcialmente la tutela instada por Giuseppina Vittoria Fiori y Pasquale y Antonina Cotugno contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena. <\/p>\n
Segundo: Ordenar a la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificaci\u00f3n, deje sin efectos el auto proferido el 9 de junio de 2021 para que, en su lugar, imprima el tr\u00e1mite correspondiente a la \u201cnulidad\u201d que formularon los accionantes en el decurso n\u00ba 2009-00687, conforme a lo aqu\u00ed esbozado. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8273-2021 HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA Magistrada ponente STC8273-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-01993-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). Desata la Corte la tutela que Giuseppina Vittoria Fiori y Pasquale y Antonina […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55430","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55430","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55430"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55430\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55430"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55430"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55430"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}