STC8342-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8342-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01866-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Amritzar S.A. frente a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior de Distrito Judicial y, el Juzgado Segundo Civil del Circuito, ambos de Valledupar; tr\u00e1mite al que fueron integrados la ESE Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez, Oftalm\u00f3logos Asociados S.A.S., as\u00ed como la Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud EPS-S (Emdisalud) en liquidaci\u00f3n. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. La sociedad convocante deprec\u00f3, a trav\u00e9s de apoderado, la protecci\u00f3n de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abACCESO A LA ADMINISTRACI[\u00d3]N DE JUSTICIA, \u2026PETICI[\u00d3]N, SEGURIDAD JUR\u00cdDICA Y CONFIANZA LEG[\u00cd]TIMA\u00bb, presuntamente conculcados por los dispensadores jurisdiccionales requeridos. <\/p>\n
En concreto, que se ordene restar valor a los autos de 2 de octubre (parcialmente), 16 de diciembre de 2020 y 24 de mayo de 2021, proferidos dentro del dossier n.\u00b0 \u00ab2017-00122\u00bb; igualmente, \u00abel fraccionamiento y posterior entrega del t\u00edtulo judicial No. 424030000613462\u00bb en proporci\u00f3n a su acreencia y a lo urgido por el agente liquidador de Emdisalud EPS-S. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Como sustento sostuvo que ante el juzgado repelido se surte, bajo la radicaci\u00f3n descrita a espacio, demanda ejecutiva iniciada por la ESE Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez contra Emdisalud EPS-S para el pago de unas facturas \u00abpor concepto de prestaci\u00f3n de servicios de salud\u00bb. <\/p>\n
Adujo que en dicho rito fueron acumulados los cobros impulsados por ella y Oftalm\u00f3logos Asociados S.A.S., respecto a la misma demandada, en todos los casos, con imposici\u00f3n de medidas cautelares. <\/p>\n
Coment\u00f3 que el despacho cognoscente, luego de continuar las ejecuciones, dispuso aprobar las liquidaciones del cr\u00e9dito en favor suyo, por valor total de \u00ab$2.961.949.055,04\u00bb, mediante providencias de 15 y 29 de marzo de 2019, aunque con los abonos derivados de las cautelativas qued\u00f3 un \u00absaldo\u00bb pendiente de \u00ab$834.556.883\u00bb. <\/p>\n
Anot\u00f3 que el 18 de septiembre siguiente hubo de solicitar \u00abel fraccionamiento del t\u00edtulo judicial No. 424030000613462\u00bb creado el d\u00eda 10 anterior por \u00ab$1.560.303.447,88\u00bb; petitorio reiterado en varias ocasiones. <\/p>\n
Expres\u00f3 que el agente liquidador de la ejecutada puso en conocimiento del juzgado, el 9 de octubre subsecuente, \u00abla Resoluci\u00f3n No. 8929\u00bb (2 oct. 19), con la que la Superintendencia de Salud opt\u00f3 por llevar a cabo la \u00abtoma de posesi\u00f3n\u00bb, para la liquidaci\u00f3n de aquella. <\/p>\n
Remarc\u00f3 que el estrado natural conmin\u00f3 a la suspensi\u00f3n del litigio y su remisi\u00f3n con destino a la liquidaci\u00f3n de la enjuiciada Emdisalud, en auto de 19 de noviembre del mismo a\u00f1o, desestimando el levantamiento de las cautelares. Pronunciamiento confirmado el 20 de febrero de 2020, en senda de reposici\u00f3n formulada por la demandada y, adicionado en aras de acceder al fraccionamiento de t\u00edtulo mencionado l\u00edneas arriba. <\/p>\n
En la \u00faltima determinaci\u00f3n referida se dio luz verde a la apelaci\u00f3n en subsidio intentada por Emdisalud frente al interlocutorio de 19 de noviembre de 2019, zanjada por el tribunal repelido con prove\u00eddo de 24 de mayo de 2021 en punto a revocar lo referente al mantenimiento de las cautelativas, orden\u00e1ndose as\u00ed que fueran levantadas y, consecuencialmente, el env\u00edo de los dep\u00f3sitos judiciales al agente liquidador. <\/p>\n
La tutelante critic\u00f3, en compendio, i) que en auto de 2 de octubre de 2020 el juzgado accionado permitiera impartir curso a la apelaci\u00f3n interpuesta por la ejecutada en torno a la providencia de 20 de febrero (permisiva al fraccionamiento de t\u00edtulo), pues ello desatiende el mandato de taxatividad contemplado en el art\u00edculo 321 del C\u00f3digo General del Proceso; ii) que en interlocutorio de 16 de diciembre ejusdem tal fallador cognoscente dejara de lado la posibilidad de zanjar la entrega del dep\u00f3sito, y iii) que la colegiatura confutada dirimiera en apelaci\u00f3n lo referente a ordenar la remisi\u00f3n de los dep\u00f3sitos judiciales al agente liquidador de Emdisalud, sin atender sus reparos como extremo no recurrente, el hecho de que para cuando inici\u00f3 la liquidaci\u00f3n ya estaba en firme la tasaci\u00f3n del cr\u00e9dito ejecutivo e, igualmente, el cierre del per\u00edodo de reclamaciones frente a la toma de posesi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. Esta Corte admiti\u00f3 el pedimento de resguardo, rehus\u00f3 la aspiraci\u00f3n provisional rogada, emprendi\u00f3 las comunicaciones de rigor y, pidi\u00f3 rendir los reportes de que trata el art\u00edculo 19 del decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Valledupar defendi\u00f3 la pertinencia de su decisi\u00f3n y desminti\u00f3 toda ausencia de trasgresi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
2. El Juzgado Segundo Civil del Circuito \u00eddem manifest\u00f3 atenerse a lo acreditado en las foliaturas de ejecuci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Empresa Mutual para el Desarrollo Integral de la Salud EPS-S (Emdisalud) en liquidaci\u00f3n enunci\u00f3 que debe respetarse el rito liquidatorio y que no se verifica perjuicio irremediable alguno, pues la accionante acudi\u00f3 en esa tramitaci\u00f3n especial, de donde, en su sentir, ha de mantenerse lo dictaminado por la colegiatura encartada. <\/p>\n
<\/p>\n
4. Oftalm\u00f3logos Asociados S.A.S. comparti\u00f3 los argumentos de la accionante. <\/p>\n
<\/p>\n
5. La ESE Hospital Rosario Pumarejo de L\u00f3pez guard\u00f3 silencio. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Al tenor del canon 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, por los particulares, cuya naturaleza residual no permite sustituir o desplazar los escenarios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones jurisdiccionales, el resguardo cabe de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable \u00abv\u00eda de hecho\u00bb, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por antonomasia, se cumpla el mandato de inmediatez. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Delanteramente se tiene que la gestora rehus\u00f3 recurrir en reposici\u00f3n el auto proferido por el juzgado perseguido el 2 de octubre de 2020 en lo que estimaba contrario a sus intereses; n\u00f3tese, el implemento de amparo fluye como un instrumento operante s\u00f3lo bajo la ausencia de medios \u00f3ptimos de protecci\u00f3n, el cual \u00abno est\u00e1 concebid[o] para sustituirlos o desplazarlos, subsanar falencias procesales (\u2026), ni mucho menos para restablecer oportunidades precluidas o t\u00e9rminos fenecidos\u00bb (Se resalt\u00f3 – CSJ STC, 8 abr. 2008, rad. 00065-01; reiterada, entre muchas otras, en STC, 4 jun. 2013, rad. 00585-01; STC, 21 ag. 2013, rad. 01258-01; y STC, 17 sep. 2013, rad. 01329-01). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Por otro lado, refulge innecesario indagar sobre lo resuelto por tal estrado judicial mediante prove\u00eddo de 16 de diciembre ib\u00eddem, en lo tocante a las solicitudes encaminadas a obtener la entrega de t\u00edtulos judiciales, dado que, a la postre, la decisi\u00f3n que acaparar\u00e1 el an\u00e1lisis es la que el tribunal encartado acab\u00f3 por proferir el 24 de mayo de 2021, en tanto fue la que finiquit\u00f3, en apelaci\u00f3n, toda controversia al respecto, como pasa a dilucidarse. <\/p>\n
<\/p>\n
4. N\u00f3tese que all\u00ed, en lo relevante, el juez ad-quem esgrimi\u00f3: <\/p>\n
(\u2026)la Superintendencia Nacional de Salud se encuentra investida legalmente para ordenar la liquidaci\u00f3n de entidades prestadoras del servicio de salud. Para tal efecto, por mandato expreso del legislador, se debe ce\u00f1ir a las disposiciones procedimentales previstas especialmente en el Decreto ley 663 de 1993 \u2013Estatuto Org\u00e1nico del Sistema Financiero\u2013 Ley 510 de 1999 y el otrora Decreto 2418 de 199, hoy ya derogado y sustituido por el Decreto 2555 de 2010 \u2013norma esta que, a su vez, hace remisi\u00f3n a los art\u00edculos 20 y 70 de la Ley 1116 de 2006-. <\/p>\n
Una vez entrada la entidad en etapa de liquidaci\u00f3n forzosa, se abre paso, como es apenas l\u00f3gico, al proceso liquidatario. Dicho tr\u00e1mite, desde luego, tendr\u00e1 repercusi\u00f3n en los procesos de ejecuci\u00f3n que se sigan en contra de la entidad a la cual se ha ordenado su finiquito\u2026 <\/p>\n
Igual disposici\u00f3n se consagra en el art\u00edculo 9.1.1.1.1., literal d) del Decreto 2555 de 2010 y en el art\u00edculo 20 de la Ley 1116 de 2006, todas estas aplicables al tr\u00e1mite de liquidaci\u00f3n forzosa de entidades prestadoras del servicio de salud por remisi\u00f3n normativa. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se colige claramente que el estado de liquidaci\u00f3n forzoso de una entidad produce, inexorablemente, que los procesos ejecutivos que se tramiten en contra de aquella se suspendan inmediatamente y, en consecuencia, sean remitidos al tr\u00e1mite liquidatorio, sede en la cual se cancelar\u00e1n las acreencias de acuerdo a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos. <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
La raz\u00f3n de lo anterior es evidente: si el proceso liquidatorio es, en esencia, un tr\u00e1mite concursal donde las obligaciones se satisfacen de acuerdo a la prelaci\u00f3n de cr\u00e9ditos, resulta il\u00f3gico \u2013 y ajeno a dicha finalidad\u2013 permitir la vigencia o interposici\u00f3n de procesos ejecutivos en contra de la entidad sometida a dicho procedimiento. <\/p>\n
Ahora bien, la suspensi\u00f3n de los procesos ejecutivos, per se, no materializa la esencia y finalidad de la liquidaci\u00f3n administrativa, habida cuenta que aquella debe ir acompa\u00f1ada del consecuencial levantamiento de las medidas cautelares que se hubiesen decretado al interior de los mismos. De no ser as\u00ed, el tr\u00e1mite concursal fuera totalmente inocuo e ilusorio los derechos de los acreedores que participen en el mismo. <\/p>\n
Ciertamente, permitir que las cautelas decretadas en los procesos de ejecuci\u00f3n se mantengan vigentes, ser\u00eda impedir el correcto funcionamiento del tr\u00e1mite liquidatorio y la consecuencial satisfacci\u00f3n de las acreencias presentadas. Lo anterior, habida consideraci\u00f3n que al agente liquidador le ser\u00e1 imposible \u2013material y jur\u00eddicamente\u2013 satisfacer las obligaciones debidas si no cuenta con la plena disposici\u00f3n de los bienes de la entidad. De ah\u00ed que el art\u00edculo 116, literal e, del Estatuto Org\u00e1nico Financiero disponga que el tr\u00e1mite liquidatorio conlleva, entre otras cosas, \u00ab[l]a cancelaci\u00f3n de los embargos decretados con anterioridad a la toma de posesi\u00f3n que afecten bienes de la entidad\u00bb\u2026 <\/p>\n
La Corte Constitucional, al estudiar la exequibilidad del art\u00edculo 6 del Decreto 254 de 2000 \u2013r\u00e9gimen para la liquidaci\u00f3n de las entidades p\u00fablicas del orden nacional, al cual se le aplica tambi\u00e9n el Estatuto Org\u00e1nico Financiero\u2013 dispuso que \u00abla terminaci\u00f3n de los procesos ejecutivos en curso y la cancelaci\u00f3n de las medidas cautelares practicadas no constituyen un desconocimiento del debido proceso, [en la medida que es un] medio para materializar los objetivos que se persiguen con el fuero de atracci\u00f3n del proceso de liquidaci\u00f3n, a saber, la provisi\u00f3n de igualdad de oportunidades para todos los acreedores de entidades p\u00fablicas nacionales que pretenden hacer efectivos sus cr\u00e9ditos a cargo del patrimonio p\u00fablico afecto a procesos de liquidaci\u00f3n\u2026\u00bb. [CC C-382\/05.] <\/p>\n
En ese orden de ideas, surge de manera di\u00e1fana que la suspensi\u00f3n de los procesos ejecutivos debe ir acompa\u00f1ada, si a ello hubiere lugar, del levantamiento de las medidas cautelares decretadas al interior del mismo. Tal facultad, desde luego, la ostenta el juez de conocimiento. A decir verdad, nadie podr\u00e1 tener mayor investidura y competencia para levantar las cautelas, que el mismo juzgador que las decret\u00f3. [CE Secci\u00f3n 1ra. 23 oct. 2014, rad. 2007-00007-00.] <\/p>\n
(\u2026) <\/p>\n
Aterrizando al caso\u2026, se encuentra acreditado que, mediante Resoluci\u00f3n No. 8929 de 2 de octubre de 2019, la Superintendencia Nacional de Salud dispuso, entre otras cosas, la toma de posesi\u00f3n de los bienes de la entidad EMDISALUD E.P.S-S y su liquidaci\u00f3n forzosa. <\/p>\n
De entrada, se advierte el yerro en el que incurri\u00f3 el A-quo, en la medida que, en virtud de la liquidaci\u00f3n atr\u00e1s referenciada, suspendi\u00f3 el proceso ejecutivo \u2013y los acumulados a \u00e9l\u2013 pero se abstuvo de levantar las medidas cautelares decretadas al interior de los mismos, desconociendo con ello la jurisprudencia y la normativa sobre el particular, am\u00e9n de la esencia y finalidad del tr\u00e1mite liquidatorio. <\/p>\n
Todo lo expuesto ab initio corrobora que el Juez de primer grado s\u00ed ten\u00eda competencia para levantar las cautelas que pesaban en contra de la ejecutada en el proceso, adem\u00e1s de que era su deber hacerlo, habida cuenta que el agente liquidador de Emdisalud E.P.S-S, doctor Luis Carlos Ochoa Cadavid, le puso de presente la orden administrativa de liquidaci\u00f3n y le solicit\u00f3, aparte de la suspensi\u00f3n del proceso, el levantamiento de las medidas cautelares, en aras de seguir con el tr\u00e1mite concursal. <\/p>\n
Todo eso fue soslayado por el juzgador, incurriendo as\u00ed en un grave error que desnaturaliz\u00f3 el correcto funcionamiento del proceso liquidatorio administrativo. <\/p>\n
De otra parte, si bien es cierto, el fallo de tutela de 11 de diciembre de 2019, proferido por el Juzgado Penal del Circuito de Lorica, C\u00f3rdoba, orden\u00f3 la suspensi\u00f3n de los efectos de la Resoluci\u00f3n 8929 de 2019, no lo es menos que dicho prove\u00eddo fue revocado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Monter\u00eda \u2013 Sala Penal, mediante sentencia de fecha 5 de marzo de 2020… En ese orden, la resoluci\u00f3n en comento mantiene total eficacia y vigencia. <\/p>\n
Suficientes disquisiciones para colegir que le asiste raz\u00f3n al recurrente, raz\u00f3n por la cual se proceder\u00e1 a revocar el numeral 2\u00ba del auto de 19 de noviembre de 2019 y, en su lugar, se ordenar\u00e1 el levantamiento de las medidas cautelares que pesan sobre la ejecutada. En consecuencia, se pondr\u00e1n a disposici\u00f3n del Agente Liquidador de EMDISALUD E.P.S-S, doctor Luis Carlos Ochoa Cadavid, los dep\u00f3sitos judiciales que se encuentren en el proceso, a fin de que dichas sumas hagan parte de la masa o acervo de liquidaci\u00f3n\u2026 (\u00c9nfasis ajeno). <\/p>\n
Providencia que al margen de compartirse no subyace arbitraria, subjetiva o antojadiza, pues se supedit\u00f3 al ordenamiento y al caudal suasorio acopiado, lo que descarta las trasgresiones aducidas y, por ende, las r\u00e9plicas no encuentran recibo en esta sede especial\u00edsima de auxilio. <\/p>\n
Es que, en rigor, la convocante revela un mero desacuerdo en torno a la forma en que el tribunal encartado opt\u00f3 por ordenar el levantamiento de las medidas cautelares vigentes y poner a disposici\u00f3n del agente liquidador de la enjuiciada Emdisalud los t\u00edtulos judiciales generados dentro del proceso disentido, sobre la base de que, en compendio, acorde al Estatuto Financiero la toma de posesi\u00f3n con fines de liquidaci\u00f3n de las EPS\u00b4s conlleva a la suspensi\u00f3n de los ritos ejecutivos en curso y, consecuencialmente, a la cancelaci\u00f3n de las cautelas. <\/p>\n
Planteamientos que dif\u00edcil es desaprobarlos de plano o calificarlos de absurdos o aviesos, \u00abm\u00e1xime si [los] que [se] ha[n agotad]o no resulta[n] contrari[os] a la raz\u00f3n[;] es decir[,] si no est\u00e1 demostrado el defecto apuntado\u2026, ya que con ello se desconocer\u00edan normas de orden p\u00fablico(\u2026) y [se] entrar\u00eda a la relaci\u00f3n procesal a usurpar las funciones asignadas\u00bb con validez en la definici\u00f3n del \u00abconflicto de intereses\u00bb (CSJ STC, 11 en. 2005, rad. 1451; reiterada en STC7135, 2 jun. 2016, rad. 01050). <\/p>\n
Tambi\u00e9n es tema averiguado que divergir del fundamento de una resoluci\u00f3n judicial no desemboca, per se, en una vulneraci\u00f3n ostensible, si en cuenta se tiene que \u00abno se puede recurrir a la acci\u00f3n tutelar para imponer al fallador una determinada interpretaci\u00f3n de las normas procesales aplicables al asunto sometido a su estudio o una espec\u00edfica valoraci\u00f3n probatoria, a efectos de que su raciocinio coincida con el de las partes\u00bb (CSJ STC, 18 abr. 2012, rad. 0009-01; CSJ STC, 27 jun. 2012, rad. 00088-01; y CSJ STC, 12 ago. 2013, rad. 00125-01; reiterado en STC18711, 10 nov. 2017). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Se impone, entonces, cerrar paso a la clama perseguida. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, deniega el amparo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese por el medio m\u00e1s expedito a los interesados y, de no impugnarse, env\u00edense las diligencias a la Corte Constitucional para lo de su atribuci\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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