STC8364-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8364-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00601-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 15 de abril de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Ricardo Brice\u00f1o Pedraza a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada estirpe, con radicado n\u00b02017-01430-01, adelantado contra el gestor por el presunto delito de \u201churto agravado por la confianza\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
El impulsor aduce que el 10 de abril de 2015, Gerardo Rodr\u00edguez Palacio le confiri\u00f3 poder especial para vender un inmueble de su propiedad. <\/p>\n
Afirma promotor que, al abrigo del rese\u00f1ado documento, mediante escritura p\u00fablica n\u00b00727 de 14 de abril postrero, otorgada en la Notar\u00eda Segunda del C\u00edrculo Notarial de Zipaquir\u00e1, enajen\u00f3 el predio en cuesti\u00f3n a Mar\u00eda Teresa Mora de Guerrero en $55.000.000. <\/p>\n
El actor asevera que Rodr\u00edguez Palacio lo requiri\u00f3 para que le entregara el dinero e, igualmente, le exigi\u00f3 un monto mayor, alegando que, en realidad, el negocio se efectu\u00f3 por $120.000.000. <\/p>\n
Destaca el demandante que, para zanjar la controversia, le dio a Gerardo Rodr\u00edguez Palacio una casa, un veh\u00edculo y el 50% de las acciones, a su nombre, de una mina de carb\u00f3n. <\/p>\n
Inconforme con los bienes recibidos, Rodr\u00edguez Palacio denunci\u00f3 penalmente al impulsor, enrostr\u00e1ndole el delito de \u201churto agravado por la confianza\u201d, pues, en su decir, la tradici\u00f3n se efectu\u00f3 por un valor superior al mencionado en el rese\u00f1ado instrumento, sin obtener suma alguna. <\/p>\n
Sostiene el accionante que, bajo el tr\u00e1mite abreviado previsto en la Ley 1826 de 20171, la Fiscal\u00eda Primera Local de Zipaquir\u00e1, el 21 de octubre de 2020, le corri\u00f3 traslado del escrito de acusaci\u00f3n, oportunidad donde hizo notar la ausencia de la cuant\u00eda del da\u00f1o supuestamente causado. <\/p>\n
Por tal motivo, refiere el petente, el d\u00eda 27 del mismo mes y a\u00f1o, se modific\u00f3 la acusaci\u00f3n en el sentido de se\u00f1alar que el presunto perjuicio ascend\u00eda a $120.000.000. <\/p>\n
En audiencia concentrada, surtida el 2 de marzo de 2021, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal de Zipaquir\u00e1, la fiscal\u00eda destac\u00f3 que ese estrado no era competente para gestionar el ritual, por cuanto el detrimento al patrimonio de la v\u00edctima, superaba los cincuenta (150) salarios m\u00ednimo legales mensuales vigentes, al momento de los hechos. <\/p>\n
Al tenor de lo reglado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 906 de 20042, el precitado despacho judicial acogi\u00f3 esa tesis y destac\u00f3 que el conocimiento del procedimiento atacado, le correspond\u00eda a un Juzgado Penal del Circuito de esa ciudad y, en consecuencia, dispuso la remisi\u00f3n de las diligencias al tribunal confutado para dirimir el conflicto de competencia. <\/p>\n
En pronunciamiento de 8 de marzo pasado, el colegiado fustigado estableci\u00f3 que el decurso criticado deb\u00eda ser definido por los Juzgados Penales del Circuito de Zipaquir\u00e1 (reparto), por cuanto en la acusaci\u00f3n se indic\u00f3 que, al 2015, el da\u00f1o a la v\u00edctima ascend\u00eda a $120.000.000. <\/p>\n
Para el quejoso, se lesionaron sus garant\u00edas, pues se refrend\u00f3 la actuaci\u00f3n irregular de la fiscal\u00eda cuando modific\u00f3 la cuant\u00eda del debate, pese a no se\u00f1alar ninguna en el primer traslado; adem\u00e1s, en la escritura de venta se indic\u00f3 que el negocio se dio por $55.000.000, monto inferior a cincuenta (150) salarios m\u00ednimo legales mensuales vigentes, a la calenda del contrato. <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, dejar sin efecto la decisi\u00f3n del colegiado refutado y, en su lugar, ordenar continuar el tr\u00e1mite reprochado en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Zipaquir\u00e1. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. La colegiatura demandada defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n3. <\/p>\n
3. Gerardo Rodr\u00edguez Palacio adujo que no se ha conculcado prerrogativa alguna en la ritualidad materia de disenso. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, al estimar razonada la providencia emitida por el tribunal encausado y por desentenderse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo y criticando la inusual rapidez de la autoridad censurada para desatar el conflicto de competencia refutado. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La controversia estriba en determinar si la corporaci\u00f3n accionada vulner\u00f3 los derechos fundamentales del reclamante, al decidir la competencia del procedimiento objeto de controversia, con fundamento en la cuant\u00eda referida por la fiscal\u00eda en el escrito de acusaci\u00f3n. <\/p>\n
En el auto de 8 de marzo de 2021, el ad quem confutado enfatiz\u00f3 en la trascendencia de los planteamientos formulados por el ente instructor en la acusaci\u00f3n, pues all\u00ed se encontraban los hechos para dirimir el debate y como el presunto da\u00f1o generado a la v\u00edctima, superaba los cincuenta (150) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes, a la data de la venta, el asunto deb\u00eda ser fallado por un despacho del circuito, conforme a lo preceptuado en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 37 de la Ley 906 de 20044. <\/p>\n
Sobre lo aducido, as\u00ed discurri\u00f3 el tribunal reprochado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Con el objetivo de establecer el funcionario competente (\u2026), es necesario [revisar] lo consignado en el escrito de acusaci\u00f3n (\u2026) [pues ah\u00ed] se relat\u00f3 que [el origen de la contienda surgi\u00f3] cuando el (\u2026) 10 de abril de 2015, (\u2026) Gerardo Rodr\u00edguez Palacio concedi\u00f3 poder [al promotor] para que realizara una la venta de un inmueble de propiedad del primero, el cual fue (\u2026) [enajenado por el petente y, \u00e9ste no entreg\u00f3 el producto del negocio y,] a cambio, [el tutelante le dio al mandante] una volqueta, una mina de carb\u00f3n y, una casa (\u2026); con el tiempo [el actor] le manifest\u00f3 que ten\u00eda que pagar arriendo por un valor de $1.500.000 y, para mayor sorpresa del denunciante, la volqueta y la mina no estaban a nombre del [precursor] (\u2026). [Seg\u00fan] la fiscal\u00eda, era evidente (\u2026) que se caus\u00f3 un grave da\u00f1o al bien jur\u00eddico protegido por el legislador de (\u2026) Gerardo Rodr\u00edguez Palacio, al haberse vendido el inmueble a su nombre por (\u2026) $120.000.000, dinero que fue [dado] a la v\u00edctima\u201d. <\/p>\n
\u201cEs forzoso tomar como referente lo se\u00f1alado (\u2026) en el escrito de acusaci\u00f3n, porque el marco all\u00ed fijado delimita la cuesti\u00f3n f\u00e1ctica frente a la cual versar\u00e1 [la discusi\u00f3n]\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cPuede que eventualmente se suscite una discusi\u00f3n en punto al valor cual se vendi\u00f3 el inmueble, como desde ahora se vislumbra con la posici\u00f3n del [quejoso,] pero en todo caso, lo vinculante para (\u2026) determinar la competencia es lo plasmado en el escrito de acusaci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cNo es dable desbordar[lo] (\u2026), porque a esta altura procesal no [se] puede[n] valorar [aspectos] ajenos a la actuaci\u00f3n, bajo una interpretaci\u00f3n que difiera de la asumida por la fiscal\u00eda, [pues] entre otras consecuencias, se afectar\u00eda la congruencia, reglada en el art\u00edculo 448 de C. de P.P. [que ser\u00e1 la base del respectivo fallo] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Para la Sala, no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada, por cuanto el tribunal enjuiciado defini\u00f3 la competencia en raz\u00f3n de la cuant\u00eda, al tenor del par\u00e1metro fijado por la acusaci\u00f3n, sin advertirse un proceder caprichoso, arbitrario o tergiversado en los asertos de la providencia examinada, pues los mismos son l\u00f3gicos y congruentes. <\/p>\n
Adicionalmente, la discrepancia del actor con lo all\u00ed expuesto, no es suficiente para mantener el conocimiento del asunto en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Zipaquir\u00e1 y, menos a\u00fan, para ameritar la intervenci\u00f3n de esta especial jurisdicci\u00f3n, m\u00e1xime si ninguna amenaza o perjuicio irremediable se aprecia contra el actor en la decisi\u00f3n encausada. <\/p>\n
En esa medida, la Corte encuentra que la determinaci\u00f3n del tribunal refutado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de las particularidades de la contienda y de la normatividad aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d5. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Advi\u00e9rtase, no es dable reabrir discusiones a trav\u00e9s del ruego tuitivo, pues el mismo est\u00e1 instituido para la defensa de los derechos fundamentales, m\u00e1s no para buscar una mejor opini\u00f3n como si de otra instancia se tratase. <\/p>\n
Sobre lo esbozado, la Sala ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]ste mecanismo, por lo excepcional, am\u00e9n de su naturaleza subsidiaria, no deviene como un recurso alterno o suplementario y su invocaci\u00f3n resulta leg\u00edtima en la medida en que el afectado no cuente con recursos legales para evitar la vulneraci\u00f3n de la que se duele. Contrario a ello, esto es, si existen tales medios surge inane la utilizaci\u00f3n de la tutela; consecuencia similar emerge cuando el interesado teniendo dichos recursos los ha menospreciado o no ha hecho uso de ellos, dado que en tal hip\u00f3tesis culmina invocando su propia negligencia o incuria, lo que no es permitido y menos a trav\u00e9s de la acci\u00f3n constitucional que ocupa la atenci\u00f3n de la Sala (\u2026)\u201d6 (\u00e9nfasis adrede). <\/p>\n
4. Refuerza la improcedencia de la protecci\u00f3n exigida que el proceso penal seguido al reclamante se encuentra en pleno curso, pudiendo \u00e9ste, por tanto, concurrir al mismo y activar los mecanismos a su alcance, en aras de salvaguardar sus intereses. <\/p>\n
En una acci\u00f3n similar, la Sala indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c[S]in esfuerzo se insin\u00faa que ninguna posibilidad de \u00e9xito comporta esta tutela, pues su interesado no puede acudir a la justicia constitucional soslayando los medios de defensa establecidos en el estatuto procesal penal, en raz\u00f3n a que la acci\u00f3n de amparo no se cre\u00f3 para ser utilizada a voluntad de los peticionarios en forma alterna o sustituta de dichos mecanismos. Obs\u00e9rvese que, como acertadamente lo expres\u00f3 el a quo, el juicio que se le sigue al actor est\u00e1 en pleno desarrollo, evento que revela que en ese campo a\u00fan le es posible debatir las inconformidades que ahora denuncia. En efecto, si no se ha dictado sentencia, est\u00e1 facultado, si contin\u00faa inconforme, para impugnarla; y de serle adverso el fallo de segundo grado, para acudir, si es su deseo, en casaci\u00f3n. <\/p>\n
\u201cDesde esa perspectiva, es claro el fracaso de la protecci\u00f3n deprecada por cuanto no fue instituida, como se anticip\u00f3, para sustituir los instrumentos ordinarios consagrados por el legislador en favor de las partes o para adelantarse a las decisiones que le corresponde adoptar al juez del proceso, sino \u00fanica y exclusivamente para el evento en que la persona que se sienta agraviada o afectada en una garant\u00eda fundamental, carezca de recursos judiciales para atacarla o aunque contando con ellos no sean id\u00f3neos para el efecto (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la salvaguarda invocada deviene impr\u00f3spera por su condici\u00f3n subsidiaria, evento contemplado como causal de inviabilidad en el inciso 3\u00ba del art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, en concordancia con el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 6\u00ba del Decreto 2591 de 1991. <\/p>\n
5. Tocante al embate, seg\u00fan el cual, fue inusual la rapidez del colegiado a demandado para definir el conflicto de competencia materia de disenso, el resguardo tampoco prospera porque ese alegato no fue planteado en la demanda de amparo y solo fue enarbolado en la impugnaci\u00f3n, constituyendo tal ataque un hecho nuevo no controvertido por la pasiva; en consecuencia, no procede realizar un pronunciamiento sobre el particular. <\/p>\n
Frente a ese t\u00f3pico, esta Corporaci\u00f3n ha manifestado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [E]s cierto que en sede de tutela, est\u00e1 establecida la facultad \u2013 deber del fallador de sentenciar extra y ultra petita cuando, en el tr\u00e1mite ante \u00e9l ventilado, se advierta la necesidad de reparar o evitar la trasgresi\u00f3n o amenaza de los bienes jur\u00eddicos superiores (\u2026). Tambi\u00e9n lo es que lo anterior no puede convertirse en patente de corso cuando de hechos nuevos se trata, como quiera que \u00e9sta tampoco es extra\u00f1a a las reglas del debido proceso, entre las cuales se destaca el derecho de los convocados a la defensa (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos9 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196910, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d11, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio12. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia13, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales14; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas15. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Por medio de la cual se establece un procedimiento penal especial abreviado y se regula la figura del acusador privado. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 37. De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen: (\u2026). 2. De los delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico en cuant\u00eda equivalente a una cantidad no superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes al momento de la comisi\u00f3n del hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 Atendiendo al principio de buena fe, la intervenci\u00f3n de dicho sujeto procesal se toma del fallo impugnado, por cuanto a esta instancia no se alleg\u00f3 el archivo contentivo de \u00e9sta. <\/p>\n
4\u0002 \u201c(\u2026) Art\u00edculo 37. De los jueces penales municipales. Los jueces penales municipales conocen: (\u2026). 2. De los delitos contra el patrimonio econ\u00f3mico en cuant\u00eda equivalente a una cantidad no superior en pesos en ciento cincuenta (150) salarios m\u00ednimos mensuales legales vigentes al momento de la comisi\u00f3n del hecho (\u2026)\u201d. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. STC de 23 de febrero de 2007, exp. 02068-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ, STC de 20 de marzo de 2012, exp. 2012-00192-01 <\/p>\n
8\u0002 CSJ. STC de 10 de mayo de 2011, exp. 00416-01. <\/p>\n
9\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
10\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
11\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
12\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8364-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8364-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00601-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 15 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55471","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55471","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55471"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55471\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55471"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55471"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55471"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}