STC8314-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8314-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02010-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Nancy Robayo Valencia, Luis Alfonso y Juliana Bola\u00f1os Robayo frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuertes, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual en actividad m\u00e9dica\u201d, adelantado por los aqu\u00ed quejosos a Servicio Occidental de Salud E.P.S. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los interesados reclaman la protecci\u00f3n de los derechos al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, entre otros, supuestamente quebrantados por la autoridad convocada. <\/p>\n
Los aqu\u00ed promotores incoaron ante el Juzgado S\u00e9ptimo Civil del Circuito de Cali el juicio materia de este amparo, alegando una \u201cdefectuosa prestaci\u00f3n del servicio de salud\u201d, brindado a Nancy Robayo Valencia, por parte de Servicio Occidental de Salud E.P.S., quien, por su mal proceder, gener\u00f3 \u201cuna limitaci\u00f3n funcional\u201d de la extremidad superior derecha y \u201catrofia del m\u00fasculo deltoides\u201d a la prenombrada. <\/p>\n
En el compendio f\u00e1ctico de la reclamaci\u00f3n civil, los actores solicitaron el pago de $193,305.000 correspondiente a \u201cperjuicios morales\u201d; $ 640.000.000 por \u201cda\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y a la salud\u201d; y $ 285.000.000, por concepto de \u201cperjuicios materiales\u201d. <\/p>\n
Arguyen los tutelantes que en ese litigio se profiri\u00f3 sentencia el 20 de mayo de 2019, mediante la cual el despacho cognoscente \u201cacced[i\u00f3] a las pretensiones de la demanda\u201d. <\/p>\n
Esgrimen que el extremo pasivo apel\u00f3 esa decisi\u00f3n, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, quien, en prove\u00eddo de 16 de diciembre de 2020, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n de primera instancia y, en consecuencia, deneg\u00f3 las pretensiones invocadas. <\/p>\n
Se\u00f1alan que el colegiado convocado incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico y sustancial, por cuanto <\/p>\n
\u201ci) inaplic\u00f3 el principio de derecho procesal IURA NOVIT CURIA, al considerar que en la causa petendi de la demanda la parte actora no solicito la responsabilidad m\u00e9dica por vac\u00edos en la historia cl\u00ednica (\u2026) y ii) desconoci\u00f3 el valor probatorio de la prueba indiciaria, y los precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia y de la Secci\u00f3n Tercera del Consejo de Estado, donde se ha considerado que la conducta de las partes debe valorarse como un indicio grave contra la entidad que tuvo esa conducta y debe inferirse su responsabilidad de conformidad con el Art\u00edculo 241 del C\u00f3digo General del Proceso\u201d <\/p>\n
3. Suplican, en concreto, \u201cse ordene\u201d a la corporaci\u00f3n fustigada emitir una \u201cdecisi\u00f3n de reemplazo\u201d en el aludido asunto. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego manifestando que los actores pretenden usar esta excepcional senda como una tercera instancia donde se \u201cvalore el acervo probatorio\u201d del caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Los tutelantes reprochan el fallo emitido por el colegiado convocado, mediante el cual desestim\u00f3 las pretensiones invocadas en el litigio subex\u00e1mine, por cuanto, en su sentir, se incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, susceptible de ser corregida por esta v\u00eda residual. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si los petentes se demoraron en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Con todo, si se pasara por alto el anterior presupuesto, la salvaguarda tambi\u00e9n fracasa por carecer del requisito de subsidiariedad, por cuanto los actores desperdiciaron la oportunidad de discutir el tema aqu\u00ed reprochado, en sede de casaci\u00f3n2, a voces de lo establecido en los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso3, situaci\u00f3n que le cierra el paso a este mecanismo residual. <\/p>\n
N\u00f3tese, los gestores contaban con el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir a ese remedio, pues las pretensiones desestimadas en el pleito sublite superaban el valor de $900.000.0004. <\/p>\n
Esta Sala ha considerado que uno de los presupuestos de procedibilidad para otorgar el referido recurso extraordinario, <\/p>\n
\u201cse encuentra en el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente\u00bb, tal como lo refiere el art\u00edculo 338 del C\u00f3digo General del Proceso, el cual se determina por el monto de los perjuicios que la sentencia ocasiona al tutelante, estimados al momento en que \u00e9sta se profiere\u201d. <\/p>\n
\u201cDicho inter\u00e9s, por tanto, est\u00e1 supeditado a la tasaci\u00f3n econ\u00f3mica de la relaci\u00f3n jur\u00eddica sustancial que se conceda o niegue en la sentencia, vale decir a la cuant\u00eda de la afectaci\u00f3n o desventaja patrimonial que sufre el recurrente con la resoluci\u00f3n que le resulta desfavorable, evaluaci\u00f3n que debe efectuarse para el d\u00eda del fallo, aunque, valga expresarlo, cuando la sentencia es \u00edntegramente desestimatoria, se determina a partir de lo pretendido en el libelo genitor o su reforma (CSJ AC, 28 Agosto 2012, Rad. 01238-00), siendo imperativo someterse a los par\u00e1metros que el aludido escrito establece\u201d5 (negrillas propias). <\/p>\n
Sobre el descuido en el uso de las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa, esta Sala ha adoctrinado <\/p>\n
\u201c(\u2026) si [el tutelante] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d6. <\/p>\n
En un asunto de simulares contornos al aqu\u00ed expuesto, esta Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e advierte que el peticionario, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia referida l\u00edneas atr\u00e1s, herramienta judicial que proced\u00eda para ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, qued\u00e1ndole cerrada, entonces, toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido en la tutela, pues de admitirse su procedencia, es decir, el estudio de su queja, \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos8 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19699, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d10, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio11. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-12, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales13; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas14. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Nancy Robayo Valencia, Luis Alfonso y Juliana Bola\u00f1os Robayo frente a la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, espec\u00edficamente, frente a los magistrados Jos\u00e9 David Corredor Espitia, Juli\u00e1n Alberto Villegas Perea y Flavio Eduardo C\u00f3rdoba Fuertes, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cresponsabilidad civil extracontractual en actividad m\u00e9dica\u201d adelantado por los aqu\u00ed quejosos a Servicio Occidental de Salud E.P.S. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 Revisado el sistema de consulta de la p\u00e1gina web de la Rama Judicial, se evidencia que los promotores no interpusieron recurso de casaci\u00f3n frente a la sentencia proferida por el tribunal convocado. <\/p>\n
3\u0002 Art\u00edculo 334. \u201cEl recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. 2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u201d. <\/p>\n
Art\u00edculo 338. \u201cCuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Los demandantes solicitaron el pago de $193,305.000 correspondiente a perjuicios morales, $ 640.000.000 por da\u00f1o a la vida de relaci\u00f3n y a la salud, y $ 285.000.000 por concepto de perjuicios materiales. <\/p>\n
5\u0002 C.S.J. STC de 27 de marzo de 2019, exp. 2019-00737-00. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; reiterada el 9 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012, exps. 2011-01459-01 y 2011-00398-01. <\/p>\n
8\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
9\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
10\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8314-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8314-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02010-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Nancy Robayo Valencia, […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55449","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55449"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55449\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55449"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55449"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55449"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}