STC8339-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8339-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02022-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de julio dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Diana Marcela Vargas Caicedo contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n de tutela 2021-00082. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante, obrando en su propio nombre, acude al presente instrumento buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales \u00abal debido proceso, igualdad y acceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb. <\/p>\n
2. Expresa que present\u00f3 una acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Primero Civil del Circuito de Girardot y otras autoridades tanto judiciales como de polic\u00eda, cuyo conocimiento correspondi\u00f3 a la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de Cundinamarca, la que, luego de darle el tr\u00e1mite de rigor, profiri\u00f3 sentencia desestimatoria el 12 de mayo de 2021. <\/p>\n
Afirma que el tribunal incurri\u00f3 en un yerro de naturaleza procedimental por cuanto \u00abse apart\u00f3 del art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, la doctrina y la jurisprudencia sin dar explicaci\u00f3n del por qu\u00e9\u2026\u00bb <\/p>\n
3. Solicita, entonces, \u00abordenar al Tribunal Superior de Cundinamarca que corrija su error procedimental y en consecuencia se contin\u00fae con el recurso de impugnaci\u00f3n\u2026 y se le d\u00e9 el traslado a la Corte Suprema de Justicia para que lo resuelva\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
Mario Fernando Longas Lozada, vinculado como tercero con inter\u00e9s en el resultado del presente asunto, solicit\u00f3 desestimar el resguardo por cuanto el tr\u00e1mite de notificaci\u00f3n de la sentencia de tutela se aviene a lo dispuesto en el art\u00edculo 31 del Decreto 2591 de 1991; por dem\u00e1s se extendi\u00f3 en relatar las vicisitudes del proceso de restituci\u00f3n de inmueble incoado por \u00e9l contra la gestora, sobre las que no se detendr\u00e1 esta Corporaci\u00f3n por carecer de relevancia para lo que a esta actuaci\u00f3n ata\u00f1e. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si el Tribunal Superior de Cundinamarca vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por la gestora del resguardo al declarar inadmisible la impugnaci\u00f3n presentada contra el fallo proferido dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00082, por considerarla extempor\u00e1nea, sin tener en cuenta, supuestamente, lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
2. De los presupuestos de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela <\/p>\n
La jurisprudencia constitucional ha decantado con suficiencia los presupuestos y requisitos generales de procedibilidad que deben confluir y verificarse a la hora de establecer la procedencia de la intervenci\u00f3n del juez de tutela, ellos son: \u00ab(i) \u2026que la cuesti\u00f3n discutida resulte de evidente relevancia constitucional y que, como en cualquier acci\u00f3n de tutela, est\u00e9 acreditada la vulneraci\u00f3n de un derecho fundamental, requisito sine qua non de esta acci\u00f3n de tutela que, en estos casos, exige una carga especial al actor; (ii) que la persona afectada haya agotado todos los medios ordinarios y extraordinarios de defensa judicial a su alcance y haya alegado, en sede judicial ordinaria, y siempre que ello fuera posible, la cuesti\u00f3n iusfundamental que alega en sede de tutela; (iii) que se cumpla el requisito de la inmediatez, es decir, que la tutela se hubiere interpuesto en un t\u00e9rmino razonable y proporcionado a partir del hecho que origin\u00f3 la vulneraci\u00f3n; (iv) en el caso de irregularidades procesales, se requiere que \u00e9stas tengan un efecto decisivo en la decisi\u00f3n de fondo que se impugna; y (v) que no se trate de sentencias de tutela\u00bb (CC. Sentencias C-590\/05; SU-813\/07). <\/p>\n
Resulta imprescindible entonces que en el examen previo se constate la presencia de los se\u00f1alados presupuestos, pero forzosamente se requiere que el supuesto de hecho planteado desvele una situaci\u00f3n en la que se hallen ciertamente comprometidos derechos fundamentales, de no ser as\u00ed, el amparo no puede prosperar, como lo ha sostenido esta Sala al precisar que para la procedencia de este instrumento se requiere: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) el cumplimiento de algunos requisitos, siendo uno de ellos y quiz\u00e1s el primero y m\u00e1s elemental, la existencia cierta del agravio, lesi\u00f3n o puesta en peligro de la prerrogativa constitucional invocada que demande la inmediata intervenci\u00f3n del juez de tutela en orden a hacerla cesar, motivo por el cual la solicitud de amparo debe contener un m\u00ednimo de demostraci\u00f3n en cuanto a la vulneraci\u00f3n que afecta los derechos que se quieren proteger, pues si no son objeto de ataque o coacci\u00f3n, carece de sentido hablar de la necesidad de la salvaguarda\u00bb (CSJ STC5337-2018, 26 abr. 2018, rad. 2018-00023-01, entre otras). <\/p>\n
3. Soluci\u00f3n al caso concreto <\/p>\n
Como se indic\u00f3, la queja constitucional de Diana Marcela Vargas Caicedo se circunscribe a cuestionar la inadmisibilidad de la impugnaci\u00f3n que formul\u00f3 contra la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Cundinamarca dentro de la acci\u00f3n de tutela 2021-00082 porque, en su sentir, la colegiatura accionada se apart\u00f3 injustificadamente de lo dispuesto en el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020, referente a las notificaciones personales y al precedente de la Sala de Casaci\u00f3n Laboral de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
Sin embargo, con relaci\u00f3n a dicho cuestionamiento, observa esta Sala que la decisi\u00f3n objeto de censura no entra\u00f1a el defecto atribuido por la gestora en la medida que responde a un criterio jur\u00eddicamente razonable, lo que torna inviable la protecci\u00f3n suplicada. <\/p>\n
Ciertamente, de los medios de convicci\u00f3n aportados se desprende que el fallo de tutela se notific\u00f3 de acuerdo con el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991 el 12 de mayo de 2021, mientras que el escrito por medio del cual formul\u00f3 la impugnaci\u00f3n, fue presentado el 20 de mayo siguiente; es decir, por fuera del plazo se\u00f1alado en el art\u00edculo 31 \u00eddem, pues como la comunicaci\u00f3n de la decisi\u00f3n se llev\u00f3 a cabo en la primera data en menci\u00f3n, el t\u00e9rmino para recurrirla comprend\u00eda los d\u00edas jueves 13, viernes 14 y martes 18 de mayo; no obstante, el memorial fue radicado dos d\u00edas h\u00e1biles despu\u00e9s de la \u00faltima calenda indicada y luego de culminado el horario laboral (5 y 20 de la tarde). <\/p>\n
Es preciso indicar que la notificaci\u00f3n en comento fue realizada con estricta observancia de lo previsto en los art\u00edculos 16 y 30 del Decreto 2591 de 1991, empleando \u00abel medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb, siendo, en el caso puntual los canales electr\u00f3nicos suministrados, por lo que Vargas Caicedo fue debidamente enterada de lo resuelto, teniendo la oportunidad de ejercer su derecho de defensa, pero lo hizo tard\u00edamente. <\/p>\n
Para la Corte, la manifestaci\u00f3n de la censora seg\u00fan la cual formul\u00f3 el recurso dentro de la oportunidad prevista en el Decreto 806 de 2020 no es de recibo por cuanto el Decreto 2591 de 1991 regula expresamente la forma de comunicar las providencias producidas al interior de la acci\u00f3n de tutela, por lo que resulta innecesario acudir a regulaciones externas pues no existe un vac\u00edo normativo que suplir a trav\u00e9s del principio de integraci\u00f3n normativa. <\/p>\n
Adem\u00e1s, esta Sala especializada tiene sentado que las previsiones del reciente decreto, no aplican cuando de acciones de tutela se trata, habida cuenta que esta herramienta de protecci\u00f3n responde a un tr\u00e1mite que, por mandato de la propia Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, debe ser preferente, sumario y desprovisto de las formalidades propias de otros procesos judiciales, de all\u00ed que, como lo ha indicado la Corte Constitucional, \u00abno result[e] admisible extender por analog\u00eda todas las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Civil al tr\u00e1mite de la acci\u00f3n de tutela, pues de esa manera podr\u00eda darse a la misma un tratamiento similar al de cualquier proceso civil, pese a que la Constituci\u00f3n exige para ella un procedimiento ‘sumario’, esto es simplificado, breve1\u00bb <\/p>\n
Ello es as\u00ed porque los fallos proferidos en un tr\u00e1mite supralegal se notifican \u00abpor el medio que el juez considere m\u00e1s expedito\u00bb sin que su comunicaci\u00f3n a trav\u00e9s de correo electr\u00f3nico haga suponer que se trata de la notificaci\u00f3n personal de que trata el art\u00edculo 8\u00ba del Decreto 806 de 2020. <\/p>\n
En efecto, en sentencia STC10854 de 2 de diciembre de 2020, se indic\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) contrario a lo razonado por el peticionario, el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 8 del Decreto 806 de 2020, citado ut supra, hace referencia espec\u00edfica a las decisiones judiciales que deben ser objeto de notificaci\u00f3n personal; cual no es el caso de los fallos de amparo. <\/p>\n
N\u00f3tese, el art\u00edculo 30 del Decreto 2591 de 1991, dispone: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Notificaci\u00f3n del fallo. El fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Y el precepto 31 ibidem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Impugnaci\u00f3n del Fallo. Dentro de los tres d\u00edas siguientes a su notificaci\u00f3n el fallo podr\u00e1 ser impugnado por el Defensor del Pueblo, el solicitante, la autoridad p\u00fablica o el representante del \u00f3rgano correspondiente, sin perjuicio de su cumplimiento inmediato (\u2026)\u201d. <\/p>\n
(\u2026) Conforme a lo antelado, como la aludida sentencia de tutela se profiri\u00f3 el 10 de septiembre y en esa misma data se notific\u00f3, el t\u00e9rmino para impugnarla corri\u00f3 durante los d\u00edas 11, 14 y 15, entre las 7am y las 4pm, por ser el horario establecido por el Consejo Superior de la Judicatura para radicar memoriales, conforme al Acuerdo CSJVAA20-43 de 22 de junio de 2020, debidamente publicado en la p\u00e1gina de la Rama Judicial. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, como la apoderada del aqu\u00ed gestor, alleg\u00f3 ese remedio vertical siendo las 4:32 pm del 15 de septiembre, no cabe duda, su interposici\u00f3n devino extempor\u00e1nea (\u2026)\u00bb <\/p>\n
As\u00ed las cosas, no existe la vulneraci\u00f3n alegada por Diana Marcela Vargas Caicedo, por lo que la tutela no est\u00e1 llamada a prosperar <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Se denegar\u00e1 el amparo, dada la inexistencia de la trasgresi\u00f3n, habida cuenta que la determinaci\u00f3n de la autoridad judicial demandada no entra\u00f1a el defecto atribuido por la promotora del resguardo. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley NIEGA el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las presentes diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CC A-287 de 2010 <\/p>\n
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