STC8343-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8343-2021 <\/p>\n
(Aprobado en Sala de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Carol Viviana Pareja Olivar contra la Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla y el Juzgado Octavo de Familia de esa ciudad, tr\u00e1mite al cual fueron vinculadas las partes e intervinientes en la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2021-00086. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Obrando en nombre propio, la querellante reclama la protecci\u00f3n de sus garant\u00edas esenciales al debido proceso, igualdad, \u00abacceso al empleo p\u00fablico (\u2026) confianza leg\u00edtima (\u2026) dignidad humana\u00bb, presuntamente conculcadas por la autoridades acusadas al proferir los fallos de primera y segunda instancia, en virtud de la precitada acci\u00f3n de tutela. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la resoluci\u00f3n del auxilio: <\/p>\n
2.1. Carol Viviana Pareja Olivar, interpuso solicitud de amparo frente a la Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC, pretendiendo que \u00abse ordene a las accionadas que realicen los tr\u00e1mites administrativos para dar cumplimiento a lo previsto en el art\u00edculo 1\u00ba del Decreto 498 de 2020, autorizando y usando la lista de elegibles conformada mediante Resoluci\u00f3n No. CNSC-20182120135115 del 17 de octubre de 2018, respecto al cargo de OFICINISTA GRADO 2 c\u00f3digo 57356, en uno de los empleos de carrera administrativa que se encuentran en provisionalidad, encargo o vacantes. Solicita adem\u00e1s que se ordene a la CNSC aplique el criterio de fecha 22 de septiembre de 2020, y oferten los empleos del cargo de OFICINISTA GRADO 2 en la oferta p\u00fablica de empleos, para que, los que hagan parte de la lista de elegibles opten por ella, y, una vez autorizada la lista de elegibles, se ordene al SENA proceder a efectuar su nombramiento en una de las vacantes declarada desierta o vacantes, o empleos cubiertos en provisionalidad, o por encargo con posterioridad a la conformaci\u00f3n de la lista. Igualmente solicita se ordene la inaplicaci\u00f3n por constitucionalidad del criterio unificado del 16 de enero de 2020 de la CNSC referente al uso de listas de elegibles en el contexto de la Ley 1960 de 2019\u00bb. <\/p>\n
2.2. El asunto fue asignado por reparto al Juzgado Octavo de Familia de Barranquilla, quien deneg\u00f3 el auxilio el 18 de marzo de 2021 \u00ab(\u2026) al no configurarse los presupuestos de vulneraci\u00f3n de los derechos fundamentales invocados\u00bb. Determinaci\u00f3n que fue objeto de impugnaci\u00f3n por la interesada, no obstante, fue confirmada por la Sala Civil Familia del Tribunal Superior de esa ciudad, en providencia de 11 de mayo anterior, destacando que \u00ab(\u2026) en este caso concreto, no es posible la aplicaci\u00f3n del precedente jurisprudencial tra\u00eddo a colaci\u00f3n, por cuanto la lista de elegibles de la cual hac\u00eda parte la Accionante no se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
2.3. Inconforme con los anteriores fallos, la promotora acude a trav\u00e9s de este excepcional mecanismo afirmando que \u00aben ninguna parte de las dos sentencias se observa una valoraci\u00f3n correcta de las pruebas por [ella] presentadas, pues el SENA y la CNSC nunca han realizado un estudio de equivalencias para la OPEC en la que [ella] particip[\u00f3] y, por lo tanto, ese estudio de equivalencia nunca se pudo haber presentado ante el juez o ante el Tribunal, cosa que efectivamente se puede corroborar\u00bb. <\/p>\n
Agrega, que \u00abno le dan una aplicaci\u00f3n retrospectiva a la Ley 1960 de 2019, ni aplicaron lo contemplado en el decreto 498 de 2020 (\u2026) las sentencias de primera instancia y segunda desconocen el precedente jurisprudencial de la Corte Constitucional, que se encuentran en las sentencias T-340 de 2020, T-081 de 2021 sentencias que trataron lo relacionado con la Ley 1960 de 2019, el decreto 498 de 2020\u00bb. <\/p>\n
Asegura, que \u00ab(\u2026) tambi\u00e9n desconocen el precedente jurisprudencial establecido en la C-084 de 2018 donde claramente se establecieron unas reglas para los nombramientos en carrera administrativa\u00bb. <\/p>\n
Reitera, los argumentos que sirvieron como fundamento de la precitada acci\u00f3n constitucional, destacando que \u00abexpli[c\u00f3] las razones por las cuales [ella] deb\u00eda ser nombrada, con un escrito de tutela de aproximadamente 63 p\u00e1ginas, y m\u00e1s de 1800 p\u00e1ginas entre anexos y pruebas, demostrando ampliamente que hay vacantes en [ese] instante en las que pued[e] ser nombrada, sin embargo, el a quo y el ad quem no siguieron el debido proceso para analizar [su] caso\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. En consecuencia, pretende que a trav\u00e9s de \u00e9sta excepcional senda constitucional \u00abse dejen sin efectos jur\u00eddicos la sentencia del JUZGADO OCTAVO DE FAMILIA DE ORALIDAD DE BARRANQUILLA; y la sentencia del TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BARRANQUILLA SALA TERCERA DE DECISI\u00d3N CIVIL-FAMILIA. Y en su lugar se tomen todas las determinadas para [su] nombramiento en periodo de prueba teniendo en cuenta la regla establecida en la sentencia C-084 de 2018 en relaci\u00f3n con el derecho adquirido\u00bb. Lo anterior, con la finalidad de \u00abevitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, por lo cual solicit[a] se [le] conceda [su] pretensi\u00f3n aunque sea de forma transitoria mientras pued[a] acudir a la Jurisdicci\u00f3n de lo Contencioso Administrativo\u00bb. <\/p>\n
RESPUESTA DE LOS ACCIONADOS Y VINCULADOS <\/p>\n
<\/p>\n
1. La directora regional Atl\u00e1ntico del Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, solicit\u00f3 que se desestimaran las pretensiones de la gestora, precisando que en el tr\u00e1mite objeto de censura se respetaron las garant\u00edas que reclama. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Marelys del Carmen Novoa Escorcia, se opuso a la prosperidad del auxilio destacando que \u00abla accionante pretende por v\u00eda constitucional un empleo con una lista de elegibles que perdi\u00f3 vigencia\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La Sala Civil Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, por conducto de una de sus magistradas, se\u00f1al\u00f3 que el amparo se torna improcedente \u00aben virtud que no se vislumbra que el fundamento alegado por la aqu\u00ed accionante constituya una situaci\u00f3n que se adecue a las causales expuestas, por cuanto, existe identidad procesal, al pretender su nombramiento en periodo de prueba, pues considera que tiene derecho a ser nombrada en carrera administrativa en el SENA, cuando la lista de elegibles de la cual hac\u00eda parte la Accionante, no se encuentra vigente\u00bb. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La Comisi\u00f3n Nacional del Servicio Civil -CNSC, manifest\u00f3, en s\u00edntesis, que, \u00aben el caso sub examine no resulta razonable hacer uso de la lista de elegibles, toda vez que sobre el acto administrativo mediante el cual se conform\u00f3 la lista de elegibles acaeci\u00f3 la perdida de fuerza ejecutoria, as\u00ed como por cuanto durante la vigencia de la lista no se encontr\u00f3 solicitud de autorizaci\u00f3n de uso de la lista para proveer vacante alguna de conformidad con lo reportado con la entidad, en consonancia con lo instituido en el Criterio Unificado del 16 de enero de 2020 \u201cuso de listas de elegibles en el contexto de la ley 1960 de 27 de junio de 2019\u201d\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
<\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico. <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer si las autoridades accionadas transgredieron las garant\u00edas esenciales reclamadas por la convocante en desarrollo de la acci\u00f3n constitucional n\u00ba 2021-00086, al emitir los fallos de primera y segunda instancia que datan de 18 de marzo y 11 de mayo hoga\u00f1o, respectivamente. <\/p>\n
<\/p>\n
2. Improcedencia de la tutela contra providencias de la misma naturaleza. <\/p>\n
La acci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica no procede respecto de un asunto similar, ya que el legislador cre\u00f3 como \u00fanicos medios de contradicci\u00f3n en estos casos la impugnaci\u00f3n y la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional, pues: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00\u00bb (CSJ STC, 21 feb. 2011, exp. 2010-00723-01, reiterada entre otras en STC4241-2016, 7 abr. 2016, rad. 00031-01). <\/p>\n
Asimismo, la postura de la Corte Constitucional es reiterada respecto de la improcedencia del auxilio bajo las circunstancias enunciadas, ya que: \u00abadem\u00e1s de fundarse en el propio texto constitucional, propende i) por hacer efectiva la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales confiada por la Carta Pol\u00edtica a todos los jueces y ii) por garantizar el acceso efectivo a la justicia, toda vez que cierra la posibilidad de que el cumplimiento de las \u00f3rdenes de tutela se dilaten de manera indefinida, en cuanto garantiza a quien reclama sobre la protecci\u00f3n constitucional que el asunto de la vulneraci\u00f3n de sus derechos fundamentales ser\u00e1 resuelto de una vez\u00bb (SU-1219\/01, T-021\/02, T-192\/02, T-217\/02, T-354\/02, T-432\/02, T-623\/02, T-944\/05 y T-059\/06, entre otras). <\/p>\n
Por ello, se ha venido sosteniendo que las posibles equivocaciones o desafueros de los jueces de esta jurisdicci\u00f3n, no se resuelven con una nueva demanda de id\u00e9ntico linaje, porque de hacerlo \u00abse abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del primer fallo\u00bb (CSJ STC, 20 may. 2011, rad. 00659-01, reiterada en STC111-2018, 18 ene. 2018, rad. 00260-02, entre otras). <\/p>\n
<\/p>\n
3. El caso concreto. <\/p>\n
Al respecto, cabe destacar que este particular mecanismo no ha sido erigido para censurar determinaciones surtidas al interior del tr\u00e1mite de una tutela, pues ello implicar\u00eda abrir la puerta a una espiral infinita de procedimientos de la misma naturaleza que tornar\u00eda eterna la definici\u00f3n del asunto. <\/p>\n
Lo anterior, cobra mayor relevancia cuando una vez surtida la impugnaci\u00f3n \u00aba\u00fan est\u00e1 en tr\u00e1mite el proceso de selecci\u00f3n y revisi\u00f3n del fallo ante la propia Corte Constitucional, porque ello equivaldr\u00eda a suplantar la funci\u00f3n que la (\u2026) Constituci\u00f3n ha encomendado a \u00e9sta \u00faltima\u00bb (CC SU-1219\/01) Resalta la Sala. <\/p>\n
Por ello, si la promotora considera que en el desarrollo de la precitada tutela se presentaron las irregularidades aqu\u00ed denunciadas podr\u00e1 agotar el tr\u00e1mite pertinente para solicitar ante la Corte Constitucional la selecci\u00f3n de la tutela para revisi\u00f3n, pues valga destacar que, a la fecha no se ha surtido dicho procedimiento seg\u00fan se pudo constatar en el sistema de consulta de la Corte Constitucional. <\/p>\n
En este orden, aunque ya culminaron las instancias, est\u00e1 pendiente de que el fallo de tutela objeto de reproche haga tr\u00e1nsito a cosa juzgada constitucional, y esta situaci\u00f3n ratifica la improcedencia de la salvaguarda, pues adem\u00e1s de que no se satisface el esencial requisito de la subsidiariedad por no haberse agotado todos los mecanismos de defensa, tramitar otra acci\u00f3n de id\u00e9ntica naturaleza a la que ya fue definida, afectar\u00eda la seguridad jur\u00eddica de las actuaciones judiciales. <\/p>\n
<\/p>\n
4. La acci\u00f3n de tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. <\/p>\n
Finalmente, sobre la posibilidad de conceder el auxilio como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, la Corte no encuentra que se hubiere acreditado la configuraci\u00f3n de las m\u00ednimas exigencias que lo hagan posible, pues para tal evento se requiere que el da\u00f1o \u00abrevista cierta gravedad e inminencia m\u00e1s all\u00e1 de lo puramente eventual, y que s\u00f3lo pueda evitarse con medidas urgentes e impostergables propias de la tutela\u00bb (CSJ STC 1\u00ba sep. 2011, exp. 00194-01). <\/p>\n
<\/p>\n
5. Conclusi\u00f3n. <\/p>\n
Conforme a lo expuesto en precedencia, se impone negar por improcedente la salvaguarda, pues no se estructura ninguna de las causales de procedibilidad de la tutela contra decisiones proferidas en virtud del tr\u00e1mite de similar naturaleza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela referenciada <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes y, en caso de no ser impugnado, rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
5 <\/p>\n
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