STC8294-2021<\/p>\n
<\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8294-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00170-02 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagu\u00e9, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Fabi\u00e1n Rodrigo Longas M\u00e9ndez en nombre propio y en representaci\u00f3n de su menor hija XXXX contra el Juzgado Tercero de Familia de la misma ciudad y la se\u00f1ora Lazarina Quiroz Bocanegra, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del proceso verbal a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El promotor del amparo en la condici\u00f3n advertida, reclama a trav\u00e9s de apoderada judicial la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la \u00abfamilia y a no ser separado de ella\u00bb, presuntamente conculcados por la autoridad jurisdiccional y la particular accionadas, con las decisiones proferidas en el marco del proceso de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio cat\u00f3lico que Lazarina Quiroz Bocanegra promovi\u00f3 en su contra. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se ordene a la se\u00f1ora Quiroz Bocanegra, que \u00abpermita (\u2026) que ejerza el derecho de visitas y pueda recoger a su hija en los horarios establecidos (\u2026), [adem\u00e1s] proceda a facilitar los medios de comunicaci\u00f3n id\u00f3neos\u00bb; y, al Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, \u00abact\u00fae con celeridad y bajo criterios probatorios, se intente la pr\u00e1ctica de una prueba Psiqui\u00e1trica (\u2026) con el fin de determinar el da\u00f1o psicol\u00f3gico de la menor, riesgo a la integridad del padre por autoagresi\u00f3n, instrumentalizaci\u00f3n de los infantes en el conflicto y alienaci\u00f3n pariental (sic) ejercido por la accionado hacia su hija\u00bb. <\/p>\n
2. Para respaldar sus quejas expone en compendio, que pese a que en el marco del litigio referido en l\u00edneas anteriores no se acreditaron hechos de violencia intrafamiliar y se acept\u00f3 la conciliaci\u00f3n, entre otras, del r\u00e9gimen de cuidado y visitas de su menor hija, esto es, cada 15 d\u00edas, desde \u00abhace m\u00e1s de un mes\u00bb no solo la progenitora impide cualquier tipo de contacto con la menor, sino que el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 tan solo \u00abrequiri\u00f3\u00bb el cumplimiento de lo acordado, y aunque acudi\u00f3 al Instituto de Bienestar Familia ICBF, no ha logrado \u00abninguna soluci\u00f3n eficaz y expedita\u00bb, raz\u00f3n por la cual, asegura, se hace necesaria la intervenci\u00f3n del Juez constitucional. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
a. La Defensora de Familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF \u2013Regional Tolima, precis\u00f3 en lo fundamental, que es reiterativo por parte de ambos progenitores el incumplido con el r\u00e9gimen de visitas acordado, raz\u00f3n por la cual es procedente \u00abhacer un llamado\u00bb de atenci\u00f3n en procura de salvaguardar los derechos fundamentales de la menor hija en com\u00fan, para que atiendan los compromisos que asumieron; que se debe tener en cuenta que \u00e9stos \u00abrequieren y deben asistir a programa de Asistencia y Asesor\u00eda a la Familia a trav\u00e9s del ICBF o la entidad que considere apropiada, para que reciban intervenci\u00f3n de car\u00e1cter social y psicol\u00f3gica para el afrontamiento y resoluci\u00f3n de sus conflictos familiares, personales, a fin de modificar comportamientos que generen cambios que le permitan al ni\u00f1a restablecer, mantener, seguir desarrollando relaciones afectivas SANAS con sus progenitores, a recibir de \u00e9stos cuidado y amor a trav\u00e9s de las visitas, para su sano desarrollo integral\u00bb. <\/p>\n
b. El Procurador 14 Judicial II de Familia de Ibagu\u00e9 puso de presente, que las quejas del actor debieron preliminarmente ventilarse ante el Juez de Familia convocado, para que sea \u00e9ste quien tome las decisiones pertinentes para el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas del cual aqu\u00ed se duele aqu\u00e9l. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez Constitucional de primera instancia concedi\u00f3 la protecci\u00f3n a la familia y no ser separado de ello de la menor XXXX, luego de considerar que \u00ab[l]os se\u00f1ores FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ y LAZARINA QUIROZ BOCANEGRA, han incumplido permanente e injustificadamente el acuerdo suscrito ante el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE IBAGU\u00c9, respecto a la custodia y cuidado personal de la menor, as\u00ed como el r\u00e9gimen de visitas all\u00ed establecido. Al respecto, v\u00e9ase que, del estudio realizado al proceso radicado 2019-00293 adelantado ante el precitado juzgado, se observan peticiones de parte y parte en las que solicitan la intervenci\u00f3n de la autoridad judicial para obtener, por un lado, el reintegro de la menor al hogar de la se\u00f1ora QUIROZ BOCANEGRA ante la negativa de su padre de entregarla dentro de los plazos previamente acordados, y por otro, obtener la posibilidad de comunicaci\u00f3n y contacto permanente con su menor hija cuando \u00e9sta se encuentra bajo el cuidado de su madre. Con todo, es evidente que el conflicto y desacuerdo que existe entre los progenitores de la menor M.L.L.Q. perjudica su estabilidad emocional y afectiva, adem\u00e1s, podr\u00eda generarle posibles problemas en su desarrollo personal\u00bb. <\/p>\n
Por lo anterior, orden\u00f3 i) a Fabi\u00e1n Rodrigo Longas M\u00e9ndez y Lazarina Quiroz Bocanegra, progenitores de la ni\u00f1a, que dentro de las 48 horas siguientes a la notificaci\u00f3n del presente fallo, \u00absi a\u00fan no lo han hecho, den estricto cumplimiento al acuerdo sobre custodia y cuidado personal, as\u00ed como del r\u00e9gimen de visitas, establecido en la conciliaci\u00f3n llevada a cabo el 4 de marzo de 2020 ante el JUZGADO TERCERO DE FAMILIA DE IBAGU\u00c9 dentro del proceso de Cesaci\u00f3n de Efectos Civiles de Matrimonio Cat\u00f3lico radicado 2019-00293-00, esto es, devolviendo a la menor M.L.L.Q. al hogar compartido con su progenitora LAZARINA QUIROZ BOCANEGA y \u00e9sta a su vez, garantice la comunicaci\u00f3n diaria, constante y permanente del progenitor FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ con la ni\u00f1a\u00bb; ii) \u00abasistan al programa de Asistencia y Asesor\u00eda a la Familia del ICBF, una vez sean vinculados al mismo, por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar\u00bb; iii) \u00abCOMPULSAR COPIAS de la presente actuaci\u00f3n al INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR, para que, a trav\u00e9s de la DEFENSORA DE FAMILIA ZONAL GALAN DE LA REGIONAL TOLIMA DEL I.C.B.F., (\u2026), realice la verificaci\u00f3n de la garant\u00eda de los derechos de la ni\u00f1a M.L.L.Q., disponiendo la valoraci\u00f3n psicol\u00f3gica, emocional, del entorno familiar, redes vinculares e identificaci\u00f3n de elementos protectores y de riesgo, y, en general, todas las labores a que se refiere el art\u00edculo 52 del C\u00f3digo de Infancia y Adolescencia y adopte, las medidas de protecci\u00f3n respectivas en procura de reestablecer los derechos de la ni\u00f1a (\u2026)\u00bb y iv) \u00abal I.C.B.F. (\u2026), vincule a los se\u00f1ores FABIAN RODRIGO LONGAS MENDEZ y LAZARINA QUIROZ BOCANEGRA en calidad de progenitores de la ni\u00f1a XXXX a su programa de Asistencia y Asesor\u00eda a la Familia, para que reciban intervenci\u00f3n de car\u00e1cter social y psicol\u00f3gica para el afrontamiento y resoluci\u00f3n de sus conflictos\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
La se\u00f1ora Lazarina Quiroz Bocanegra recurri\u00f3 el anterior fallo, se\u00f1alando, por una parte, que el actor cuenta con herramientas ante la justicia ordinaria para lograr lo que por esta v\u00eda reclama, al punto que est\u00e1 pendiente de practicarse una audiencia de conciliaci\u00f3n ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar; y por la otra, que aqu\u00e9l igualmente retuvo a la primog\u00e9nita sin su consentimiento, y s\u00f3lo fue en cumplimiento de una orden judicial que ella logr\u00f3 su reintegro al seno del hogar. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La acci\u00f3n de tutela como regla general, no resulta viable entablarla contra las providencias o actuaciones judiciales, dado que no pertenece al entorno de la justicia constitucional interferir en el escenario de los procesos judiciales en curso o ya terminados, para modificar o sustituir las determinaciones all\u00ed pronunciadas por los jueces naturales de las controversias, porque con ello se quebrantar\u00edan los principios superiores de autonom\u00eda e independencia judicial consagrados en los art\u00edculos 228 y 230 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
Sin embargo, en los precisos casos en los que el funcionario judicial incurre en una v\u00eda de hecho, vale decir, cuando su proceder es arbitrario o caprichoso al punto que lesiona los derechos constitucionales fundamentales, sin que el afectado cuente con otro medio de protecci\u00f3n judicial, puede intervenir el juez de tutela, \u00fanica y exclusivamente para retirar el acto generador de la violaci\u00f3n o amenaza de las mencionadas prerrogativas. <\/p>\n
2. Circunscrita la Corte a lo se\u00f1alado por el ciudadano Fabi\u00e1n Longas en el escrito de tutela, y comoquiera que son las quejas dirigidas frente al Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 las que le otorgan competencia para conocer del presente asunto al juez constitucional de primer grado y a esta Corporaci\u00f3n, se advierte que la censura formulada por \u00e9ste se dirige, en lo fundamental, contra el prove\u00eddo del 27 de abril de la presente anualidad, a trav\u00e9s del cual resolvi\u00f3 \u00ab[r]equerir a la se\u00f1ora LAZARINA QUIROZ BOCANEGRA para que cumpla la regulaci\u00f3n de visitas a que tiene derecho la menor XXXX, en la forma acordada en audiencia celebrada el cuatro de marzo de 2020\u00bb, en el marco del procedimiento de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio que la citada ciudadana promovi\u00f3 en su contra, pues en su criterio, la progenitora de la menor se ha rehusado insistentemente a permitir las visitas y la comunicaci\u00f3n para con su menor hija, siendo \u00e9sta quien replic\u00f3 el fallo de instancia que les result\u00f3 a ambos padres desfavorable. <\/p>\n
3. Para brindar soluci\u00f3n a la presente contienda, resulta necesario para la Corte verificar la documentaci\u00f3n obrante en el expediente, y que permite advertir lo siguiente: <\/p>\n
3.1. Fabi\u00e1n Rodrigo Longas M\u00e9ndez y Lazarina Quiroz Bocanegra, como progenitores de la menor XXX, el 4 de marzo de 2020 celebraron el acuerdo conciliatorio ante el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, en el cual definieron aspectos como la custodia de \u00e9sta que qued\u00f3 en cabeza de la madre, cuidado personal, alimentos y visitas, estas \u00faltimas cada 15 d\u00edas con el progenitor. <\/p>\n
3.2. El 1\u00b0 de julio de ese mismo a\u00f1o, el Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9 deneg\u00f3 la solicitud de custodia temporal a favor del padre, quien aduciendo la pandemia declarada por el Gobierno nacional, ten\u00eda a la ni\u00f1a bajo su cuidado. <\/p>\n
3.3. Mediante prove\u00eddo del 13 de noviembre siguiente, el Despacho cognoscente, tras considerar que el se\u00f1or Longas M\u00e9ndez incumpli\u00f3 con el aludido acuerdo, resolvi\u00f3 \u00abordenar (\u2026) que dentro del t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, contados a partir de la notificaci\u00f3n de \u00e9sta providencia, reintegre a la ni\u00f1a (\u2026) al hogar de la demandante LAZARINA QUIROZ BOCANEGRA, quien legalmente ostenta la custodia y cuidado personal de la misma, so pena de hacerse acreedor a las sanciones que contempla el numeral 3 del art\u00edculo 44 del C\u00f3digo General del Proceso\u00bb. <\/p>\n
3.4. El 15 de diciembre \u00faltimo, en sede horizontal se mantuvo la anterior determinaci\u00f3n, instando nuevamente al aqu\u00ed titulante el reintegro de la ni\u00f1a a la madre, y librando comunicaci\u00f3n a la Polic\u00eda de la Infancia y la Adolescencia de la citada ciudad para que haga el acompa\u00f1amiento a la \u00e9sta en caso de ser necesario, requerimiento que se reiter\u00f3 mediante prove\u00eddo del 1\u00ba de marzo del a\u00f1o en curso. <\/p>\n
3.5. El d\u00eda 26 del citado mes y a\u00f1o, ante la Defensora de Familia del Centro Zonal Jord\u00e1n del Instituto Colombiano de Bienestar Familia ICBF, se hizo la entrega de la menor a la madre, haciendo hincapi\u00e9 a \u00e9sta que el pap\u00e1 ten\u00eda derecho a visitarla el d\u00eda 31 de esa misma calenda. <\/p>\n
3.6. Finalmente, ante el incumplimiento por parte de la progenitora al r\u00e9gimen de visitas y comunicaci\u00f3n de la peque\u00f1a con el padre, el 27 de abril \u00faltimo la sede judicial accionada resolvi\u00f3 \u00ab[r]requerir a la se\u00f1ora LAZARINA QUIROZ BOCANEGRA para que cumpla con la regulaci\u00f3n de visitas a que tiene derecho la menor (\u2026) en la forma acordada en audiencia celebrada el cuatro de marzo de dos mil veinte\u00bb. <\/p>\n
4. Visto lo anterior, advierte la Corte que la autoridad convocada al decidir en la forma como lo hizo, en punto de las quejas del accionante y las medidas coercitivas requeridas, limit\u00f3 sus argumentos a un requerimiento, lo que de contera, evidencia la incursi\u00f3n en causal de procedencia del resguardo, comoquiera que no analiz\u00f3 las particulares del caso, la problem\u00e1tica suscitada respecto de los padres de la infante, el largo trasegar de uno y otro ante las instancias judiciales como administrativas, y, lo m\u00e1s importante, que se trataba no simple y llanamente de la queja respecto de la lesi\u00f3n de las prerrogativas alegadas por el se\u00f1or Longas M\u00e9ndez, sino del perjuicio directo a los derechos de la infante a tener una familia y a la presencia efectiva de las figuras paterno y maternofiliales. <\/p>\n
4.1. Ciertamente, frente a los derechos de los menores de edad, se torna necesario recordar, que aquellos se encuentran reconocidos por el art\u00edculo 44 del texto constitucional, como por tratados internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad, disposiciones en donde consagran que \u00e9stos son sujetos de especial protecci\u00f3n y que por ende, sus prerrogativas deben ser objeto de protecci\u00f3n por la familia, la sociedad y el Estado, a fin de \u00abgarantizar su desarrollo arm\u00f3nico e intelectual\u00bb. <\/p>\n
Ha previsto el art\u00edculo 9\u00b0 del C\u00f3digo de la Infancia y la Adolescencia que \u00aben todo acto, decisi\u00f3n o medida administrativa, judicial o de cualquier naturaleza que deba adoptarse en relaci\u00f3n con los ni\u00f1os, las ni\u00f1as y los adolescentes, prevalecer\u00e1n los derechos de estos\u00bb. Adem\u00e1s, en raz\u00f3n del inter\u00e9s superior del menor, todas las personas se encuentran obligadas a garantizar su \u00absatisfacci\u00f3n integral y simult\u00e1nea\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo el par\u00e1grafo 1\u00ba del canon 281 del C\u00f3digo General del Proceso, prev\u00e9 que \u00ab[e]n los asuntos de familia, el juez podr\u00e1 fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protecci\u00f3n adecuada a la pareja, al ni\u00f1o, la ni\u00f1a o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma \u00edndole\u00bb. <\/p>\n
4.2. Luego entonces, atendiendo los referidos lineamentos, si bien en un principio lo procedente era requerir a la progenitora de la menor para que d\u00e9 cumplimiento al r\u00e9gimen de visitas, tal y como lo hizo el Juzgado aludido dado el ejercicio arbitrario de la custodia, lo cierto es que la referida codificaci\u00f3n estipula una corresponsabilidad de todas las autoridades en la garant\u00eda de las prorrogativas de los menores; de all\u00ed que, ante los desafueros de ambos padres respecto del aludido r\u00e9gimen y los conflictos existentes, inclusive desde que se present\u00f3 la demanda de cesaci\u00f3n de efectos civiles de matrimonio, era del caso tomar las medidas pertinentes con el acompa\u00f1amiento de todas las entidades involucradas en la protecci\u00f3n de aqu\u00e9llos, para que de una manera integral1 se cumpla o se modifique el r\u00e9gimen de visitas establecido en pret\u00e9rita oportunidad. <\/p>\n
4.3. T\u00e9ngase en cuenta adem\u00e1s, que contrario a lo considerado por el a quo constitucional, no es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el encargado de vigilar directamente el cumplimiento del tan mentado r\u00e9gimen de visitas, pues tal y como se ha sostenido jurisprudencialmente, la autoridad encargada de velar por la garant\u00eda de los derechos de la menor, en cuanto refiere a la particular tem\u00e1tica y en este caso, es el Juzgado de Familia que precisamente aval\u00f3 el acuerdo surgido entre los padres, precisamente mediante la apertura de un incidente con el fin de verificar esa puntual materia2, lo que de ninguna manera tuvo ocurrencia, pues se itera, la Juez del conocimiento, se limit\u00f3 simple y llanamente a realizar un requerimiento, lo que a todas luces resultaba insuficiente y de manera alguna daba una soluci\u00f3n concreta a la relaci\u00f3n conflictiva surgida entre los padres. <\/p>\n
4.4. Criterio que esta Corporaci\u00f3n no solo reiter\u00f3, sino que tambi\u00e9n reforz\u00f3 y profundiz\u00f3 posteriormente, al precisar que \u00abindudablemente, aunque puedan coexistir otras acciones de \u00edndole sancionatorio3, que no en todos los casos llegan a coaccionar al padre o madre incumplido, si en cuenta se tiene que, por un lado, muchas veces las peculiaridades de la situaci\u00f3n no se logran enmarcar en los presupuestos para su adelanto, impulso o tramitaci\u00f3n4, y por otro, estas mismas circunstancias en algunas ocasiones pueden tornar inoperante la realizaci\u00f3n de las visitas5, lo cierto es que, para la Corte, acudir directamente al juez de familia que las reglament\u00f3, resulta ser el mecanismo m\u00e1s efectivo para hacer respetar o cumplir el r\u00e9gimen impuesto, cuando, claro est\u00e1, no se controvierte \u00e9ste6, en la medida que, como se expuso, dicha autoridad tiene el deber constitucional y legal de proteger, antes que el derecho del progenitor a tener contacto con su hijo, la prerrogativa ius fundamental del menor a tener una familia y no ser separado de ella, en prevalencia de su inter\u00e9s superior, competencia que viene dada por la ley7, la cual debe ser interpretada a la luz de los tratados internacionales ratificados por Colombia en la materia y los principios que la orientan (\u2026). <\/p>\n
4.5. Ahora, si bien el amparo rogado se dirigi\u00f3 para que se estudie la conducta desplegada por la se\u00f1ora Quiroz Bocanegra frente a la problem\u00e1tica suscitada respecto de la menor hija, la Sala advierte que esos reparos tienen que ser expuestos y analizados precisamente por el Juzgado convocado en el marco del incidente de cumplimiento, para que sea \u00e9ste quien determine la gravedad de la conducta e imponga las sanciones, amonestaciones o en \u00faltimas arresto de aqu\u00e9lla por la negligencia demostrada, reprimendas que inclusive tambi\u00e9n pueden ser susceptibles respecto del progenitor, habida cuenta, de los comportamientos que se denotan en el proceso. <\/p>\n
5. En consecuencia, por las razones anteriormente expuestas, se modificar\u00e1 el fallo de tutela de primera instancia y se conceder\u00e1 la protecci\u00f3n de los derechos a debido proceso y la familia de la menor XXXX, para que la autoridad judicial criticada adelante todos los tr\u00e1mites necesarios, acompa\u00f1ado de su equipo interdisciplinario, para lograr el cumplimiento del r\u00e9gimen de visitas, respondiendo siempre al inter\u00e9s superior del infante. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, MODIFICA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n, para otorgar la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y a la familia de la menor XXXX, y en consecuencia, ordenar al Juzgado Tercero de Familia de Ibagu\u00e9, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta sentencia, d\u00e9 apertura al incidente de cumplimiento respectivo y tome las medidas necesarias, conducentes y pertinentes frente a los progenitores de la menor. <\/p>\n
Como en el presente asunto se encuentra involucrada una menor de edad, tanto la Secretar\u00eda como la Relator\u00eda de esta Sala, deber\u00e1n ocultar su nombre, \u00fanicamente para efectos de publicidad; por tanto, en todas las copias que se expidan a terceros, deber\u00e1 suprimirse dicha identidad. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes, al a-quo y, en oportunidad, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Enti\u00e9ndase acompa\u00f1amiento m\u00e9dico, psicol\u00f3gico, familiar directo no solo de la menor, sino de los padres biol\u00f3gicos. <\/p>\n
2\u0002 Criterio reiterado entre otras en STC11835-2019. <\/p>\n
3\u0002 Demanda ejecutiva, denuncia penal (Ejercicio arbitrario de la custodia de hijo menor \u2013 Fraude a resoluci\u00f3n judicial) y querella administrativa (restablecimiento de derechos). <\/p>\n
5\u0002 Pi\u00e9nsese en los casos donde se alegue como factores de desatenci\u00f3n violencia intrafamiliar y abuso o actos sexuales abusivos frente a los menores por parte del progenitor (padre o madre) que tiene derecho a las visitas. <\/p>\n
6\u0002 ya que, en caso contrario, lo que procede es su modificaci\u00f3n o la definici\u00f3n de uno nuevo a trav\u00e9s de otro proceso. <\/p>\n
7\u0002 Ya la Guardiana de la Carta Pol\u00edtica se hab\u00eda referido al respecto, en los siguientes t\u00e9rminos: \u201cAclarado que no se trata de cuestionar la medida judicial sino su ejecuci\u00f3n, la Sala comprende que la cl\u00e1usula general de competencia otorgada a las autoridades de familia para resolver los conflictos relacionados con el ejercicio de los derechos derivados de la patria potestad, puede cobijar aquellos que involucren la ejecuci\u00f3n del r\u00e9gimen de visitas, permitiendo que los interesados acudan a solicitar el cumplimiento del mismo a trav\u00e9s de requerimientos u otras medidas de protecci\u00f3n\u201d (C.C. T-115\/14). <\/p>\n
8\u0002 Esta postura adem\u00e1s garantiza que no se judicialice a\u00fan m\u00e1s el enfrentamiento o disputa que pueda existir entre los padres, sino que aboga por que se d\u00e9 una soluci\u00f3n a la problem\u00e1tica que se presente, a trav\u00e9s del funcionario que en pret\u00e9rita oportunidad con su decisi\u00f3n garantiz\u00f3 las garant\u00edas superiores que le asisten al menor objeto de las visitas. <\/p>\n
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STC8294-2021 \u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO Magistrado ponente STC8294-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 73001-22-13-000-2021-00170-02 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo proferido el 26 de mayo de 2021 por la Sala Civil Familia del Tribunal […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55439","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55439","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55439"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55439\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55439"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55439"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55439"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}