STC8349-2021 <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8349-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-01998-00 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021). <\/p>\n
Se decide la acci\u00f3n de tutela instaurada por Hermides Bayona \u00c1lvarez, Jimmy Sneider Barrera Daza, Carlos Arturo Hurtado Garc\u00eda, Lubin Estiven Correa Morales, Andr\u00e9s Eloy Murillo Rubio, Blanca Nelly C\u00e1ceres Estupi\u00f1\u00e1n, Carlos Alberto Pineda C\u00e1ceres, Indira Paola Carpio Ben\u00edtez, Silvia Mar\u00eda Castellanos Cuadros, Policarpa Garc\u00eda Navarro, Juli\u00e1n Estiven Zapata Barrantes, Mario Alberto Garc\u00eda Rangel, Libaneth R\u00edos Torres, Rosa del Consuelo Castro Orlas, Elcy Torres Robles, Eny Johana Mart\u00ednez Vidal, Ludwing Alexis, Sergio Andr\u00e9s Bayona, Sonia Bayona Dur\u00e1n, Yaleidy Paola Madariaga Jaraba, Luis Alfonso Ortiz Modera, Pedro Rafael Madariaga Rodr\u00edguez, Ardrua Toquica Arias, Greis Blanco Bele\u00f1o, Deysi Judith P\u00e9rez Serrano, Yeny Paola L\u00f3pez Pach\u00f3n, Leticia Fl\u00f3rez Rodelo, Isidro Alba Ropero y Ximena Alexandra Carvajal Chancy contra la Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga, a cuyo tr\u00e1mite fueron vinculadas las partes e intervinientes en el asunto que origin\u00f3 la queja. <\/p>\n
ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores del amparo reclamaron la protecci\u00f3n constitucional de sus derechos fundamentales al debido proceso, \u00abvivienda en condiciones dignas\u00bb, trabajo y \u00abacceso a la administraci\u00f3n de justicia\u00bb, presuntamente vulnerados por la sede judicial convocada al definir otra acci\u00f3n que de este mismo linaje instauraron. <\/p>\n
Solicitaron, entonces, ordenar a la Colegiatura encausada \u00abdejar sin efecto el fallo que ordena el desalojo por falta de identificaci\u00f3n plena del predio\u00bb. <\/p>\n
2. Son hechos relevantes para la definici\u00f3n de este caso, los siguientes: <\/p>\n
2.2. Surtidas las etapas respectivas, el once de marzo de 2021 el Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Wilches deneg\u00f3 la protecci\u00f3n rogada, decisi\u00f3n que el 28 de abril siguiente confirm\u00f3 el Juzgado Primero Civil del Circuito del mismo lugar, ante lo cual los quejosos formularon otra demanda de amparo criticando dichos fallos, salvaguarda que el 10 de mayo \u00faltimo les deneg\u00f3 el Tribunal ahora accionado, sin que esta determinaci\u00f3n fuese impugnada. <\/p>\n
2.3. Ahora los actores acuden nuevamente a este mecanismo excepcional pero quej\u00e1ndose, en concreto, de que el cuerpo colegiado enjuiciado, en la actuaci\u00f3n referida a espacio, no realiz\u00f3 un estudio de fondo del caso ni se pronunci\u00f3, a pesar de su insistencia, \u00absobre la medida provisional de no realizar [el] desalojo\u00bb. <\/p>\n
3. La Corte admiti\u00f3 el libelo de amparo, orden\u00f3 librar las comunicaciones de rigor y pidi\u00f3 rendir los informes a que alude el canon 19 del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
4. La Sala Civil-Familia del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga solicit\u00f3 denegar la protecci\u00f3n porque \u00aben la sentencia cuestionada se expusieron los motivos por los cuales se declar\u00f3 la improcedencia al amparo rogado, as\u00ed como la normatividad y jurisprudencia en que se sustent\u00f3\u00bb. <\/p>\n
CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, la acci\u00f3n de tutela es un mecanismo jur\u00eddico concebido para proteger los derechos fundamentales, cuando son vulnerados o amenazados por los actos u omisiones de las autoridades p\u00fablicas, en determinadas hip\u00f3tesis, de los particulares, cuya naturaleza subsidiaria y residual no permite sustituir o desplazar a los jueces funcionalmente competentes, ni los medios comunes de defensa judicial. <\/p>\n
Por lineamiento jurisprudencial, en trat\u00e1ndose de actuaciones y providencias judiciales, el resguardo se abre paso de manera excepcional y limitado a la presencia de una irrefutable v\u00eda de hecho, cuando \u00abel proceder ileg\u00edtimo no es dable removerlo a trav\u00e9s de los medios ordinarios previstos en la ley\u00bb (CSJ STC, 11 may. 2001, rad. 2001-00183-01); y por supuesto, se cumpla el requisito de la inmediatez. <\/p>\n
El planteamiento anterior se aplica en \u00abuna medida a\u00fan mayor cuando la providencia atacada fue proferida por un juez constitucional como ep\u00edlogo del tr\u00e1mite de amparo; de lo contrario, se abrir\u00eda la puerta a una espiral infinita de acciones de la misma naturaleza, en la que se controvertir\u00eda ad aeternum lo expresado en el primer fallo\u00bb (CSJ STC, 8 jul. 2008, rad. 2008-01018-00). <\/p>\n
2. De lo expuesto en la demanda de amparo se tiene que los accionantes cuestionan el fallo de tutela que el 10 de mayo de 2021 dict\u00f3 el Tribunal convocado -decisi\u00f3n que no impugnaron-, mediante el cual se deneg\u00f3 el resguardo por ellos reclamado respecto a las determinaciones adoptadas en otra acci\u00f3n que del mismo linaje instauraron contra los Juzgados Promiscuo Municipal y Primero Civil del Circuito de Puerto Wilches. <\/p>\n
2.1. Puestas as\u00ed las cosas, advierte la Sala el fracaso de la salvaguarda propuesta debido a su improcedencia para controvertir las sentencias proferidas en acciones de la misma estirpe. <\/p>\n
Al respecto, la Corte Constitucional en fallo T-353\/12, reiterando lo afirmado en la SU-1219\/01, manifest\u00f3: <\/p>\n
\u2026la Corte ha admitido la posibilidad de interponer acciones de tutela contra actuaciones judiciales arbitrarias, incluso actuaciones arbitrarias de jueces de tutela, pero nunca con respecto a sentencias de tutela, sino con relaci\u00f3n a incidentes de desacato, o contra autos emitidos en el curso del proceso de tutela. A partir de la Sentencia SU-1219 de 2001, la Sala Plena de esta Corporaci\u00f3n unific\u00f3 su posici\u00f3n frente a este tema, precisando que las sentencias de tutela, y en general las decisiones que se tomen en el tr\u00e1mite de estos procesos, no pueden ser objeto de controversia constitucional mediante la formulaci\u00f3n de una nueva solicitud, ya que tal proceder, adem\u00e1s de mutar la naturaleza jur\u00eddica de la acci\u00f3n de tutela, har\u00eda que los conflictos jur\u00eddicos que se discuten en esa sede tuvieran un car\u00e1cter indefinido, lo cual atenta no solo contra los principios de seguridad jur\u00eddica y cosa juzgada, sino que tambi\u00e9n genera un grave perjuicio al goce efectivo y real de los derechos constitucionales que la tutela se encamina a garantizar de manera cierta, estable y oportuna (criterio reiterado por esta Corte en CSJ STC178-2016, 21 en., rad. 2015-03107). <\/p>\n
Resulta inviable la acci\u00f3n de tutela cuando \u00e9sta se dirige a combatir fallos proferidos en actuaciones de la misma especie, porque en tal hip\u00f3tesis, los mecanismos establecidos en el ordenamiento jur\u00eddico son la impugnaci\u00f3n del fallo ante el superior y la revisi\u00f3n eventual que por ley puede hacer la Corte Constitucional (art\u00edculo 86, inciso segundo, de la Carta Pol\u00edtica), sin que proceda un nuevo estudio del mismo linaje constitucional… Sobre la impertinencia de la tutela contra una sentencia dictada en un proceso de igual estirpe, esta Corporaci\u00f3n ha sentado su posici\u00f3n al respecto en diversos fallos precedentes: basta mencionar, entre otras, sentencias de 22 de agosto de 2008, exp. 2008-01317-00 y 9 de febrero de 2009, exp.2009-00126-00 (CSJ STC, 21 feb 2011, rad. 2010-00723-00; y CSJ STC178, 21 en. 2016, rad. 2015-03107). <\/p>\n
Bajo esa perspectiva, surge palmario que el inconforme tiene dos mecanismos previstos en el ordenamiento jur\u00eddico para recurrir una sentencia de tutela, el primero es la impugnaci\u00f3n frente a la dictada por el a-quo (la que se omiti\u00f3 agotar en el asunto fustigado) y, el segundo, la eventual revisi\u00f3n por parte de la Corte Constitucional, quedando as\u00ed imposibilitada cualquier otra oportunidad para que se examine una decisi\u00f3n tomada por otro juez tutelar. <\/p>\n
De modo que la petici\u00f3n aqu\u00ed elevada por los quejosos no podr\u00e1 ser atendida, pues a\u00fan gozan de la instancia de la eventual revisi\u00f3n ante la Corte Constitucional para exponer sus inconformidades, por lo que es all\u00ed a donde deben acudir. <\/p>\n
Al respecto esa Corporaci\u00f3n ha explicado que: <\/p>\n
La Constituci\u00f3n misma previ\u00f3 un proceso especial contra cualquier falta de protecci\u00f3n de los derechos fundamentales: la revisi\u00f3n de las sentencias de tutela proferidas por los jueces constitucionales (art. 86 inciso 2\u00ba C.P.). La revisi\u00f3n que lleva a cabo la Corte Constitucional incluye las v\u00edas de hecho de los mismos jueces de tutela. Se trata de un mecanismo especial para garantizar el cierre del sistema jur\u00eddico por el \u00f3rgano constitucional encargado de salvaguardar la supremac\u00eda de la Constituci\u00f3n (Negrilla fuera del texto original, CC T-041\/10, reiterada por esta Corporaci\u00f3n en CSJ STC178, 21 en. 2016). <\/p>\n
2.2. N\u00f3tese, en todo caso, que aqu\u00ed no se dan los supuestos de la sentencia SU-627\/15 del m\u00e1ximo \u00f3rgano patrio en lo constitucional para que se abra paso la protecci\u00f3n, pues sumado a que el asunto no ha sido excluido de revisi\u00f3n, lo cierto es que no se demostr\u00f3, ni tan siquiera se aleg\u00f3, la presencia de una eventual \u00absituaci\u00f3n de fraude\u00bb sino la disparidad de entendimiento de los quejosos entre lo razonado por el Tribunal acusado en contraposici\u00f3n con su postura; y en ese sentido, lo que atacan es el fondo del fallo que el pasado 10 de mayo emiti\u00f3 el Tribunal acusado, por una mera diferencia de criterio, sin que, se itera, \u00abse demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit)\u00bb (se destac\u00f3). <\/p>\n
Al respecto, pertinente es recordar que en la referida sentencia de unificaci\u00f3n de la Corte Constitucional se exterioriz\u00f3 que: <\/p>\n
4.6. Unificaci\u00f3n jurisprudencial respecto de la procedencia de la acci\u00f3n de tutela contra sentencias de tutela y contra actuaciones de los jueces de tutela anteriores o posteriores a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.1. Para establecer la procedencia de la acci\u00f3n de tutela, cuando se trata de un proceso de tutela, se debe comenzar por distinguir si \u00e9sta se dirige contra la sentencia proferida dentro de \u00e9l o contra una actuaci\u00f3n previa o posterior a ella. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2. Si la acci\u00f3n de tutela se dirige contra la sentencia de tutela, la regla es la de que no procede. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.1. Esta regla no admite ninguna excepci\u00f3n cuando la sentencia ha sido proferida por la Corte Constitucional, sea por su Sala Plena o sea por sus Salas de Revisi\u00f3n de Tutela. En este evento solo procede el incidente de nulidad de dichas sentencias, que debe promoverse ante la Corte Constitucional. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.2.2. Si la sentencia de tutela ha sido proferida por otro juez o tribunal de la Rep\u00fablica, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional, cuando exista fraude y por tanto, se est\u00e9 ante el fen\u00f3meno de la cosa juzgada fraudulenta, siempre y cuando, adem\u00e1s de cumplir con los requisitos gen\u00e9ricos de procedibilidad de la tutela contra providencias judiciales, (i) la acci\u00f3n de tutela presentada no comparta identidad procesal con la solicitud de amparo cuestionada; (ii) se demuestre de manera clara y suficiente, que la decisi\u00f3n adoptada en la sentencia de tutela fue producto de una situaci\u00f3n de fraude (Fraus omnia corrumpit); y (iii) no exista otro medio, ordinario o extraordinario, eficaz para resolver la situaci\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3. Si la acci\u00f3n se de tutela se dirige contra actuaciones del proceso de tutela diferentes a la sentencia, se debe distinguir si \u00e9stas acaecieron con anterioridad o con posterioridad a la sentencia. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.1. Si la actuaci\u00f3n acaece con anterioridad a la sentencia y consiste en la omisi\u00f3n del juez de cumplir con su deber de informar, notificar o vincular a los terceros que ser\u00edan afectados por la demanda de tutela, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela, la acci\u00f3n de tutela s\u00ed procede, incluso si la Corte Constitucional no ha seleccionado el asunto para su revisi\u00f3n. <\/p>\n
<\/p>\n
4.6.3.2. Si la actuaci\u00f3n acaece con posterioridad a la sentencia y se trata de lograr el cumplimiento de las \u00f3rdenes impartidas en dicha sentencia, la acci\u00f3n de tutela no procede. Pero si se trata de obtener la protecci\u00f3n de un derecho fundamental que habr\u00eda sido vulnerado en el tr\u00e1mite del incidente de desacato, y se cumplen los requisitos generales de procedibilidad de la acci\u00f3n de tutela contra providencias judiciales, la acci\u00f3n de tutela puede proceder de manera excepcional (se destac\u00f3 – CC SU-627\/15). <\/p>\n
<\/p>\n
3. Lo consignado impone el despacho adverso del ruego tutelar. <\/p>\n
DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, declara improcedente el resguardo solicitado. <\/p>\n
Comun\u00edquese a trav\u00e9s del medio m\u00e1s expedito a todos los interesados y, en caso de no impugnarse este fallo, rem\u00edtanse las actuaciones respectivas a la Corte Constitucional, para la eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
<\/p>\n
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