STC8311-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8311-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01660-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se procede a decidir la tutela impetrada por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada -Aser Ingenier\u00eda Ltda.- frente a la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, integrada por los magistrados \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, Yuli Mabel S\u00e1nchez Quintero y Jes\u00fas Armando Zamora Su\u00e1rez, con ocasi\u00f3n del asunto ejecutivo impulsado por la aqu\u00ed actora contra Aguas del Cesar S.A. E.S.P. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante exige la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la igualdad, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, propiedad privada y trabajo, presuntamente conculcadas por las autoridades jurisdiccionales querelladas. <\/p>\n
2. En sustento de su queja, sostiene que inco\u00f3 el decurso reprochado ante el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, para el cobro de dos facturas, denominadas A-221 y A-222, la primera, por $252.823.283 y, la segunda, por $519.270.090. <\/p>\n
Asegura que, \u201cal no recibirse por el deudor excepciones de m\u00e9rito dentro del t\u00e9rmino establecido\u201d, se resolvi\u00f3 negativamente la \u201creposici\u00f3n\u201d interpuesta por aqu\u00e9l, en auto de 3 de junio de 2015, confirm\u00e1ndose el mandamiento de pago. <\/p>\n
Posteriormente, en audiencia de 7 de abril de 2016, se declar\u00f3 la nulidad de la actuaci\u00f3n surtida, por cuanto se estim\u00f3 que el asunto deb\u00eda ser conocido por la jurisdicci\u00f3n contencioso administrativa, pues los t\u00edtulos materia de recaudo proven\u00edan de un contrato de obra celebrado con una entidad p\u00fablica. <\/p>\n
El conflicto de competencia derivado de la decisi\u00f3n anterior y suscitado entre el citado despacho y el Juzgado Primero Administrativo de Valledupar, fue definido el 16 de agosto de 2017 por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, quien determin\u00f3 que la jurisdicci\u00f3n ordinaria era la habilitada para definir el rese\u00f1ado compulsivo. <\/p>\n
Por lo anterior, el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar continu\u00f3 rituando el decurso y, en \u201csentencia\u201d de 26 de febrero de 2019, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de \u201cindebida integraci\u00f3n de t\u00edtulo complejo\u201d; por tanto, absolvi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda ejecutada. <\/p>\n
Apelado ese pronunciamiento, el tribunal lo ratific\u00f3 el 11 de febrero de 2021. <\/p>\n
Ante la situaci\u00f3n descrita, la aqu\u00ed promotora impuls\u00f3 otro resguardo, decidido por esta Sala favorablemente en STC2429-2021, pues se orden\u00f3 definir, nuevamente, la alzada asignada al colegiado reprochado, al considerarse: <\/p>\n
Impugnada esa determinaci\u00f3n, la Sala de Casaci\u00f3n Laboral la ratific\u00f3 el 28 de abril de 2021, en STL5180-2021. <\/p>\n
Para acatar lo dispuesto en sede constitucional, el tribunal querellado, en fallo de 9 de abril de 2021, desat\u00f3, de nuevo, la alzada contra la decisi\u00f3n del a quo en el decurso ejecutivo acusado, revocando la misma en cuanto declar\u00f3 probadas las \u201cexcepciones formuladas por la demandada denominadas \u2018indebida integraci\u00f3n de t\u00edtulo e inexistencia de t\u00edtulo ejecutivo por falta de aceptaci\u00f3n (\u2026)\u201d y acogiendo, en su lugar, la defensa de \u201cpago total de la obligaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
Para la tutelante, la corporaci\u00f3n enjuiciada incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, nuevamente, pues (i) desconoci\u00f3 que la ejecutada no inco\u00f3 \u201c(\u2026) excepciones oportunamente (\u2026); y (ii) releg\u00f3 la ausencia de pruebas, en torno al pago efectivo de las obligaciones, intereses e indemnizaciones cobradas. <\/p>\n
3. Exige, por tanto, imponerle al colegiado enjuiciado dictar otra sentencia, disponiendo seguir adelante el coercitivo censurado. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. Aguas del Cesar S.A. E.S.P. relat\u00f3 los antecedentes del asunto reprochado, destac\u00f3 que la accionante ha concurrido en varias oportunidades a esta jurisdicci\u00f3n y se\u00f1al\u00f3 que, en sentencia de tutela dictada en el radicado 11001-02-03-000-2021-01165-00, se deneg\u00f3 el amparo propuesto por aqu\u00e9lla, apoyado en hechos similares a los aqu\u00ed expuestos. Por tanto, deprec\u00f3 decretar la improcedencia de la actual salvaguarda. <\/p>\n
2. El tribunal se opuso al auxilio reclamado, por cuanto, adujo, no incurri\u00f3 en irregularidad en la providencia reprochada, pues adem\u00e1s de dictarla en observancia del mandato constitucional de esta Sala, contenido en sentencia STC2429-2021, declar\u00f3 probada la excepci\u00f3n de pago total de la obligaci\u00f3n, atendiendo al material demostrativo adosado al caso criticado. A\u00f1adi\u00f3, lo concerniente a la extemporaneidad de las defensas propuestas por la pasiva en dicho caso, debi\u00f3 aducirse ante el juez natural y de manera oportuna; no obstante, as\u00ed no procedi\u00f3 la impulsora. <\/p>\n
Finalmente, expuso la existencia de una \u201cactuaci\u00f3n temeraria\u201d, pues en la censora <\/p>\n
\u201c(\u2026) ha intentado en reiteradas oportunidades acciones de tutelas y vigilancias administrativas, para corroborar lo dicho, se anexa con este escrito copia digital de todo el tr\u00e1mite surtido por este despacho en el proceso objeto de queja constitucional, as\u00ed como algunos fallos proferidos por esa corte de acciones de tutela instauradas por el mismo actor con fundamento en los mismos hechos y pretensiones (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Pronto se advierte el fracaso de la protecci\u00f3n demandada porque, como lo adujo el colegiado censurado, la tutelante concurri\u00f3 a esta salvaguarda en pasada ocasi\u00f3n, alegando cuestiones similares. <\/p>\n
La Corte ha negado la protecci\u00f3n impetrada cuando, como ahora, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la demanda versa sobre los mismos hechos y derechos que fueron materia de debate en [una] anterior tutela, (\u2026) [esto es, cuando se establece] (\u2026) que no ha habido sucesos distintos que justifiquen la proposici\u00f3n de [una] reciente demanda de amparo constitucional, ya que, ins\u00edstese, si bien los textos no son iguales, los hechos y derechos de esta acci\u00f3n son tambi\u00e9n id\u00e9nticos de la anterior (\u2026). Precisamente para evitar este tipo de abusos, el art\u00edculo 38 del Decreto 2591 de 1991 dispuso: \u2018cuando, sin motivo expresamente justificado, la misma acci\u00f3n de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante varios jueces o tribunales, se rechazar\u00e1n o decidir\u00e1n desfavorablemente todas las solicitudes\u2019 (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Ciertamente, el auxilio deprecado, con apoyo en la misma situaci\u00f3n f\u00e1ctica aqu\u00ed denunciada, fue denegado por esta Sala, en providencia de 19 de mayo de 2021 -no impugnada-, donde se estudi\u00f3 el contenido del fallo acusado, para concluir <\/p>\n
\u201c(\u2026) que el auxilio carece de trascendencia ius fundamental, porque, de cualquier forma, el raciocinio de la Sala confutada sobre la \u00abinexistencia del negocio subyacente\u00bb ante el decaimiento de la obligaci\u00f3n por virtud de lo dispuesto en las Resoluciones 011 y 013 del 16 y 24 marzo de 2015, a trav\u00e9s de las cuales, se declar\u00f3 el incumplimiento y consecuente caducidad de los contratos 016 y 013 de 2013, respectivamente, llevar\u00edan al mismo resultado, esto es, a enervar la pretensi\u00f3n ejecutiva. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Luego, independientemente que esta Sala comparta o no las disertaciones transcritas, no emerge defecto alguno que estructure \u00abv\u00eda de hecho\u00bb como lo anhela la sedicente, quien aspira a imponer su propia visi\u00f3n acerca de la soluci\u00f3n que debi\u00f3 d\u00e1rsele a la pugna, espec\u00edficamente en torno al \u00abpago de la obligaci\u00f3n\u00bb, sin que dicha aspiraci\u00f3n se acompase con la finalidad de la guarda, cuyo objetivo tuitivo no fue servir de tercera instancia con el fin de discutir los \u00abfundamentos de la entidad jurisdiccional\u00bb en el \u00e1mbito de sus competencias (STC, 6 may. 2011, Rad. 00829-00; reiterada, entre otras, en STC9232-2018 y STC2544-2021). <\/p>\n
\u201c(\u2026) En adici\u00f3n, igualmente resulta \u201cintrascendente\u201d la inconformidad aducida contra la presunta extemporaneidad de las defensas expuestas por Aguas del Cesar ESP, dado que esa circunstancia no fue puesta en conocimiento del juez natural y menos en anterior ocasi\u00f3n ante este Colegiado (cuando se orden\u00f3 al Tribunal fustigado analizar las dem\u00e1s f\u00f3rmulas exceptivas – STC2429-2021), sino solamente en esta oportunidad ante el funcionario constitucional, lo que de conformidad con el par\u00e1grafo del art. 133 del C\u00f3digo General del Proceso, conlleva la subsanaci\u00f3n de la supuesta irregularidad al no haber sido alegada oportunamente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. En consecuencia, como ya se realiz\u00f3 el examen tutelar de la gesti\u00f3n adelantada en el coercitivo confutado, particularmente, respecto de la sentencia dictada por el tribunal acusado el 9 de abril de 2021, no es posible insistir en replantear la censura para obtener una decisi\u00f3n distinta. <\/p>\n
Se memora, no es procedente reparar en la alegaci\u00f3n de derechos fundamentales presuntamente diferentes a los invocados otrora o en giros argumentativos distintos a aqu\u00e9llos primigeniamente esbozados, porque esas circunstancias, en palabras de la Corte, no justifican un nuevo auxilio, por cuanto, esto s\u00f3lo pasar\u00eda \u201c(\u2026) si la repetici\u00f3n de \u00e9st[a] obedece a un motivo justificado, como ser\u00eda, por ejemplo, la ocurrencia de sucesos nuevos o distintos que conlleven una verdadera variaci\u00f3n de la situaci\u00f3n f\u00e1ctica inicial (\u2026)\u201d2, lo cual no ocurre en el caso de autos. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. El auxilio impetrado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR por improcedente la tutela solicitada por Asesor\u00edas y Servicios de Ingenier\u00eda Limitada -Aser Ingenier\u00eda Ltda.- frente a la Sala Civil – Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar, integrada por los magistrados \u00c1lvaro L\u00f3pez Valera, Yuli Mabel S\u00e1nchez Quintero y Jes\u00fas Armando Zamora Su\u00e1rez, con ocasi\u00f3n del asunto ejecutivo impulsado por la aqu\u00ed actora contra Aguas del Cesar S.A. E.S.P. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n telegr\u00e1fica, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC 2 de febrero de 2012, exp. 00622-01; reiterada el 20 de marzo de 2013, 680122130002012-00517-01. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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