STC8329-2021<\/p>\n
<\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8329-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02001-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Claudia Alexandra Guerrero Lozano contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Manizales y el Juzgado Cuarto de Familia de la misma ciudad. Al tr\u00e1mite se vincularon a las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
I. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora procura la salvaguarda de sus derechos fundamentales al debido proceso, la libertad, el buen nombre y el habeas data, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas al proferir sanciones por desacato en su contra. <\/p>\n
2. Del escrito inicial y las pruebas obrantes en el plenario, se resaltan los siguientes hechos y alegaciones relevantes: <\/p>\n
2.2. El 29 de noviembre de 2018, el referido Juzgado sancion\u00f3 a la tutelante, como \u00abGERENTE REGIONAL EJE CAFETERO DE la EPS MEDIM\u00c1S\u00bb, con multa de 4 salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes y arresto de 4 d\u00edas, por desacatar tal disposici\u00f3n constitucional. En dicho prove\u00eddo, tambi\u00e9n se dispuso \u00abSANCIONAR a los Doctores N\u00c9STOR ORLANDO ARENAS FONSECA en calidad de PRESIDENTE y JULIO C\u00c9SAR ROJAS PADILLA en calidad de Representante legal, ambos de MEDIMAS EPSC o quienes hagan sus veces; (art\u00edculo 27 del Decreto 2591 de 1991), con arresto de tres (03) d\u00edas, los cuales deber\u00e1 cumplir en un establecimiento o pabell\u00f3n especial de la ciudad de Bogot\u00e1 (art. 5\u00b0 del Decreto 2636 de 2004) y multa de tres (03) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes en el pa\u00eds, por cuanto en su calidad de superior de la accionada el primero y representante judicial el segundo, debieron hacer que la sentencia de tutela se cumpliera en su totalidad\u00bb. <\/p>\n
2.3. Adujo la tutelante que dicha sanci\u00f3n, a pesar de que fue impuesta en su contra, no se le notific\u00f3 a su direcci\u00f3n sino al correo de notificaciones judiciales de Medim\u00e1s EPS. <\/p>\n
2.4. El 15 de enero de 2019, la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales, al resolver el grado jurisdiccional de consulta, \u00abCONFIRMA la decisi\u00f3n tomada por el JUZGADO CUARTO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE MANIZALES\u00bb. <\/p>\n
2.5. En relaci\u00f3n con lo anterior, la actora se\u00f1al\u00f3 que en el tr\u00e1mite incidental \u00ab[\u2026] no realic\u00e9 pronunciamiento alguno debido a que no me enter\u00e9 de los diferentes requerimientos realizados al no haberlos recibido en mis direcciones de notificaciones y, si bien estos fueron radicados en las direcciones de notificaciones judiciales de Medim\u00e1s EPS, destaco que en el proceso de desacato no tuve conocimiento del llamado que me fuere realizado por el Juzgado demandado\u00bb. <\/p>\n
As\u00ed mismo, afirm\u00f3 que, \u00ab[\u2026], en aquella \u00e9poca, en el Distrito Judicial de Manizales, se aplicaba una posici\u00f3n jur\u00eddica en la cual yo era sancionada por la totalidad de incumplimientos de fallos de tutela denunciados contra Medim\u00e1s EPS en el departamento Caldas, pues se consultaba exclusivamente el nombre del cargo que ostentaba en aquella \u00e9poca dentro de la EPS, y no se indagaba sobre la existencia de una responsabilidad subjetiva acreedora de una sanci\u00f3n por desacato\u00bb. Posteriormente, \u00aba ra\u00edz de un fallo de tutela de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, Rad.17001-22-13-000-2020-00050-01, dictado el 21 de mayo de 2020; el Distrito Judicial de Manizales reajust\u00f3 su postura jur\u00eddica, en el sentido de verificar detenidamente en cada caso en concreto realmente la existencia o no de una responsabilidad subjetiva en cabeza de los funcionarios requeridos a fin de determinar la viabilidad de impartir los correctivos por desacato al fallo de tutela\u00bb. <\/p>\n
Expuso que, desde entonces, \u00abha sido desvinculada de la totalidad de tr\u00e1mites incidentales que se tramitan en el Distrito (a excepci\u00f3n del presente caso) pues sobre m\u00ed no recae la facultad jur\u00eddica ni f\u00e1ctica de cumplir los fallos de tutela dictados contra Medim\u00e1s EPS, por lo que en ning\u00fan tr\u00e1mite incidental se logra demostrar, m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, que el incumplimiento denunciado me es atribuible por acci\u00f3n o por omisi\u00f3n alguna\u00bb. <\/p>\n
2.6. El 18 de agosto de 2020, el \u00c1rea Jur\u00eddica de la EPS MEDIM\u00c1S solicit\u00f3 la desvinculaci\u00f3n de la promotora del tr\u00e1mite de cumplimiento de la orden constitucional, argumentando que no exist\u00eda responsabilidad subjetiva de aquella, quien adem\u00e1s resalt\u00f3, en la presente tutela, que no es \u00absuficiente el \u00fanico argumento al que acudi\u00f3 el Despacho Judicial: el del nombre del cargo que desempe\u00f1amos dentro de la Entidad\u00bb y que, como el Juzgado accionado no se pronunci\u00f3 frente a dicho requerimiento, el 10 de septiembre de 2020, se radic\u00f3 otro escrito de impulso procesal, solicitando un pronunciamiento de fondo. <\/p>\n
2.7. Refiri\u00f3 la accionante que el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales, por prove\u00eddo del 16 de febrero de 2021, decidi\u00f3 no acceder a la petici\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de las sanciones dictadas en su contra, \u00absin tener en cuenta el cambio de postura jur\u00eddica que hab\u00eda suscitado la correcci\u00f3n dada por la H. Corte Suprema de Justicia [\u2026]\u00bb, despacho que fundament\u00f3 su determinaci\u00f3n en que \u00aba la fecha no exist\u00eda un cumplimiento objetivo del fallo de tutela, y que los argumentos que daban cuenta sobre la inexistencia de responsabilidad subjetiva en mi provecho no ser\u00edan tenidos en cuenta habida cuenta de que esto no se le manifest\u00f3 dentro del tr\u00e1mite incidental [\u2026]\u00bb. <\/p>\n
2.8. Advirti\u00f3 que, a pesar de que ha \u00abintentado por todos los medios ordinarios [\u2026] la desvinculaci\u00f3n por inexistencia de responsabilidad subjetiva acreedora de sanci\u00f3n, est\u00e1s a\u00fan se encuentran vigentes [\u2026]\u00bb, de manera que las autoridades judiciales accionadas, con sus actuaciones, han vulnerado sus garant\u00edas fundamentales, pues, en su sentir, est\u00e1 \u00absiendo sancionada por hechos que jam\u00e1s he cometido (por acci\u00f3n u omisi\u00f3n), pues de m\u00ed no depende el cumplimiento de los fallos judiciales dictados contra Medim\u00e1s EPS, y mucho menos se logr\u00f3 comprobar dentro del tr\u00e1mite incidental alguna responsabilidad subjetiva merecedora de las sanciones cuestionadas\u00bb. <\/p>\n
3. Conforme a lo relatado, la actora pidi\u00f3 el amparo de los derechos invocados y que se ordene \u00ab[\u2026] a los despachos judiciales accionados, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ejecutoria del fallo, se REVOQUEN Y\/O INAPLIQUEN las sanciones proferidas en mi contra, y las cuales se derivan del proceso de desacato [\u2026]\u00bb; as\u00ed mismo, que se \u00abCANCELEN las \u00f3rdenes de captura en mi contra y se restablezca mi buen nombre, toda vez que no he desatendido ning\u00fan fallo judicial\u00bb, y que se prevenga a \u00ablos Despachos Judiciales accionados para que en adelante se abstengan de vincularme en los incidentes de desacato por no ser la responsable del cumplimiento de los fallos dentro de la E.P.S. MEDIMAS S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
II. LA RESPUESTA DE LA ACCIONADA <\/p>\n
Y LOS VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto de Familia de Manizales, luego de hacer un recuento de las actuaciones adelantadas en ese Despacho, manifest\u00f3 que \u00ab[\u2026] la accionante ha tenido todas las garant\u00edas procesales dentro del presente tr\u00e1mite, as\u00ed como de la acci\u00f3n de tutela que curso (sic) en este estrado judicial, n\u00f3tese como ante los innumerables requerimientos realizados por este Judicial, la accionante decidi\u00f3 optar por una posici\u00f3n negligente, como si poco le importara las decisiones judiciales, nunca se pronunci\u00f3 frente a los hechos que se le indilgaban, nunca hizo uso de las herramientas legales que ten\u00eda a su disposici\u00f3n, no ataco (sic) el fallo respectivo, no contest\u00f3 la tutela, no contest\u00f3 los requerimientos dentro de los dos incidentes tramitados en su contra, esto ya que a uno de los mismos se le declar\u00f3 la nulidad, a pesar de que la misma fue debidamente notificada, se le garantizaron sus derechos de defensa y contradicci\u00f3n y debido proceso, pero como se insiste ante la pasividad de esta, el despacho procedi\u00f3 conforme a derecho a emitir las respectivas sanciones, decisi\u00f3n est\u00e1 debidamente confirmada por el Honorable Tribunal Superior de Caldas\u00bb. <\/p>\n
En tal sentido, puso de presente que, \u00abante su negligencia, no es hora de que la quejosa venga a hacer manifestaci\u00f3n alguna de disculpa y de la otra que con el actuar de este servidor no se le violentaron ni ahora se le est\u00e1n violentando derechos fundamentales algunos a la se\u00f1ora Claudia Alexandra Guerrero Lozano, y que esta no puede ahora pretender que se le excluya de las sanciones impuestas, argumentando la violaci\u00f3n de sus derechos constitucionales, cuando de las pruebas arrimadas con la presente contestaci\u00f3n se evidencia que se le garantizaron sus derechos por parte de este administrador de justicia\u00bb, por lo que solicit\u00f3 se declarara la improcedencia de la presente acci\u00f3n. <\/p>\n
2. La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud \u2013 ADRES solicit\u00f3 declarar la improcedencia del amparo, en raz\u00f3n a que, en su sentir, \u00abha quedado probado que se pretende hacer un uso indebido de la acci\u00f3n constitucional, al utilizar la acci\u00f3n de tutela como tercera instancia contra decisiones adversas a sus intereses. Tampoco se acredit\u00f3 el cumplimiento de los requisitos generales para la interposici\u00f3n de acciones de tutela contra providencias judiciales\u00bb. <\/p>\n
Igualmente, requiri\u00f3 negar la acci\u00f3n, en lo que tiene que ver con la ADRES, por cuanto, de los hechos descritos y el material probatorio, \u00abresulta innegable que la entidad no ha desplegado ning\u00fan tipo de conducta que vulnere los derechos fundamentales del actor\u00bb. <\/p>\n
III. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. En el caso sub examine, la actora pretende el amparo de los derechos fundamentales invocados y que se ordene \u00ab[\u2026] a los despachos judiciales accionados, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la ejecutoria del fallo, se REVOQUEN Y\/O INAPLIQUEN las sanciones proferidas en mi contra, y las cuales se derivan del proceso de desacato [\u2026]\u00bb; as\u00ed mismo, que se \u00abCANCELEN las \u00f3rdenes de captura en mi contra y se restablezca mi buen nombre, toda vez que no he desatendido ning\u00fan fallo judicial\u00bb, y que se prevenga a \u00ablos Despachos Judiciales accionados para que en adelante se abstengan de vincularme en los incidentes de desacato por no ser la responsable del cumplimiento de los fallos dentro de la E.P.S. MEDIMAS S.A.S.\u00bb. <\/p>\n
2. En lo relacionado con la providencia del 29 de noviembre de 2018, por medio de la cual el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales resolvi\u00f3 el incidente de desacato con orden de arresto y sanci\u00f3n monetaria en contra de la tutelante, y la del 15 de enero de 2019 proferida por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Manizales en la que se confirm\u00f3 la decisi\u00f3n tomada por el citado Juzgado, se evidencia que no se cumple con el presupuesto general de la inmediatez exigido para la salvaguarda impetrada. Ello, a causa del lapso transcurrido desde el momento en que se profiri\u00f3 la \u00faltima de las decisiones recriminadas, esto es, 15 de enero de 2019 y la fecha de interposici\u00f3n de la presente salvaguarda -22 de junio de 20211, que supera extensamente el t\u00e9rmino previsto por la jurisprudencia para promover la acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
Adicionalmente, con las pruebas allegadas no se acredit\u00f3 la configuraci\u00f3n de alguno de los eventos que ha se\u00f1alado la Corte Constitucional para \u00abrelativizar\u00bb el requisito de inmediatez, pues la actora no se\u00f1al\u00f3 condiciones particulares o espec\u00edficas que le hubieran impedido promover la petici\u00f3n de amparo en un t\u00e9rmino razonable. <\/p>\n
Lo afirmado resulta relevante, en raz\u00f3n a que, pese a que no existe un t\u00e9rmino de caducidad propiamente dicho para invocar la \u00abprotecci\u00f3n constitucional\u00bb, s\u00ed se impone promoverla dentro de un plazo \u00abrazonablemente prudencial\u00bb, a efectos de que no se desnaturalice su raz\u00f3n de ser, que no es otra que el restablecimiento inmediato de los derechos fundamentales de la persona, sobre todo cuando la urgencia se precisa para predicar lo grave del perjuicio y, justamente, por lo distante del hecho en el tiempo, se desestructura de suyo. <\/p>\n
Al respecto, esta Colegiatura ha sostenido, en asuntos similares, que <\/p>\n
\u00abEn punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 Abr 2009, Rad. 2009-00624-00, reiterada en STC2414-2021). <\/p>\n
3. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por la accionante, en el sentido que, en el incidente de desacato, no realiz\u00f3 \u00ab[\u2026] pronunciamiento alguno debido a que no me enter\u00e9 de los diferentes requerimientos realizados al no haberlos recibido en mis direcciones de notificaciones y, si bien estos fueron radicados en las direcciones de notificaciones judiciales de Medim\u00e1s EPS, destaco que en el proceso de desacato no tuve conocimiento del llamado que me fuere realizado por el Juzgado demandado\u00bb, por tanto, en dicho tr\u00e1mite se vulner\u00f3 el debido proceso, debe destacarse que, acorde con lo dispuesto en el art\u00edculo 16 del Decreto 2591 de 1991, \u00ablas providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb; igualmente, frente a la materia la Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) las determinaciones adoptadas en el tr\u00e1mite incidental, aun las de su apertura o definici\u00f3n, no requieren ser notificadas personalmente a los incidentados, como se pretende hacer creer. Sin que dichas presuntas irregularidades, adem\u00e1s, le hayan sido puestas de manifiesto a los jueces del desacato. <\/p>\n
Sobre el particular, la Corte Constitucional en sentencia de 19 de abril de 2012, exp. T- 286048, advirti\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018(\u2026) no ha se\u00f1alado la obligatoriedad de la notificaci\u00f3n personal de la apertura del incidente del desacato ni de la providencia que lo resuelve\u2019. Precis\u00f3 que en cuanto \u2018a la causal de nulidad denominada \u2018desconocimiento de la jurisprudencia\u2019, esta ha de entenderse como el desconocimiento de una sentencia proferida por la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n. En esa medida es claro que el reclamo planteado por el solicitante no se ajusta a tales requerimientos pues las sentencias que cita fueron proferidas por distintas salas de revisi\u00f3n pero no por la Sala Plena de la Corte Constitucional\u2019. Seguidamente adujo que \u2018por otra parte las sentencias citadas distan de establecer las reglas que el solicitante pretende extraer de ellas tales como la obligatoriedad de notificaci\u00f3n personal de la iniciaci\u00f3n del incidente de desacato\u00bb (STC5642-2018, reiterada en sentencia del 21 de mayo de 2020, exp. 2020-00050-01). <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente asunto, se encuentra que como bien lo reconoci\u00f3 la misma accionante, los requerimientos relacionados con el incidente \u00ab[\u2026] fueron radicados en las direcciones de notificaciones judiciales de Medim\u00e1s EPS, [\u2026]\u00bb y que, en efecto, se aprecia que fueron comunicados al correo electr\u00f3nico \u00abnotificacionesjudiciales@medimas.com.co\u00bb, que pertenece al organismo incidentado, tal como consta en el certificado de existencia y representaci\u00f3n legal de mismo, aportado al expediente de tutela; aunado a lo anterior, al existir constancia de la remisi\u00f3n e, incluso, acuse de recibido por parte de Medim\u00e1s E.P.S., se puede establecer que el \u00abenteramiento\u00bb sucedi\u00f3 en legal forma, sin que este implicara una espec\u00edfica manera de \u00abcomunicaci\u00f3n\u00bb, de car\u00e1cter \u00abpersonal\u00bb, como lo enfatiza la actora, pues lo pretendido es que la utilizada sea eficaz para informar al convocado de la cuesti\u00f3n, siendo esta la raz\u00f3n por la cual dicho cuestionamiento tampoco sale avante2. <\/p>\n
En efecto, mediante auto del 17 de octubre de 2018, el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales acometi\u00f3 el tr\u00e1mite del incidente de desacato interpuesto por el apoderado de Vera Girado y, en ese sentido, requiri\u00f3 a Claudia Alexandra Guerrero Lozano, como Gerente Regional Eje Cafetero de Medim\u00e1s E.P.S. para que se pronunciara sobre el mismo y que, en el t\u00e9rmino de tres (3) d\u00edas, se sirviera a dar cumplimiento a lo dispuesto en el fallo de tutela; dicha comunicaci\u00f3n fue enviada al correo electr\u00f3nico \u00abnotificacionesjudiciales@medimas.com.co\u00bb el 23 de octubre de la referida anualidad. A su vez, el prove\u00eddo del 16 de noviembre de 2018, que abri\u00f3 el incidente en contra de Claudia Alexandra Guerrero Lozano y otros, fue remitido a la referida direcci\u00f3n electr\u00f3nica el 19 del citado mes y a\u00f1o, del cual se acus\u00f3 recibido el mismo d\u00eda. Por su parte, la providencia que resolvi\u00f3 el incidente, proferida el 29 de noviembre de 2018 y mediante la cual se dispuso sancionar la se\u00f1ora Guerrero Lozano y otros, se envi\u00f3 al correo de la instituci\u00f3n el 11 de diciembre de 2018 y se confirm\u00f3 su recibido en esa misma fecha. Y, finalmente, el auto que confirm\u00f3 la decisi\u00f3n en grado de consulta, dictada el 15 de enero de 2019, se envi\u00f3 por correo el d\u00eda 16 del citado mes y a\u00f1o. <\/p>\n
4. En lo relativo a la determinaci\u00f3n del 16 de febrero de 2021, mediante la cual el Juzgado Cuarto de Familia de Manizales resolvi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n, proferida por ese despacho judicial, mediante auto del 29 de noviembre de 2018, se encuentra que la citada autoridad, enfatiz\u00f3 lo se\u00f1alado por la Corte Constitucional en sentencia T-421 de 2003, en el sentido que \u00abLa imposici\u00f3n de una sanci\u00f3n dentro del incidente puede implicar que al accionado se persuada o no del cumplimiento de una sentencia. En efecto, en caso de que se inicie el incidente de desacato y el accionado, reconociendo que se ha desacatado lo ordenado por el juez de tutela, quiera evitar la sanci\u00f3n, deber\u00e1 acatar la sentencia. En caso de que se haya adelantado todo el tr\u00e1mite y resuelto sancionar por desacato, para que la sanci\u00f3n no se haga efectiva, el renuente a cumplir podr\u00e1 evitar ser sancionado acatando\u00bb. <\/p>\n
Bajo esa circunstancia, destac\u00f3 que la se\u00f1ora Guerrero Lozano solo manifest\u00f3 que sobre ella no reca\u00eda la responsabilidad del cumplimiento del fallo, pasados \u00abdos a\u00f1os y un mes despu\u00e9s de sancionarla\u00bb, por lo que resalt\u00f3 que se desconoci\u00f3 la oportunidad procesal para alegar dicha situaci\u00f3n, as\u00ed como que tampoco acredit\u00f3 el acatamiento del fallo. <\/p>\n
Sobre el particular, de los documentos allegados a este tr\u00e1mite, observa la Sala que en la petici\u00f3n de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n del 18 de agosto de 2020, en la que se adujo que las facultades para cumplir los fallos de tutela eran del representante legal judicial de la entidad, se hizo menci\u00f3n a un certificado de c\u00e1mara de comercio del 4 de octubre de 2019 y, con esta tutela, se alleg\u00f3 un certificado de la entidad que indica que en la actualidad la accionante ejerce el cargo de Gerente de Zona en la Regional Eje Cafetero y no tiene funciones relacionadas con el cumplimiento de las decisiones judiciales, emitido el 20 de octubre de 2020; empero, la sanci\u00f3n frente a la cual se pidi\u00f3 la desvinculaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n fue dictada con anterioridad, esto es, el 29 de noviembre de 2018 y confirmada el 15 de enero de 2019. <\/p>\n
4.1. As\u00ed las cosas, se sigue que la decisi\u00f3n cuestionada se motiv\u00f3 razonadamente, en la falta de oportunidad para presentar el alegato de desvinculaci\u00f3n y el no cumplimiento del fallo de tutela, sin que advierta la Sala, en esta instancia, elementos de juicio para admitir la intervenci\u00f3n del juez constitucional en lo relativo a la no desvinculaci\u00f3n o inaplicaci\u00f3n del desacato que declar\u00f3 el incumplimiento del fallo de tutela e impuso una multa, seg\u00fan lo anteriormente esbozado. <\/p>\n
4.2. No obstante, la Sala estima necesario, teniendo en cuenta las actuales condiciones sanitarias originadas por la pandemia del COVID19, ordenar al Juzgado accionado que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, deje sin efecto el prove\u00eddo del 16 de febrero de 2021, por el cual decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n proferida el 29 de noviembre de 2018, pero, exclusivamente, en lo relacionado con la sanci\u00f3n de cuatro (4) d\u00edas de arresto, con el fin de que aquella no sea ejecutada, para lo cual deber\u00e1 emitir la determinaci\u00f3n respectiva en el mismo plazo. <\/p>\n
5. Por \u00faltimo, frente al alegado desconocimiento del precedente, por no tenerse en cuenta el fallo del 20 de mayo de 2020, emitido en el expediente con radicado n.\u00b0 17001-22-13-000-2020-00050-01, en cual la Sala accedi\u00f3 al amparo y orden\u00f3 dejar sin efectos la determinaci\u00f3n de incumplimiento y la sanci\u00f3n impuesta, porque la entonces sancionada de Medim\u00e1s, en calidad de Gerente Zonal – Tolima de Medim\u00e1s E.P.S. no ten\u00eda la funci\u00f3n, vale la pena se\u00f1alar que, en dicha oportunidad, la Sala analiz\u00f3 una providencia del 1\u00ba de abril de 2020, que hab\u00eda confirmado la sanci\u00f3n en sede consulta, por tanto, las condiciones eran distintas, toda vez que all\u00ed el asunto no estaba afectado por el requisito de inmediatez. <\/p>\n
IV. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, CONCEDER parcialmente el amparo invocado y, en consecuencia, ORDENAR al Juzgado accionado que, en el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, deje sin efecto el prove\u00eddo del 16 de febrero de 2021, por la cual decidi\u00f3 no dar tr\u00e1mite a la solicitud de inaplicaci\u00f3n de la sanci\u00f3n proferida el 29 de noviembre de 2018, pero, exclusivamente, en lo relacionado con sanci\u00f3n impuesta a Claudia Alexandra Guerrero Lozano de cuatro (4) d\u00edas de arresto, con el fin de que aquella no sea aplicada, para lo cual deber\u00e1 emitir la determinaci\u00f3n respectiva en el mismo plazo. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo resuelto en esta providencia a los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, de conformidad con lo previsto en el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, y oportunamente env\u00edese el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no ser impugnada. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Fecha del registro y reparto. <\/p>\n
2\u0002 En los mismos t\u00e9rminos, la Sala se pronunci\u00f3 en sentencia del 20 de mayo de 2021, exp. 2020-00050-01. <\/p>\n
<\/p>\n
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STC8329-2021 FRANCISCO TERNERA BARRIOS Magistrado ponente STC8329-2021 Radicaci\u00f3n n\u00b0. 11001-02-03-000-2021-02001-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (07) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55457","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55457","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55457"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55457\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55457"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55457"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55457"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}