STC8341-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8341-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02040-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de esta Corporaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El solicitante, a trav\u00e9s de apoderada, reclama la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al debido proceso y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la Sala Especializada convocada. <\/p>\n
2. Expone en s\u00edntesis que, el 3 de agosto de 2020 solicit\u00f3 a la Sala de Casaci\u00f3n Penal la habilitaci\u00f3n del tr\u00e1mite de la doble conformidad frente a la sentencia que, en \u00fanica instancia, dict\u00f3 en su contra el 23 de noviembre de 2016 por los delitos de \u00abhomicidio con fines terroristas\u00bb y otros. <\/p>\n
Se\u00f1ala que, mediante auto del 16 septiembre de 2020 esa Sala concedi\u00f3 el recurso pretendido y dispuso que, efectuado el reparto entre los magistrados que no suscribieron el fallo condenatorio, le corresponder\u00e1 \u00abal Magistrado asignado, una vez conformada la Sala de Decisi\u00f3n [\u2026] dictar la decisi\u00f3n pertinente en que se indique al impugnante la fecha a partir de la cual empieza a correr el t\u00e9rmino para sustentar la impugnaci\u00f3n, que en este caso, ser\u00e1 el previsto en la Ley 600 de 2000 para el tr\u00e1mite del recurso de apelaci\u00f3n; vencido ese plazo correr\u00e1 el consagrado para los no recurrentes y luego ingresar\u00e1 el asunto al Despacho para decidir de fondo\u00bb. <\/p>\n
Destaca que, luego de notificado de la anterior determinaci\u00f3n, el 28 de octubre elev\u00f3 petici\u00f3n de ampliaci\u00f3n del alcance del estudio de la doble conformidad tambi\u00e9n por el delito de \u00abconcierto para delinquir \u2013 art\u00edculo 186 del Decreto Ley 100 de 1980\u00bb, dado que, en el auto precitado se restringi\u00f3 el an\u00e1lisis de la impugnaci\u00f3n a los punibles de \u00abhomicidio con fines terroristas en concurso homog\u00e9neo y sucesivo [\u2026] y la tentativa del mismo reato [\u2026] en el entendido que la determinaci\u00f3n adoptada por la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para la Paz de la JEP, auto TP-S.A. 401 de enero 13 de 2020 [\u2026] ha implicado la ruptura de la unidad procesal\u00bb. <\/p>\n
Frente a este punto, alega que la Sala incurri\u00f3 en defecto sustantivo por cuanto, la exclusi\u00f3n del estudio el delito de concierto para delinquir \u00abconstituye una interpretaci\u00f3n manifiestamente errada de las normas constitucionales y legales que establecen la competencia para revisar los fallos de la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz-JEP, seg\u00fan las cuales, tal como lo ha declarado la propia JEP, la revisi\u00f3n de los fallos de la Corte Suprema de Justicia corresponde a esa \u00f3rgano y no a la justicia transicional [\u2026] con independencia que los condenados por la Corporaci\u00f3n, se sometan, voluntariamente a la Jurisdicci\u00f3n\u00bb. <\/p>\n
Luego, indica que, pese a que no se ha adelantado el procedimiento precisado en el prove\u00eddo del 16 de septiembre de 2020, radic\u00f3 el 23 de febrero de 2021 ante la Sala aqu\u00ed accionada, memorial sustentando el recurso de impugnaci\u00f3n especial, del cual, \u00abse acus\u00f3 recibo del correo electr\u00f3nico el 25 de febrero de 2021\u00bb. <\/p>\n
Por todo, cuestiona esencialmente que, \u00aba la fecha han transcurrido m\u00e1s de 6 meses sin que se conforme la subsala llamada a conocer de la impugnaci\u00f3n especial presentada [\u2026] y adem\u00e1s, se avizora que la Sala de Casaci\u00f3n Penal se abstendr\u00e1 de conocer de la censura formulada contra la totalidad de los cargos por los que [\u2026] fue condenado\u00bb. <\/p>\n
Agreg\u00f3 finalmente que la mora que denuncia afecta sus derechos fundamentales como sujeto de especial protecci\u00f3n constitucional por tratarse de \u00abpersona de la tercera edad con 83 a\u00f1os que, tras haber sido sometido a una tortuosa actuaci\u00f3n judicial que se extendi\u00f3 por m\u00e1s de siete a\u00f1os y encontr\u00e1ndose privado de la libertad desde el a\u00f1o 2013, actualmente cuenta con una salud muy fr\u00e1gil y cuyo estado contin\u00faa agrav\u00e1ndose (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. En consecuencia, pide que \u00abse le ordene a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que imprima celeridad a la impugnaci\u00f3n especial [\u2026] presentada en raz\u00f3n a su condici\u00f3n de persona de la tercera edad (\u2026) se le ordene a la Sala Penal del Corte Suprema de Justicia conceder la impugnaci\u00f3n especial respecto del delito de concierto para delinquir\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en la misma providencia orden\u00f3 que, una vez agotado ese tr\u00e1mite, \u00abse corra traslado a la parte recurrente para la sustentaci\u00f3n de la impugnaci\u00f3n especial y a los no recurrentes para la presentaci\u00f3n de alegaciones de oposici\u00f3n y coadyuvancia\u00bb. <\/p>\n
Finalmente, explic\u00f3 que, \u00abla omisi\u00f3n que con raz\u00f3n reclama el accionante, se debi\u00f3 a un error inadvertido en su tr\u00e1mite interno, que bien hubiera podido superarse con una nota advirtiendo sobre la omisi\u00f3n de respuesta, sin necesidad de acudir a la acci\u00f3n constitucional\u00bb. <\/p>\n
2. El fiscal 5\u00ba delegado ante la Corte Suprema de Justicia, manifest\u00f3 que no ha intervenido en los tr\u00e1mites del recurso o mecanismo de impugnaci\u00f3n especial impetrado por la defensa de Maza M\u00e1rquez, aunque podr\u00e1 hacerlo \u00aben calidad de no recurrente, cuando la Sala integrada por tres magistrados de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, a que se refiere el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 235 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, llamada a resolver el asunto, surta los traslados inherentes (\u2026)\u00bb. <\/p>\n
3. Jos\u00e9 Miller Hormiga S\u00e1nchez, magistrado de la Sala de definici\u00f3n de situaciones jur\u00eddicas de la Jurisdicci\u00f3n Especial para La Paz, relacion\u00f3 lo acontecido ante esa justicia transicional en el caso del precursor del resguardo y destac\u00f3 que, ante esa Sala y la de \u00abReconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y Determinaci\u00f3n de los Hechos y Conductas (SRVR) por competencia concurrente del asunto, por considerar que su comparecencia ante la JEP puede contribuir al esclarecimiento de los hechos [\u2026] que se tramitan en el caso 06 \u201cvictimizaci\u00f3n de miembros de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica \u2013 UP\u201d abierto mediante auto [\u2026] del 26 de febrero de 2019\u00bb. <\/p>\n
4. El Procurador Tercero delegado para la Investigaci\u00f3n y Juzgamiento Penal se\u00f1al\u00f3 frente a la queja del actor que, \u00abdesde el momento en que se concede la impugnaci\u00f3n especial, hasta que se designa la Sala de decisi\u00f3n no existe un t\u00e9rmino que se haya visto desconocido por la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia. Esto, en tanto dicho tr\u00e1mite no [es] inmediato, toda vez que [es] un asunto complejo\u00bb, y complement\u00f3 que, no se desconoce que \u00abel tr\u00e1mite de las impugnaciones especiales, ha desencadenado una avalancha de solicitudes en este sentido, por lo que, aunque se ha presentado una mora [\u2026] esta se encuentra justificada en las razones expuestas\u00bb. <\/p>\n
5. El magistrado Danilo Rojas Betancourth, presidente de la Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n del Tribunal para La Paz solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n del tr\u00e1mite por cuanto, el accionante no dirige reclamos contra ninguna de las actuaciones o decisiones que esa corporaci\u00f3n adopt\u00f3 y, si bien en el escrito de demanda se menciona el auto TP-S.A.-401 de 2020 \u00abno se menciona hecho alguno que pueda interpretarse como una alegaci\u00f3n en contra de esta Secci\u00f3n en particular o de la JEP en general\u00bb. <\/p>\n
A\u00f1adi\u00f3 que, en todo caso, el asunto denominado \u00abvictimizaci\u00f3n de miembros de la Uni\u00f3n Patri\u00f3tica\u00bb en el que figura como postulado Miguel Alfredo Maza M\u00e1rquez, se encuentra en tr\u00e1mite ante la Sala de Definici\u00f3n de Situaciones Jur\u00eddicas y de forma paralela en la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad\u00bb. <\/p>\n
6. El Procurador 317 Judicial Penal II solicit\u00f3 se deniegue la tutela, pero indic\u00f3 que, aunque existe una dilaci\u00f3n para conformar la sala decisoria encargada de proferir la sentencia que resuelva la impugnaci\u00f3n especial propuesta por el actor, lo que corresponde es que se exhorte a la Sala de Casaci\u00f3n Penal para que proceda en ese sentido. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer preliminarmente si la demanda satisface el requisito de la subsidiariedad, y de superarse lo anterior, si la Sala de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las prerrogativas invocadas por el quejoso al: (i) no pronunciarse frente al recurso de impugnaci\u00f3n especial que present\u00f3 el 3 de agosto de 2020, concedido mediante auto del 16 de septiembre de 2020, incurriendo, supuestamente, en mora judicial; y (ii) no incluir (seg\u00fan el auto referido) en el an\u00e1lisis de la doble conformidad el delito de \u00abconcierto para delinquir\u00bb, al estimar que se present\u00f3 ruptura de la unidad procesal dada la postulaci\u00f3n admitida de dicho punible en la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz. <\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la salvaguarda \u00absolo proceder\u00e1 cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial\u00bb, disposici\u00f3n reafirmada por el art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991, acorde con el cual \u00ab\u2026no proceder\u00e1: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales\u00bb; de manera que, si las personas tienen a su alcance mecanismos regulares de protecci\u00f3n o los mismos hayan sido instaurados y est\u00e9n siguiendo su curso normal, a ellos se debe atener previo a acudir ante el juez de amparo. <\/p>\n
Al efecto, la Sala ha se\u00f1alado: <\/p>\n
\u00ab(\u2026)\u2026Insistentemente se ha dicho por la jurisprudencia constitucional, que esta acci\u00f3n p\u00fablica no se erige en mecanismo sustituto o paralelo de los instrumentos o procedimientos ordinarios creados por el legislador, para debatir t\u00f3picos no controvertibles en sede constitucional, pues debido a su finalidad ius fundamental no est\u00e1 concebida para sustituirlos o desplazarlos \u201csino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta afectada o amenazada en una garant\u00eda de rango superior con ocasi\u00f3n de una arbitrariedad jurisdiccional, hubiese carecido o carezca de recursos judiciales para atacarla\u00bb (CSJ STC, 16 jul. 2012, rad. 2012-00997-01; STC, 24 sep. 2012, rad. 2012-00320-01). <\/p>\n
3. Caso concreto. <\/p>\n
3.1. Bajo tales premisas, del estudio de la queja formulada por el aqu\u00ed tutelante consistente, en primer t\u00e9rmino, en cuestionar la supuesta mora de la Sala Especializada accionada en resolver el recurso de impugnaci\u00f3n especial radicado el 3 de agosto de 2020 y concedido mediante auto del 16 de septiembre de ese mismo a\u00f1o, cabe advertir que reclamos de esta especie tienen en principio otra v\u00eda a trav\u00e9s de la cual es posible denunciar el proceder irregular y\/u omisivo que se reprocha, en cuyo caso ser\u00eda la recusaci\u00f3n1. <\/p>\n
De la posibilidad o alternativa enunciada, es preciso indicar que se trata de un instrumento legal previsto en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u2013 Ley 600 de 2000, que rige la actuaci\u00f3n judicial en cuesti\u00f3n \u2013 y que contempla como causal de impedimento \u00ab[q]ue el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u00bb; por lo tanto, se erige como un medio jur\u00eddico apto para reclamar la ausencia de pronunciamiento oportuno en las causas bajo el direccionamiento de los operadores judiciales. <\/p>\n
En tal sentido, frente a reclamos del mismo tenor en materia penal, esta Sala ha puntualizado que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) en relaci\u00f3n con la vulneraci\u00f3n al derecho fundamental al debido proceso por la presunta mora (\u2026) concluye la Sala la improcedencia de la protecci\u00f3n solicitada porque \u00e9l [accionante] tiene a su alcance otro mecanismo de defensa\u2026Ciertamente el ordenamiento procesal penal prev\u00e9 dentro de las causales de impedimento, con base en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004 y en el numeral 7\u00ba del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000, la situaci\u00f3n en la cual \u2018(\u2026) el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, as\u00ed como en los art\u00edculos 60 y 105 respectivamente. Las normas se\u00f1aladas disponen que si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declara \u2018(\u2026) cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, y en ese sentido, dichos instrumentos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario ser\u00edan invadidas injustificadamente las privativas funciones y la competencia de otras autoridades\u00bb (CSJ STC, 22 ag. 2014, exp. 00633-00, citado en STC5047-2016, 21 abr. 2016, rad. 2016-00481-01). <\/p>\n
Y en otra ocasi\u00f3n, se resalt\u00f3 que, <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u201d\u00bb (CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01, reiterada el 8 de octubre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02360-00). <\/p>\n
Entonces, si el ordenamiento jur\u00eddico prev\u00e9 mecanismos judiciales mediante los cuales el afectado puede ventilar su inconformidad para remediar la tardanza que reprocha en la resoluci\u00f3n de su caso, mal har\u00eda el juez de tutela interviniendo en una cuesti\u00f3n que, en principio, cuenta con un tr\u00e1mite espec\u00edfico para su alegaci\u00f3n, lo cual en definitiva deviene en la improcedencia de la acci\u00f3n. <\/p>\n
Id\u00e9ntico camino se advierte respecto de la petici\u00f3n que elev\u00f3 el accionante por intermedio de su defensor el 28 de octubre de 2020, orientada a que la Hom\u00f3loga Penal extienda el estudio que comprender\u00e1 el recurso de la impugnaci\u00f3n especial tambi\u00e9n al il\u00edcito de concierto para delinquir, descartado por la tutelada en el prove\u00eddo que concedi\u00f3 dicho remedio, consecuencia de la ruptura de la unidad procesal configurada a partir de la admisi\u00f3n (\u00fanicamente frente a ese punible) de la postulaci\u00f3n que el actor invoc\u00f3 de su caso ante la Jurisdicci\u00f3n Especial para la Paz (auto TP-S.A. 401 de 13 de enero de 2020 \u2013 Tribunal para la Paz \u2013 Secci\u00f3n de Apelaci\u00f3n). <\/p>\n
3.2. Finalmente, cabe agregar que, la inviabilidad de este auxilio se refuerza porque, en todo caso, la decisi\u00f3n de incluir o no el delito de concierto para delinquir en el examen de la doble conformidad, le corresponde adoptarla exclusivamente a la Sala acusada a trav\u00e9s de un pronunciamiento que determine la pertinencia jur\u00eddica de ese requerimiento. <\/p>\n
De manera que, mientras ello no suceda, no puede aceptarse que por medio de este tr\u00e1mite excepcional se pretenda proveer soluci\u00f3n a controversias que incumbe dirimir a la accionada, pues este amparo no se ha concebido como un mecanismo sustitutivo de los medios de defensa establecidos por la ley o para anticiparse a las decisiones que compete proferir a la justicia ordinaria. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
La presente demanda desatiende el car\u00e1cter subsidiario que la gobierna, ya que, al tutelante, respecto de la presunta mora judicial que denuncia de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, antes de acudir a la salvaguarda, debe agotar todos los instrumentos jur\u00eddicos id\u00f3neos que tenga a disposici\u00f3n, para formular ese tipo inconformidades. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la tutela de la referencia. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo ac\u00e1 resuelto a las partes por un medio expedito, y de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Consultado por esta Sala el historial del proceso en la p\u00e1gina web de la Rama Judicial \u2013 sistema Siglo XXI \u2013 se tiene que, desde el 15 de octubre de 2020 la ponencia del tr\u00e1mite de la doble conformidad fue asignado al Magistrado Fabio Ospitia Garz\u00f3n, de la Sala de Casaci\u00f3n Penal. <\/p>\n
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STC8341-2021 LUIS ALONSO RICO PUERTA Magistrado ponente STC8341-2021 Radicaci\u00f3n n\u00ba 11001-02-03-000-2021-02040-00 (Aprobado en sesi\u00f3n de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Miguel Alfredo Maza […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55460","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55460","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55460"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55460\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55460"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55460"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55460"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}