STC8283-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8283-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2020-00364-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 25 de junio de 2020 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Carlos Humberto Pe\u00f1a Serrato contra la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n, tr\u00e1mite al que fueron vinculados el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, la Sala Laboral de Descongesti\u00f3n del Tribunal Superior de esta ciudad, Ecopetrol S.A, el Consorcio CEISMA, la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A, as\u00ed como las partes y los intervinientes del proceso declarativo laboral a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El accionante reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial, la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, al trabajo y a la igualdad, los cuales estima vulnerados por la autoridad judicial convocada, con la providencia pronunciada el 21 de agosto de 2019, a trav\u00e9s de la cual, se dispuso casar la sentencia de segunda instancia atacada, y en consecuencia, desestimar las pretensiones de la demanda ordinaria que adelant\u00f3 el aqu\u00ed interesado en contra de Ecopetrol S.A. y el consorcio CEISMA, juicio en el que se llam\u00f3 en garant\u00eda a la Compa\u00f1\u00eda Mundial de Seguros S.A. <\/p>\n
Por tal motivo, solicita que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, dejando sin valor ni efecto la memorada determinaci\u00f3n, y que como consecuencia de ello, se ordene a la Sala de Descongesti\u00f3n convocada, dictar un nuevo fallo en el que se acojan sus pretensiones. <\/p>\n
2. Como sustento de tales pedimentos, y luego de hacer una s\u00edntesis cronol\u00f3gica del tr\u00e1mite adelantado en desarrollo de la contienda ordinaria laboral que adelant\u00f3 para que se declarara que i) \u00abque [Ecopetrol S.A.] es solidariamente responsable del pago de las prestaciones y derechos que [CEISMA] le adeuda, [por] las relaciones laborales que sostuvo con [\u00e9sta] entre el 19 de marzo de 1998 y el 15 de diciembre de 2002, el 7 de marzo de 2003 y el 30 de noviembre de 2004 y el 24 y el 31 de diciembre de 2004\u00bb; ii) \u00abque se le adeudan los salarios, derechos legales y extralegales relacionados en el escrito introductorio y las indemnizaciones moratorias para cada periodo\u00bb; iii) \u00abque entre el demandante y Ecopetrol S.A. existi\u00f3 un contrato de trabajo a t\u00e9rmino indefinido entre el 1\u00b0 y el 2 de diciembre de 2004, por lo cual se le adeudan 2 d\u00edas de salario, cesant\u00edas, sus intereses, primas extralegales, 2 d\u00edas de descanso remunerados, indemnizaci\u00f3n por despido injusto, gastos de desmovilizaci\u00f3n e indemnizaci\u00f3n moratoria\u00bb; iv) que \u00abdurante la relaci\u00f3n laboral entre el 3 de marzo de 2003 y el 31 de diciembre de 2004, el actor no era un trabajador de confianza y manejo, por lo que se le adeudan los derechos legales y extralegales discriminados en las pretensiones de la demanda inicial\u00bb y que, por tal virtud, v) se condenara a las demandadas al pago de la indemnizaci\u00f3n por los perjuicios morales que le caus\u00f3 el despido acaecido el 31 de diciembre de 2004, as\u00ed como vi) la nulidad de las actas de conciliaci\u00f3n celebradas ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el 24 de enero de 2003 y el 17 de diciembre de 2004, aleg\u00f3 el inconforme que con lo resuelto por la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la providencia memorada, se incurre en el yerro denominado por la jurisprudencia constitucional como \u00abdefecto f\u00e1ctico\u00bb, pues las pruebas recopiladas en la etapa de conocimiento fueron indebidamente valoradas, aun cuando \u00ablas acreencias laborales tienen una especial protecci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano\u00bb. <\/p>\n
Que en vista de las anteriores circunstancias, y comoquiera que se demostr\u00f3 fehacientemente la relaci\u00f3n laboral, la solidaridad de las demandadas, la existencia de los derechos convencionales a su favor, y, el despido injustificado, acude a la presente v\u00eda excepcional por no contar con otra herramienta judicial para salvaguardar los bienes jur\u00eddicos primarios que invoc\u00f3. <\/p>\n
RESPUESTA DE LA ACCIONADA Y LOS CONVOCADOS <\/p>\n
a. El Magistrado ponente de la Sala de Descongesti\u00f3n No. 3 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, hizo \u00e9nfasis en que, contrario a lo alegado por la accionante, la determinaci\u00f3n criticada se ci\u00f1\u00f3 a las probanzas que militaban en el expediente, y con base en ellas se decidi\u00f3 y que lo que pretende el gestor de la salvaguarda es convertir la acci\u00f3n de tutela en una instancia adicional, motivo por el cual solicita la desestimaci\u00f3n del amparo. <\/p>\n
b. Por su parte, el apoderado judicial de Ecopetrol S.A., solicit\u00f3 la denegatoria de la protecci\u00f3n inquirida, luego de se\u00f1alar al efecto que la determinaci\u00f3n confutada de la que se duele el quejoso, no padece de ninguno de los defectos se\u00f1alados por la jurisprudencia constitucional para la viabilidad de la presente acci\u00f3n, m\u00e1xime cuando la misma no puede convertirse en una tercera instancia. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El a quo constitucional neg\u00f3 el amparo invocado, tras advertir, luego de citar algunos de los partes de la sentencia de casaci\u00f3n criticada, que los razonamientos efectuados por la autoridad convocada, \u00abcorresponden a la valoraci\u00f3n del juez de conocimiento bajo el principio de la libre formaci\u00f3n del convencimiento y permiten que la providencia censurada sea inmutable por el sendero de este accionamiento. <\/p>\n
Recu\u00e9rdese que la aplicaci\u00f3n sistem\u00e1tica de las disposiciones jur\u00eddicas y la interpretaci\u00f3n ponderada de los falladores, al resolver un asunto dentro del \u00e1mbito de su competencia, pertenece a su autonom\u00eda como administradores de justicia. <\/p>\n
Y para llegar a su decisi\u00f3n, la Sala accionada no s\u00f3lo se nutri\u00f3 de la legislaci\u00f3n laboral, acudi\u00f3, entre otras, a las sentencias la CSJ SL580-2013; CSJ SC, 13 sep. 2006, rad. 2002-00271-01; CSJ AL858-2017; CSJ SL17526-2016, y a partir de ellas, y del estudio de las pruebas, confeccion\u00f3 la providencia que hoy, por v\u00eda de tutela, la parte vencida pretende dejar sin efecto. <\/p>\n
Estos razonamientos no pueden controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se perciben ileg\u00edtimos o caprichosos. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta v\u00eda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al caso\u00bb. <\/p>\n
Y finalmente, \u00aben relaci\u00f3n con el presunto desconocimiento del derecho a la igualdad, lo aportado al expediente constitucional no acredita que el interesado haya sido discriminado por las autoridades accionadas, en relaci\u00f3n con otras personas. Cabe precisar al respecto que cada asunto de competencia del juez natural debe ser valorado de manera individual, amparado en los principios de autonom\u00eda e independencia judicial, consagrados en el art\u00edculo 228 de la Carta Pol\u00edtica, en tanto sus efectos son exclusivamente inter partes\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El gestor del amparo recurri\u00f3 el anterior fallo, luego de aducir como motivo de su descontento, similares argumentos a los esbozados en la demanda de amparo. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra providencias o actuaciones judiciales es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. Descendiendo al caso concreto, se concluye con vista en los elementos de juicio militantes en el expediente digital, que el amparo resulta improcedente, tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, comoquiera que las cuestiones planteadas por el se\u00f1or Pe\u00f1a Serrato resultan ajenas al campo de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que el razonamiento realizado por la Sala Especializada en lo Laboral de esta Corporaci\u00f3n en v\u00eda del mentado recurso extraordinario, de manera alguna resulta arbitrario o caprichoso, lo cual excluye la posible ocurrencia de causal de procedencia del amparo y deja sin piso la acusaci\u00f3n de aqu\u00e9l. <\/p>\n
2.1. Ciertamente, en punto de los dos cargos interpuestos por se\u00f1or Carlos Humberto, relativos a que la sentencia de segundo grado atacada, en la que el Tribunal de Bogot\u00e1 \u2013Sala de Descongesti\u00f3n Laboral revoc\u00f3 el fallo de primer grado estimatorio de las pretensiones y se inhibi\u00f3 de fallar, transgredi\u00f3 por la v\u00eda directa los art\u00edculos 7 y 52 de la Ley 80 de 1993, por no haberse tenido en cuenta que las dos sociedades conformantes del Consorcio \u00abse vincularon directamente al proceso, por lo cual \u2018eran responsables solidariamente de las obligaciones contractuales no solo con Ecopetrol, sino las provenientes de los v\u00ednculos laborales con los trabajados (sic) que se vincularon y de acuerdo con los contratos que as\u00ed lo establecen\u2019\u00bb y, por la indirecta los art\u00edculos 34 del C.S.T. y S.S.; 1502, 1740 y 1741 del C\u00f3digo Civil; 64 del C.S.T. y S.S, modificado por el art. 28 de la Ley 789 de 2002; 488 y 489 del C.S.T y S.S.; 647 y subsiguientes del C.S.T. y S.S. (convenci\u00f3n colectiva art.103); 53 de la Carta Pol\u00edtica; 6\u00ba del C.P.L., modificado por el art 4\u00ba de la ley 712 de 2001; 1\u00ba del Decreto 284 de1957; 1\u00ba del Decreto 2719 de 1993; Decreto 3164 de 2003 que modifica el Decreto 2719 de 1993; Decreto 2351 de1965, art. 7\u00ba ordinal 7-15 y; 7\u00ba y 52 de la Ley 80 de 1993, ello, por cuanto i) afirmar que el Consorcio CEISMA no contaba con capacidad jur\u00eddica para acudir al pleito en calidad de demandado, y ii) por contera, declararse inhibido para falla por no haber sido debidamente convocados los miembros de \u00e9ste, dijo que: <\/p>\n
\u00abf\u00e1cil resulta colegir que si bien, la demanda fue presentada contra el Consorcio Ceisma, como viene de verse, de ninguna manera se trat\u00f3 de un tr\u00e1mite ajeno a las personas jur\u00eddicas que lo integran, en tanto comparecieron al juicio, se notificaron, y gozaron de las garant\u00edas propias del debido proceso, pues ejercieron su derecho de defensa y contradicci\u00f3n. A juicio de la Sala, el Tribunal no pod\u00eda desconocer dicha intervenci\u00f3n, en procura de lograr la prevalencia de ritualidades procesales que en ning\u00fan momento estuvieron en riesgo; en cambio, s\u00ed comprometi\u00f3 los derechos sustanciales en disputa, al punto que dej\u00f3 en estado de indefensi\u00f3n las prerrogativas legales reclamadas por el demandante. <\/p>\n
Desde luego, lo considerado lejos est\u00e1 de implicar una autorizaci\u00f3n a la intervenci\u00f3n judicial del Consorcio, o la admisi\u00f3n de su condici\u00f3n de parte procesal; se trata del reconocimiento de una realidad plasmada a lo largo del tr\u00e1mite del proceso, que no contraviene la jurisprudencia de esta Corporaci\u00f3n, pac\u00edfica en punto a que el Consorcio no tiene personalidad jur\u00eddica y, por ello, no puede ser parte en el litigio, toda vez que este atributo est\u00e1 reservado a las personas naturales o jur\u00eddicas que integran el consorcio; en este caso, como qued\u00f3 visto, tales sociedades acudieron al contencioso y participaron hasta su definici\u00f3n, incluso, con la interposici\u00f3n del recurso de apelaci\u00f3n contra la sentencia que puso fin a la instancia inicial. <\/p>\n
Sin lugar a dudas, la Compa\u00f1\u00eda de Estudios e Interventor\u00edas S.A. CEI y Salgado Mel\u00e9ndez y Asociados Ingenieros Consultores S.A., fueron parte en el proceso, que promovi\u00f3 Carlos Humberto Pe\u00f1a en contra del Consorcio Ceisma, en la medida en que se notificaron del auto admisorio de la demanda, presentaron escrito de contestaci\u00f3n, participaron en el debate probatorio e interpusieron alzada contra el fallo de primer grado, por manera que negar esa realidad inconfusa, por parte del juzgador de alzada, constituy\u00f3, ni m\u00e1s, ni menos, que un desacierto f\u00e1ctico manifiesto\u00bb, por lo que se dispuso casar la determinaci\u00f3n confutada. <\/p>\n
2.2. Ahora, ya en la etapa de la sentencia sustitutiva, la Sala de Descongesti\u00f3n entr\u00f3 a estudiar cada uno de los puntos esbozados por los apelantes. <\/p>\n
2.2.1. As\u00ed, empez\u00f3 por estudiar el tema de extensi\u00f3n de los beneficios convencionales al demandante, frente al cual estim\u00f3, que de conformidad a lo normado en el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 284 del 7 de noviembre de 1957, reglamentado por el Decreto 2719 de 1993, as\u00ed como el art\u00edculo 1\u00b0 del Decreto 3164 de 2003, modificatorio del 2719 de 1993, \u00abpara que sea posible la equiparaci\u00f3n de los salarios y prestaciones de los empleados de los contratistas independientes con los de la empresa dedicada a la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, transporte y refinaci\u00f3n de petr\u00f3leo, a la cual le presta servicios, en los t\u00e9rminos de la aludida normatividad, se requiere: <\/p>\n
<\/p>\n
i. La existencia de un contrato celebrado entre la empresa beneficiaria y el contratista independiente, en virtud del cual este \u00faltimo le presta servicios relacionados con la exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, transporte y refinaci\u00f3n del petr\u00f3leo y, en general, esenciales y propios de la industria petrolera. <\/p>\n
(ii) Que el contratista independiente tenga empleados vinculados al desarrollo de esas actividades propias del sector petrolero. <\/p>\n
(iii) Que, a su vez, los trabajadores de ese contratista independiente se encuentren ubicados en la misma zona de trabajo de los empleados de la empresa beneficiaria\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, era claro que no se cumpl\u00eda con el primero de los enlistados requisitos, pues si bien \u00ablas compa\u00f1\u00edas consorciadas tienen un amplio campo de acci\u00f3n en las \u00e1reas de ingenier\u00eda, en cualquiera de sus ramas, arquitectura, econom\u00eda, interventor\u00eda, consultor\u00eda, gerencia de proyectos e, incluso, urbanizaci\u00f3n de terrenos y construcci\u00f3n de edificios, bodegas y oficinas, as\u00ed como en la supervisi\u00f3n de obras de infraestructura. Tambi\u00e9n tienen como objeto la participaci\u00f3n en consorcios, uniones temporales u otros, y la operaci\u00f3n de proyectos de infraestructura de cualquier naturaleza, pero bajo el esquema de concesi\u00f3n, arrendamiento o contratos de gesti\u00f3n. <\/p>\n
Es irrefutable que las actividades de las sociedades que integran el consorcio pueden ser desarrolladas en cualquier \u00e1rea de la econom\u00eda, como en la de servicios, construcci\u00f3n, explotaci\u00f3n de bienes inmuebles e incluso de petr\u00f3leos, como es el caso de las consultor\u00edas e interventor\u00edas para proyectos en ese sector, pero de ninguna manera podr\u00eda pensarse, que sus actividades son esenciales o inherentes a la industria del petr\u00f3leo, como lo concluy\u00f3 el a quo tras razonar que como el trabajador se contrat\u00f3 para prestar servicios en cualquiera de los frentes de inspecci\u00f3n y control de mantenimiento del sistema de oleoducto de Ca\u00f1o Lim\u00f3n, \u00abes evidente que su actividad era normal y propia de la empresa Ecopetrol\u00bb. <\/p>\n
Los contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados entre el Consorcio y Ecopetrol S.A. para los periodos en los que labor\u00f3 el demandante, tuvieron como objeto la prestaci\u00f3n de los servicios de inspecci\u00f3n, interventor\u00eda y control de calidad de obras y trabajos de mantenimiento del sistema Ca\u00f1o Lim\u00f3n Cove\u00f1as y trabajos de descontaminaci\u00f3n (fl. 764 y ss), prestaci\u00f3n de los servicios de inspecci\u00f3n, interventor\u00eda y control de calidad de obras y trabajos de mantenimiento del oleoducto Ca\u00f1o Lim\u00f3n Cove\u00f1as, sus estaciones de bombeo, trampas de raspadores, carreteras, accesos, obras anexas y trabajos de descontaminaci\u00f3n (fls. 806 y ss). <\/p>\n
Y, que de conformidad a lo consignado en los contratos suscritos por el demandante con el Consorcio, \u00abno se advierte que el trabajador hubiera desarrollado funciones que desbordaran los objetos de los contratos de prestaci\u00f3n de servicios celebrados por quien fungi\u00f3 como su empleador y Ecopetrol S.A., pues es lo cierto que todos hacen referencia a las labores de interventor\u00eda a que se ha hecho menci\u00f3n; incluso, al ser indagado por el Despacho comisionado, sobre los objetos contractuales del contratista y Ecopetrol S.A., el testigo Milton Jos\u00e9 Reyes manifest\u00f3: \u00abque yo recuerde, era interventor\u00eda del mantenimiento del Oleoducto Ca\u00f1o Lim\u00f3n Cove\u00f1as\u00bb (fls. 167 y ss, Cdno. 8), quien, adem\u00e1s, sobre las funciones desempe\u00f1adas por el actor para 2002 dijo: \u00aben ese entonces era t\u00e9cnico administrativo, era el encargado de las labores de oficina, de atenci\u00f3n a las comunicaciones, contestar tel\u00e9fono, el radio y atenci\u00f3n bodegas, recibo y despacho de materiales de Ecopetrol y tambi\u00e9n, cuando hab\u00eda reparaciones, deb\u00eda estar en alistamiento y despacho de trineos que contienen equipos menores y materiales\u00bb. <\/p>\n
Sobre las labores realizadas por Pe\u00f1a Serrato, el deponente Edgar Ovalle Su\u00e1rez (fls. 143 y ss, Cdno 8) manifest\u00f3: \u00abEl se\u00f1or Pe\u00f1a, en Coordinaci\u00f3n con el Ingeniero, ten\u00eda la funci\u00f3n de coordinar (sic) las reparaciones del Oleoducto, con lo que tiene que ver con log\u00edstica y personal\u00bb. <\/p>\n
De esta suerte, no existe elemento de convicci\u00f3n que respalde las manifestaciones del accionante, en la demanda inicial, ni en el interrogatorio de parte, en el sentido de que las funciones que ejerci\u00f3 fueron propias de la industria petrolera, pero que no detall\u00f3, ni siquiera en esta \u00faltima diligencia, en la que puntualmente se le indag\u00f3 por sus labores; en cambio, se centr\u00f3 en responsabilizar a Ecopetrol S.A. de no aportar las bit\u00e1coras en las cuales supuestamente aparec\u00edan las tareas que realizaba. En esa medida, ninguna labor operativa se acredit\u00f3, por la cual pudiera llegar a considerarse, en aplicaci\u00f3n del principio de la realidad sobre las formas, que su verdadera funci\u00f3n era la ejecuci\u00f3n de procesos para la industria del petr\u00f3leo, con independencia de lo plasmado en los certificados de c\u00e1mara de comercio y en los contratos. <\/p>\n
La anterior conclusi\u00f3n no var\u00eda porque el lugar de trabajo del demandante fuera el mismo de los empleados de la beneficiaria, pues no de otra manera pod\u00edan materializarse las gestiones de inspecci\u00f3n, interventor\u00eda y control de calidad sobre las obras de Ecopetrol S.A., a las cuales se comprometi\u00f3 el contratista. <\/p>\n
Importa destacar que si bien, la convenci\u00f3n colectiva de trabajo 1999-2000 establece que Ecopetrol S.A. se obliga a imponer y a exigir a los contratistas el cumplimiento de las disposiciones de dicho texto, tambi\u00e9n lo es, que para tales efectos, solo se tienen como trabajadores del contratista, los que laboren en actividades propias de la industria del petr\u00f3leo, lo cual no se presenta en el asunto estudiado. As\u00ed las cosas, Carlos Humberto Pe\u00f1a no es beneficiario de las convenciones colectivas de trabajo que rigen para los trabajadores de Ecopetrol S.A.\u00bb. <\/p>\n
2.2.2. Por otro lado, y en lo atinente a la solidaridad de Ecopetrol S.A., estableci\u00f3 que: <\/p>\n
\u00abAl rompe se advierte el dislate jur\u00eddico en que incurri\u00f3 el sentenciador singular al deducir la solidaridad de Ecopetrol S.A., del an\u00e1lisis que hizo de la extensi\u00f3n de los beneficios convencionales al actor, conforme al Decreto 284 de 1957, pues se trata de figuras diferentes, como lo ratific\u00f3 la Sala de Casaci\u00f3n Laboral en sentencia CSJ SL17526-2016, as\u00ed: <\/p>\n
Cabe subrayar, que a diferencia de la figura de la responsabilidad solidaria establecida en el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo, el art\u00edculo 1 del Decreto Legislativo 284 de 1957 no establece la solidaridad entre la empresa beneficiaria y el contratista independiente en el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones insolutos, ni mucho menos es fuente de obligaciones laborales a cargo de aquella. Esto obedece a que cada una de las empresas contratantes conserva la independencia de los v\u00ednculos laborales con sus empleados y, consiguientemente, las nuevas obligaciones laborales que surjan por fuerza de la extensi\u00f3n de las prerrogativas salariales y prestacionales, debe asumirlos exclusivamente el contratista independiente. <\/p>\n
Al respecto, esta Corporaci\u00f3n en sentencia CSJ SL, 2 feb. 1996, rad. 7942 se\u00f1al\u00f3 que las obligaciones laborales que se llegasen a generar en virtud de la aplicaci\u00f3n de esta figura, recaen exclusivamente en el contratista independiente: <\/p>\n
En efecto, es claro, seg\u00fan el texto de dicha disposici\u00f3n [Art. 1\u00b0 Dec. 284\/57], que en ella se consagra a favor de los trabajadores vinculados a contratistas de personas o entidades dedicadas a ‘los ramos de exploraci\u00f3n, explotaci\u00f3n, transporte o refinaci\u00f3n de petr\u00f3leo’ el derecho a gozar de los mismos salarios y prestaciones de los trabajadores directos de dichas personas o entidades; como lo es tambi\u00e9n que las personas directamente obligadas son, indiscutiblemente, los contratistas respecto de sus propios trabajadores, como se desprende claramente del p\u00e1rrafo final de dicho art\u00edculo, que dice: ‘si los contratistas independientes no tuvieren los elementos adecuados para atender a las referidas prestaciones, podr\u00e1n convenir (los dichos contratistas, obviamente) con la empresa beneficiaria que esta las atienda por cuenta de aquellos (tambi\u00e9n es obvio, los contratistas independientes). Si no fuere ello posible (finaliza la norma), los contratistas deber\u00e1n compensar en dinero a sus trabajadores el valor de las prestaciones que no pudieren atender, previa autorizaci\u00f3n del gobierno’. <\/p>\n
Despejado ese punto, la solidaridad se encuentra consagrada en estatuto laboral, as\u00ed: <\/p>\n
Art. 34. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES. <\/p>\n
1o) Son contratistas independientes y, por tanto, verdaderos empleadores y no representantes ni intermediarios, las personas naturales o jur\u00eddicas que contraten la ejecuci\u00f3n de una o varias obras o la prestaci\u00f3n de servicios en beneficios de terceros, por un precio determinado, asumiendo todos los riesgos, para realizarlos con sus propios medios y con libertad y autonom\u00eda t\u00e9cnica y directiva. Pero el beneficiario del trabajo o due\u00f1o de la obra, a menos que se trate de labores extra\u00f1as a las actividades normales de su empresa o negocio, ser\u00e1 solidariamente responsable con el contratista por el valor de los salarios y de las prestaciones e indemnizaciones a que tengan derecho los trabajadores, solidaridad que no obsta para que el beneficiario estipule con el contratista las garant\u00edas del caso o para que repita contra \u00e9l lo pagado a esos trabajadores. <\/p>\n
Conforme a dicha norma, existe solidaridad entre el beneficiario de la obra o del servicio y el contratista independiente, en relaci\u00f3n con las obligaciones laborales de los trabajadores de este, siempre que las actividades contratadas tengan una relaci\u00f3n directa con aquellas que derivan del giro ordinario de sus negocios. Sobre la tem\u00e1tica en menci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, en sentencia CSJ SL12234-2014 se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
(\u2026) conviene memorar que el art\u00edculo 34 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo refiere que son contratistas independientes y, en tal sentido, verdaderos empleadores, quienes ejecuten una o varias obras o cualquier servicio en favor de un tercero, por un precio determinado, con la asunci\u00f3n de todos los riesgos y la utilizaci\u00f3n de sus propios medios, con libertad y autonom\u00eda t\u00e9cnica y directiva en la realizaci\u00f3n del objeto contratado (\u2026). <\/p>\n
En dicho precepto se impone la solidaridad al beneficiario o due\u00f1o de la obra, respecto del valor de los salarios, indemnizaciones y prestaciones sociales, cuando lo contratado obedezca a actividades normales de su empresa o negocio, sin perjuicio de que \u201cestipule con el contratista las garant\u00edas del caso o para que se repita contra \u00e9l lo pagado. El beneficiario del trabajo o due\u00f1o de la obra tambi\u00e9n ser\u00e1 solidariamente responsable en las condiciones fijadas en el inciso anterior, de las obligaciones de los subcontratistas frente a sus trabajadores, aun en el caso de que los contratistas no est\u00e9n autorizados para contratar los servicios de los subcontratistas\u201d. <\/p>\n
Tal disposici\u00f3n se inspira en el respeto por los derechos de los trabajadores, independientemente de la modalidad que adopten los contratantes, de manera que corresponde al juzgador, como primera medida, establecer si, en efecto, la labor contratada hace parte del giro de los negocios ordinarios de la empresa, con el objetivo de resolver si existe o no solidaridad. <\/p>\n
Concluy\u00f3 entonces, que \u00ab[e]n atenci\u00f3n a que el estudio antes realizado sobre las actividades contratadas con el Consorcio Ceisma revel\u00f3 que aquellas no hacen parte del giro ordinario de los negocios de la beneficiaria del servicio, sobre el cual no hace falta volver, no es posible predicar responsabilidad solidaria de Ecopetrol S.A. en el pago de las obligaciones laborales que estuvieran a cargo del empleador\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
I. 2.2.3. A su turno, y en lo relacionado con la nulidad de las actas de conciliaci\u00f3n, la excepci\u00f3n de cosa juzgada y existencia de un \u00fanico contrato de trabajo, manifest\u00f3 la Colegiatura de cierre que \u00ab[d]ebe recordarse, que con arreglo a los art\u00edculos 1508 a 1516 del C\u00f3digo Civil, el error, la fuerza y el dolo como vicios del consentimiento, capaces de afectar las declaraciones de voluntad, no se presumen, sino que deben acreditarse plenamente en el proceso. En el caso bajo examen, ello no ocurri\u00f3, pues a m\u00e1s del relato que hizo el actor en su interrogatorio, de que \u00abpr\u00e1cticamente se le oblig\u00f3 a celebrar\u00bb las conciliaciones, bajo el argumento de que le iban a pagar la liquidaci\u00f3n, en cada oportunidad, \u00abdel \u00faltimo contrato\u00bb, y que si no las firmaba se le impedir\u00eda seguir trabajando, no hay prueba alguna de tal suceso, en tanto el testigo al que se refiere el demandante en la apelaci\u00f3n, sobre tal tem\u00e1tica, dijo: \u00abEl procedimiento para esas conciliaciones era ir al Ministerio de Trabajo y firmar el acta de conciliaci\u00f3n que ya llevaban elaborada y se firmaba ah\u00ed el paz y salvo donde uno manifestaba que la empresa no le quedaba a uno debiendo\u00bb; por supuesto, tal manifestaci\u00f3n resulta insuficiente para tener por demostrado un vicio del consentimiento.<\/p>\n
II. <\/p>\n
Fuerza precisar, que el hecho de que las actas que contengan los acuerdos celebrados entre trabajador y empleador hubieran sido elaboradas por este \u00faltimo, no constituye una circunstancia que determine la nulidad de aqu\u00e9llas, en tanto en esos documentos, el trabajador impuso su firma en se\u00f1al de aceptaci\u00f3n, expresi\u00f3n de aprobaci\u00f3n que como qued\u00f3 visto, no fue desvirtuada por el recurrente\u00bb, postulado que sustent\u00f3 en lo dispuesto por la Sala Permanente, en la sentencia SL449 de 2013, sumado al hecho de que \u00ab[d]el texto del acta, no se avizora que el trabajador hubiera actuado bajo presi\u00f3n o apremio que viciara su consentimiento; por el contrario, las cl\u00e1usulas del acuerdo no solo dan cuenta del mutuo consenso de las partes para finalizar los contratos, sino tambi\u00e9n del pago de los derechos laborales que de modo expreso se consignaron\u00bb y, que \u00abaun cuando en las mencionadas actas se dej\u00f3 expresa constancia de la terminaci\u00f3n, liquidaci\u00f3n y pago de contratos anteriores, y el trabajador declar\u00f3 a paz y salvo al empleador por los mismos, lo cierto es que, en estricto rigor, no fueron conciliados, luego sobre ellos no pod\u00eda declararse probada la excepci\u00f3n de cosa juzgada\u00bb. <\/p>\n
2.2.5. Luego, y acerca de las indemnizaciones reclamadas por el interesado, explic\u00f3 la Sala de Descongesti\u00f3n que \u00aben la apelaci\u00f3n el actor volc\u00f3 todo su esfuerzo a realizar c\u00e1lculos matem\u00e1ticos sobre cada uno de los derechos pretendidos; esto, en modo alguno suple la actividad que a su cargo estaba, de demostrar los hechos que soportaran las pretensiones\u00bb, las cuales al no encontrase demostrada, pues tambi\u00e9n fracasaron. <\/p>\n
As\u00ed entonces, dispuso, en sede de instancia, revocar \u00abparcialmente la sentencia dictada por el Juzgado S\u00e9ptimo Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 D.C., el 15 de junio de 2010, en cuanto declar\u00f3 a Ecopetrol S.A. solidariamente responsable de las obligaciones como empleadora y que Carlos Humberto Pe\u00f1a Serrato tiene derecho a que se le apliquen las leyes, pactos, convenciones colectivas y fallos arbitrales en las mismas condiciones de los trabajadores de aquella; en su lugar, niega tales declaraciones\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, revoc\u00f3 parcialmente, \u00aben cuanto declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de prescripci\u00f3n de los cr\u00e9ditos laborales causados entre el 19 de marzo de 1998 y el 16 de octubre de 2001 y la de cosa juzgada, frente a los contratos celebrados entre el 19 de junio de 1998 y el 1 de diciembre de 2004; en su lugar, declara probadas las excepciones de prescripci\u00f3n, por el periodo comprendido entre el 19 de marzo de 1998 y el 10 de febrero de 2002 y cosa juzgada por los contratos vigentes entre el 3 de septiembre y el 15 de diciembre de 2002 y entre el 4 de mayo y 30 de noviembre de 2004\u00bb, adem\u00e1s de \u00abla condena por indemnizaci\u00f3n por despido injusto y, en su lugar, se absuelve de la misma\u00bb. <\/p>\n
3. De conformidad con lo expuesto, y a diferencia de lo considerado por el gestor del amparo, lo determinado reposa sobre el contenido de los medios de convicci\u00f3n, a la par de un razonable entendimiento de los mismos, y la aplicaci\u00f3n de las normas aplicables a la materia, cuesti\u00f3n que impide sostener, entonces, que en esa actividad se hubiera incurrido en alguna de las causales de procedencia del amparo invocadas, \u00fanico supuesto que, como repetidamente se ha se\u00f1alado, le abre paso al mecanismo excepcional interpuesto, respecto de prove\u00eddos o actuaciones judiciales, no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que tal y como lo dej\u00f3 anotado la Corporaci\u00f3n criticada en la sentencia debatida, se demostr\u00f3 con suficiencia, en \u00faltimas, que la accionante no cumpl\u00eda con los requisitos necesarios para la procedencia que elev\u00f3 frente a Ecopetrol y el Consorcio CEISMA. <\/p>\n
4. Queda claro entonces, que lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada y atacar, por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n la desfavoreci\u00f3, finalidad que resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios, en raz\u00f3n a que \u00abal juez de tutela le est\u00e1 vedado inmiscuirse en la actividad que le es propia a cada jurisdicci\u00f3n cuya independencia y autonom\u00eda tiene su origen en n\u00edtidos e insoslayables postulados de raigambre constitucional y legal (Art\u00edculos 113, 228 y 230 de la Carta Pol\u00edtica), m\u00e1xime cuando la determinaci\u00f3n sobre la cual gravita la censura est\u00e1 soportada en un admisible examen de los hechos, as\u00ed como de la prudente interpretaci\u00f3n de las disposiciones normativas contentivas de los supuestos al efecto planteados, conforme as\u00ed emerge de las razones expuestas en los prove\u00eddos acusados\u00bb (CSJ STC304-2021). <\/p>\n
En el mismo sentido, esta Corporaci\u00f3n ha sostenido que, \u00abel juez de tutela no es el llamado a intervenir a manera de \u00e1rbitro para determinar cu\u00e1les de los planteamientos valorativos y hermen\u00e9uticos del juzgador, o de las partes, resultan ser los m\u00e1s acertados, y menos acometer, bajo ese pretexto, como lo pretende la actora, la revisi\u00f3n oficiosa del asunto, como si fuese uno de instancia\u00bb y, que \u00abla adversidad de la decisi\u00f3n no es por s\u00ed misma fundamento que le allane el camino al vencido para perseverar en sus discrepancias frente a lo resuelto por el juez natural\u00bb (ib.). <\/p>\n
5. Finalmente, y acerca de la vedada interpretaci\u00f3n que efectu\u00f3 de los medios de convicci\u00f3n arrimados a las diligencias la varias veces mencionada Sala de Descongesti\u00f3n, al obrar como juez de segunda instancia con la sentencia sustitutiva, debe tenerse en cuenta que no siendo, pues, la simple discrepancia con lo decidido una raz\u00f3n para que se admita la intervenci\u00f3n del juez de tutela, en tanto que en este escenario no es posible debatir la valoraci\u00f3n probatoria que hizo el sentenciador de la causa y tratar de convencer sobre cu\u00e1l ser\u00eda la m\u00e1s adecuada, ya que \u00abel campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia. El error en el juicio valorativo, ha dicho esta Corte, debe ser de tal entidad que debe ser ostensible, flagrante, manifiesto y el mismo debe poseer una incidencia directa en la decisi\u00f3n\u00bb (CSJ STC3070-2021). <\/p>\n
En ese sentido, se reitera que se comparta o no la hermen\u00e9utica utilizada por el juzgador, \u00abello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho, la rese\u00f1ada providencia consigna, en suma, un criterio interpretativo de los hechos y de las pruebas coherente que, como tal, debe ser respetado, aunque \u00e9ste pueda ser susceptible de otra ex\u00e9gesis; es decir, para expresarlo brevemente: aunque la Sala pudiera discrepar de la tesis admitida por los juzgadores de instancia accionados, esa disonancia no es motivo para calificar como absurda la referida sentencia\u00bb (ejusdem)\u00bb; de este modo queda claro, que como lo pretendido por el querellante es anteponer su propio criterio al de la autoridad accionada, y atacar por esta v\u00eda, la decisi\u00f3n que lo desfavoreci\u00f3, esa finalidad resulta ajena a la tutela, la cual no fue establecida para erigirse como una instancia m\u00e1s dentro de los juicios ordinarios. <\/p>\n
6. Por otra parte, no se avizora la vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad que alude el interesado, pues no s\u00f3lo no hay elementos de juicio ciertos que conduzcan a su estudio en esta providencia, sino que no se acredit\u00f3 un tratamiento especial o preferente en alg\u00fan caso similar al suyo; es decir, \u00abno demostr\u00f3 el interesado la presunta vulneraci\u00f3n al derecho a la igualdad, toda vez que no existen pruebas que den cuenta de otras personas en circunstancias similares a la suya\u2026, circunstancia que impide realizar el paralelo respectivo a fin de determinar si los accionados con su actuar le quebrantaron esa prerrogativa de rango constitucional\u00bb (CSJ STC402-2021). <\/p>\n
7. Corolario de lo esgrimido, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se impone ratificar el fallo constitucional confutado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8283-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC8283-2021 Radicaci\u00f3n n. 11001-02-04-000-2020-00364-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55433","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55433","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55433"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55433\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55433"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55433"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55433"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}