STC8323-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8323-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 66001-22-13-000-2021-00154-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta respecto a la sentencia de 21 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en la salvaguarda promovida por Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez contra al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, tr\u00e1mite al cual fueron vinculados la Alcald\u00eda y Personer\u00eda de esa municipalidad, la Defensor\u00eda del Pueblo y la Procuradur\u00eda, Regional Risaralda, entre otros, con ocasi\u00f3n de la acci\u00f3n popular iniciada por Sebasti\u00e1n Colorado frente al Banco Davivienda S.A., radicada bajo el n\u00ba 2020-00091. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El gestor exige la protecci\u00f3n de su prerrogativa al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente lesionadas por la autoridad convocada. <\/p>\n
2. De la lectura del escrito tutelar y la revisi\u00f3n de las pruebas adosadas al plenario, se desprenden, como hechos soporte del presente amparo, los descritos a continuaci\u00f3n: <\/p>\n
Sebasti\u00e1n Colorado promovi\u00f3 acci\u00f3n popular contra el Banco Davivienda S.A., ubicado en la Plaza Principal de Andes (Antioquia), para exigir la protecci\u00f3n colectiva de las personas sordas, ciegas y sordociegas, por cuanto, en su sentir, en la referida entidad financiera, no cuentan con un int\u00e9rprete profesional que gu\u00ede a quienes se hallan en esa condici\u00f3n \u201ctal como lo ordena la Ley 982 de 2005, art 8\u201d. <\/p>\n
El 15 de abril de 2021, el aqu\u00ed querellante, remiti\u00f3 memorial al Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia, solicitando su reconocimiento como coadyuvante en el mencionado decurso. <\/p>\n
Aduce el precursor que, la titular del despacho fustigado neg\u00f3 su petici\u00f3n, situaci\u00f3n lesiva de sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
3. Solicita, en concreto, ordenar a la falladora acusada i) acceder a su pedimento y ii) remitir el link del asunto objeto de censura. <\/p>\n
1. Respuesta de los accionados y vinculados <\/p>\n
1. La titular de la c\u00e9lula judicial encartada indic\u00f3 que lo manifestado por el gestor es \u201ctotalmente falso\u201d, por cuanto, mediante auto de 29 de abril de 2021, se resolvi\u00f3: <\/p>\n
\u201c[R]especto a la solicitud de reconocimiento de coadyuvancia del se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez en las acciones populares de la referencia, se ordenar\u00e1 que se tenga en cuenta una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento de ellas\u201d. <\/p>\n
2. Davivienda S.A. solicit\u00f3 declarar la improcedencia del resguardo por falta de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, al no existir, por parte de esa entidad, afectaci\u00f3n alguna a los derechos invocados por el libelista. <\/p>\n
3. La Personer\u00eda de la Virginia (Risaralda), deprec\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del presente tr\u00e1mite, aduciendo que las pretensiones esbozadas en el libelo introductor, escapaban de su competencia. <\/p>\n
4. De los documentos adjuntos, no se observ\u00f3 pronunciamiento por parte de los dem\u00e1s convocados. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El a quo constitucional deneg\u00f3 el amparo reclamado, ante inexistencia de la omisi\u00f3n endilgada. As\u00ed lo rese\u00f1\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) 1. De lo informado por la Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia y de las copias arrimadas al proceso, que obran en el expediente digital (archivo denominado \u201c2021-00091\u201d), se tiene que, mediante auto de fecha 29 de abril de 2021, entre otras decisiones, se resolvi\u00f3 \u201cT\u00e9ngase al se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez como coadyuvante dentro de las acciones populares\u201d. <\/p>\n
\u201c2. Es decir que el juzgado de conocimiento en momento alguno neg\u00f3 tal intervenci\u00f3n, muy por el contrario, la reconoci\u00f3 desde antes de la presentaci\u00f3n de la demanda de tutela, hecho que tuvo lugar el 5 de mayo de este a\u00f1o (archivo denominado \u201c03ActaReparto\u201d). <\/p>\n
\u201c3. Vistas, as\u00ed las cosas, se advierte que la lesi\u00f3n de las garant\u00edas constitucionales invocadas no ha tenido lugar, comoquiera que, en el asunto objeto de debate, no se ha presentado la conducta reprochada, es decir, es inexistente acci\u00f3n u omisi\u00f3n en tal sentido, ya que otra es la realidad procesal que ha ocurrido en el tr\u00e1mite de la referida acci\u00f3n popular, como claramente se evidencia de lo explicado en los numerales anteriores (\u2026)\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La promovi\u00f3 el libelista, solicitando probar si su pedimento de coadyuvancia fue aceptado antes o despu\u00e9s de la tutela. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. El aqu\u00ed inicialista pretende que, a trav\u00e9s de este mecanismo, se ordene al Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, i) aceptar su solicitud de coadyuvancia en la acci\u00f3n popular n\u00ba 2021-00091 y ii) remitir el link del mencionado decurso. <\/p>\n
2. Revisadas las pruebas aqu\u00ed adosadas, de entrada, se advierte la imposibilidad de atribuir vulneraci\u00f3n o irregularidad al proceder de la c\u00e9lula judicial confutada, pues en el asunto reprochado, el 29 de abril de 2021, se emiti\u00f3 auto en el cual se resolvi\u00f3, entre otras cuestiones, lo siguiente: <\/p>\n
\u201c(\u2026) CUARTO: T\u00e9ngase al se\u00f1or Sebasti\u00e1n Ram\u00edrez como coadyuvante dentro de las acciones populares, una vez el Juzgado al que se remite asuma el conocimiento de las mismas (\u2026)\u201d. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, resulta desacertado emitir cualquier decisi\u00f3n al respecto, por cuanto el motivo sustento de la lesi\u00f3n endilgada no se gest\u00f3 ni siquiera antes de la formulaci\u00f3n de esta salvaguarda presentada el 5 de mayo de 2021. <\/p>\n
Sobre ese tema, ha dicho esta Corte: <\/p>\n
\u201c(\u2026) la carencia de objeto (\u2026), se presenta: \u2018si la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe (\u2026), en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado (\u2026) ha sido totalmente [satisfecha o en realidad nunca se ha visto violado], pues la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
Ante eventos como el narrado, el amparo pierde su virtud y raz\u00f3n de ser, en cuanto hace a la protecci\u00f3n efectiva de derechos de rango iusfundamental, porque lo cierto es que estos no fueron infringidos por la accionada. <\/p>\n
En consecuencia, queda en evidencia la conducta del censor, en hacer un uso incorrecto de esta excepcional v\u00eda, pues, invocar hechos infundados como sustento de su reclamo, no solo afecta la eficaz administraci\u00f3n de justicia, al ocupar a los Jueces encargados de resolver el caso, en un asunto carente de fundamento jur\u00eddico, sino que tambi\u00e9n, desnaturaliza la finalidad por la cual el Constituyente implement\u00f32 la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
En lo pertinente, se requiere al accionante para que cese la proposici\u00f3n de auxilios sustentados en circunstancias \u201cinfundadas e inexistentes\u201d, pues con ello no hace m\u00e1s que contribuir con la congesti\u00f3n judicial distrayendo la actividad jurisdiccional de la recta y cumplida administraci\u00f3n de justicia. <\/p>\n
3. Por otra parte, se torna improcedente, la pretensi\u00f3n del libelista de ordenar a la autoridad querellada la remisi\u00f3n del link de acceso al expediente del Proceso reprochado, pues no se observa que el tutelante hubiese dirigido a la autoridad censurada una solicitud con dicho prop\u00f3sito, adem\u00e1s, se trata de un requerimiento que desborda el objeto de esta senda constitucional, destinada a la defensa de los derechos sustanciales, de acuerdo con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos3 y su criterio jurisprudencial, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable dado el canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19694, debidamente adoptada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d5, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio6. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia7, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales8; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas9. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos <\/p>\n
5. Con base en lo discurrido, el fallo impugnado ser\u00e1 ratificado. <\/p>\n
<\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha, naturaleza y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC de 13 de marzo de 2009, exp. T-00147-01, reiterada el 12 de septiembre de 2011, exp. 00081-01. <\/p>\n
2\u0002 La Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su art\u00edculo 86 establece: \u201c(\u2026) Toda persona tendr\u00e1 acci\u00f3n de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por s\u00ed misma o por quien act\u00fae a su nombre, la protecci\u00f3n inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que \u00e9stos resulten vulnerados o amenazados por la acci\u00f3n o la omisi\u00f3n de cualquier autoridad p\u00fablica (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
4\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
5\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
6\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
7\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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