STC8322-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8322-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 41001-22-14-000-2021-00084-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 18 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Facilidades Energ\u00e9ticas S.A.S. contra la Superintendencia de Sociedades, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201creorganizaci\u00f3n empresarial\u201d de Minerales Barios de Colombia S.A.S. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas de acceso a la administraci\u00f3n de justicia y debido proceso, presuntamente vulneradas por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Acota, como fundamento del ruego, que en la Superintendencia de Sociedades se inici\u00f3 el juicio de \u201creorganizaci\u00f3n empresarial\u201d de Minerales Barios de Colombia S.A.S., con fundamento en el numeral 2 del art\u00edculo 15 de la Ley 1116 de 2006. <\/p>\n
Manifiesta que dentro de ese asunto solicit\u00f3 \u201c(\u2026) el reconocimiento y pago de dos (2) molinos de [su] propiedad\u201d los cuales \u201cse hab\u00eda apropiado\u201d la mencionada empresa, \u201c(\u2026) o en su defecto se ordenara la devoluci\u00f3n de esos [bienes], o la graduaci\u00f3n como cr\u00e9dito del valor de arrendamiento de esa [maquinaria]\u201d. <\/p>\n
Afirma que ante el \u201cfracaso\u201d de la negociaci\u00f3n de deudas, la entidad fustigada dispuso la \u201cliquidaci\u00f3n judicial\u201d de la memorada compa\u00f1\u00eda, sin realizar ning\u00fan pronunciamiento respecto del anterior pedimento. <\/p>\n
Asevera que el 15 de abril de 2021, \u201cse llev\u00f3 a cabo la audiencia de resoluci\u00f3n de objeciones al inventario de bienes y a la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos\u201d, diligencia en la cual la convocada \u201caval\u00f3 que los [mentados] molinos eran de propiedad\u201d del ente societario en intervenci\u00f3n, ocasion\u00e1ndole con esa decisi\u00f3n una p\u00e9rdida aproximada de 500 millones de pesos. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, ordenar a la superintendencia criticada: i) resolver el requerimiento elevado en la etapa de reorganizaci\u00f3n, y ii) dejar sin efecto la audiencia de graduaci\u00f3n y calificaci\u00f3n de cr\u00e9ditos adelantada en el comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder y se\u00f1alando que el requerimiento aducido por la quejosa fue resuelto de manera desfavorable en providencia de 4 de diciembre de 2019. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal desestim\u00f3 el resguardo, aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Advierte la Sala dos situaciones que hacen improcedente el remedio constitucional; la primera refiere al memorial de 15 de julio de 2019 con radicado No. 2019-01-270942, en el cual menciona la accionante, solicit\u00f3 el reconocimiento y pago de dos molinos de su propiedad, la devoluci\u00f3n de aquellos, o la graduaci\u00f3n del cr\u00e9dito sobre el valor de sus arrendamientos, y es que aquel fue presentado en el proceso de reorganizaci\u00f3n de Minerales Barios de Colombia S.A.S., que como se puso de presente en providencia de 4 de diciembre de 2019, por dem\u00e1s conocida por la reclamante, seg\u00fan su propio dicho en el juicio constitucional, no solo fue sustra\u00edda en sus efectos por la terminaci\u00f3n del tr\u00e1mite recuperatorio, sino que frente a ella no present\u00f3 reparo; adem\u00e1s all\u00ed, se le dio oportunidad de concurrir al proceso de liquidaci\u00f3n judicial, para presentar su cr\u00e9dito, sin hacerlo a lo largo del procedimiento concursal, guardando silencio, y pretendiendo injustificadamente hacer valer sus derechos, a trav\u00e9s de la presente acci\u00f3n de tutela (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cDe lo descrito, se desprende la segunda situaci\u00f3n que conlleva a declarar improcedentes las pretensiones, y es que si bien Facilidades Energ\u00e9ticas S.A.S., pretende hacer valer en su favor las objeciones presentadas en el proceso liquidatorio por Fabio Enrique Avella Gonz\u00e1lez, porque en efecto aquel objet\u00f3 el inventario, solicitando exclusi\u00f3n de un molino por pertenecer a la reclamante, lo cierto es que Avella Gonz\u00e1lez compareci\u00f3, hizo parte y fue graduado como acreedor del asunto cuestionado, a t\u00edtulo personal, nunca en representaci\u00f3n de la sociedad reclamante, observ\u00e1ndose su falta de legitimaci\u00f3n frente al tr\u00e1mite encausado\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 la interesada insistiendo en los mismos argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La promotora del auxilio critica a la Superintendencia de Sociedades, porque en el proceso sublite: i) decret\u00f3 la apertura de la liquidaci\u00f3n judicial de la empresa Minerales Barios de Colombia S.A.S., sin resolver su solicitud de \u201creconocimiento y pago de dos (2) molinos de [su] propiedad\u201d los cuales se encontraban en poder de la empresa intervenida, y, ii) dispuso, en audiencia de 21 de abril de 2021, que los referidos bienes eran de propiedad del mencionado ente societario, ocasion\u00e1ndole con esa decisi\u00f3n una p\u00e9rdida aproximada de 500 millones de pesos. <\/p>\n
2. Frente al primer tema de censura el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carecer del presupuesto de inmediatez, por cuanto, entre la presentaci\u00f3n del resguardo, esto es, el 19 de abril pasado, y el prove\u00eddo mediante el cual se dispuso la mencionada liquidaci\u00f3n judicial -4 de diciembre de 2019 -, ha transcurrido m\u00e1s de un (1) a\u00f1o y tres (3) meses, tiempo que supera el de seis (6) meses establecido por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Frente a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Por tanto, si la petente se demor\u00f3 en incoar el amparo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a la autoridad convocada y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Ahora, respecto al segundo punto de reproche, la salvaguarda tampoco tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por cuanto, en la audiencia celebrada el 21 de abril de 2021, la entidad convocada resolvi\u00f3 las objeciones presentadas en el caso bajo estudio, contra el inventario de bienes y la calificaci\u00f3n y graduaci\u00f3n de cr\u00e9ditos presentado en ese asunto, acto procesal al cual la aqu\u00ed gestora no compareci\u00f3, desaprovechando esa oportunidad para hacer valer los intereses alegados en esta senda2. <\/p>\n
Sobre el descuido en el uso de las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa, esta Sala ha adoctrinado <\/p>\n
\u201c(\u2026) si [el tutelante] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d3. <\/p>\n
As\u00ed, resulta evidente que el resguardo constitucional examinado no apunta a la defensa de una garant\u00eda fundamental, sino de los intereses meramente econ\u00f3micos de la promotora, lo cual desvirt\u00faa la procedencia del mecanismo estudiado, por cuanto seg\u00fan el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica fue instituido solamente para \u201cla protecci\u00f3n inmediata de [los] derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquiera autoridad p\u00fablica\u201d. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha indicado, <\/p>\n
\u201c(\u2026) la tutela no fue instituida para obtener el resarcimiento de perjuicios econ\u00f3micos o el reconocimiento de derechos patrimoniales, sino que fue concebida para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos fundamentales de las personas, por eso hizo bien el Tribunal al desde\u00f1ar el amparo pedido\u201d4. <\/p>\n
5. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan la cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
5.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
5.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia9, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales10; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas11. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
6. De acuerdo con lo discurrido, se ratificar\u00e1 la determinaci\u00f3n examinada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada conforme a lo expuesto en precedencia. <\/p>\n
SEGUNDO: Comun\u00edquese mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos lo resuelto en esta providencia a los interesados y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
2\u0002 De las pruebas aportadas a este ruego se observa que a la referida diligencia compareci\u00f3 Fabio Enrique Avella Gonz\u00e1lez, quien, present\u00f3 objeci\u00f3n a los inventarios de bienes, solicitando la exclusi\u00f3n de un molino por pertenecer a la convocante; sin embargo, esa intervenci\u00f3n se realiz\u00f3 a nombre propio y no en representaci\u00f3n de la sociedad tutelante. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; reiterada el 9 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012, exps. 2011-01459-01 y 2011-00398-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC, 24 may. 2011, Rad. 00111-01, ratificada el 13 de junio del mismo a\u00f1o, Rad. 00067-01, el 15 de agosto de 2013, Rad. 01074-01 y el 18 de noviembre de 2013, Rad. 00068-02. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
6 <\/p>\n
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