STC8348-2021<\/p>\n
<\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8348-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01980-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Hortencia de la Concepci\u00f3n Vergara de \u00c1vila contra el Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar, extensiva a la Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de esa ciudad, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La actora reclam\u00f3 la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, m\u00ednimo vital y dignidad humana, presuntamente vulnerados por la autoridad judicial acusada al abstenerse de sancionar por desacato a las personas encargadas de cumplir el fallo constitucional emitido en el tr\u00e1mite tutelar que ella impulso. <\/p>\n
Solicit\u00f3, entonces, ordenar al Juzgado accionado i) \u00abimponer al incidentado las sanciones de que tratan los art\u00edculos 27 y 52 del Decreto 2591 de 1991\u00bb, ii) requerir al superior jer\u00e1rquico de \u00e9ste para que le exija el acatamiento de la orden supralegal, inicie en su contra la respectiva actuaci\u00f3n disciplinaria y compulse copias a la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n para que lo investigue. <\/p>\n
2. Los hechos relevantes para la definici\u00f3n del presente caso son los siguientes: <\/p>\n
2.1. Con ocasi\u00f3n de la demanda de tutela incoada por la accionante y Jos\u00e9 del Tr\u00e1nsito Barrios Campo en contra del INCODER – Territorial Cesar (asunto en el cual fungieron como terceros con inter\u00e9s leg\u00edtimo \u00abAdolfo Barbosa, Margarita Tarazona Angarita, Alberto Bele\u00f1o Campo, Astgapofades, Auden Quintero Contreras, Nurys Stella Polo De La Rosa, Bellamira Medina, Clara Piedad Pe\u00f1ate, Antonio Mej\u00eda Cantillo, Diana Carolina Arrieta Rodr\u00edguez, Dimas Francisco Hern\u00e1ndez Ara\u00fajo, Eduardo Rojas, Betty Mar\u00eda Su\u00e1rez Torres, Eli\u00e9cer Jim\u00e9nes Carrillo, Sindy Paola Correa Rodr\u00edguez, Erasmo Eugenio Herrera F., Edith Mercedes S\u00e1enz Jim\u00e9nez, Fredy Manuel Ospino Su\u00e1rez, Gabriel Adriano Barrio Bustos, Germ\u00e1n Trespalacios Cerro, Gilberto Mej\u00eda Su\u00e1rez, Dalys Esther Moreno Y\u00e9pez, Gladys Prada Aroca, Jos\u00e9 Edgar Tique Cupitra, Hortencia Torres Mart\u00ednez, \u00c1ngel Mar\u00eda Rodr\u00edguez, Yasmina de Jes\u00fas Serrano, Jos\u00e9 Del Carmen Arengas, Deyanira Contreras Arengas, Jos\u00e9 del Tr\u00e1nsito Barrios Campo, Francelina Ospino Ariza, Justo Manuel Ben\u00edtez, Marisol Omaira Padilla Mart\u00ednez, Luis E. Casta\u00f1o Sep\u00falveda, Luis Miguel Ram\u00edrez Troya, Luz Mary Barbosa Lozano, Miguel \u00c1ngel Moreno Uribe, Oliva Ortiz Torres, Miriam Quintero Jaimes, Orlando L\u00f3pez Quintero, Luz Mery Bayona, Pedro Manuel Estrada de la Cruz, Raquel Armenta Nieto, Ra\u00fal Antonio Mart\u00ednez Mej\u00eda, Maritza Esther Carrascal T., Sair Trillos Trillos, Santa Ferena Rodr\u00edguez Penago, Santiago Barbosa Medina, Sigifredo Cort\u00e9s, Tomas Jim\u00e9nez Cuevas, Urbano Alfonso Mestre y Mar\u00eda Elena Maestre de Mestre), en fallo dictado el 25 de abril de 2013 el Juzgado encausado orden\u00f3 \u00abal Director Territorial Cesar del Incoder que inicie las gestiones pertinentes a plantear una soluci\u00f3n justa y adecuada a la problem\u00e1tica desde una iniciativa t\u00e9cnica, determinando el \u00e1rea real del predio Rodesia [adjudicado -pero no entregado, seg\u00fan lo aducen- a todos ellos], el n\u00famero de UAF que podr\u00edan consolidarse, su distribuci\u00f3n entre las familias adjudicatarias y de ser posible administrativamente, explique la forma en que se llevar\u00e1 a cabo y lo haga sin m\u00e1s dilaciones ni excusas, o lo coordine con las unidades que pudieran intervenir en ese proceso\u00bb. <\/p>\n
2.2. Ante el incumplimiento de esa orden, la quejosa impuls\u00f3 diferentes solicitudes de desacato que dieron lugar, entre otras, a las siguientes decisiones: i) el 19 de marzo de 2015 se resolvi\u00f3 no corregir a los encargados de atender el fallo, ii) el 10 de junio de 2016 se sancion\u00f3 al Director Territorial del Incoder, iii) el 8 de noviembre siguiente el Tribunal ad-quem anul\u00f3 esta determinaci\u00f3n al advertir que el fallo ahora le correspond\u00eda atenderlo a la Agencia Nacional de Tierras, iv) el 15 de noviembre de 2017 el a-quo sancion\u00f3 a la Subdirectora de esa \u00faltima entidad, castigo que el 28 de mayo de 2018 revoc\u00f3 su superior, al no vislumbrar el \u00abdolo necesario\u00bb para imponerlo, v) el 11 de marzo de 2020 el a-quo abri\u00f3 un nuevo tr\u00e1mite incidental pero el 27 de mayo posterior nuevamente se abstuvo de imponer sanciones, lo que reiter\u00f3 el 26 de enero \u00faltimo. <\/p>\n
2.3. Con la demanda de amparo del ep\u00edgrafe, en esta nueva oportunidad, la quejosa se doli\u00f3, en s\u00edntesis, de que \u00abresulta injustificable e irrazonable\u00bb que, tras haber transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os desde que se emiti\u00f3 el mentado fallo de tutela, haya sido imposible obtener su cumplimiento, debido al \u00abactuar negligente del Juez\u00bb. <\/p>\n
Resalt\u00f3 que el 28 de mayo de 2018 el Tribunal revoc\u00f3 las sanciones impuestas por el a-quo, \u00abconden\u00e1ndo[l]os as\u00ed a una vulneraci\u00f3n extendida en el tiempo de [su] derecho al acceso a la administraci\u00f3n de justicia (sic)\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
LAS RESPUESTAS DE LOS CONVOCADOS <\/p>\n
1. El Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar histori\u00f3 las actuaciones all\u00ed surtidas; destac\u00f3 que el pasado 10 de mayo \u00abdio apertura formal al tr\u00e1mite incidental, corriendo traslado de este a los citados, para que en el t\u00e9rmino de 2 d\u00edas se pronunciaran al respecto, fecha desde la cual la Agencia Nacional de Tierras ha presentado informes tendientes al cumplimiento de la orden judicial discutida\u00bb; inform\u00f3 que actualmente \u00abse encuentra el proceso al Despacho para decidir de fondo\u00bb; y deprec\u00f3 \u00abdenegar la\u2026 acci\u00f3n de tutela, por no existir vulneraci\u00f3n a los derechos fundamentales alegados por la parte interesada\u00bb. <\/p>\n
2. La Agencia Nacional de Tierras pidi\u00f3 \u00abdeclarar la improcedencia de la presente acci\u00f3n\u00bb porque \u00abno se evidencia responsabilidad subjetiva de [sus] funcionarios\u2026, todo lo contrario, se han adelantado las gestiones administrativas pertinentes para el cumplimiento oportuno de la orden. Y\u2026 la decisi\u00f3n emitida por el Juzgado accionado, se encuentra enmarcada dentro del precedente establecido por la Corte Constitucional en sentencia SU-034 de 2018\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas y, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01), y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
2. Lo anterior se predica con mayor intensidad frente a \u00ablas providencias judiciales que resuelven un incidente de desacato\u00bb, ante las cuales, se ha dicho, por regla general, no procede la tutela, \u00abdada la conexi\u00f3n y dependencia que existe entre esta etapa y la inicial, adem\u00e1s, porque de admitirse, resultar\u00eda menguada y menospreciada la efectividad de la justicia, as\u00ed como la seguridad jur\u00eddica que el fallo debe entra\u00f1ar\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
2.1. Sin embargo, la jurisprudencia constitucional tambi\u00e9n ha contemplado los casos excepcionales en los que se abre paso la acci\u00f3n de tutela frente a determinaciones adoptadas en los referidos tr\u00e1mites incidentales, \u00abparticularmente por ausencia de notificaci\u00f3n del accionado, una vez \u00e9ste hubiera agotado en el interior del incidente de desacato esta misma situaci\u00f3n\u00bb (CSJ STC, 21 en. 2013, rad. 2012-02912-00; reiterada CSJ STC, 11 jun. 2015, rad. 2015-01205-00). <\/p>\n
2.2. Excepcionalidad que tambi\u00e9n se ha extendido a otros asuntos, tales como: <\/p>\n
\u2026si se logra verificar que una vez ejecutoriado un fallo de tutela que concede la protecci\u00f3n de derechos fundamentales, la autoridad p\u00fablica o el particular obligado al cumplimiento del mismo, no lo ha materializado en los t\u00e9rminos expuestos en la parte resolutiva del mismo, y el juez constitucional de primera instancia se niega a hacer cumplir su propia sentencia una vez iniciado el desacato, el accionante al cual se le protegieron sus derechos constitucionales, puede acudir nuevamente ante otro juez de tutela con el fin de que se protejan sus derechos fundamentales a la cosa juzgada, al debido proceso y al acceso real y efectivo a la justicia, [eventualidad en la cual] el nuevo juez constitucional podr\u00e1 (i) dejar sin efectos las providencias judiciales que denegaron dar tr\u00e1mite al incidente de desacato; (ii) que declararon cumplido el fallo de tutela sin que se hubiera atendido a la parte resolutiva del mismo (iii) o que hubiere decretado una sanci\u00f3n al obligado a cumplirlo sin el respeto por el debido proceso (CC T-010\/12) (Citada en CSJ STC, 21 en. 2016, rad. 2015-82905-02). <\/p>\n
2.3. Por ese rumbo, cabe agregar que esta Corte igualmente ha establecido la viabilidad de este mecanismo excepcional en casos como el aqu\u00ed tratado, cuando se critican y verifican situaciones de mora judicial. <\/p>\n
Al efecto se ha dejado dicho: <\/p>\n
\u2026Referente a la mora en las actuaciones jurisdiccionales, esta Corporaci\u00f3n ha precisado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [U]no de los principios que integran el debido proceso, consiste en que trat\u00e1ndose de actuaciones judiciales o administrativas, \u00e9stas fuera de ser p\u00fablicas, se cumplan sin dilaciones \u2018injustificadas\u2019, o sea, que el tr\u00e1mite se desenvuelva con sujeci\u00f3n a la legislaci\u00f3n ritual legalmente establecida, y por ende, con observancia de los pasos y t\u00e9rminos que la normatividad ha organizado para los diferentes procesos y actuaciones administrativas. Si, sin motivo justificado, el funcionario judicial o administrativo se desentiende de impulsar y decidir la actuaci\u00f3n dentro de los periodos se\u00f1alados por el ordenamiento (arts. 209 y 228 Const. Nal.), tal conducta es lesiva del derecho constitucional del debido proceso, como ciertamente en el punto lo se\u00f1ala el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. Porque las personas, no solo tienen derecho a acceder a la justicia (art. 229 Const. Nal.), sino adem\u00e1s que sus s\u00faplicas o peticiones se impulsen y decidan con acatamiento a los t\u00e9rminos procesales [\u2026] (CSJ STC Feb. 15 1995 rad. 1937, reiterada, entre otras, CSJ STC 8 Jun. 2010, rad. 00814-00 y 19 Dic. 2012, rad. 00814-00) (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cAsimismo, ha expuesto que: <\/p>\n
\u201c[L]a protecci\u00f3n del derecho fundamental al debido proceso por mora judicial, se circunscribe a la verificaci\u00f3n objetiva de su calificaci\u00f3n entre justificada e injustificada, pues si existe alguna de las causales de justificaci\u00f3n, tales como la fuerza mayor, el caso fortuito, la culpa del tercero o cualquier otra circunstancia objetiva y razonable que permita establecer que la mora es aceptable, no podr\u00e1 predicarse la violaci\u00f3n del derecho al debido proceso. Se insiste, la protecci\u00f3n efectiva del derecho opera cuando la mora judicial es injustificada (\u2026)\u201d1 (CSJ STC8955-2017, 22 jun., rad. 2017-01124-01). <\/p>\n
3. Vistos esos proleg\u00f3menos y con observancia de las normas que disciplinan esta herramienta constitucional, se advierte que el resguardo habr\u00e1 de concederse, con alcance parcial, exclusivamente frente al Juzgado convocado, conforme se pasa a exponer. <\/p>\n
3.1. La salvaguarda impetrada no se abre paso frente a los prove\u00eddos de 8 de noviembre de 2016 y 28 de mayo de 2018, mediante los cuales el Tribunal vinculado, en su orden, anul\u00f3 la sanci\u00f3n que por desacato el a-quo impuso al entonces Director Territorial del Incoder, al advertir que la orden constitucional ahora correspond\u00eda atenderla a la Agencia Nacional de Tierras; y revoc\u00f3 la amonestaci\u00f3n endilgada a la Subdirectora de esta entidad al considerar no acreditado el \u00abdolo necesario\u00bb para aplicarla. <\/p>\n
Lo dicho, por la falta de satisfacci\u00f3n del presupuesto de la inmediatez, comoquiera que, entre la emisi\u00f3n de esos prove\u00eddos y la interposici\u00f3n del presente ruego tutelar, transcurrieron m\u00e1s de dos (2) a\u00f1os, super\u00e1ndose, por mucho, el lapso semestral que ha fijado la jurisprudencia de la Sala como razonable y proporcional para activar este mecanismo excepcional, sin que la foliatura reporte la existencia de situaci\u00f3n alguna que justifique tal tardanza. <\/p>\n
Respecto a dicho requisito, insistentemente ha sostenido esta Corte que: <\/p>\n
\u2026si bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado de manera un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no puede ser tan ampl\u00edo que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n y, menos a\u00fan, que no permita adquirir certeza sobre los derechos reclamados. En este orden de ideas un lapso de tiempo como el que aqu\u00ed ha transcurrido…, pone de manifiesto la ausencia de apremio en la interposici\u00f3n del amparo y el \u00e1nimo, simplemente, de reabrir una cuesti\u00f3n oportunamente decidida por la jurisdicci\u00f3n. En verdad, muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser, convirti\u00e9ndose, subsecuentemente, en un instrumento que genere incertidumbre, zozobra y menoscabo a los derechos y leg\u00edtimos intereses de terceros. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera… el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (CSJ STC, 2 ag. 2007, rad. 2007-00188-01; reiterada en STC, 14 sep. 2007, rad. 01316-00). <\/p>\n
3.2. A conclusi\u00f3n diferente llega la Sala en torno a las actuaciones surtidas con posterioridad por el Juzgado acusado de cara a materializar la frustrada orden constitucional, advirti\u00e9ndose una notoria falta de diligencia para tal cometido si en cuenta se tiene que i) en todos los incidentes de desacato surtidos se ha liberado de responsabilidad a los encargados de atender lo definido en la previa acci\u00f3n supralegal y ii) actualmente est\u00e1 al despacho, para decisi\u00f3n de fondo, el abierto el 10 de mayo \u00faltimo; m\u00e1xime si se tiene en cuenta que, como acertadamente lo adujo la reclamante, desde la emisi\u00f3n del fallo de tutela cuyo cumplimiento demanda, a la fecha, han transcurrido m\u00e1s de 8 a\u00f1os sin que ello haya sido posible, t\u00e9rmino que se muestra abiertamente desproporcionado, injustificado y amerita la inaplazable intervenci\u00f3n del juez constitucional, en tanto que, como en otras ocasiones se ha considerado, asuntos como este tornan necesario requerir a las sedes judiciales acusadas para que, \u00aben lo sucesivo, no retarden procedimientos como el criticado, pues esa demora, en casos como el presente, ha generado la revictimizaci\u00f3n del petente, haciendo irrealizables sus derechos, aun cuando los mismos fueron protegidos en la inicial salvaguarda\u00bb (CSJ STC2825-2020, 13 mar., rad. 2020-00051-01). <\/p>\n
3.2.1. Precisamente en un asunto con alguna simetr\u00eda al de ahora, en el cual se encontr\u00f3 injustificada la tardanza de la sede judicial en definir un incidente de desacato respecto de un fallo de tutela, para conceder el resguardo esta Sala consider\u00f3: <\/p>\n
Revisadas las pruebas aportadas a este asunto, se desprende el quebranto de la garant\u00eda al debido proceso, por cuanto el juzgado aqu\u00ed involucrado, ha tardado en resolver el mentado desacato sin excusa v\u00e1lida que justifique esa dilaci\u00f3n de t\u00e9rminos. <\/p>\n
N\u00f3tese, la actora el 23 de marzo de 2017 acudi\u00f3 ante el estrado convocado, para obtener el cumplimento del fallo de tutela que protegi\u00f3 su derecho fundamental\u2026, no obstante, a la fecha de esta decisi\u00f3n la autoridad acusada a\u00fan no ha definido dicho incidente, evidenci\u00e1ndose, por tanto, el transcurso de m\u00e1s de dos (2) meses, los cuales superan ampliamente el plazo de diez (10) d\u00edas definidos por la jurisprudencia constitucional para zanjar este tipo de reclamos. <\/p>\n
Al respecto, ese alto Tribunal sostuvo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) El art\u00edculo 52 del Decreto 2591 de 1991 no fija un t\u00e9rmino determinado o determinable para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela, lo que, trat\u00e1ndose de un elemento esencial para armonizar con la Constituci\u00f3n implica la existencia de una omisi\u00f3n legislativa relativa. Al regular la Constituci\u00f3n la acci\u00f3n de tutela, en su art\u00edculo 86, y precisar que tanto la protecci\u00f3n de los derechos como el cumplimiento de los fallos deben ser inmediatos, y disponer que dicha inmediatez no debe superar los diez d\u00edas, de este mandato se sigue que para resolver el tr\u00e1mite incidental de desacato a un fallo de tutela no habr\u00e1n de transcurrir m\u00e1s de diez d\u00edas, contados desde su apertura. (\u2026)\u201d2 (subraya de la Sala) <\/p>\n
As\u00ed las cosas, se le ordenar\u00e1 al Juzgado Treinta y Ocho Civil del Circuito de Bogot\u00e1 resolver dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la notificaci\u00f3n de este prove\u00eddo, el comentado decurso incidental (CSJ STC8955-2017, 22 jun., rad. 2017-01124-01). <\/p>\n
3.2.2. De igual forma, necesario es recordar que el obtener el cumplimiento de los fallos de tutela es un deber del juez constitucional, para lo cual cuenta con m\u00faltiples facultades, incluso la de modular su orden en los casos que se muestre necesario para garantizar los derechos esenciales de los beneficiarios de aqu\u00e9llos. <\/p>\n
a) Recientemente, en cuanto a la obligaci\u00f3n que radica en el fallador supralegal de cara a la materializaci\u00f3n de las sentencias de amparo, esta Corte ha expuesto: <\/p>\n
Advi\u00e9rtase, el cumplimiento de los fallos de tutela es un deber oficioso del juez, no una facultad y, aun cuando el incidente de desacato es un medio accesorio para lograr ese cometido, ello no implica que el obedecimiento de las providencias est\u00e1 sometido a su inicio; contrario sensu, su observancia es una obligaci\u00f3n ineludible en los t\u00e9rminos se\u00f1alados; incluso, si la determinaci\u00f3n se honra tard\u00edamente, tal circunstancia no exonera de responsabilidad al destinatario de la orden. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Corte Constitucional ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026)[I]ncumplir las providencias judiciales desconoce la prevalencia del orden constitucional y la realizaci\u00f3n de los fines del Estado, vulnera los principios de confianza leg\u00edtima, de buena fe, de seguridad jur\u00eddica y de cosa juzgada, porque da al traste con la convicci\u00f3n leg\u00edtima y justificada de una persona que, al acudir ante la administraci\u00f3n de justicia, espera una decisi\u00f3n conforme al derecho que sea acatada por las autoridades o por los particulares a quienes les corresponda hacerlo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) La administraci\u00f3n de justicia y, de manera especial, el juez que dict\u00f3 la providencia judicial, no puede ser indiferentes o ajenos a su cumplimiento. Este cumplimiento puede y, si es del caso debe, efectuarse a\u00fan en contra de la voluntad de quien est\u00e1 llamado a ello, por medios coercitivos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) El incumplir una providencia judicial puede comprometer la responsabilidad de la persona a quien le es imputable esta conducta y puede tener consecuencias en diversos \u00e1mbitos. Y puede comprometerla, porque si bien el incumplimiento obedece a una situaci\u00f3n objetiva, dada por los hechos y s\u00f3lo por los hechos, la conducta de incumplir obedece a una situaci\u00f3n subjetiva, en la cual es relevante la culpabilidad de su autor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En algunos casos excepcionales, la conducta de incumplir no obedece a la voluntad de la persona llamada a cumplir con la providencia judicial, sino que responde a una situaci\u00f3n de imposibilidad f\u00edsica y jur\u00eddica. No se trata de una imposibilidad formal o enunciada, sino de una imposibilidad real y probada, de manera eficiente, clara y definitiva, de tal suerte que, en estos eventos, para la satisfacci\u00f3n material del derecho involucrado \u201ces procedente acudir a otros medios que permitan equiparar la protecci\u00f3n del derecho fundamental al acceso a la administraci\u00f3n de justicia o que mitiguen los da\u00f1os causados a la persona afectada\u201d, valga decir, se puede prever formas alternas de cumplimiento del fallo (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Si incumplir una providencia judicial es, como se vio, una conducta grave que puede comprometer la responsabilidad de la persona involucrada en diversos \u00e1mbitos, incumplir la orden dada por el juez constitucional en un fallo de tutela es una conducta de suma gravedad, porque (i) prolonga la vulneraci\u00f3n o amenaza de un derecho fundamental tutelado y (ii) constituye un nuevo agravio frente a los derechos fundamentales a un debido proceso y de acceso a la justicia (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
b) De otro lado, respecto a la posibilidad de modular la orden constitucional para la satisfacci\u00f3n de los derechos fundamentales en juego, se ha considerado: <\/p>\n
\u2026esta Sala ha avalado la facultad del juez de tutela de modificar su orden4, dentro de los siguientes raseros: <\/p>\n
\u201c(\u2026) (1) (\u2026) aspectos accidentales, bien porque: (a) la orden original nunca garantiz\u00f3 el goce efectivo del derecho fundamental tutelado, o lo hizo en un comienzo pero luego devino inane; (b) porque implica afectar de forma grave, directa, cierta, manifiesta e inminente el inter\u00e9s p\u00fablico o (c) porque es evidente que lo ordenado siempre ser\u00e1 imposible de cumplir. (2) (\u2026) las medidas deben estar encaminadas a lograr el cumplimiento de la decisi\u00f3n y el sentido original y esencial de la orden impartida en el fallo con el objeto de asegurar el goce efectivo del derecho fundamental tutelado. (3) Al juez le es dado alterar la orden en sus aspectos accidentales, esto es, en cuanto a las condiciones de tiempo, modo y lugar, siempre y cuando ello sea necesario para alcanzar dicha finalidad. (4) La nueva orden que se profiera, debe buscar la menor reducci\u00f3n posible de la protecci\u00f3n concedida y compensar dicha reducci\u00f3n de manera inmediata y eficaz (\u2026)\u201d5 (CSJ STC2825-2020, 13 mar., rad. 2020-00051-01). <\/p>\n
4. En suma, la situaci\u00f3n analizada impone la intervenci\u00f3n de este Juez constitucional, en tanto que tal desatenci\u00f3n, sin duda, trasgrede las garant\u00edas esenciales de la gestora. <\/p>\n
Por tanto, se itera, se conceder\u00e1 el resguardo, con alcance parcial, para que el Juzgado acusado proceda, no s\u00f3lo a resolver de fondo el incidente de desacato pendiente de definici\u00f3n, sino a adoptar todas las medidas que resulten necesarias para obtener el cumplimiento de su orden constitucional o para proteger los derechos esenciales inicialmente salvaguardados a la inconforme, con observancia de todas las consideraciones precedentes. <\/p>\n
5. Finalmente, como lo dispuesto impone que el Juzgado convocado efect\u00fae un pronunciamiento de fondo en cuanto al incumplimiento de su orden constitucional y la adopci\u00f3n de medidas de fondo para la materializaci\u00f3n de \u00e9sta, por sustracci\u00f3n de materia, esta Corporaci\u00f3n se abstiene de conceptuar frente al particular, en tanto que no le es dable anticiparse al veredicto que por ley le corresponde emitir al fallador natural. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Civil de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, concede, con alcance parcial, el amparo al derecho fundamental al debido proceso de la accionante, Hortencia de la Concepci\u00f3n Vergara de \u00c1vila, en consecuencia, dispone: <\/p>\n
Primero. Ordenar al Juzgado Cuarto Civil del Circuito de Valledupar que, dentro de los tres (3) d\u00edas siguientes a la notificaci\u00f3n de esta providencia, teniendo en cuenta las consideraciones contenidas en su parte motiva, proceda a definir el incidente de desacato que actualmente est\u00e1 en curso en el asunto fustigado y, adem\u00e1s, a adoptar todas las medidas que encuentre adecuadas para la satisfacci\u00f3n de los derechos esenciales resguardados a la parte accionante en el fallo de tutela dictado el 25 de abril de 2013 en el tr\u00e1mite constitucional adelantado bajo el radicado 20001-31-03-004-2013-00093. <\/p>\n
Segundo. En lo dem\u00e1s, se deniega la protecci\u00f3n rogada. <\/p>\n
Tercero. Comunicar lo aqu\u00ed resuelto a todos los interesados y, oportunamente, en caso de no impugnarse este fallo, env\u00edense las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 CSJ STC, 5 may. 2015, rad. 2014-00203-02. <\/p>\n
2\u0002 CC T-367\/14. <\/p>\n
3\u0002 CC C-367\/14. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC. 19 dic. 2013, rad. 2013-02945-00. <\/p>\n
5\u0002 CC T-086\/03, reiterada, entre otros, en los fallos T-171\/09 y T-512\/11. <\/p>\n
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STC8348-2021 AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO Magistrado ponente STC8348-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01980-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., siete (7) de julio de dos mil veintiuno (2021). Se decide la acci\u00f3n de tutela incoada por Hortencia de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55467","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55467","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55467"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55467\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55467"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55467"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55467"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}