STC8315-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8315-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02025-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Se decide la tutela impetrada por Joyce Smith S\u00e1nchez Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, espec\u00edficamente contra el magistrado \u00c9dgar Robles Ram\u00edrez y la magistrada Ana Ligia Camacho Noriega, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por la aqu\u00ed petente contra Fox Technologies S.A.S., con radicado n\u00b0. 2020-054-01. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de apoderado judicial, la accionante reclama la protecci\u00f3n de las prerrogativas a debido proceso, prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, cosa juzgada, seguridad jur\u00eddica y al principio de legalidad, presuntamente violentadas por el colegiado convocado. <\/p>\n
2. De lo narrado en el extenso y confuso escrito inicial y de la informaci\u00f3n aqu\u00ed allegada, se coligen, en s\u00edntesis, los siguientes supuestos facticos: <\/p>\n
La actora refiere que, el 17 de noviembre de 2018, la Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas decidi\u00f3 suspender la ayuda humanitaria que le permit\u00eda suplir sus necesidades b\u00e1sicas y las de su familia, raz\u00f3n por la cual inco\u00f3 tutela frente a dicha entidad, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Neiva. <\/p>\n
Indica que, en sentencia de 25 de febrero de 2020, el estrado referido ampar\u00f3 sus derechos, ordenando a la UAEARIV que, en el t\u00e9rmino de 48 horas, le comunicara una fecha cierta en la cual se materializar\u00eda el pago de la indemnizaci\u00f3n administrativa. <\/p>\n
Sostiene que interpuso otra acci\u00f3n constitucional contra el despacho judicial mencionado, por haberse abstenido de iniciar incidente de desacato en contra de la UAEARIV, resguardo otorgado por el tribunal accionado, quien conmin\u00f3 al funcionario judicial tutelado a dar continuidad al tr\u00e1mite incidental. <\/p>\n
En prove\u00eddo de 21 enero de 2021, sancion\u00f3 con arresto y multa al director t\u00e9cnico de la UAEARIV, al considerar que esta entidad no hab\u00eda demostrado el cumplimiento de la orden impartida; determinaci\u00f3n revocada por el colegiado convocado en auto de 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
Para la accionante esa decisi\u00f3n es arbitraria, pues, en su criterio \u201c(\u2026) s[\u00ed] hay motivo suficiente de responsabilidad subjetiva al no dar cumplimiento con establecer una fecha cierta de pago (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3. Pide, en concreto, revocar el auto de 10 de febrero de 2021. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados <\/p>\n
1. El tribunal accionado se limit\u00f3 a remitir copia de la actuaci\u00f3n censurada. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La Unidad Administrativa Especial de Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral de V\u00edctimas pidi\u00f3 declarar improcedente el amparo por inobservancia del requisito de subsidiariedad, por cuanto la actora no ha acudido directamente ante esa entidad a solicitar la indemnizaci\u00f3n reclamada. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Desde la g\u00e9nesis de la acci\u00f3n de tutela, certera y uniformemente en pro de la seguridad jur\u00eddica y de la vigencia del Estado democr\u00e1tico, esta Sala ha advertido la improcedencia de los auxilios formulados frente a actuaciones del mismo linaje por contarse con herramientas id\u00f3neas para su ejecuci\u00f3n o su control constitucional. <\/p>\n
La Corte ha destacado la estrecha vinculaci\u00f3n existente entre la fase particular del incidente y la prevista para establecer si se accede o no a la protecci\u00f3n demandada, ya que este mecanismo extraordinario y la actuaci\u00f3n incidental est\u00e1n s\u00f3lidamente unidos y son etapas de un procedimiento con la misma finalidad. <\/p>\n
En reiteradas ocasiones esta Corporaci\u00f3n, al estudiar el tema, en punto a las diligencias surtidas a prop\u00f3sito de dicho incidente, ha considerado improcedente, por regla general, una nueva revisi\u00f3n de igual naturaleza. Lo anterior, por cuanto, en torno al desacato, s\u00f3lo se previ\u00f3 la consulta respecto del auto mediante el cual se imponen las sanciones del caso. <\/p>\n
En esa direcci\u00f3n, es pertinente recordar: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]l incidente de desacato, per se, culmina con una decisi\u00f3n judicial, la cual, prima facie, podr\u00eda estimarse que es susceptible de ser enjuiciada mediante otra acci\u00f3n de tutela. Empero, examinado el tema en conjunto, como debe ser, la resoluci\u00f3n judicial en comento, no puede apreciarse en forma insular o aislada, sino como parte de una actividad seriada y, por ende, compleja en el entorno constitucional, lo que exige una valoraci\u00f3n panor\u00e1mica, como tal omnicomprensiva de todo el tr\u00e1mite tutelar. De ah\u00ed la \u00edntima relaci\u00f3n existente entre la tutela y su desacato, al punto que el funcionario competente para determinar si hubo o no inejecuci\u00f3n de la orden dada, sea el mismo que conoci\u00f3 del amparo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Por consiguiente, superadas esas etapas consustanciales a la acci\u00f3n de tutela, bien porque no se promovieron en tiempo los medios aludidos, ya por cuanto se interpusieron y fueron desatados por los funcionarios competentes, queda definitivamente cerrado el tema en torno a los puntos que all\u00ed comportaron debate (thema decissum), de suerte que no podr\u00edan volver aquellos sobre esa precisa controversia, menos, se itera, otros Jueces a trav\u00e9s de una nueva queja constitucional, puesto que el instrumento empleado se traducir\u00eda en un inconveniente espiral, en clara contrav\u00eda de claros postulados que edifican y salvaguardan la seguridad jur\u00eddica, pot\u00edsimo y acerado principio digno de frontal respeto y acatamiento. Obs\u00e9rvase que si hoy es pac\u00edfico que contra lo sentenciado en tutela, no es dable acci\u00f3n -ex novo- de naturaleza semejante, menos proceder\u00eda esta acci\u00f3n extraordinaria en punto a las providencias que se pronuncien en la etapa derivada del incumplimiento de la parte resolutiva que se denuncie (incidente de desacato) (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
2. Excepcionalmente, se abre paso este resguardo frente a determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, siempre que, como lo ha se\u00f1alado la jurisprudencia, adem\u00e1s de cumplirse con los requisitos propios de procedibilidad de este instrumento extraordinario, se demuestre la existencia de una v\u00eda de hecho, lesiva del debido proceso y originada en los llamados defectos \u201c(\u2026) sustantivo, org\u00e1nico, procedimental absoluto [y] f\u00e1ctico (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
El Alto Tribunal Constitucional tambi\u00e9n ha precisado la viabilidad de este mecanismo de forma particular y respecto de actuaciones como la presente, \u201c(\u2026) cuando el juez de desacato se extralimita en sus funciones o cuando se vulnera el derecho a la defensa de las partes o se impone una sanci\u00f3n arbitraria (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
3. Si se aceptara en gracia de discusi\u00f3n, la viabilidad de proponer amparos como el actual contra pronunciamientos expedidos en decursos de linaje similar, la queja elevada por la actora estar\u00eda llamada al fracaso por las razones que pasan a exponerse. <\/p>\n
Esta Corte ha dejado sentado que para fijar correctivos en incidentes como el comentado, el funcionario judicial debe verificar lo relacionado con el destinatario de lo dispuesto en la sentencia de tutela, su contenido y el plazo de cumplimiento otorgado. <\/p>\n
Luego de esa constataci\u00f3n primigenia, al juzgador le incumbe ocuparse no solo del aspecto objetivo, cual es el hecho del desobedecimiento del fallo, sino tambi\u00e9n del factor subjetivo, dado que la supuesta desatenci\u00f3n motivo de reproche es aqu\u00e9lla proveniente de una actitud consciente y voluntaria de parte de quien estaba obligado a satisfacer la orden de protecci\u00f3n, as\u00ed como su intenci\u00f3n de insubordinarse y las posibles circunstancias de justificaci\u00f3n. <\/p>\n
Sobre el tema, la jurisprudencia de esta Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a imposici\u00f3n de sanciones exige al juez de tutela, en aplicaci\u00f3n del principio superior del debido proceso y los dem\u00e1s propios de los asuntos sancionatorios, ser sumamente meticuloso en los tr\u00e1mites e indagaciones tendientes a esclarecer la verdad de los hechos del desacato, as\u00ed como la \u2018individualizaci\u00f3n\u2019 y responsabilidad de la persona a quien concretamente se le achaca la conducta antijur\u00eddica de la desobediencia de la orden por \u00e9l dada (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
En la providencia de 10 de febrero de 2021, el tribunal accionado advirti\u00f3 que no se daban los presupuestos para endilgar la responsabilidad subjetiva al destinatario de la orden de tutela, tras aducir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Estudiado el asunto de la referencia, evidencia la Sala que, de acuerdo con el informe rendido por la entidad incidentada, la UARIV no incurri\u00f3 en desacato, habida cuenta que inform\u00f3 a la accionante las razones por las cuales no fue posible establecer una fecha probable del pago de la indemnizaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cEn efecto, con el informe que rindi\u00f3 en sede de consulta, se acredit\u00f3 que la accionada envi\u00f3 comunicaci\u00f3n a la actora bajo el radicado No. 202072018032751 del 09 de Agosto de 2020, por medio de la cual, inform\u00f3: \u201cAs\u00ed las cosas, luego de haber efectuado este proceso t\u00e9cnico, se concluy\u00f3 que, en atenci\u00f3n a la disponibilidad presupuestal con la que cuenta la Unidad y al orden definido por la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo t\u00e9cnico NO es procedente materializar la entrega de la medida indemnizatoria respecto de (de los) integrante (s) en la solicitud con radicado 745061-3735193, por el hecho victimizante de DESPLAZAMIENTO FORZADO\u201d <\/p>\n
\u201cEn ese orden de ideas aquellas v\u00edctimas que despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del m\u00e9todo no fue posible realizar el desembolso de la medida de indemnizaci\u00f3n en la presente vigencia en raz\u00f3n a la disponibilidad presupuestal, la Unidad proceder\u00e1 a aplicarles el m\u00e9todo cada a\u00f1o hasta que, de acuerdo con el resultado, sea priorizado para el desembolso de su indemnizaci\u00f3n administrativa, puesto que, en ning\u00fan caso, el resultado obtenido en una vigencia ser\u00e1 acumulado para el siguiente a\u00f1o\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, se acompasa con lo dispuesto en la Resoluci\u00f3n 1049 del 15 de marzo de 2019, en la que se establece que la entrega de la indemnizaci\u00f3n se realizar\u00e1 siempre y cuando haya disponibilidad presupuestal, luego de entregar la medida a aquellas v\u00edctimas que hayan acreditado una situaci\u00f3n de urgencia manifiesta. <\/p>\n
Aunado a lo expuesto, la UARIV en sus pronunciamientos, ha indicado que la fecha de entrega y\/o pago de la Indemnizaci\u00f3n Administrativa seguir\u00e1 sujeta al resultado que obtenga despu\u00e9s de la aplicaci\u00f3n del M\u00e9todo T\u00e9cnico de Priorizaci\u00f3n para la presente vigencia que se realizar\u00e1 el 30 de julio del a\u00f1o 2021, por lo que en la anterior aplicaci\u00f3n no result\u00f3 priorizada conforme al resultado obtenido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La tesis adoptada es l\u00f3gica, de su lectura, prima facie, no refulge v\u00eda de hecho; el tribunal accionado justific\u00f3 las razones por las cuales era necesario revocar la decisi\u00f3n que sancion\u00f3 al director t\u00e9cnico de la UAEARIV, al colegir que no se reun\u00edan los presupuestos para endilgar la responsabilidad subjetiva a \u00e9ste, pues, conforme al resultado del m\u00e9todo t\u00e9cnico de priorizaci\u00f3n, aplicado el 30 de junio de 2020, la entidad incidentada evidenci\u00f3 que no era posible realizar el desembolso de la medida en dicha vigencia en raz\u00f3n a la disponibilidad presupuestal y porque no se encontr\u00f3 acreditada una urgencia extrema. <\/p>\n
Desde esa perspectiva, al mostrarse plausible la tesis adoptada en la providencia examinada, no resulta admisible la injerencia de esta jurisdicci\u00f3n. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la m\u00e1s correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencionales las decisiones atacadas. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los anteriores argumentos, se negar\u00e1 la salvaguarda deprecada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela impetrada por Se decide la tutela impetrada por Joyce Smith S\u00e1nchez Guzm\u00e1n contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, espec\u00edficamente contra el magistrado Edgar Robles Ram\u00edrez y la magistrada Ana Ligia Camacho Noriega, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por la aqu\u00ed petente contra Fox Technologies SAS, con radicado n\u00b0. 2020-054-01. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed decidido, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
LUIS ALONSO RICOPUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 21 de febrero de 2003, exp. 00382. <\/p>\n
2\u0002 Corte Constitucional. Sentencia T-652 de 30 de agosto de 2010. <\/p>\n
3\u0002 \u00cddem. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC 5 de junio de 2009, exp. 2009-00883-00. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 – 308. <\/p>\n
\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
STC8315-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8315-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02025-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) Se decide la tutela impetrada por Joyce Smith S\u00e1nchez Guzm\u00e1n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55450","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55450","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55450"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55450\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55450"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55450"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55450"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}