STC8316-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8316-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01703-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 de noviembre de 2020, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, en la salvaguarda promovida por Humberto Torres Mej\u00eda frente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de esta Corporaci\u00f3n, con ocasi\u00f3n del juicio laboral radicado bajo el n\u00ba 2014-00195, iniciado por el aqu\u00ed gestor contra Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Por conducto de apoderado judicial, el actor implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas a la seguridad jur\u00eddica, debido proceso, acceso a la administraci\u00f3n de justicia, igualdad, trabajo y \u201cprincipio de favorabilidad\u201d, presuntamente violentadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
Humberto Torres Mej\u00eda promovi\u00f3 demanda ordinaria laboral frente a Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. y, solidariamente, contra sus socios, solicitando, entre otros, el reconocimiento y pago del auxilio de cesant\u00edas con sus respectivos intereses adem\u00e1s de la sanci\u00f3n por su no consignaci\u00f3n oportuna; las primas legales; el reajuste de los salarios dejados de cancelar; los aportes al sistema de seguridad social, todos ellos, causados desde el 1\u00ba de julio de 2007; y, adem\u00e1s, se declarara que no existi\u00f3 soluci\u00f3n de continuidad en el contrato de trabajo. <\/p>\n
El anotado decurso fue tramitado, en primera instancia, en el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, en sentencia de 19 de febrero de 2015, absolvi\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda demandada de todas las pretensiones incoadas en su contra. <\/p>\n
La anterior disposici\u00f3n fue confirmada, en sede de apelaci\u00f3n, el 9 de abril de 2015, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital. <\/p>\n
El censor inco\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n; empero, la Sala especializada en Descongesti\u00f3n n\u00ba 1, mediante fallo CSJ SL3394-2020 del 8 de septiembre de 2020, dispuso no casar el pronunciamiento del ad quem. <\/p>\n
En sentir del inicialista, la colegiatura confutada, incurri\u00f3 en \u201cv\u00eda de hecho\u201d por defecto sustantivo y violaci\u00f3n directa de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al relegar el \u201cprincipio de favorabilidad\u201d y efectuar una err\u00f3nea interpretaci\u00f3n de los c\u00e1nones 22, 23 y 24 del C\u00f3digo Sustantivo del Trabajo. <\/p>\n
Adem\u00e1s, aduce que dicha judicatura \u201cdesconoci\u00f3 las consecuencias de la confesi\u00f3n realizadas por el representante legal de la demandada y los demandados, ya que estos reconocieron la relaci\u00f3n laboral con la sociedad demandada\u201d. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar a la corporaci\u00f3n censurada proferir un nuevo fallo teniendo en cuenta el derecho emanado de la relaci\u00f3n laboral existente entre \u00e9l y la sociedad Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. <\/p>\n
1. Respuesta del accionado y vinculados. <\/p>\n
1. La Sala de Casaci\u00f3n Laboral de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1, alleg\u00f3 copia de la providencia cuestionada y de los audios de las decisiones emitidas en primera y segunda instancia dentro de juicio subex\u00e1mine. <\/p>\n
2. El Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogot\u00e1 realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones surtidas en el decurso e inform\u00f3 sobre la remisi\u00f3n del expediente a su superior el 4 de febrero de 2015. <\/p>\n
3. El Procurador 29 Judicial II para Asuntos del Trabajo defendi\u00f3 la legalidad del pronunciamiento atacado, pues, a su juicio, no existen elementos que permitan calificar como caprichosa la valoraci\u00f3n probatoria efectuada por la sede accionada. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 la salvaguarda, tras no hallar arbitrariedad en el tr\u00e1mite censurado. Adem\u00e1s, consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Sala en su condici\u00f3n de juez de tutela de primera instancia revis\u00f3 el expediente y encontr\u00f3 que la petici\u00f3n de amparo no prospera en la medida que, lo que busca el apoderado de HUMBERTO TORRES MEJ\u00cdA es que, por v\u00eda de tutela, se sustituya la apreciaci\u00f3n del an\u00e1lisis que al efecto hizo el juez designado por el legislador para tomar la decisi\u00f3n correspondiente. <\/p>\n
\u201cSiendo as\u00ed, resulta improcedente fundamentar la queja constitucional en las discrepancias de criterio del accionante frente a las interpretaciones normativas o valoraciones probatorias realizadas por el juez natural dentro del proceso ordinario laboral 2014-00195, para que se impartan unos tr\u00e1mites sobre asuntos donde la autoridad judicial act\u00fao dentro del marco de autonom\u00eda e independencia que le han sido otorgadas por la Constituci\u00f3n y la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el accionante insistiendo en los argumentos de disenso esbozados en el escrito genitor, especialmente el desconocimiento del \u201cprincipio de favorabilidad\u201d, citando como soporte de su reclamo, la sentencia STC-9008 de 2018 proferida por esta Sala. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuaran en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, el precursor cuestiona la sentencia SL3394 de 8 de septiembre de 2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante la cual dispuso no casar la decisi\u00f3n del ad quem, confirmatoria de la providencia de primer grado, donde se negaron sus pretensiones dentro del litigio laboral por \u00e9l iniciado contra Spai-Sons Pharmaceutical International Cosmetics Ltda. <\/p>\n
3. De entrada se advierte la ausencia de desafuero en la gesti\u00f3n de la autoridad querellada, pues en el fallo de casaci\u00f3n, con el cual se cerr\u00f3 definitivamente la problem\u00e1tica propuesta, se atendieron de forma suficiente los tres cargos entablados contra el veredicto del tribunal y se explic\u00f3 la imposibilidad de derruir esa determinaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201c(\u2026) se basa[ba] en el hecho de que el juez de segundo grado hubiera entendido que la relaci\u00f3n que uni\u00f3 al demandante con la empresa accionada, a partir de julio de 2007, fue de car\u00e1cter comercial y no laboral, supuestamente porque la parte accionada habr\u00eda logrado desvirtuar la presunci\u00f3n legal que operaba en favor del trabajador, sobre la supuesta existencia de un contrato de trabajo. Para el recurrente, en cambio, los medios de convicci\u00f3n denunciados demuestran lo contrario. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed entonces, la colegiatura fustigada procedi\u00f3 a efectuar un estudio lato de las pruebas aducidas como \u201cno valoradas\u201d, dentro de las cuales se encontraban: (i) la demanda inaugural, (ii) el escrito del 7 de octubre del 2010, (iii) el acta de entrega del 25 de mayo de 2012 (iv) las certificaciones de trabajo, (v) las facturas de venta, (vi) el recibo de pago oficial de caja, (vii) la cartera por vendedor \u2013 resumen de ventas Bogot\u00e1, (viii) la constancia de afiliaci\u00f3n a riesgos profesionales, (ix) el recibo de consignaci\u00f3n de dep\u00f3sito judicial, (x) el convenio de pago de 9 de diciembre de 2011 y (xi) el interrogatorio rendido por el representante legal de la empresa accionada, sobre el cual consider\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) concretamente respecto a las respuestas en las que afirma que el actor devengaba comisiones de venta por los servicios prestados; que fue autorizado para actuar como tal en Copidrogas y que siempre desempe\u00f1\u00f3 las mismas funciones, la Sala estima que la falta de apreciaci\u00f3n de este elemento de prueba result\u00f3 un desacierto por parte del Tribunal pues, entendiendo que el accionante, en vigencia de toda la relaci\u00f3n contractual que tuvo con la empresa, ejecut\u00f3 id\u00e9nticas actividades, ello llevar\u00eda a pensar que, en realidad, siempre existi\u00f3 un \u00fanico contrato y que las formalidades que implicaron un cambio en su naturaleza, a partir de julio de 2007, tuvieron como \u00fanico prop\u00f3sito esconder lo que all\u00ed subyac\u00eda. Pese a ello, el juez de segundo grado nada dijo sobre el particular, omitiendo la valoraci\u00f3n de un elemento de prueba que era indicativo de un aspecto importante, esto es, la permanencia de las funciones asignadas al trabajador durante toda la relaci\u00f3n que tuvo con la accionada, por lo que la Corte concluye que s\u00ed existe un yerro derivado de esa intelecci\u00f3n probatoria. (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
\u201cNo obstante, como se ver\u00e1 m\u00e1s adelante, esa omisi\u00f3n valorativa no permitir\u00eda, en sede de instancia, que se llegue a una conclusi\u00f3n distinta a la adoptada por el Tribunal en el fallo cuestionado, de modo que, aunque fundada, la acusaci\u00f3n resultar\u00eda impr\u00f3spera (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Posteriormente, se refiri\u00f3 a las \u201cpruebas indebidamente apreciadas\u201d, entre ellas, (i) las cartas enviadas por la demandada a la sociedad Copidrogas y (ii) el interrogatorio rendido por Federico Fernando Ponce de Le\u00f3n, frente al cual precis\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Uno de los socios de la demandada, admiti\u00f3 que el actor siempre desempe\u00f1\u00f3 las mismas funciones y que fue enviado al proyecto de Copidrogas en condici\u00f3n de asesor comercial, por lo que las consideraciones que se hicieron en precedencia, respecto del yerro en el que incurri\u00f3 el Tribunal al no valorar al interrogatorio rendido por el representante legal de la demanda, tambi\u00e9n resultan aplicables a este caso, en tanto dichas manifestaciones eran relevantes con el fin de determinar si existi\u00f3 o no una \u00fanica relaci\u00f3n laboral, pese a lo cual, no se hizo un an\u00e1lisis detallado de las mismas\u201d. <\/p>\n
\u201cSin embargo, como se anunci\u00f3 en precedencia, aunque la Sala admite la existencia de un yerro en la valoraci\u00f3n de este elemento de prueba, lo cierto es que en instancia llegar\u00eda a la misma soluci\u00f3n absolutoria emitida por el juez de segundo grado pues, aparte de las conclusiones que se derivan de las pruebas analizadas en precedencia, en las que se advierte autonom\u00eda en el desarrollo de las labores ejecutadas por el actor, encontrar\u00eda que otros elementos de prueba tambi\u00e9n contribuir\u00e1n a tener por desvirtuados los presupuestos de subordinaci\u00f3n y dependencia presentes en toda relaci\u00f3n laboral (\u2026)\u201d (subrayas de esta Sala). <\/p>\n
Para la corporaci\u00f3n accionada, palmariamente entre las partes se presentaron dos tipos de contratos, uno hasta junio de 2007, data en la cual, el aqu\u00ed inicialista, present\u00f3 carta de renuncia al cargo que desempe\u00f1aba como asesor comercial y, otro, a partir de julio de la misma anualidad cuando pas\u00f3 a ser distribuidor de productos. <\/p>\n
Sobre ese particular, as\u00ed discurri\u00f3 la corporaci\u00f3n demandada: <\/p>\n
\u201c(\u2026) En primer lugar, para la Sala resulta evidente que entre las partes se desarrollaron dos tipos de v\u00ednculos, que en el plenario obra carta de renuncia presentada el 22 de junio de 2007, por Humberto Torres Mej\u00eda, dirigida al gerente general comercial de la accionada, mediante la cual comunic\u00f3 sobre su renuncia al cargo que desempe\u00f1aba como asesor comercial, inform\u00e1ndoles que le reiteraba la disponibilidad de sus servicios cuando la empresa as\u00ed lo requiera\u201d. <\/p>\n
\u201cTambi\u00e9n resulta relevante el documento obrante a folio 24, en el cual consta la \u00abliquidaci\u00f3n definitiva empleados\u00bb efectuada el 30 de junio de 2007, precisando que la causa de terminaci\u00f3n del contrato fue la renuncia presentada por el demandante. All\u00ed se dispuso el pago de $24.226.150, en donde se discrimin\u00f3 la cancelaci\u00f3n de cesant\u00edas y sus intereses; vacaciones y primas\u201d. <\/p>\n
\u201cLos anteriores elementos permiten advertir que, en efecto, s\u00ed se presentaron dos tipos de contratos entre el demandante y la accionada durante el tiempo en que existi\u00f3 una vinculaci\u00f3n entre ellos, lo que supuso que se hiciera una terminaci\u00f3n formal de la primera relaci\u00f3n de trabajo; la liquidaci\u00f3n de los salarios y prestaciones sociales adeudados hasta la fecha y el pago de una correspondiente suma de dinero a ese t\u00edtulo, que fue aceptada voluntariamente por quien fung\u00eda como trabajador\u201d. <\/p>\n
\u201cEstos actos, adem\u00e1s, se encuentran confirmados a trav\u00e9s de los comportamientos externos que comenzaron a desarrollar ambas partes a partir de julio de 2007, como lo son, que el actor dejara de cumplir un horario impuesto al inicio de su primera vinculaci\u00f3n, ya no asistiera diariamente a las instalaciones de la empresa por no estar sujeto a ese horario fijo de trabajo; la nueva forma de ejecutar su actividad debiera ser concertada con la empresa y, adem\u00e1s, el hecho de dejar de ser vendedor para pasar a ser distribuidor de productos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Asimismo, el colegiado fustigado consider\u00f3 que los testimonios rendidos por Lidia Galindo y Martha Luc\u00eda Bar\u00f3n soportaban lo rese\u00f1ado, pues, la primera, manifest\u00f3 que el demandante no se hac\u00eda presente en la compa\u00f1\u00eda, sino una vez al mes, adem\u00e1s, \u201cque no siempre entraba al \u00e1rea de ventas, pues en ocasiones se limitaba a dejar las facturas en la porter\u00eda\u201d. <\/p>\n
Y la segunda, advirti\u00f3 que \u201cs\u00ed hubo un cambio de condiciones laborales a partir de julio de 2007\u201d, por lo cual, el recurrente, si bien antes de dicha data asist\u00eda todos los d\u00edas a la oficina a entregar los pedidos que tomaba el d\u00eda anterior, luego, cuando fue designado como distribuidor de productos, se presentaba \u201caproximadamente, una vez cada semana\u201d. <\/p>\n
En el mismo sentido, lo hizo Olga Luc\u00eda Reyes Fonseca quien sostuvo que \u201cve\u00eda al actor en las instalaciones de la oficina espor\u00e1dicamente\u201d. <\/p>\n
Luego, la sala de casaci\u00f3n accionada se pronunci\u00f3 frente a otras pruebas documentales obrantes en el plenario, entre ellas las retenciones en la fuente a nombre del censor, desde 2008 hasta 2012, por el 6% de los servicios prestados, as\u00ed como la retenci\u00f3n del ICA, donde se identificaba como proveedor con sus respectivo NIT, \u201clo que evidencia que su actuaci\u00f3n, a partir de ese momento, fue efectuada como comerciante independiente y no como trabajador subordinado\u201d; adem\u00e1s agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tambi\u00e9n resulta relevante que el pago de las comisiones por ventas reportadas en el plenario, no evidencien el reconocimiento de un b\u00e1sico mensual a t\u00edtulo de salario, sino que en todas las facturas de venta se relacionan \u00fanicamente comisiones de venta, cuyo valor, adem\u00e1s, en ning\u00fan caso es similar, lo que permite concluir que su retribuci\u00f3n depend\u00eda necesariamente de las gestiones que, como distribuidor comercial, lograra obtener mensualmente (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) De hecho, en los comprobantes de pago de tales comisiones, se relacionan como factores: comisiones; IVA deducible; Rete fuente, Rete ICA, en los t\u00e9rminos de una relaci\u00f3n comercial entre las partes contratantes\u201d. <\/p>\n
\u201cPor \u00faltimo, tambi\u00e9n resultan notables las facturas de venta que obran en el plenario, aportadas por la demandada (f.\u00ba 1102 a 1112). Y lo son porque ellas aparecen en papeler\u00eda de propiedad del demandante, en la que se observa la r\u00fabrica de las siglas HTM, Humberto Torres Mej\u00eda, junto con la precisi\u00f3n que se trata de una actividad econ\u00f3mica, IVA, R\u00e9gimen Com\u00fan, con lo que se evidencia que sus actuaciones s\u00ed eran ejecutadas como comerciante independiente (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed, advirti\u00f3 la judicatura querellada que, aun cuando la manifestaci\u00f3n efectuada por uno de los socios de la compa\u00f1\u00eda demandada pudo conducir al fallador de segundo grado a pensar que se trataba de una sola relaci\u00f3n laboral, al decir que no existi\u00f3 una variaci\u00f3n de funciones, \u201can\u00e1lisis que fue inadvertido por el ad quem\u201d, lo cierto es, las probanzas denunciadas en casaci\u00f3n, \u201cconducir\u00edan a adoptar la misma decisi\u00f3n absolutoria cuestionada\u201d. <\/p>\n
Por \u00faltimo, frente al tercer cargo formulado por el quejoso, en el cual, entre otros, adujo la inexistencia de una relaci\u00f3n comercial con la demandada, la Sala enjuiciada indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [D]ebe precisarse que el censor parte de un supuesto equivocado, esto es, entender que el Tribunal concluy\u00f3 que no se estaba ante un contrato de trabajo sino frente a uno de agencia comercial, cuando lo cierto es que en dicha decisi\u00f3n se puso de presente que, aunque tal circunstancia no estaba demostrada, lo relevante era que las pruebas aportadas por el accionado hab\u00edan logrado desvirtuar la presunci\u00f3n legal sobre existencia de un contrato de trabajo que operaba en favor del demandante y, en su lugar, evidenciaba elementos de autonom\u00eda e independencia que descartaban la naturaleza laboral de dicha relaci\u00f3n, lo que resultaba suficiente para no acceder a lo pretendido\u201d. <\/p>\n
\u201cAnte ese panorama, como quiera que el Tribunal no enmarc\u00f3 el tipo de v\u00ednculo que existi\u00f3 entre las partes, a partir de julio de 2007, dentro de la definici\u00f3n que dispone la ley respecto del contrato de agencia comercial, los alegatos de orden jur\u00eddico invocados por el recurrente en los que precisamente cuestiona la existencia de ese tipo de negocio resultan inanes, pues esas reflexiones no hacen parte de las conclusiones que conformaron la decisi\u00f3n impugnada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo las premisas transcritas, la Corporaci\u00f3n accionada resolvi\u00f3 mantener inc\u00f3lume la sentencia reprochada. <\/p>\n
4. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener1, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del estrado arriba indicado; luego, no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
En efecto, la Sala denunciada no cas\u00f3 el fallo recurrido, por cuanto, si bien admiti\u00f3 la existencia de un yerro por parte del ad quem, en la valoraci\u00f3n del interrogatorio rendido por el representante legal de la compa\u00f1\u00eda demandada, lo cierto es, una vez analizadas las dem\u00e1s pruebas denunciadas, logr\u00f3 determinar la autonom\u00eda en el desarrollo de las labores efectuadas por el demandante y tuvo por desvirtuados los presupuestos propios de una relaci\u00f3n laboral. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19694, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb5, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8316-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8316-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2020-01703-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 10 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55451","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55451","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55451"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55451\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55451"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55451"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55451"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}