STC8274-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8274-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00231-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 de junio de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez Jaramillo contra el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional accionada, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular que Jhon Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez promovi\u00f3 contra el Banco Davivienda, con Rad. No. 2020-000143-00. <\/p>\n
Reclama, entonces, para la protecci\u00f3n de la mentada prerrogativa, que se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, \u00abreconocer [su] coadyuvancia en la acci\u00f3n popular\u00bb y \u00abprobar que tramita actualmente 1412 acciones populares tal como lo suele consignar al responder las tutelas\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Para respaldar su queja expone, en s\u00edntesis, que el Despacho accionado no ha resuelto sobre su solicitud de ser reconocido como coadyuvante dentro de la referida acci\u00f3n judicial, \u00abo por lo menos no [s]e enter[\u00f3]\u00bb, situaci\u00f3n que, en su sentir, quebranta la garant\u00eda superior invocada. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a). La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia se\u00f1al\u00f3, que lo manifestado por el actor es \u00abtotalmente falso\u00bb, porque en el auto de 29 de abril de 2021 resolvi\u00f3 \u00abrespecto a la solicitud de reconocimiento de coadyuvancia de los se\u00f1ores Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Augusto Becerra Largo y Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga en las acciones populares de la referencia, se ordenar\u00e1 que se tengan en cuenta una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento de ellas\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 que el 24 de mayo del presente a\u00f1o remiti\u00f3 el expediente del asunto por reparto a los Juzgados Civiles del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., donde fue asignado al Diecis\u00e9is, sin que advierta la raz\u00f3n por la cual tiene relaci\u00f3n alguna con la coadyuvancia solicitada el que se informe si \u00abactualmente tramita 1412 acciones populares\u00bb; empero, precis\u00f3, que tal informaci\u00f3n est\u00e1 reflejada en la estad\u00edstica del Despacho, y se percibe en los estados electr\u00f3nicos publicados en la p\u00e1gina web de la rama judicial. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
La Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Pereira neg\u00f3 la salvaguarda pretendida, pues, \u00abes evidente la ausencia de las conductas reprochables endilgadas al juzgado accionado (acci\u00f3n u omisi\u00f3n). El actor alega que (i) la a quo preteriti\u00f3 (sic) resolver su petici\u00f3n de coadyuvancia, pero lo cierto es que, incluso, antes de que promoviera el amparo, lo hizo con auto del 19-04-2021 (cuaderno No. 1, carpeta No. 09, documento No. 12); y, pide que (ii) pruebe que tramita 1412 acciones populares y en el expediente no obra ruego af\u00edn (Cuaderno No. 1, carpeta No. 09); por lo tanto, reprocha omisiones inexistentes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor replic\u00f3 el anterior fallo, reclamando que \u00abse pruebe como se notific\u00f3 [su] coadyuvancia y se pruebe q[ue] la tutelada tramita 1425 acciones populares, como lo dice\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Como se ha repetido de manera reiterada la acci\u00f3n de tutela, fue instituida por el Constituyente de 1991 con un car\u00e1cter netamente subsidiario o residual, que comporta que la solicitud de amparo no se abra paso cuando la persona presuntamente agraviada o amenazada en sus derechos constitucionales fundamentales, dispone o tuvo a su disposici\u00f3n en su momento otros medios de defensa judicial, salvo que aqu\u00e9lla se utilice como instrumento transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
2. En esta oportunidad, el ciudadano Ram\u00edrez Jaramillo se duele, concretamente, porque el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia no se ha pronunciado sobre la solicitud que le elev\u00f3 el 15 de abril del a\u00f1o que avanza, de coadyuvar la acci\u00f3n popular que Jhon Sebasti\u00e1n Colorado L\u00f3pez promovi\u00f3 frente a la sucursal del Banco Davivienda ubicada en la \u00abcarrera 68B Nro. 40-39 Local 106 C.C. Salitre Plaza Bogot\u00e1\u00bb. <\/p>\n
3. Sin embargo, del informe rendido por la autoridad acusada y la revisi\u00f3n de las documentales allegadas digitalmente al presente tr\u00e1mite, la Sala advierte que la protecci\u00f3n reclamada est\u00e1 llamada al fracaso, debido a que la supuesta vulneraci\u00f3n del derecho al debido proceso del gestor es inexistente, si en cuenta se tiene que antes de haber sido presentado el amparo (28 de mayo de 2021), el Juzgado convocado por auto del 29 de abril anterior resolvi\u00f3: \u00abt\u00e9ngase a los se\u00f1ores Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez, Augusto Becerra Largo y Javier El\u00edas Arias Id\u00e1rraga como coadyuvantes dentro de las acciones populares, una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento de las mismas\u00bb, decisi\u00f3n que se verifica notificada en estado virtual del d\u00eda 30 del mismo mes y a\u00f1o, consultable sin restricci\u00f3n alguna en la p\u00e1gina web de la rama judicial; as\u00ed las cosas, para la Corte no existe acci\u00f3n u omisi\u00f3n alguna por parte del Despacho accionado que amerite la intervenci\u00f3n excepcional e impostergable del juez de tutela. <\/p>\n
4. Al respecto, en un caso de similares perfiles al de ahora la Sala consider\u00f3 que \u00ab[a]nte eventos como el narrado, el resguardo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango ius fundamental, porque lo cierto que \u00e9stos no fueron infringidos por el accionado. <\/p>\n
De esta manera, queda en evidencia la conducta del convocante, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados e inexistentes como soporte de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f31 la acci\u00f3n de tutela\u00bb (CSJ STC899-2021). <\/p>\n
Al punto, el m\u00e1ximo Tribunal Constitucional de tiempo atr\u00e1s ha se\u00f1alado, que \u00abel objeto de la acci\u00f3n de tutela es la protecci\u00f3n efectiva, inmediata, concreta y subsidiaria de los derechos fundamentales, \u201ccuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica o de los particulares (\u2026). As\u00ed pues, se desprende que el mecanismo de amparo constitucional se torna improcedente, entre otras causas, cuando no existe una actuaci\u00f3n u omisi\u00f3n del agente accionado a la que se le pueda endilgar la supuesta amenaza o vulneraci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en cuesti\u00f3n. <\/p>\n
En el mismo sentido lo han expresado sentencias como la SU-975 de 2003 o la T-883 de 2008, al afirmar que \u201cpartiendo de una interpretaci\u00f3n sistem\u00e1tica, tanto de la Constituci\u00f3n, como de los art\u00edculos 5\u00ba y 6\u00ba del [Decreto 2591 de 1991], se deduce que la acci\u00f3n u omisi\u00f3n cometida por los particulares o por la autoridad p\u00fablica que vulnere o amenace los derechos fundamentales es un requisito l\u00f3gico-jur\u00eddico para la procedencia de la acci\u00f3n tuitiva de derechos fundamentales (…) En suma, para que la acci\u00f3n de tutela sea procedente requiere como presupuesto necesario de orden l\u00f3gico-jur\u00eddico, que las acciones u omisiones que amenacen o vulneren los derechos fundamentales existan (\u2026)\u201d, ya que \u201csin la existencia de un acto concreto de vulneraci\u00f3n a un derecho fundamental no hay conducta espec\u00edfica activa u omisiva de la cual proteger al interesado (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y lo anterior resulta as\u00ed, ya que si se permite que las personas acudan al mecanismo de amparo constitucional sobre la base de acciones u omisiones inexistentes, presuntas o hipot\u00e9ticas, y que por tanto no se hayan concretado en el mundo material y jur\u00eddico, \u201cello resultar\u00eda violatorio del debido proceso de los sujetos pasivos de la acci\u00f3n, atentar\u00eda contra el principio de la seguridad jur\u00eddica y, en ciertos eventos, podr\u00eda constituir un indebido ejercicio de la tutela, ya que se permitir\u00eda que el peticionario pretermitiera los tr\u00e1mites y procedimientos que se\u00f1ala el ordenamiento jur\u00eddico como los adecuados para la obtenci\u00f3n de determinados objetivos espec\u00edficos, para acudir directamente al mecanismo de amparo constitucional en procura de sus derechos\u201d\u00bb (T-130 2014). <\/p>\n
5. Finalmente, en cuanto a la solicitud del gestor para que el estrado accionado pruebe que tramita \u00ab1412\u00bb acciones populares, basta con se\u00f1alar que no obra prueba en el expediente constitucional que a dicha autoridad se le haya elevado directamente esa petici\u00f3n, lo que torna improcedente lo aqu\u00ed reclamado en virtud del car\u00e1cter subsidiario y residual de este mecanismo especial de protecci\u00f3n. <\/p>\n
6. Corolario de lo anterior, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone mantener inc\u00f3lume el fallo refutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia impugnada. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8274-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC8274-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00231-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 4 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55431","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55431","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55431"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55431\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55431"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55431"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55431"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}