STC8313-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8313-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01994-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la salvaguarda impetrada por Yeimi Paola Lugo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n de tutela radicada bajo el n\u00ba 2020-00572, promovida por la gestora contra la Fiscal\u00eda Sexta Seccional de Funza y otros. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La censora implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, petici\u00f3n y \u201cprincipio de solidaridad para v\u00edctimas del conflicto armado\u201d, presuntamente violentadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Yeimi Paola Lugo interpuso acci\u00f3n de tutela contra la Unidad para la Atenci\u00f3n de V\u00edctimas, la Fiscal\u00eda Sexta Seccional de Funza y otros -, por la presunta vulneraci\u00f3n de sus derechos a la salud seguridad social, vida digna, debido proceso y petici\u00f3n. <\/p>\n
El conocimiento de dicho asunto correspondi\u00f3 a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, quien, mediante sentencia de 23 de noviembre de 2020, rechaz\u00f3 de plano el auxilio por temeridad. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido la gestora inco\u00f3 impugnaci\u00f3n, el 3 de diciembre postrero; no obstante, afirma, una vez consultada la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, evidenci\u00f3 la falta de impulso del respectivo tr\u00e1mite procesal. <\/p>\n
Sostiene que, desde la presentaci\u00f3n del recurso, hasta la fecha de formulaci\u00f3n de este resguardo -10 de marzo de 2021-, han transcurrido m\u00e1s de 90 d\u00edas, sin que, se hubiese emitido la sentencia correspondiente, situaci\u00f3n lesiva de las garant\u00edas invocadas. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, ordenar a la autoridad encargada de atender la impugnaci\u00f3n, notificarle de forma inmediata el fallo emitido en segunda instancia, el cual debi\u00f3 ser resuelto \u201ca m\u00e1s tardar el 21 de enero de 2021\u201d. <\/p>\n
Por otra parte, solicita conminar a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Superior de la Judicatura, comunicarle el estado actual de la querella radicada el 3 de diciembre de 2020 contra el Magistrado Ponente de la determinaci\u00f3n emitida en primer grado dentro de la acci\u00f3n de tutela n\u00ba 2020-00572. <\/p>\n
Aunado a lo anterior, requiere la remisi\u00f3n del \u201cinforme correspondiente a la autoridad administrativa, disciplinaria y penal\u201d, para que se adelanten las investigaciones del caso frente a los funcionarios habilitados para resolver el aludido medio defensivo. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Penal, inform\u00f3 que, por reparto de 8 de abril de 2021, conoci\u00f3 la impugnaci\u00f3n formulada por la actora, dentro del auxilio identificado con radicado interno n\u00ba 116048, siendo \u00e9sta definida mediante pronunciamiento STP7661-2021 de 4 de mayo pasado, notificado a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico, el 25 de junio del a\u00f1o cursante. <\/p>\n
Alleg\u00f3 copia del rese\u00f1ado veredicto, y pantallazo de la notificaci\u00f3n en comento. <\/p>\n
2. La E.P.S. Famisanar, La Secretar\u00eda Distrital del H\u00e1bitat, la Superintendencia de Salud, la IPS Colsubsidio y la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas, deprecaron la improsperidad del amparo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
3. Activos S.A.S. defendi\u00f3 la legalidad de la decisi\u00f3n emitida por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, y afirm\u00f3 haber cumplido con todas las obligaciones como empleador de la tutelante, durante la vigencia de su v\u00ednculo laboral. <\/p>\n
4. El Fondo Nacional de Vivienda -Fonvivienda- solicit\u00f3 denegar el amparo ante la inexistencia de vulneraci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales reclamadas por la actora. <\/p>\n
5. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
Las equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n al ocuparse de la sustanciaci\u00f3n de sus decisiones no se resuelven con un nuevo ruego de naturaleza id\u00e9ntica para contrarrestar el supuesto quebranto. Para ese aspecto, el ordenamiento jur\u00eddico dise\u00f1\u00f3 la impugnaci\u00f3n de cara al fallo de primer grado, la revisi\u00f3n y, a\u00fan la insistencia en caso de negarse este \u00faltimo, instrumentos procedentes ante los funcionarios habilitados para el efecto. <\/p>\n
En lo atinente a este espec\u00edfico tema, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) el legislador evita la cadena ilimitada de litigios que se generar\u00edan en caso de admitirse acciones de tutela contra sentencias que decidan el amparo constitucional, de modo que instituy\u00f3 a la Corte Constitucional como el \u00f3rgano que pone fin al debate en punto de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales, mediante ese mecanismo (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Con todo, se resalta que la jurisprudencia ha aceptado la viabilidad de auxilios como el presente, cuando la determinaci\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela es producto de un fraude o si se reprochan actos anteriores o posteriores a esa providencia, lesivos del debido proceso. <\/p>\n
As\u00ed, en el pronunciamiento SU-627 de 2015, el Alto Tribunal Constitucional acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) 4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Se pone al descubierto el naufragio del auxilio porque el mismo se fund\u00f3 en la falta de resoluci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n incoada por la censora ante la corporaci\u00f3n atacada y, como la Sala de Casaci\u00f3n Penal desat\u00f3 esa defensa en la sentencia STP7661-2021 de 4 de mayo de 2021, cuya notificaci\u00f3n se produjo el 25 de junio postrero, se disipan los supuestos f\u00e1cticos frente a los cuales la precursora encauz\u00f3 la presunta vulneraci\u00f3n de sus prerrogativas superlativas, de manera que administrar justicia constitucional en tal aspecto, se torna inane. <\/p>\n
Sobre la figura del hecho superado, esta Colegiatura ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a decisi\u00f3n del Juez de tutela carece de objeto cuando, en el momento de proferirla, encuentra que la situaci\u00f3n expuesta en la demanda, que hab\u00eda dado lugar a que el supuesto afectado intentara la acci\u00f3n, se ha modificado sustancialmente, de tal manera que ha desaparecido toda posibilidad de amenaza o da\u00f1o a los derechos fundamentales. Siendo la defensa de \u00e9stos la justificaci\u00f3n y el prop\u00f3sito de esta forma expedita de administrar justicia constitucional en el caso concreto, ning\u00fan sentido tiene que el fallador imparta \u00f3rdenes de inmediato cumplimiento en relaci\u00f3n con unas circunstancias que pudieran configurarse en el pasado pero que, al momento de cumplirse la sentencia, no existe o, cuando menos, presentan caracter\u00edsticas totalmente diferentes a las iniciales (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El hecho superado o la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente, pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
4. Por \u00faltimo, debe se\u00f1alarse la improsperidad del amparo respecto a la solicitud de la aqu\u00ed inicialista para que se env\u00ede \u201cel informe correspondiente a la autoridad administrativa, disciplinaria y penal\u201d, con el fin que se adelanten las investigaciones del caso, a los funcionarios que debieron haber dado tr\u00e1mite a la impugnaci\u00f3n, pues no se observa que la tutelante hubiese dirigido a esos organismos, una reclamaci\u00f3n con dicho prop\u00f3sito, incumpli\u00e9ndose, por tanto, el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
Referente al aludido citado requisito, esta Sala ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala\u201d3. <\/p>\n
Lo mismo ocurre con la petici\u00f3n de la actora, para que se ordene a la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n y al Consejo Superior de la Judicatura, le notifiquen el estado actual de la querella presentada el 3 de diciembre de 2020, contra el Magistrado Ponente del fallo emitido en primer grado dentro del decurso objeto de esta salvaguarda, pues, dicha solicitud debe plantearse ante esas autoridades, directamente, gesti\u00f3n que, de acuerdo con los soportes aqu\u00ed adosados, no ha adelantado el querellante. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos4 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19695, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d6, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-8, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales9; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas10. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, no se otorgar\u00e1 el auxilio rogado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Yeimi Paola Lugo contra la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, extensiva a la Sala de Casaci\u00f3n Penal, con ocasi\u00f3n de la salvaguarda radicada bajo el n\u00ba 2020-00572, promovida por la gestora contra la Fiscal\u00eda Sexta Seccional de Funza y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notificar lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC de 22 de agosto de 2008, exp. 01317-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada entre muchos otros en fallo de 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
4\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
5\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
6\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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