STC8344-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
Magistrado Ponente <\/p>\n
STC8344-2021 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n del siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Decide la Corte la acci\u00f3n de tutela promovida por Claudia Patricia Saldarriaga G\u00f3mez y Carolina Prieto Saldarriaga contra la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal y la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Las accionantes, obrando por conducto de apoderado, acuden al presente mecanismo buscando la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales al \u00abdebido proceso y al debido proceso probatorio\u00bb, que estiman vulnerados por las autoridades judiciales convocadas. <\/p>\n
2. De la demanda y los medios de convicci\u00f3n obrantes se pueden extractar, como hechos jur\u00eddicamente relevantes los siguientes: <\/p>\n
2.1. En la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga se adelanta actualmente, un proceso contra Rodrigo P\u00e9rez Alzate, dentro del cual, por solicitud de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, una magistrada de Control de Garant\u00edas, con auto del 19 de noviembre de 2018, orden\u00f3 unas medidas cautelares sobre unos bienes de propiedad de las aqu\u00ed accionantes por cuanto, presuntamente, se encontraban vinculados con el Bloque Central Bol\u00edvar de las Autodefensas Unidas de Colombia. <\/p>\n
2.2. Por conducto de apoderado, las afectadas con esas cautelas solicitaron la nulidad de la anterior determinaci\u00f3n por cuanto consideran \u00abse vulner\u00f3 el debido proceso probatorio\u00bb. <\/p>\n
2.3. Mediante providencia de 26 de junio de 2020 la aludida funcionaria desestim\u00f3 la petici\u00f3n invalidatoria. <\/p>\n
2.4. Apelada dicha decisi\u00f3n, la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal la confirm\u00f3 del 2 de diciembre del mismo a\u00f1o (AP3327-2020). <\/p>\n
3. Las gestoras consideran que las anteriores determinaciones adolecen de defecto f\u00e1ctico en la medida que la autoridad cognoscente carec\u00eda de soporte probatorio para decretar las medidas cautelares, las que catalog\u00f3 de desproporcionadas, al tiempo que no realiz\u00f3 un adecuado ejercicio de ponderaci\u00f3n; empero, no formulan una pretensi\u00f3n concreta. <\/p>\n
RESPUESTA DE LAS ACCIONADAS Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Magistrado de la Sala de Casaci\u00f3n Penal, ponente de la decisi\u00f3n de segunda instancia cuestionada, se opuso a la prosperidad del resguardo por cuanto \u00ablas caracter\u00edsticas propias de subsidiariedad y residualidad propias del amparo\u2026 impiden su ejercicio como mecanismo para obtener del juez constitucional la destrucci\u00f3n de la cosa juzgada que ampara a las\u2026 decisiones de fondo ejecutoriadas\u00bb. <\/p>\n
Dijo que esa Corporaci\u00f3n no incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho alguna \u00abpor cuanto en la decisi\u00f3n proferida\u2026 se plantearon a espacio los motivos por los cuales se tom\u00f3 esa determinaci\u00f3n\u00bb surti\u00e9ndose el tr\u00e1mite \u00abal amparo de la legalidad imperante\u2026 y la decisi\u00f3n se adopt\u00f3 con apoyo en las pruebas legal y oportunamente acopiadas\u00bb. <\/p>\n
2. La magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal de Bucaramanga, luego de detallar las actuaciones surtidas, se\u00f1al\u00f3 que en el tr\u00e1mite no se desconoci\u00f3 derecho fundamental alguno a las convocantes y que la decisi\u00f3n de imponer medidas cautelares se ciment\u00f3 en los medios de convicci\u00f3n aportados por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n los que consider\u00f3 \u00absuficientes para llegar a la inferencia de titularidad real del paramilitarismo sobre los inmuebles\u00bb. <\/p>\n
4. Similar postulaci\u00f3n formul\u00f3 la Unidad para la Atenci\u00f3n y Reparaci\u00f3n Integral a las V\u00edctimas quien sostuvo que los reproches formulados por las promotoras deben ser ventilados al interior del proceso a trav\u00e9s de los instrumentos consagrados en el ordenamiento jur\u00eddico y no mediante la acci\u00f3n de tutela, dado su car\u00e1cter eminentemente residual. <\/p>\n
5. Por su parte Oliva Saldarriaga G\u00f3mez, quien dijo ser propietaria de uno de los inmuebles afectados con medidas cautelares, se pronunci\u00f3 coadyuvando las pretensiones del libelo tutelar; sin embargo, sus alegaciones se circunscribieron exclusivamente a relatar cuestiones personales suyas y de las aqu\u00ed convocantes, sin referirse en concreto, a las decisiones objeto de censura. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Problema jur\u00eddico <\/p>\n
Corresponde a la Corte establecer, inicialmente, si el amparo se ejerci\u00f3 de forma oportuna y, de superarse lo anterior, si la Hom\u00f3loga de Casaci\u00f3n Penal vulner\u00f3 las garant\u00edas denunciadas por las accionantes al confirmar el prove\u00eddo por medio del cual una magistrada de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Bucaramanga deneg\u00f3 la solicitud de nulidad formulada contra el auto en que se ordenaron unas medidas cautelares sobre algunos bienes de su propiedad. <\/p>\n
2. El requisito de inmediatez <\/p>\n
Este presupuesto impide que se desnaturalice el tr\u00e1mite de la tutela, en tanto la protecci\u00f3n que constituye su objeto, ha de ser efectiva e inmediata ante una vulneraci\u00f3n o amenaza actual. Frente al tema esta Sala ha sostenido que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) aquellas situaciones en que el hecho violatorio del derecho fundamental no guarde razonable cercan\u00eda en el tiempo con el ejercicio de la acci\u00f3n, no debe, en principio, ser amparado, en parte a modo de sanci\u00f3n por la demora o negligencia del accionante en acudir a la jurisdicci\u00f3n para reclamar tal protecci\u00f3n y, tambi\u00e9n, por evitar perjuicios, estos si actuales, a terceros que hayan derivado situaciones jur\u00eddicas de las circunstancias no cuestionadas oportunamente\u00bb (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 00188-01, reiterada entre muchas en STC5882-2015, STC1516-2016 y STC11499-2016, 18 ag. rad. 01142-01). <\/p>\n
M\u00e1s adelante, se se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) En punto al requisito de la inmediatez, connatural a esta acci\u00f3n p\u00fablica, precisa se\u00f1alar que as\u00ed como la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, impone al Juzgador el deber de brindar protecci\u00f3n inmediata a los derechos fundamentales, al ciudadano le asiste el deber rec\u00edproco de colaborar para el adecuado funcionamiento de la administraci\u00f3n de justicia (ordinal 7, art\u00edculo 95 Superior), en este caso, impetrando oportunamente la solicitud tutelar, pues la demora en el ejercicio de dicha acci\u00f3n constitucional, puede tomarse, ora como s\u00edntoma del car\u00e1cter dudoso de la lesi\u00f3n o puesta en peligro de los derechos fundamentales, o como se\u00f1al de aceptaci\u00f3n a lo resuelto, contrario en todo caso la urgencia, celeridad, eficacia e inmediatez inherente a la lesi\u00f3n o amenaza del derecho fundamental. <\/p>\n
Precisamente, en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino razonable para la interposici\u00f3n de la acci\u00f3n el de seis meses\u00bb (CSJ STC, 29 abr 2009, rad. 2009-00624-00, reiterado entre otros en STC11374-2016, 17 ag. rad. 01250-01) <\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, es entendido que la salvaguarda debe ser promovida dentro de un plazo razonable que no puede exceder de seis meses contados a partir de la actuaci\u00f3n que se califica como vulneradora de las prerrogativas esenciales. <\/p>\n
3. El caso concreto <\/p>\n
Del an\u00e1lisis de los hechos expuestos, se concluye que el cuestionamiento que se hace no atiende el postulado que viene de comentarse, ya que la providencia por medio de la cual la Sala de Casaci\u00f3n Penal resolvi\u00f3 el recurso de apelaci\u00f3n formulado por las quejosas contra la providencia en que se neg\u00f3 la solicitud invalidatoria fue proferida el 2 de diciembre de 2020, comunicada electr\u00f3nicamente el 10 siguiente, mientras que la presente tutela fue instaurada el pasado 17 de junio, de acuerdo con el acta de reparto anexa en formato digital; es decir, transcurri\u00f3 m\u00e1s del semestre establecido como prudente para proponer el resguardo. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, las presuntas afectadas con las actuaciones que consideran vulneradoras de sus derechos fundamentales debieron acudir oportunamente a esta v\u00eda excepcional, pues su prolongado silencio es signo inequ\u00edvoco de asentimiento frente a la decisi\u00f3n atacada, pero fundamentalmente por la postura reiterada de esta Corte en cuanto a que el an\u00e1lisis preliminar de dicho criterio debe tornarse a\u00fan m\u00e1s exigente en trat\u00e1ndose de ataques a providencias judiciales. <\/p>\n
Al respecto ha dicho: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) Ahora, si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados\u2026En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros.(\u2026) As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante\u00bb (STC12196-2014, 11 sep. rad. 01892-00; reiterado en STC10554-2018, 16 ago. 2018, rad. 00189-01). Negrillas fuera de texto. <\/p>\n
En efecto, como viene indic\u00e1ndose, el mentado requisito adquiere m\u00e1s relevancia cuando la censura se dirige contra una decisi\u00f3n judicial; en esos casos, el an\u00e1lisis de la inmediatez debe ser m\u00e1s riguroso, ya que lo que eventualmente se desvirtuar\u00eda ser\u00edan principios esenciales como el de la cosa juzgada, la seguridad jur\u00eddica y, de contera, la autonom\u00eda e independencia judicial; por ello, la verificaci\u00f3n de esta condici\u00f3n impone al fallador constitucional no solo realizar un balance de los derechos fundamentales en juego, sino adem\u00e1s, de las razones que expuso el actor como justificantes de su inercia para acudir al amparo y, finalmente, como \u00faltimo punto de examen, las calidades personales o profesionales de quien la promueve, importantes a la hora de establecer el nivel de exigencia frente a ese criterio tempestivo. <\/p>\n
Quiere decir lo anterior que el presupuesto aludido no es absoluto, sino que debe examinarse de forma particular con miras a determinar si el plazo razonable fijado por la jurisprudencia es viable o no sortearlo; sin embargo, en este caso no se evidencian situaciones ajenas a la voluntad de las convocantes que indiquen que estuvieron en imposibilidad de acudir tempranamente al resguardo, haci\u00e9ndolo -se itera- superado el semestre antes se\u00f1alado. <\/p>\n
En dicho sentido esta Corporaci\u00f3n, en el fallo STC, 6 Jun. 2014, rad, 2014-1134, reiterado en STC9399-2014, rad. 01468-00, STC2710-2015, 12 mar. rad. 00505-00 y STC2015- 26 mar. rad. 0590-00, precis\u00f3 que: <\/p>\n
\u00ab(\u2026) como los hechos en los que se sustenta la demanda constitucional datan de hace m\u00e1s de seis meses\u2026 aquella no satisface la exigencia de la tempestividad\u2026 circunstancia que deja sin soporte la protecci\u00f3n\u2026 ahora\u2026no se acredit\u00f3 la imposibilidad para presentar el amparo en tiempo\u2026 \u2018en orden a procurar el cumplimiento del memorado requisito, la Sala en reiterados pronunciamientos ha considerado por t\u00e9rmino ajustado para la interposici\u00f3n de la queja el de seis meses\u00bb Resalta la Sala. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, el car\u00e1cter intempestivo de la salvaguarda es criterio suficiente que conduce indefectiblemente a la desestimaci\u00f3n de la s\u00faplica, motivo por el cual no es indispensable efectuar an\u00e1lisis en relaci\u00f3n con otras tem\u00e1ticas que, sin duda, est\u00e1n condicionadas a la superaci\u00f3n de la anterior materia. <\/p>\n
4. Conclusi\u00f3n <\/p>\n
Corolario de lo discurrido en precedencia, se impone la negativa del amparo porque las gestoras tardaron en acudir a este medio excepcional, es decir, la presente demanda incumple el requisito de la inmediatez; asimismo, no se advirti\u00f3 una raz\u00f3n que justificara dicha tardanza. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica de Colombia y por autoridad de la ley, DECLARA IMPROCEDENTE el amparo incoado. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed resuelto a las partes por el medio m\u00e1s expedito y, en caso de no ser impugnado el fallo, rem\u00edtanse las diligencias a la Corte Constitucional para que asuma lo de su cargo. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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