STC8317-2021<\/p>\n
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LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8317-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00483-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 25 de marzo de 2021, dictada por la Sala de Casaci\u00f3n Penal dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Emilce Rinc\u00f3n frente a la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1 y el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia, con ocasi\u00f3n del juicio laboral radicado bajo el n\u00ba 2016-00427 adelantado por la aqu\u00ed actora contra la \u00faltima entidad referida. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora exige la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, seguridad social, salud, m\u00ednimo vital, igualdad e igualdad, presuntamente transgredidos por las autoridades accionadas. <\/p>\n
Emilce Rinc\u00f3n y Avelino Quinayas \u00c1lvarez iniciaron una uni\u00f3n marital de hecho en 2005 y, posteriormente, el 1\u00ba de julio de 2006, contrajeron matrimonio por el rito cat\u00f3lico. <\/p>\n
Ante el fallecimiento de Quinayas \u00c1lvarez el 18 de noviembre de 2015, la accionante solicit\u00f3 al Fondo Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes; no obstante, su pedimento fue negado. <\/p>\n
La gestora inici\u00f3 el correspondiente juicio ordinario laboral, tramitado en primera instancia, en el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, quien, mediante fallo emitido el 11 de diciembre de 2017, accedi\u00f3 a sus pretensiones. <\/p>\n
La anterior determinaci\u00f3n fue revocada el 27 de febrero de 2018, por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esta capital, tras argumentar que \u201cla demandante a pesar de haber contra\u00eddo matrimonio cat\u00f3lico con el pensionado, no convivi\u00f3 por el espacio m\u00ednimo de los cinco a\u00f1os fijados en la correspondiente norma\u201d. <\/p>\n
Incoado el recurso de casaci\u00f3n por la aqu\u00ed actora, el 4 de noviembre de 2020, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, mediante sentencia SL4337-2020 dispuso no casar el fallo de segundo grado. <\/p>\n
Manifiesta la libelista que, en algunos momentos y, de com\u00fan acuerdo con su c\u00f3nyuge, se ausent\u00f3 del hogar por circunstancias de fuerza mayor, que la llevaban a atender asuntos relacionados con su familia. <\/p>\n
Narra que el causante, \u201cimpulsado por recomendaciones inescrupulosas de terceros\u201d, present\u00f3 demanda de divorcio en su contra, donde se emiti\u00f3 sentencia \u201cdecretando la cesaci\u00f3n de los efectos civiles del matrimonio\u201d, pero no se realiz\u00f3 la liquidaci\u00f3n de la sociedad conyugal, dado que Quinayas \u00c1lvarez desisti\u00f3 de dicho proceso. <\/p>\n
En sentir de la querellante, con las decisiones emitidas por el tribunal y la Sala de Casaci\u00f3n accionada, se incurri\u00f3 en un defecto f\u00e1ctico, por err\u00f3nea valoraci\u00f3n de las pruebas practicadas en el juicio. <\/p>\n
Adujo que el no reconocimiento de la prestaci\u00f3n deprecada, incid\u00eda en el sustento diario personal y el de su familia, por ser madre cabeza de hogar. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, dejar sin efecto las determinaciones censuradas y, en su lugar, declarar la validez y vigencia de la sentencia emitida en primera instancia. <\/p>\n
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1. Respuesta de la accionada y vinculados <\/p>\n
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1. La Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral pidi\u00f3 desestimar el amparo, por no haber incurrido en v\u00eda de hecho alguna. <\/p>\n
Adem\u00e1s, indic\u00f3, la recurrente no logr\u00f3 desvirtuar, con prueba calificada en casaci\u00f3n, las conclusiones del tribunal, pues \u201cno prob\u00f3 que hubiera hecho vida marital con el pensionado durante cinco a\u00f1os en cualquier tiempo\u201d. <\/p>\n
2. El Fondo Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia solicit\u00f3 declarar la falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva; asimismo, consider\u00f3 improcedente el resguardo, por versar sobre un asunto ya analizado y debatido por la justicia ordinaria, en el cual existe \u201ccosa juzgada\u201d. <\/p>\n
3. La ahora titular del Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Bogot\u00e1, refiri\u00f3 estarse a lo resuelto en la decisi\u00f3n emitida en esa instancia el 11 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que tom\u00f3 posesi\u00f3n del cargo posteriormente. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
La Sala de Casaci\u00f3n Penal neg\u00f3 la salvaguarda, tras estimar razonable la decisi\u00f3n proferida por la colegiatura en descongesti\u00f3n. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Estudiada la providencia objeto de reproche, se advierte que la misma contiene motivos razonables, porque, para arribar a esa conclusi\u00f3n, fueron expuestos varios argumentos con base en una ponderaci\u00f3n probatoria y jur\u00eddica, propia de la adecuada actividad judicial\u201d. <\/p>\n
\u201cPues, la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00b0 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral inicialmente advirti\u00f3 que el escrito con el que se pretende sustentar la \u00abacusaci\u00f3n\u00bb, contiene graves deficiencias t\u00e9cnicas que \u00abcomprometen la prosperidad del cargo propuesto\u00bb, las cuales no son factibles de subsanar en virtud del car\u00e1cter dispositivo del recurso de casaci\u00f3n (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) El razonamiento de la mencionada Corporaci\u00f3n no puede controvertirse en el marco de la acci\u00f3n de tutela, cuando de manera alguna se percibe ileg\u00edtimo o caprichoso. Entendiendo, como se debe, que la misma no es una herramienta jur\u00eddica adicional, que en este evento se convertir\u00eda pr\u00e1cticamente en una tercera instancia, no es adecuado plantear por esta senda la incursi\u00f3n en causales de procedibilidad, originadas en la supuesta arbitrariedad en la interpretaci\u00f3n de las reglas aplicables al asunto, valoraciones probatorias o en el aislamiento a los lineamientos jurisprudenciales sobre el caso debatido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 la actora insistiendo en los argumentos esbozados en el escrito genitor. <\/p>\n
En adici\u00f3n, adujo que el a quo constitucional omiti\u00f3 adentrarse en el an\u00e1lisis de su condici\u00f3n especial de madre cabeza de hogar y as\u00ed haber establecido \u201cla verdadera condici\u00f3n inminente, impostergable y urgente\u201d del resguardo. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. En el marco de las atribuciones asignadas a las Salas de Descongesti\u00f3n de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, el par\u00e1grafo del art\u00edculo segundo de la Ley 1781 de 2016, precisa que, aunque \u00e9stas actuaran en forma independiente, en el evento en que la mayor\u00eda de sus integrantes considere procedente cambiar la jurisprudencia sobre un determinado asunto o crear una nueva, deber\u00e1n devolver el expediente a la Sala de Casaci\u00f3n Laboral para que \u00e9sta decida. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, dado que aut\u00f3nomamente ninguna sala de descongesti\u00f3n puede variar la doctrina de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral, si se presentara una circunstancia de tal naturaleza que implicara la modificaci\u00f3n del precedente o la necesidad de crear una nueva postura jur\u00eddica frente a una casu\u00edstica en particular, se impone la obligaci\u00f3n para aquellas, de remitir el asunto a \u00e9sta, para lo pertinente. <\/p>\n
2. En el caso bajo estudio, la tutelante cuestiona la sentencia SL4337 de 4 de noviembre de 2020 proferida por la Sala de Descongesti\u00f3n n\u00ba 1 de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral y la providencia emitida por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogot\u00e1 el 27 de febrero de 2018, revocatoria de la de primer grado, donde se le hab\u00eda otorgado el reconocimiento y pago de la pensi\u00f3n de sobrevivientes de Avelino Quinayas \u00c1lvarez. <\/p>\n
Su censura radica, seg\u00fan expone, en una indebida estimaci\u00f3n de las pruebas practicadas y aportadas en el proceso ordinario, por ella iniciado contra el Fondo de Pasivo Social Ferrocarriles Nacionales de Colombia. <\/p>\n
3. De entrada, ha de precisarse que el an\u00e1lisis del presente amparo se circunscribir\u00e1 a la tesis defendida por la Sala de Casaci\u00f3n en Descongesti\u00f3n accionada, por cuanto con ella se zanj\u00f3 la controversia y, en \u00faltimas, ese es el criterio que se impone mientras no sea revocado o invalidado. <\/p>\n
4. Revisada la aludida decisi\u00f3n, se observa que la colegiatura conculcada reliev\u00f3 las graves deficiencias t\u00e9cnicas de la demanda de casaci\u00f3n que comprometieron la prosperidad del cargo formulado. Al respecto anot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El \u00fanico cargo que se formula incurre en una mixtura inapropiada, pues mezcla la senda de los hechos con la directa, ya que, pese a que dirige el ataque por la v\u00eda indirecta, alude a aspectos jur\u00eddicos relativos a la aplicaci\u00f3n de la ley sustancial, frente al momento de la muerte del se\u00f1or Avelino Quinayas \u00c1lvarez que se produjo el 18 de noviembre de 2015, concretamente las normas, que en su decir, regulan el presente asunto, como son los art\u00edculos 46, 47 y 74 de la Ley 100 de 1993, con las modificaciones introducidas por los art\u00edculos 12 a 14 de la Ley 797 de 2003; o que en el sub judice, se debe acoger el precedente jurisprudencial adoptado en la sentencia CSJ SL, 29 nov. 2011, rad. 40055, a trav\u00e9s del cual se admite que los cinco a\u00f1os de convivencia de la esposa con el causante se pueden acreditar en cualquier tiempo\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior constituye una inconsistencia t\u00e9cnica, puesto que el ataque amalgama ambos g\u00e9neros de violaci\u00f3n de la ley que son excluyentes, por raz\u00f3n que la senda directa, supone la conformidad de quien recurre con los hechos deducidos por el sentenciador como fundamento de su decisi\u00f3n, de modo que la argumentaci\u00f3n demostrativa debe ser de \u00edndole netamente jur\u00eddica, en cambio, por la v\u00eda indirecta los razonamientos deben dirigirse a criticar la valoraci\u00f3n probatoria, debiendo ser su formulaci\u00f3n diferente y por separado. (\u2026)\u201d. <\/p>\n
A su vez, la judicatura encausada indic\u00f3 que la recurrente endilg\u00f3 cuatro yerros f\u00e1cticos al fallador de segundo grado, por la supuesta err\u00f3nea apreciaci\u00f3n de un \u201csinn\u00famero\u201d de pruebas, empero, en la demostraci\u00f3n del cargo, s\u00f3lo hizo menci\u00f3n a la testimonial y omiti\u00f3 explicar, con suficiencia, qu\u00e9 mostraban los dem\u00e1s elementos de convicci\u00f3n denunciados, en oposici\u00f3n a lo acreditado ante el tribunal. <\/p>\n
As\u00ed, la autoridad fustigada, trajo como referente lo decantando en la jurisprudencia de la hom\u00f3loga laboral1, sobre la obligaci\u00f3n que tiene el interesado al formular el recurso extraordinario, de exponer correctamente, cu\u00e1les fueron las deficiencias cometidas por el ad quem. En el punto, expuso: <\/p>\n
Por otra parte, adujo la corporaci\u00f3n querellada, teniendo en cuenta que el argumento principal del juzgador de segunda instancia, para desestimar las pretensiones de la demandante, radic\u00f3 en las diferentes interrupciones prolongadas de convivencia que hubo entre la pareja durante los m\u00e1s de nueve a\u00f1os de matrimonio, las cuales impidieron reunir cinco a\u00f1os continuos en esa uni\u00f3n en cualquier tiempo, la recurrente debi\u00f3 \u201cindicarle y explicar a la Corte con exactitud qu\u00e9 pruebas calificadas fueron err\u00f3neamente apreciadas por el juzgador para llegar a esa conclusi\u00f3n y, qu\u00e9 es lo que en realidad acreditan esos elementos demostrativos, contrario a lo establecido por la alzada\u201d, sin embargo no lo demostr\u00f3. <\/p>\n
En lo ata\u00f1edero a la prueba testimonial, resalt\u00f3 la sala accionada la imposibilidad de efectuar un estudio para determinar la err\u00f3nea valoraci\u00f3n enrostrada al ad quem, al no ser prueba calificada o h\u00e1bil en casaci\u00f3n para estructurar un yerro f\u00e1ctico, ello, de conformidad al art\u00edculo 7 de la Ley 16 de 1969, el cual consagra que \u00fanicamente tienen ese car\u00e1cter, el documento aut\u00e9ntico, la confesi\u00f3n y la inspecci\u00f3n judicial, de modo que, \u201csobre ellas no es posible estructurar la comisi\u00f3n de un desacierto f\u00e1ctico ostensible, a no ser que previamente, se acredite la existencia de un error de igual gravedad sobre un medio probatorio calificado, que no es el caso\u201d. <\/p>\n
Para el colegiado de casaci\u00f3n convocado, el cargo formulado por la recurrente, conten\u00eda una \u201cdemostraci\u00f3n y desarrollo insuficiente\u201d, carente de argumentos concretos sobre los reproches elevados contra el sentenciador de segunda instancia, capaces de derruir las presunciones de legalidad y acierto que envolv\u00edan el pronunciamiento atacado; asimismo, agreg\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) por el contrario, se itera, acude la censura solo a cuestionar los testigos e incluir algunos argumentos jur\u00eddicos generales y vagos, asimilables a un alegato de instancia que resultan totalmente ajenos al prop\u00f3sito del recurso de casaci\u00f3n, que es, precisamente, confrontar la sentencia acusada con la ley (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Bajo las premisas transcritas, la Corporaci\u00f3n accionada coligi\u00f3 acertado mantener inc\u00f3lume la sentencia reprochada. <\/p>\n
5. T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual. <\/p>\n
6. Adem\u00e1s, se relieva, el car\u00e1cter extraordinario del recurso de casaci\u00f3n impone al demandante cumplir los requisitos de fondo y de forma previstos por el legislador para el \u00e9xito de la censura; la ausencia de rigor t\u00e9cnico o de los requerimientos legales al formular el cargo para demostrar los errores de la sentencia recurrida, no es tarea que pueda ser superada por medio de la tutela, porque \u00e9sta no es instrumento para suplir la insuficiencia formal de la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo instrumental es garant\u00eda para materializar la igualdad ante la ley y para frenar la arbitrariedad, por tanto, no se trata de exceso ritual manifiesto, sino de derechos irrenunciables, cuyo respeto es finalidad del proceso para la realizaci\u00f3n del derecho sustancial. <\/p>\n
7. As\u00ed las cosas, se excluye la posibilidad de predicar las anomal\u00edas alegadas en la providencia rese\u00f1ada porque, al margen del criterio que la Corte pudiera tener2, no se advierte un proceder arbitrario, por parte del estrado arriba indicado, luego no hay lugar a la intervenci\u00f3n de esta particular justicia, reservada para casos de evidente desafuero judicial. <\/p>\n
En efecto, la Sala denunciada no cas\u00f3 el fallo recurrido, por cuanto, reit\u00e9rese, de un lado, la solicitante no agot\u00f3 el remedio extraordinario en debida forma y, de otro, juzg\u00f3, con acierto, la determinaci\u00f3n de los hechos relevantes del pleito y la valoraci\u00f3n de las pruebas efectuada por el juez de segundo grado, todo lo cual llev\u00f3 a ese \u00faltimo fallador a concluir que la recurrente no pod\u00eda adquirir el derecho pensional reclamado, por cuanto no logr\u00f3 acreditar el requisito de convivencia exigido por la Ley, inferencia que no logr\u00f3 ser derruida por la censora con la demanda de casaci\u00f3n. <\/p>\n
Si bien pudiera no aceptarse \u00edntegramente el discernimiento de la accionada, esa circunstancia no permite ostentar los presupuestos invocados, pues \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
8. N\u00f3tese, en relaci\u00f3n con la incorrecta valoraci\u00f3n de las pruebas cumple se\u00f1alar que dicha labor se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026), condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
9. Por \u00faltimo, frente a la manifestaci\u00f3n de la actora sobre su condici\u00f3n de sujeto de especial protecci\u00f3n, por ser madre cabeza de familia, se precisa, aqu\u00e9lla se limit\u00f3 a enunciar tal situaci\u00f3n, empero, no acredit\u00f3 en el sublite, el cumplimiento de los presupuestos establecidos por la Corte Constitucional para ser catalogada como tal; adem\u00e1s, si pretend\u00eda que tal circunstancia fuese valorada por las autoridades denunciadas, ha debido aducirla en el decurso reprochado; sin embargo, guard\u00f3 silencio sobre ello. <\/p>\n
Mem\u00f3rese lo se\u00f1alado por el Alto Tribunal citado, al respecto: <\/p>\n
\u201c(\u2026) MADRE CABEZA DE FAMILIA- Presupuestos jurisprudenciales para que una mujer sea considerada como tal. <\/p>\n
\u201cLa condici\u00f3n de madre cabeza de familia requiere la confluencia de los siguientes elementos, a saber: (i) que la mujer tenga a su cargo la responsabilidad de hijos menores de edad o de otras personas \u201cincapacitadas\u201d para trabajar; (ii) que la responsabilidad exclusiva de la mujer en la jefatura del hogar sea de car\u00e1cter permanente; (iii) que exista una aut\u00e9ntica sustracci\u00f3n de los deberes legales de manutenci\u00f3n por parte de la pareja o del padre de los menores de edad a cargo; y (iv) que exista una deficiencia sustancial de ayuda de los dem\u00e1s miembros de la familia (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
Asimismo, se destaca, no fueron probados, en estas diligencias, los presupuestos para estimar la configuraci\u00f3n de un perjuicio irremediable, sobre lo cual esta Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d6 (negrillas originales). <\/p>\n
10. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos7 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19698, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u00ab(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u00bb9, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
10.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio10. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
10.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha instado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-11, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales12; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas13. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, permite, no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
11. De acuerdo a lo discurrido, se convalidar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo as\u00ed resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y rem\u00edtase oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ SL544-2013 reiterada en decisi\u00f3n CSJ SL2068-2020. CSJ SL4734-2017. <\/p>\n
2\u0002CSJ. STC. 17 abr. 2013, Rad. 00743-00; v\u00e9ase igualmente, entre otras, las sentencias de 15 de febrero de 2012, Rad. 00219-00 y 10 de mayo de 2005, Rad. 00142-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
5\u0002 Corte Constitucional. T-084-18. 5 de marzo de 2018. <\/p>\n
6\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
7\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
8\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
9\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8317-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8317-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00483-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 25 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55452","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55452","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55452"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55452\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55452"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55452"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55452"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}