STC8299-2021<\/p>\n
<\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8299-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 17001-22-13-000-2021-00100-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021).- <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n formulada frente al fallo de 15 de junio de 2021, proferido por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales, dentro de la acci\u00f3n de tutela promovida por Mario Restrepo contra el Juzgado Civil del Circuito de Anserma -Caldas, tr\u00e1mite al que fueron vinculadas las partes y los intervinientes del asunto constitucional a que alude el escrito inicial. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor del amparo reclama la protecci\u00f3n constitucional de su derecho fundamental al debido proceso, presuntamente conculcado por la autoridad jurisdiccional convocada, al haber rechazado la acci\u00f3n popular que promovi\u00f3 contra una de las sucursales de Almacenes del Caf\u00e9 de Caldas, con radicado No. 2021-00070-00. <\/p>\n
Por tal motivo, pretende que por esta v\u00eda se conceda el resguardo deprecado, ordenando al Juzgado Civil del Circuito de Anserma, \u00abadmitir [su] acci\u00f3n popular\u00bb y \u00absolo exigir[l]e para admitir [su] acci\u00f3n, lo que (\u2026) ordena art 18 ley especial y aut\u00f3noma 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
2. En apoyo de su reclamo, y en cuanto interesa para la resoluci\u00f3n del asunto aduce en compendio, que pese a no estar obligado a dar cumplimiento a las previsiones del Decreto 806 de 2020, en el sentido de poner en conocimiento del accionado el escrito de demanda, la Juez convocada, por el incumplimiento de tal carga, rechaz\u00f3 la citada acci\u00f3n, circunstancia que, en su criterio, justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional a su favor. <\/p>\n
RESPUESTA DEL ACCIONADO Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
a. La Titular del Juzgado Civil del Circuito de Anserma precis\u00f3, que \u00absi bien la acci\u00f3n popular es aut\u00f3noma y tiene una regulaci\u00f3n especial, cabe resaltar que es la misma Ley 472 de 1998, la que hace remisi\u00f3n normativa, entre otros, para efectos de las notificaciones al C\u00f3digo de Procedimiento Civil hoy C\u00f3digo General del Proceso, espec\u00edficamente en el art\u00edculo 22 cuando establece: \u2018\u2026Cuando el demandado sea un particular, la notificaci\u00f3n personal del auto admisorio se practicar\u00e1 de acuerdo con lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento civil\u2026\u2019. En consecuencia, resulta aplicable igualmente el Decreto 806 de 2020 en cuanto las modificaciones implementadas a la etapa de notificaci\u00f3n; m\u00e1s a\u00fan si tiene presente que, ahora, con la entrega f\u00edsica o electr\u00f3nica de la notificaci\u00f3n de la admisi\u00f3n al accionado, se entiende notificado, cuando previo a la expedici\u00f3n del mencionado decreto, no solo era una citaci\u00f3n inicial para que compareciera a notificarse, sino que adem\u00e1s se le pod\u00eda notificar por aviso en caso de no comparecer. Por lo que es deber del juez salvaguardar el derecho al debido proceso de ambos sujetos procesales (demandante y demandado)\u00bb. <\/p>\n
LA SENTENCIA IMPUGNADA <\/p>\n
El Juez constitucional de primera instancia neg\u00f3 el amparo reclamado, tras advertir que la queja incumpl\u00eda con el requisito de la subsidiariedad, pues \u00abel querellante no ha agotado los medios de defensa judicial que tiene a su alcance, toda vez que no ha interpuesto recurso de reposici\u00f3n contra el auto refutado, pese a ser procedente, conforme lo previsto en el art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998\u00bb. <\/p>\n
LA IMPUGNACI\u00d3N <\/p>\n
El accionante replic\u00f3 el fallo, se\u00f1alando que muy a pesar de su \u00abnegligencia\u00bb, por mandato constitucional y jurisprudencial la protecci\u00f3n solicitada es procedente. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Trat\u00e1ndose de providencias o actuaciones judiciales, la procedencia de la acci\u00f3n de tutela es excepcional, pues s\u00f3lo tiene lugar cuando el funcionario judicial adopte una decisi\u00f3n por completo opuesta al r\u00e9gimen legal previamente se\u00f1alado, caso en el cual se justifica la intervenci\u00f3n del juez constitucional para evitar o remediar la respectiva vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales que con tal decisi\u00f3n se genere, siempre que el afectado acuda al mecanismo dentro de un t\u00e9rmino prudencial, y no disponga de otro medio ordinario y efectivo para lograrlo. <\/p>\n
2. En el presente asunto, sin duda, la queja va dirigida contra el prove\u00eddo de 31 de mayo de 2021, por medio del cual el Juzgado Civil del Circuito de Anserma \u2013 Caldas resolvi\u00f3 \u00abRECHAZAR\u00bb la acci\u00f3n popular que Mario Restrepo promovi\u00f3 frente a una de las sucursales de Almacenes del Caf\u00e9 de Anserma, pues en sentir de \u00e9ste, con dicha decisi\u00f3n se desconocieron los precedentes que regulan la materia. <\/p>\n
3. Sin embargo, revisadas las documentales allegadas al presente tr\u00e1mite y el expediente digital, no cabe duda del fracaso de lo aqu\u00ed reclamado, teniendo en cuenta que las cuestiones planteadas por el gestor del amparo resultan ajenas al escenario de acci\u00f3n del juez constitucional, toda vez que dentro del prenotado tr\u00e1mite judicial \u00e9ste no hizo uso de las herramientas de defensa que tuvo a su alcance para obtener lo aqu\u00ed pretendido, tal y como lo prev\u00e9 el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, pues la parte aqu\u00ed interesada, en un acto constitutivo de incuria, dej\u00f3 de formular en la oportunidad procesal correspondiente el mecanismo id\u00f3neo para exponer la particular tem\u00e1tica, esto es, el recurso de reposici\u00f3n contra de decisi\u00f3n que ahora critica, de conformidad con las previsiones del art\u00edculo 36 de la Ley 472 de 1998, medio de impugnaci\u00f3n que estaba a su disposici\u00f3n para debatir ante el juez natural los reparos ahora expuestos, sin que sea del caso adelantarse al pronunciamiento o partir de supuestos improbables para, ahora acudir a esta acci\u00f3n constitucional, it\u00e9rese, sin haber agotado previamente los medios procesales contemplados en la ley para controvertir la determinaci\u00f3n que estima lesiva de sus derechos fundamentales. <\/p>\n
4. Al punto, la Sala de tiempo atr\u00e1s ha precisado, que \u00abla falta de proposici\u00f3n oportuna de los medios de resguardo dise\u00f1ados para las correspondientes actuaciones, constituye una desidia procesal que no puede sanearse con la subsidiaria acci\u00f3n de tutela, toda vez que, como se ha reconocido ampliamente por la jurisprudencia, cuando las partes dejan de utilizar los mecanismos de protecci\u00f3n previstos por el orden jur\u00eddico, quedan sujetas a las consecuencias de las decisiones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria, tanto m\u00e1s si se tiene en cuenta que al conductor de esta herramienta le est\u00e1 vedado injerir en las decisiones o instrucciones del juez de conocimiento, so pena de invadir su \u00f3rbita funcional aut\u00f3noma y quebrantar el debido proceso\u00bb (CSJ STC494-2021). <\/p>\n
Y sobre la eficacia de dicho remedio horizontal, la Corte ha expuesto que, \u00abno se diga que el recurso de reposici\u00f3n es ineficaz porque el funcionario que emiti\u00f3 el prove\u00eddo recurrido es quien lo resuelve, ya que de aceptarse tal aserto lo que se pondr\u00eda en entredicho ser\u00eda la idoneidad y utilidad de dicho medio impugnativo, supuestamente porque la autoridad judicial, en principio, no variar\u00eda su decisi\u00f3n, razonamiento que la Corte considera deleznable, si se tiene en cuenta que lo que anim\u00f3 al legislador para instituirlo como mecanismo de defensa fue el de brindarle al juez de conocimiento una oportunidad adicional para que revise su determinaci\u00f3n y, si hubiere lugar a ello, que la enmiende, prop\u00f3sito que, aparte de acompasar con los principios de econom\u00eda y celeridad procesal, asegura desde un comienzo el derecho de contradicci\u00f3n de los sujetos intervinientes\u00bb (\u00eddem). <\/p>\n
5. En consecuencia, y sin m\u00e1s razones por innecesarias, se ratificar\u00e1 el fallo criticado. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia objeto de impugnaci\u00f3n. <\/p>\n
Comun\u00edquese telegr\u00e1ficamente lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en oportunidad, env\u00edese el expediente de la tutela a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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