STC8363-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8363-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-03-000-2021-02082-00 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la demanda de tutela impetrada por Gloria Yaneth Estupi\u00f1\u00e1n Gonz\u00e1lez frente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, espec\u00edficamente frente a los magistrados Luis Alberto T\u00e9llez Ruiz, Javier Gonz\u00e1lez Serrano y Carlos Augusto Pradilla Tarazona, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpetici\u00f3n de herencia\u201d adelantado por la aqu\u00ed actora a Rodrigo Gonz\u00e1lez Porras y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La gestora implora el amparo de los derechos al debido proceso, defensa e igualdad, entre otros, presuntamente vulnerados por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo y sus anexos se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
Gloria Yaneth Estupi\u00f1\u00e1n Gonz\u00e1lez inco\u00f3, ante el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de San Gil, el juicio materia de esta salvaguarda, asunto en el cual se emiti\u00f3 sentencia el 19 de enero de 2020, orden\u00e1ndose rehacer en su totalidad el juicio sucesorio de la causante Rosa Mar\u00eda Porras de Gonz\u00e1lez \u2013abuela de la tutelante\u2013 y conden\u00e1ndose a los all\u00ed demandados \u2013t\u00edos, primos y hermanos de la accionante- a restituir, en favor de la promotora, los bienes adquiridos en la referida causa mortuoria. <\/p>\n
Aduce la gestora que el mencionado fallo fue recurrido por el extremo pasivo, correspondi\u00e9ndole el conocimiento de la alzada a la Sala Civil Familia Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de la citada localidad, quien, en prove\u00eddo de 16 de abril de 2021, revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del a quo, \u201cexcluyendo de responsabilidad a todos los demandados a excepci\u00f3n de [sus] hermanos\u201d. <\/p>\n
Considera que el colegiado criticado incurri\u00f3 en v\u00eda de hecho, por cuanto <\/p>\n
\u201c(\u2026) i) examin\u00f3 aspectos que no fueron decididos por el Juzgado <\/p>\n
Afirma que el fallo del tribunal fustigado le causa un perjuicio irremediable, pues no garantiza su derecho de recibir la cuota de la herencia que realmente le corresponde, m\u00e1xime, cuando los dem\u00e1s herederos se apropiaron de los todos los bienes de la causante Rosa Mar\u00eda Porras de Gonz\u00e1lez. <\/p>\n
3. Suplica, en concreto, dejar sin efecto la decisi\u00f3n impartida por el colegiado convocado. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Realiz\u00f3 un recuento de las actuaciones desplegadas por esa corporaci\u00f3n dentro del caso bajo estudio, sin pronunciarse frente a los hechos expuestos en el libelo genitor. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. \u00danicamente las determinaciones judiciales arbitrarias con directa repercusi\u00f3n en las garant\u00edas fundamentales de las partes o de terceros, son susceptibles de cuestionamiento por v\u00eda de tutela, siempre y cuando, claro est\u00e1, su titular haya agotado los medios legales ordinarios dispuestos para hacerlas prevalecer dentro del correspondiente proceso. <\/p>\n
2. El auxilio se centra en establecer si se menoscabaron las prerrogativas superiores de Gloria Yaneth Estupi\u00f1\u00e1n Gonz\u00e1lez con el fallo de 21 de abril de 2021, emitido por la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, mediante la cual revoc\u00f3 parcialmente la determinaci\u00f3n del a quo, donde se hab\u00eda ordenado rehacer en su totalidad el juicio sucesorio de la causante Rosa Mar\u00eda Porras de Gonz\u00e1lez \u2013 abuela de la tutelante -. <\/p>\n
3. Se advierte que el ruego no tiene vocaci\u00f3n de prosperidad, por carecer del requisito de subsidiariedad, por cuanto la interesada contaba con la oportunidad de discutir el tema aqu\u00ed reprochado, en sede de casaci\u00f3n, a voces de lo establecido en los art\u00edculos 334 y 338 del C\u00f3digo General del Proceso1, empero no lo hizo, situaci\u00f3n que le cierra el paso de este mecanismo residual. <\/p>\n
N\u00f3tese, la acci\u00f3n impulsada por la gestora trata sobre un asunto declarativo; adem\u00e1s, aquella contaba con el inter\u00e9s econ\u00f3mico para acudir al comentado remedio extraordinario, pues, uno de los bienes relictos de la causante tiene un valor comercial actual de $1.105.465.038,95, seg\u00fan la experticia practicada en segunda instancia. <\/p>\n
Incluso, de estar en duda la cuant\u00eda del litigio, la quejosa pudo aportar el dictamen pericial se\u00f1alado en el canon 339 ibidem2, y as\u00ed determinar el justiprecio necesario para acceder al referido recurso. <\/p>\n
Sobre el descuido en el uso de las herramientas ordinarias y extraordinarias de defensa, esta Sala ha adoctrinado <\/p>\n
\u201c(\u2026) si [el tutelante] incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, tal y como lo prev\u00e9 el art\u00edculo 118 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil -, ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela\u201d3. <\/p>\n
En un asunto de similares contornos al aqu\u00ed expuesto, esta Corte se\u00f1al\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]e advierte que el peticionario, en una conducta constitutiva de incuria, dej\u00f3 de formular el recurso extraordinario de casaci\u00f3n contra la providencia referida l\u00edneas atr\u00e1s, herramienta judicial que proced\u00eda para ventilar las inconformidades que ahora aduce a trav\u00e9s de esta acci\u00f3n de car\u00e1cter eminentemente constitucional, qued\u00e1ndole cerrada, entonces, toda posibilidad de \u00e9xito de obtener lo pretendido en la tutela, pues de admitirse su procedencia, es decir, el estudio de su queja, \u00e9sta se convertir\u00eda en un instrumento paralelo o sustitutivo de oportunidades procesales fenecidas, a voces del numeral 1\u00b0 del art\u00edculo 6\u00b0 del Decreto 2591 de 1991 (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
3. Ahora, no se configura un perjuicio irremediable que permita conceder de manera transitoria el auxilio invocado, al no estar probados los presupuestos de inminencia, gravedad, urgencia e impostergabilidad, propios del mismo. <\/p>\n
En cuanto a las caracter\u00edsticas del ese perjuicio, la Sala ha indicado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d5 (negrillas originales). <\/p>\n
4. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos6 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
La regla 93 ej\u00fasdem, se\u00f1ala: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 19697, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d8, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
4.1. Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed la protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio9. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
4.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-10, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales11; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas12. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus intereses. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
5. Por los argumentos anteriores, el amparo deprecado ser\u00e1 desestimado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: NEGAR la tutela solicitada por Gloria Yaneth Estupi\u00f1\u00e1n Gonz\u00e1lez frente a la Sala Civil \u2013 Familia \u2013 Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de San Gil, espec\u00edficamente frente a los magistrados Luis Alberto T\u00e9llez Ruiz, Javier Gonz\u00e1lez Serrano y Carlos Augusto Pradilla Tarazona, con ocasi\u00f3n del juicio de \u201cpetici\u00f3n de herencia\u201d adelantado por la aqu\u00ed actora a Rodrigo Gonz\u00e1lez Porras y otros. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados. <\/p>\n
TERCERO: Si este fallo no fuere impugnado rem\u00edtase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Art\u00edculo 334. \u201cEl recurso extraordinario de casaci\u00f3n procede contra las siguientes sentencias, cuando son proferidas por los tribunales superiores en segunda instancia: 1. Las dictadas en toda clase de procesos declarativos. 2. Las dictadas en las acciones de grupo cuya competencia corresponda a la jurisdicci\u00f3n ordinaria.3. Las dictadas para liquidar una condena en concreto\u201d. <\/p>\n
Art\u00edculo 338. \u201cCuando las pretensiones sean esencialmente econ\u00f3micas, el recurso procede cuando el valor actual de la resoluci\u00f3n desfavorable al recurrente sea superior a un mil salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes (1.000 smlmv). Se excluye la cuant\u00eda del inter\u00e9s para recurrir cuando se trate de sentencias dictadas dentro de las acciones populares y de grupo, y las que versen sobre el estado civil\u201d. <\/p>\n
2\u0002 Art\u00edculo 339. Justiprecio del inter\u00e9s para recurrir y concesi\u00f3n del recurso. \u201cCuando para la procedencia del recurso sea necesario fijar el inter\u00e9s econ\u00f3mico afectado con la sentencia, su cuant\u00eda deber\u00e1 establecerse con los elementos de juicio que obren en el expediente. Con todo, el recurrente podr\u00e1 aportar un dictamen pericial si lo considera necesario, y el magistrado decidir\u00e1 de plano sobre la concesi\u00f3n\u201d. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC de 6 de julio de 2010, exp. 2010-00241-01; reiterada el 9 de diciembre de 2011 y 16 de febrero de 2012, exps. 2011-01459-01 y 2011-00398-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ STC de 5 de septiembre de 2018, exp. 2018-01303-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
6\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado en San Jos\u00e9, Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969, aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
7\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
8\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres c. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares c. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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