STC8345-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8345-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n\u00b0 11001-02-03-000-2021-01934-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela y Juli\u00e1n Isnardo Silva Espinosa contra la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, a cuyo tr\u00e1mite se vincul\u00f3 a las partes e intervinientes en los asuntos objeto de la queja constitucional. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron protecci\u00f3n de sus garant\u00edas constitucionales al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, que dicen vulnerados por la autoridad judicial convocada, por lo que solicitaron se le ordene dar \u00abrespuesta sobre el estado de la[s] impugnaciones o [los] notifique\u2026 sobre la resoluci\u00f3n de lo decidido en las\u2026 [impugnaciones] de tutela [cuestionadas]\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente asunto los siguientes: <\/p>\n
2.1. Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela promovi\u00f3 una primera acci\u00f3n de tutela contra el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga (radicado 68001-22-04-000-2021-00185), que fue resuelta con providencia del 11 de marzo de 2021, decisi\u00f3n confirmada por la Corporaci\u00f3n accionada, en sede de impugnaci\u00f3n, con providencia del 4 de mayo de 2021. <\/p>\n
2.2. De otro lado, Juli\u00e1n Isnardo Silva Espinosa promovi\u00f3 otro resguardo contra la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Procuradur\u00eda General de la Naci\u00f3n, la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Santander, las Fiscal\u00edas Sexta y Segunda, los Juzgados D\u00e9cimo Penal del Circuito, Quinto y Noveno Penal Municipal, Sexto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad, todos de esa ciudad, la Polic\u00eda Nacional -Grupo de Criminal\u00edstica, Laboratorio Bal\u00edstico Forense, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario-INPEC-, el Director de la Polic\u00eda de Bucaramanga, la USPEC y el Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL (radicaci\u00f3n 68001-22-04-000-2020-00534), que fue negado con fallo del primero de diciembre de 2020, determinaci\u00f3n que impugn\u00f3 el gestor, siendo confirmada por el despacho judicial acusado con sentencia del 4 de febrero de 2021. <\/p>\n
2.3. Expresaron los gestores del resguardo que no han \u00abobtenido respuesta o resoluci\u00f3n alguna sobre [las referidas impugnaciones]\u00bb; y que han \u00abelevado recordatorios ante la\u2026 secretar\u00eda de la Corte Suprema solicitando informaci\u00f3n al respecto, pero ha sido imposible obtener una respuesta\u2026\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 a tr\u00e1mite la demanda de amparo, orden\u00f3 enterar a la autoridad judicial accionada, a las partes y terceros intervinientes en el proceso que origina la queja. <\/p>\n
RESPUESTAS DEL ACCIONADO Y VINCULADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado con Funciones de Conocimiento de Bucaramanga destac\u00f3 que \u00abno ha incurrido en violaci\u00f3n alguna de los derechos fundamentales reclamados por el accionante\u00bb. <\/p>\n
2. La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga rindi\u00f3 informe sobre las actuaciones adelantadas en los asuntos cuestionados. <\/p>\n
3. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por cuanto ese ente \u00abno es el encargado de dar soluci\u00f3n a lo planteado por los accionantes\u00bb. <\/p>\n
4. El Juzgado Quinto de Ejecuci\u00f3n de Penas y Medidas de Seguridad de Bucaramanga y la Direcci\u00f3n Seccional de Fiscal\u00edas de Santander, rindieron informe. <\/p>\n
5. La Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia inform\u00f3 que, en trat\u00e1ndose del asunto identificado con n\u00famero de radicaci\u00f3n 68001-22-04-000-2020-00534, \u00abel fallo de segunda instancia fue notificado al accionante Silva Espinosa con oficio 24086 del 29 de junio de 2021, dirigido a la Asesor\u00eda Jur\u00eddica del Establecimiento Penitenciario de Bucaramanga, para que por su intermedio se realice la correspondiente notificaci\u00f3n, en consideraci\u00f3n a que se encuentra privado de la libertad\u00bb. <\/p>\n
6. El Consorcio Fondo de Atenci\u00f3n en Salud PPL 2019 dijo carecer de legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva, por lo que solicit\u00f3 su desvinculaci\u00f3n. <\/p>\n
7. La Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC) tambi\u00e9n dijo no tener legitimaci\u00f3n en la causa por pasiva. <\/p>\n
8. Al momento de someterse al conocimiento de la Sala el presente asunto, no se hab\u00edan recibido respuestas adicionales. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo procede de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (STC de 11 de mayo de 2001, rad. 2001-00183-01); y, por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. En este orden de ideas, analizada la demanda constitucional, se concluye que lo perseguido por los accionantes era que se les enterara sobre las resultas de las impugnaciones que formularon en los tr\u00e1mites acusados. <\/p>\n
2.1. Bajo ese horizonte, en lo que ata\u00f1e al reclamo elevado por Juli\u00e1n Isnardo Silva Espinosa, respecto de la tutela identificada con n\u00famero de radicado 68001-22-04-000-2020-00534, se verifica que se configura lo que la doctrina constitucional denomina hecho superado, comoquiera que el pasado 29 de junio, la secretar\u00eda de la sede judicial acusada adelant\u00f3 las diligencias necesarias para notificar a Silva Espinosa de la sentencia del 4 de febrero de los corrientes, que resolvi\u00f3 la impugnaci\u00f3n por \u00e9l interpuesta contra el fallo de primero de diciembre de 2020. <\/p>\n
En efecto, revisada la respuesta allegada a este tr\u00e1mite por la citada dependencia, se evidencia que aquella libr\u00f3 el oficio 24086 de 29 de junio de 2021, a trav\u00e9s del cual solicit\u00f3 al asesor jur\u00eddico del establecimiento carcelario donde se encuentra recluido el mencionado accionante, enterarlo de la citada providencia. <\/p>\n
Entonces, como la situaci\u00f3n censurada fue superada en el decurso del presente tr\u00e1mite tutelar, el amparo no puede prosperar, aspecto frente al que la Corporaci\u00f3n ha se\u00f1alado que: <\/p>\n
[S]i la omisi\u00f3n por la cual la persona se queja no existe, o ya ha sido superada, en el sentido que la pretensi\u00f3n erigida en defensa del derecho conculcado est\u00e1 siendo satisfecha o lo ha sido totalmente (\u2026) la tutela pierde su eficacia y raz\u00f3n de ser, por lo que la posible orden que llegase a impartir el juez del amparo carecer\u00eda de sentido. (CSJ STC, 13 mar. 2009, rad. 2009-00147-01; reiterada en STC, 7 nov. 2012, rad. 2012-02211-01; STC, 17 sep. 2013, rad. 2013-00184-01; STC, 12 jun. 2014, rad. 2014-00262-01; y STC, 5 mar. 2015, rad. 2014-00194-01). <\/p>\n
2.2. Ahora, en lo que respecta al reclamo que elev\u00f3 Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela, relacionado con la acci\u00f3n de tutela identificada con radicado 68001-22-04-000-2021-00185, pertinente es recordar que, con respecto a problem\u00e1ticas de esta especie, donde se critican situaciones de mora judicial que podr\u00edan dar lugar a protecci\u00f3n constitucional, la jurisprudencia de la Sala ha determinado la procedencia del amparo cuando las mismas carezcan de explicaci\u00f3n v\u00e1lida, es decir: <\/p>\n
\u2026aquellas que denotan una abierta y ostensible carencia de defensa, esto es, las que sean el indisimulado producto \u2018de un comportamiento desidioso, ap\u00e1tico o negligente de la autoridad vinculada, y no cuando \u00e9sta obedece a circunstancias objetiva y razonablemente justificadas\u2019 (STC, 29 abr 2011, rad. 2011-00094-01). <\/p>\n
Entender jurisprudencial de marras que la Sala ha venido sosteniendo en tanto que \u2018\u2026 uno de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso\u2026\u2019 (Sent. 1937 del 15 de febrero de 1995). Y es que, no puede olvidarse, la labor judicial jam\u00e1s puede circunscribirse exclusivamente a la mera observancia de los t\u00e9rminos procesales, ya que el deber, por dem\u00e1s esencial, de administrar justicia no puede soslayar postulados tales como la independencia, autonom\u00eda e imparcialidad que cobija a los funcionarios judiciales, los cuales est\u00e1n instituidos, incluso en las normas constitucionales, verbigracia, el art\u00edculo 228 Superior. <\/p>\n
Otro tanto ha manifestado la Corte Constitucional sobre el asunto en comento, puesto que, entre otros pronunciamientos, ha precisado que \u2018respecto de la mora judicial, tal como la ha entendido esta Corte, viola el derecho fundamental de acceso a la administraci\u00f3n de justicia cuando la dilaci\u00f3n en el tr\u00e1mite de una actuaci\u00f3n es originada no en la complejidad del asunto o en la existencia de problemas estructurales de exceso de carga laboral de los funcionarios, sino en la falta de diligencia y en la omisi\u00f3n sistem\u00e1tica de sus deberes por parte de los mismos. (\u2026)\u2019 (CSJ STC, 20 sep. 2011, rad. 2011-01853-00). <\/p>\n
Teniendo en cuenta lo anterior, el amparo deprecado habr\u00e1 de concederse, ya que la autoridad censurada ha incumplido lo mandatos consagrados en los art\u00edculos 161 y 302 del Decreto 2591 de 1991 (por el cual se reglamenta la acci\u00f3n de tutela), toda vez que tan trascurrido casi dos meses desde que se dict\u00f3 el fallo de segunda instancia, sin que se le hubiese notificado al accionante tal decisi\u00f3n. <\/p>\n
Ello en la medida en que, de acuerdo a lo informado por el censor (hechos que se tienen por ciertos en virtud de la presunci\u00f3n de veracidad consagrada en el art\u00edculo 203 de la citada normatividad, al no haberse pronunciado debidamente el estrado accionado sobre el reclamo constitucional elevado por Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela), a la fecha de presentaci\u00f3n de la tutela no hab\u00eda recibido ninguna informaci\u00f3n sobre las resultas de la impugnaci\u00f3n interpuesta contra la sentencia de 11 de marzo de 2021, que fue decidida por la sede judicial acusada con fallo del 4 de mayo de esta anualidad, sin que a la fecha de proferimiento de esta decisi\u00f3n se hubiese acreditado el enteramiento de dicha providencia al quejoso, sumado a que ninguna raz\u00f3n expuso dicha Corporaci\u00f3n para justificar tal tardanza. <\/p>\n
Por ese rumbo, en lo tocante a las situaciones excepcionales que permiten excusar esa demora, en pret\u00e9ritas ocasiones esta Sala ha precisado que: <\/p>\n
No da cuenta la accionada de circunstancias especiales que ameriten una valoraci\u00f3n particular frente a la dilaci\u00f3n presentada, pues como lo ha dicho esta Corporaci\u00f3n, \u2018la justificaci\u00f3n del retraso judicial s\u00f3lo resulta posible frente a situaciones de hecho sobrevivientes e insuperables, que tiene[n] lugar a\u00fan a pesar de la gesti\u00f3n diligente del juez\u2019. Situaciones como la congesti\u00f3n de los despachos judiciales en raz\u00f3n del creciente n\u00famero de litigios sometidos al conocimiento de la jurisdicci\u00f3n -algunos de ellos con apreciable grado de complejidad-; el incremento de los negocios civiles que se asignan a los tribunales superiores a efectos de resolver recursos atribuidos a su competencia, o las enfermedades que padecieron la funcionaria judicial y su familia, no constituyen razones suficientes que puedan explicar una demora como la que ella misma admite en la decisi\u00f3n del recurso de revisi\u00f3n, que a la fecha es de tres a\u00f1os y nueve meses (subrayas fuera de texto – CSJ STC, 28 sep. 2012, rad. 2012-02083-00; reiterada en STC12696-2014, 18 sep., rad. 2014-2009-00). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, no cabe duda de que la autoridad acusada ha trasgredido las garant\u00edas del accionante Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela, habida cuenta de que ha dilatado, sin justificaci\u00f3n, su notificaci\u00f3n del fallo dictado el pasado 4 de mayo. <\/p>\n
3. As\u00ed las cosas, se conceder\u00e1 el amparo rogado, exclusivamente, respecto de Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela, ordenando a la secretar\u00eda de la Corporaci\u00f3n encausada que proceda a adelantar las diligencias necesarias para enterar al prenombrado actor del fallo dictado el 4 de mayo de 2021, en la acci\u00f3n de tutela identificada con n\u00famero de radicaci\u00f3n 68001-22-04-000-2021-00185. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
Con fundamento en lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando Justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede el resguardo al derecho al debido proceso de Jorge Luis Mart\u00ednez Uparela y, en consecuencia, ordena a la secretar\u00eda de la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia que, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, adelante las diligencias necesarias para notificar a Mart\u00ednez Uparela de la sentencia dictada el pasado 4 de mayo (radicado 68001-22-04-000-2021-00185). <\/p>\n
La autoridad accionada informar\u00e1 a esta Corporaci\u00f3n sobre el cumplimiento de la orden impartida, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes al vencimiento de aquel t\u00e9rmino. Rem\u00edtasele copia de esta providencia. <\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, se niega el amparo reclamado por Juli\u00e1n Isnardo Silva Espinosa. <\/p>\n
Comun\u00edquese lo aqu\u00ed decidido a todos los interesados, por el medio m\u00e1s expedito, y oportunamente rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n, en caso de no impugnarse esta sentencia. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u00abLas providencias que se dicten se notificar\u00e1n a las partes o intervinientes, por el medio que el juez considere m\u00e1s expedito y eficaz\u00bb. <\/p>\n
2\u0002 \u00abEl fallo se notificar\u00e1 por telegrama o por otro medio expedito que asegure su cumplimiento, a m\u00e1s tardar al d\u00eda siguiente de haber sido proferido\u00bb. <\/p>\n
3\u0002 \u00abSi el informe no fuere rendido dentro del plazo correspondiente, se tendr\u00e1n por ciertos los hechos y se entrar\u00e1 a resolver de plano, salvo que el juez estime necesaria otra averiguaci\u00f3n previa\u00bb. <\/p>\n
5 <\/p>\n
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