STC8289-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8289-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00901-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo dictado el 25 de mayo de 2021 por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Rodolfo Ayala Vel\u00e1squez contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial Riohacha, la Fiscal\u00eda Seccional y el Juzgado Promiscuo del Circuito ambos de Mit\u00fa, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes de la causa penal a que alude el escrito de tutela. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la defensa, a la libertad, a la \u00abpresunci\u00f3n de inocencia\u00bb, al acceso a la administraci\u00f3n de justicia, a la \u00ablegalidad de los procedimientos\u00bb a la \u00abseguridad jur\u00eddica\u00bb, a la igualdad \u00abante la ley\u00bb, a la \u00abimparcialidad\u00bb y a la \u00abtransparencia de la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente conculcados por las autoridades jurisdiccionales accionadas, con las sentencias proferidas en ambas instancias en el marco de la acci\u00f3n penal que se sigui\u00f3 en su contra por el delito de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. <\/p>\n
Solicita entonces, que se revoquen los fallos condenatorios, y, que como consecuencia de ello, \u00abse [l]e dicte la absoluci\u00f3n, por inadecuaci\u00f3n t\u00edpica de la conducta o merced del in dubio pro reo\u00bb. <\/p>\n
2. Como sustento f\u00e1ctico de lo reclamado aduce, en lo esencial, que pese a que, no solo la denuncia formulada en su contra obedeci\u00f3 \u00aba persecuci\u00f3n pol\u00edtica, en donde [sus] opositores pol\u00edticos (\u2026), fraguaron el montaje en [su] contra, con el aprovechamiento de las circunstancias y la manipulaci\u00f3n hecha a la menor (\u2026), movidos por el hecho que denunci[\u00f3] al alcalde de la \u00e9poca\u00bb, sino que, ya se hab\u00eda proferido fallo absolviendo de los delitos que le fueron imputados, la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, tras declarar la nulidad de dicha decisi\u00f3n, y reanudar la actuaci\u00f3n, confirm\u00f3 en su integridad la nueva sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mit\u00fa que lo conden\u00f3 a la pena principal de 142 meses de prisi\u00f3n, en calidad de autor de la conducta punible de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo. <\/p>\n
Se\u00f1ala que en la anterior decisi\u00f3n, se incurri\u00f3 una indebida valoraci\u00f3n probatoria, pues la versi\u00f3n de la v\u00edctima tiene serias inconsistencias en cuanto a tiempo, modo y lugar de los hechos, a m\u00e1s que existe una declaraci\u00f3n extrajuicio en la que se afirm\u00f3 que \u00ablas relaciones sexuales (\u2026) fueron con su consentimiento (\u2026), y que si bien es cierto dijo que hubo violencia, ello obedeci\u00f3 a la manipulaci\u00f3n por parte de las autoridades municipales de Carur\u00fa, Vaup\u00e9s\u00bb. <\/p>\n
Indica que aunque se decretaron un sinn\u00famero de pruebas desde la audiencia preparatoria, \u00e9stas finalmente no se practicaron, y, si bien pudo alegar mediante recurso extraordinario de casaci\u00f3n las anteriores irregulares, por la negligencia de su apoderado de confianza no ejerci\u00f3 tal mecanismo, raz\u00f3n por la cual, asegura, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. El Juzgado Promiscuo del Circuito de Mit\u00fa precis\u00f3, que no ha lesionado prerrogativa superior alguna del actor, pues la decisi\u00f3n criticada se encuentra ajustada a derecho y debidamente ejecutoriada. <\/p>\n
b. El Fiscal 30 Seccional de Mit\u00fa puntualiz\u00f3, que si bien se tramitaron en dicho Despacho las indagaciones preliminares seguidas en contra del actor, no cuenta con el expediente para emitir pronunciamiento de fondo sobre la materia; sin embargo, advierte que contra \u00e9ste en la actualidad se sigue otra denuncia por acceso carnal abusivo con menor de 14 a\u00f1os. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Tribunal Constitucional de primera instancia deneg\u00f3 la salvaguarda suplicada, por incumplir con el requisito de la subsidiariedad, pues el actor en un acto constitutivo de incuria, \u00abno agot\u00f3 los mecanismos id\u00f3neos de defensa para el cumplimiento de sus pretensiones, esto es, no present\u00f3 recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia del 18 de noviembre de 2019 de la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mecanismo que era adecuado para analizar las censuras que actualmente presenta la actora, sin establecer razones suficientes que <\/p>\n
permitan a la Sala flexibilizar este requisito\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El actor recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando argumentos similares a los expuestos en el escrito de tutela. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela frente a decisiones judiciales, por v\u00eda jurisprudencial se le ha reconocido un car\u00e1cter eminentemente excepcional y subsidiario, de acuerdo con el cual, dicha protecci\u00f3n s\u00f3lo puede abrirse paso cuando se establezcan tres situaciones, a saber: la ausencia de mecanismos judiciales para atacarla, la prontitud del reclamo, y, la existencia de causal de procedencia del amparo, es decir, cuando la acci\u00f3n u omisi\u00f3n del funcionario judicial carece de fundamento objetivo y responde m\u00e1s a su capricho o voluntad, valga decir, sea el producto de su arbitrariedad. <\/p>\n
2. En el acaso sub examine se observa, que la censura formulada por el se\u00f1or Ayala Vel\u00e1squez est\u00e1 encaminada, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo proferido el 18 de noviembre del 2019 por la Sala Penal del Tribunal Superior de Riohacha, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 confirmar la decisi\u00f3n 21 de enero del mismo a\u00f1o, mediante la cual el Juzgado Promiscuo del Circuito de Mit\u00fa -Vaup\u00e9s, lo conden\u00f3 a la pena principal de 142 meses de prisi\u00f3n en el marco de la acci\u00f3n judicial seguida en su contra como auto del punible de acceso carnal violento agravado en concurso homog\u00e9neo y sucesivo, pues en su sentir, dicha determinaci\u00f3n adolece de causal de procedencia del amparo por defecto f\u00e1ctico. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el expediente digital, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Se observa que surge patente la improcedencia del amparo reclamado por incumplir con el presupuesto de la prontitud que lo gobierna, toda vez que la determinaci\u00f3n que dej\u00f3 en firme la decisi\u00f3n que result\u00f3 adversa a la actora, es decir, puso fin al litigio, qued\u00f3 ejecutoriada el 18 de noviembre de 2019, mientras que se acudi\u00f3 al amparo constitucional s\u00f3lo hasta el 4 de mayo pasado, circunstancia que evidencia la tardanza en la formulaci\u00f3n del reclamo. <\/p>\n
Al punto es suficientemente conocido, que pese a que las disposiciones que disciplinan el amparo tutelar no fijan un t\u00e9rmino espec\u00edfico para su formulaci\u00f3n, de acuerdo con los principios y criterios que gobiernan dicho mecanismo, relacionados con la urgencia, celeridad y eficacia -art\u00edculo 3\u00ba del Decreto 2591 de 1991, se requiere que el interesado act\u00fae tan pronto tenga ocurrencia el hecho generador de la supuesta vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales, lo cual no ocurri\u00f3 en el presente caso, comoquiera que transcurrieron casi 18 meses desde que se profiri\u00f3 la decisi\u00f3n que resolvi\u00f3 de fondo el litigio, sin que aqu\u00e9lla solicitara la protecci\u00f3n de los derechos que consideran hoy vulnerados con tal la determinaci\u00f3n, cuesti\u00f3n que pone de relieve su inactividad y denota el quebranto del presupuesto b\u00e1sico de la inmediatez que rige el tr\u00e1mite previsto por el art\u00edculo 86 de la Carta Pol\u00edtica, seg\u00fan el cual el menoscabo de una garant\u00eda de linaje constitucional fundamental impone, en el terreno de que se trata, una pronta reacci\u00f3n del supuesto lesionado o agraviado. <\/p>\n
Sobre la tardanza en acudir al amparo, reiteradamente se ha puntualizado, que \u00abaquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no deben, en principio, ser amparadas, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, \u00e9stos s\u00ed actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC2007-2021). <\/p>\n
3.2. Por otra parte, observa la Sala que las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de la herramienta de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la parte aqu\u00ed interesada, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de formular en la oportunidad procesal correspondiente, el mecanismo id\u00f3neo para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, el extraordinario de casaci\u00f3n en contra de la decisi\u00f3n de segundo grado que confirm\u00f3 la sentencia condenatoria de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 205 de la Ley 600 de 2000, medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
3.3. Ahora, si bien el actor endilga su descuido a la presunta negligencia del profesional que ejerci\u00f3 su defensa al interior de la causa criticada, basta decir que ello no resulta suficiente para pretermitir dicho requisito y estudiar de fondo la queja constitucional, pues \u00abla pretensi\u00f3n formulada a partir de dicho aspecto se opone por completo a los fines de la acci\u00f3n de tutela, pues resulta del todo claro que se emplea como \u00faltimo recurso en el anhelo de contrarrestar la condena que se le impuso al actor en una actuaci\u00f3n regida por las normas del debido proceso y en la cual se le aseguraron sus derechos fundamentales, de manera que por v\u00eda de tutela no puede disponerse la revisi\u00f3n indiscriminada del proceso y la consecuente repetici\u00f3n de actuaciones v\u00e1lidamente cumplidas, m\u00e1xime que la observancia de dicha garant\u00eda se alcanza no solo a partir de la participaci\u00f3n activa que el defensor despliegue, pues ella tambi\u00e9n recae sobre el procesado, quien, obviamente dentro de los l\u00edmites de sus conocimientos en derecho puede intervenir al interior del proceso en pro de sus intereses, y es por ello que no puede dejarse de lado que por voluntad propia el actor se sustrajo al desarrollo del proceso renunciando al ejercicio de su defensa material.\u201d\u00bb (reiterada, entre otras, en STC3666-2020). <\/p>\n
4. Por los argumentos anotados, se impone mantener la providencia examinada. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
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