STC8365-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8365-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00645-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 22 de abril de 2021, proferida por la Sala de Casaci\u00f3n Penal, dentro de la salvaguarda promovida por Alfredo S\u00e1nchez Ronderos a la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bucaramanga y al Juzgado Quinto Penal del Circuito de esa ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio de la se\u00f1alada estirpe, con radicado n\u00b02013-08436-01, adelantado contra el gestor por el delito de \u201cacceso carnal en persona incapaz de resistir\u201d. <\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. El reclamante implora la protecci\u00f3n de sus prerrogativas al debido proceso y acceso a la administraci\u00f3n de justicia, presuntamente violentadas por las autoridades accionadas. <\/p>\n
2. Del escrito inaugural y de la revisi\u00f3n de las pruebas, la causa petendi permite la siguiente s\u00edntesis: <\/p>\n
El impulsor se encuentra detenido en establecimiento carcelario desde el 23 de septiembre de 2014, por los hechos originarios de la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
Mediante sentencia de 16 de octubre de 2016, el estrado del circuito confutado conden\u00f3 al promotor a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisi\u00f3n, como autor del punible de \u201cacceso carnal en persona incapaz de resistir\u201d. <\/p>\n
Inconforme con lo decidido, el censor impetr\u00f3 apelaci\u00f3n cuya definici\u00f3n correspondi\u00f3 al tribunal fustigado y la ponencia del caso se asign\u00f3 al magistrado al Juan Carlos Diettes Luna. <\/p>\n
El actor solicit\u00f3 al despacho del circuito demandado, la libertad condicional y la concesi\u00f3n de la prisi\u00f3n domiciliaria, pedimentos desestimados el 14 de mayo de 2020. <\/p>\n
Posteriormente, deprec\u00f3 a esa misma sede judicial, concederle la libertad por vencimiento de t\u00e9rminos, dada la alegada tardanza de la corporaci\u00f3n encausada en zanjar la alzada. <\/p>\n
En fallo de 12 de febrero siguiente, la colegiatura atacada confirm\u00f3 la condena proferida por el a quo frente al precursor. <\/p>\n
Para el petente, se lesionaron sus garant\u00edas, pues la tardanza injustificada de la corporaci\u00f3n refutada hizo nugatoria su prerrogativa a obtener su libertad por descuento de la pena, al punto que est\u00e1 cerca de cumplir la condena impuesta, lo cual torna inane incoar el recurso extraordinario de casaci\u00f3n, pues cuando sea resuelto, habr\u00e1 purgado su tiempo en prisi\u00f3n. <\/p>\n
Asimismo, cuestiona que se encontr\u00f3 probada, sin estarla, su responsabilidad en la conducta enrostrada <\/p>\n
3. Solicita, por tanto, remitir copias respecto del magistrado Juan Carlos Diettes Luna, para que se le sancione disciplinariamente, y ordenar al estrado a quo disponer su libertad condicional. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de los accionados <\/p>\n
1. El mencionado magistrado defendi\u00f3 la legalidad de su actuaci\u00f3n y, refiri\u00f3 estar por definir lo relativo a la sustentaci\u00f3n del recurso extraordinario de casaci\u00f3n promovido por el impulsor respecto a la sentencia de segundo grado. <\/p>\n
2. El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Bucaramanga y la Fiscal\u00eda Seccional de esa ciudad, manifestaron no haber conculcado los derechos del impulsor1. <\/p>\n
3. Ludvig \u00c1lvarez Hern\u00e1ndez, aduciendo ser el defensor del accionante al interior del decurso criticado, se\u00f1al\u00f3 que el 28 de enero pasado, present\u00f3 otra salvaguarda contra el colegiado recriminado ante la Corte Constitucional, en virtud de la mora para dirimir la apelaci\u00f3n interpuesta frente a la condena del a quo, colegiatura que remiti\u00f3 las diligencias por competencia a la hom\u00f3loga Penal. <\/p>\n
4. Los dem\u00e1s convocados guardaron silencio. <\/p>\n
1.2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Neg\u00f3 el amparo, por desentenderse el presupuesto de subsidiariedad. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formul\u00f3 el querellante, reiterando los argumentos esbozados en la demanda de amparo e indicando que el tribunal demandado le <\/p>\n
\u201c(\u2026) concedi\u00f3 uno d\u00edas para [impetrar el] recurso de casaci\u00f3n tiempo que dej[\u00f3] vencer (\u2026) y, [de igual modo, esa autoridad] expidi\u00f3 [el auto de 21 de abril de 2021, mediante el cual declar\u00f3 desierta esa defensa, por falta de sustentaci\u00f3n oportuna] (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. Frente a la negativa del estrado del circuito encartado a acoger solicitud del gestor dirigida obtener su libertad condicional o, la prisi\u00f3n domiciliaria, el resguardo est\u00e1 llamado al naufragio al desatender los presupuestos de inmediatez y subsidiariedad. <\/p>\n
1.1. El primero, porque, entre la presentaci\u00f3n del ruego tuitivo, acaecida el 6 de abril de 2021, y el mencionado pronunciamiento, proferido el 14 de mayo de 2020, han trascurrido m\u00e1s de diez (10) meses, tiempo que supera el plazo de seis (6) meses establecidos por la Sala como suficiente para concurrir tempestivamente a este auxilio. <\/p>\n
Sobre a la enunciada exigencia, la Corte reiteradamente ha puntualizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [S]i bien la jurisprudencia no ha se\u00f1alado un\u00e1nime el t\u00e9rmino en el cual debe operar el decaimiento de la petici\u00f3n de amparo frente a decisiones judiciales por falta de inmediatez, s\u00ed resulta di\u00e1fano que \u00e9ste no pueda ser tan amplio que impida la consolidaci\u00f3n de las situaciones jur\u00eddicas creadas por la jurisdicci\u00f3n, (\u2026) [por tanto] (\u2026) muy breve ha de ser el tiempo que debe transcurrir entre la fecha de la determinaci\u00f3n judicial acusada y el reclamo constitucional que se enfila contra ella, con miras a que \u00e9ste \u00faltimo no pierda su raz\u00f3n de ser (\u2026) en el presente evento no puede tenerse por cumplida la exigencia de inmediatez de la solicitud por cuanto supera en mucho el lapso razonable de los seis meses que se adopta, y no se demostr\u00f3, ni invoc\u00f3 siquiera, justificaci\u00f3n de tal demora por el accionante (\u2026)\u201d2. <\/p>\n
Por tanto, si el petente se demor\u00f3 en incoar el resguardo, su descuido per se descarta la existencia de una conducta irregular atribuible a las entidades confutadas y con repercusi\u00f3n directa en sus garant\u00edas fundamentales. <\/p>\n
1.2. En cuanto al segundo, se relieva, el actor no entabl\u00f3 los recursos de reposici\u00f3n y apelaci\u00f3n a su alcance, respecto a la referida determinaci\u00f3n. <\/p>\n
Esta acci\u00f3n impone el agotamiento previo de todos los mecanismos de defensa a disposici\u00f3n de los interesados, dado su car\u00e1cter eminentemente residual, pues, de otra manera, se convertir\u00eda en una v\u00eda para revivir las oportunidades clausuradas, cuesti\u00f3n que terminar\u00eda cercenando los principios nodales edificantes de esta herramienta constitucional. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Corte ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) De modo que, si incurri\u00f3 en pigricia y desperdici\u00f3 las diferentes oportunidades procesales, es inadmisible la pretensi\u00f3n de recurrir tal actuaci\u00f3n por esta v\u00eda extraordinaria o de tratar de recuperar mediante ese instrumento tal posibilidad, puesto que no ha sido dise\u00f1ado para rescatar t\u00e9rminos derrochados, – pues los mismos son perentorios e improrrogables, (\u2026) ni para establecer una paralela forma de control de las actuaciones judiciales, circunstancia que, acorde con reiterada jurisprudencia, impide la intervenci\u00f3n del Juez constitucional en tanto no est\u00e1 dentro de la \u00f3rbita de su competencia suplir la incuria, los desaciertos o descuidos de las partes en el ejercicio de sus facultades, cargas, o deberes procesales, pues esa no es la finalidad para la cual se instituy\u00f3 la tutela (\u2026)\u201d3. <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]uando hay [negligencia] de las partes en el empleo de las defensas frente a las decisiones judiciales, es vedado para el Juez de tutela penetrar en las cuestiones procedimentales que informan los tr\u00e1mites respectivos, pues a este amparo, eminentemente subsidiario, s\u00f3lo es dable acudir cuando no se ha tenido otra posibilidad \u201cjudicial\u201d de resguardo; adem\u00e1s, si las partes dejan de utilizar los dispositivos de defensa previstos por el orden jur\u00eddico, – como aqu\u00ed ocurri\u00f3 -, quedan sujetas a las consecuencias de las determinaciones que le sean adversas, que ser\u00edan el fruto de su propia incuria (\u2026)4\u201d. <\/p>\n
2. Atinente al ataque dirigido contra el auto de 19 de enero de 2021, proferido por el ad quem reprochado, mediante el cual ratific\u00f3 la desestimaci\u00f3n del pedimento de libertad provisional por vencimiento de t\u00e9rminos elevado por el tutelante, la Sala advierte que no se incurri\u00f3 en la vulneraci\u00f3n denunciada. <\/p>\n
Lo anterior, por cuanto el censor formul\u00f3 esa solicitud en virtud de la mora del tribunal en definir la apelaci\u00f3n contra el fallo condenatorio de primer grado; sin embargo, correspond\u00eda, como ocurri\u00f3, denegar aqu\u00e9lla solicitud, pues el quejoso no se encuentra detenido en raz\u00f3n de una medida de aseguramiento, contrario sensu, lo est\u00e1 con ocasi\u00f3n de la sentencia del a quo. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Raz\u00f3n le asisti\u00f3 al Juzgado Promiscuo del Circuito de Ituango y a dicho cuerpo colegiado cuando se\u00f1alaron que Monsalve Guzm\u00e1n no se encuentra privado de la libertad en virtud de una medida de aseguramiento, toda vez que en la actualidad se halla descontando pena en raz\u00f3n a la sentencia emitida el 9 de agosto de 2017\u201d. <\/p>\n
\u201cEn tales condiciones, pierde toda vigencia la demanda, pues la intervenci\u00f3n del juez constitucional s\u00f3lo se admite como medida correctiva para superar la ilegalidad de mantener a una persona privada de la libertad sin fundamento alguno, asunto que dista mucho de presentarse en el caso examinado, dado que el solicitante se encuentra legalmente confinado en prisi\u00f3n, precisamente cumpliendo la pena impuesta por un juez luego de hall\u00e1rsele responsable de la comisi\u00f3n de un delito y sin que se advierta cubierta en su totalidad la sanci\u00f3n\u201d. <\/p>\n
\u201cLo anterior, por cuanto la medida de aseguramiento preventiva tiene vigencia hasta el anuncio del sentido de fallo condenatorio. Sobre ese t\u00f3pico, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, en auto AP 4711, 24 jul. 2017, rad. 49734, explic\u00f3:\u201d. <\/p>\n
\u201c[E]n los procesos regidos por la Ley 906 de 2004, la medida de aseguramiento tiene vigencia hasta el anuncio del sentido de fallo condenatorio, all\u00ed el juez puede hacer una manifestaci\u00f3n expresa acerca de la libertad del procesado, disponiendo su encarcelamiento, pero si omite hacer una manifestaci\u00f3n al respecto en esa oportunidad, la vigencia de la medida se extender\u00e1 hasta la lectura de la sentencia, momento en el que, por mandato legal, no s\u00f3lo debe imponer la pena de prisi\u00f3n, sino que ha de resolver sobre la libertad; en particular, sobre la concesi\u00f3n o negativa de los sustitutos y subrogados penales\u201d. <\/p>\n
\u201cTales razones impiden, entonces, afirmar que el cumplimiento del mandato de juzgar al detenido dentro del plazo m\u00e1ximo legal -gen\u00e9rico- (art. 1\u00ba de la Ley 1786 de 2016, que modific\u00f3 el art. 307 de la Ley 906 de 2004) se cumple con la lectura del fallo de segundo grado, como lo comprende la jurisprudencia constitucional\u201d. <\/p>\n
\u201cEsta err\u00f3nea conclusi\u00f3n tambi\u00e9n estriba en que, para los efectos del art. 7-5 de la C.A.D.H., concretados en el art. 1\u00ba de la Ley 1786 de 2016, no es lo mismo juzgar al procesado privado de la libertad que entender agotado el proceso penal como tal. \u00c9ste se prolonga m\u00e1s all\u00e1 de las instancias ordinarias (arts. 205 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 180 y ss. de la Ley 906 de 2004); inclusive, en estricto sentido, comprende etapas posteriores a la ejecutoria de la sentencia, como lo es la de ejecuci\u00f3n de la pena (arts. 469 y ss. de la Ley 600 de 2000 y arts. 459 y ss. de la Ley 906 de 2004)\u201d. <\/p>\n
\u201cSi el principal objeto del proceso penal es la determinaci\u00f3n de la responsabilidad penal del acusado, tal prop\u00f3sito se concreta en la decisi\u00f3n sobre tal aspecto, contenida en la sentencia. Cuesti\u00f3n diferente es que ese juicio -positivo o negativo- sobre la responsabilidad pueda ser sometido a controversia por la v\u00eda del derecho de impugnaci\u00f3n. La indeterminaci\u00f3n sancionable con la p\u00e9rdida de la potestad estatal para investigar y juzgar con privaci\u00f3n de la libertad es aquella donde el estado de acusaci\u00f3n se prolonga indefinidamente sin que se defina la situaci\u00f3n jur\u00eddica del procesado, en relaci\u00f3n con su situaci\u00f3n de culpabilidad o de inocencia. Como lo clarifica la Corte I.D.H., \u201cel principio del plazo razonable al que hacen referencia los arts. 7-5 y 8-1 de la Convenci\u00f3n Americana tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusaci\u00f3n y asegurar que \u00e9sta se decida prontamente\u201d. <\/p>\n
\u201cClaro, ello no habilita a que el tr\u00e1mite de los recursos sea indefinido, m\u00e1s el establecimiento de plazos para la decisi\u00f3n de aqu\u00e9llos en instancias ordinarias y extraordinarias, as\u00ed como la implementaci\u00f3n de sanciones al Estado por el desconocimiento del principio de celeridad, en tanto componente del debido proceso, no s\u00f3lo es cuesti\u00f3n que igualmente pertenece al \u00e1mbito de configuraci\u00f3n legislativa, sino que se orienta por una teleolog\u00eda distinta, debido a que al existir sentencia de primera instancia, ya se cuenta con un pronunciamiento judicial sobre la responsabilidad\u201d. <\/p>\n
\u201cPor tanto, es claro que la medida de aseguramiento privativa de la libertad que en su momento afect\u00f3 a Rafael Antonio Monsalve Guzm\u00e1n, perdi\u00f3 vigencia cuando se emiti\u00f3 el sentido del fallo, por lo que su reclusi\u00f3n actual se encuentra fundamentada en la sentencia condenatoria proferida en su contra y cuya apelaci\u00f3n se concedi\u00f3 ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Antioquia (\u2026)5\u201d (\u00e9nfasis original). <\/p>\n
En esa medida, la Sala encuentra que la determinaci\u00f3n del colegiado encausado no constituye quebranto a prerrogativa alguna, pues se adopt\u00f3 en observancia de particularidades de la contienda y del precedente aplicable en la materia. <\/p>\n
Seg\u00fan lo ha expresado esta Corte: \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d6. <\/p>\n
T\u00e9ngase en cuenta que la sola divergencia conceptual no puede ser venero para rogar el amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento interpretativo en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intrusi\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
3. Sobre la alegada tardanza del ad quem confutado en definir la apelaci\u00f3n incoada por el censor contra la sentencia condenatoria del a quo convocado, tambi\u00e9n es claro el fracaso de la reclamaci\u00f3n. <\/p>\n
Lo antelado, por cuanto el embate se funda en una mora relacionada con la emisi\u00f3n de una determinaci\u00f3n que, en \u00faltimas, ya se dict\u00f3. <\/p>\n
As\u00ed, proferido del fallo de segundo grado desde el 12 de febrero anterior y presentado el ruego tuitivo el 6 de abril postrero, resulta evidente la inexistencia de la dilaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Bajo ese horizonte, despu\u00e9s de la primera calenda enunciada, no exist\u00eda amenaza o perjuicio irremediable susceptible de ser conjurado a trav\u00e9s de esta especial jurisdicci\u00f3n, dada la carencia del objeto sobre la cual el petente edific\u00f3 el debate por la demora en la resoluci\u00f3n de la alzada en comento. <\/p>\n
Sobre los aspectos que ameritan la concesi\u00f3n del auxilio en virtud de perjuicio irremediable, susceptible de ser conjurado o atemperado a trav\u00e9s de la acci\u00f3n de tutela, la Sala ha enfatizado: <\/p>\n
E]sta Corporaci\u00f3n ha aplicado varios criterios para determinar su existencia; veamos: \u201cla inminencia, que exige medidas inmediatas, la urgencia que tiene el sujeto de derecho por salir de ese perjuicio inminente, y la gravedad de los hechos, que hace evidente la impostergabilidad de la tutela como mecanismo necesario para la protecci\u00f3n inmediata de los derechos constitucionales fundamentales. La concurrencia de los elementos mencionados pone de relieve la necesidad de considerar la situaci\u00f3n f\u00e1ctica que legitima la acci\u00f3n de tutela, como mecanismo transitorio y como medida precautelativa para garantizar la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales que se lesionan o que se encuentran amenazados\u201d (\u2026)\u201d7 (negrillas originales). <\/p>\n
Con todo, la Corte destaca que, aun cuando el accionante hubiese promovido el ruego tuitivo antes de la emisi\u00f3n de la sentencia de 12 de febrero de 2021, el resguardo tampoco tendr\u00eda vocaci\u00f3n de \u00e9xito, porque el precursor no demostr\u00f3 el uso de la figura de recusaci\u00f3n contra el magistrado atacado. <\/p>\n
En efecto, frente a la tardanza injustificada en asuntos penales, los procesados tienen a su alcance el mencionado instrumento procesal, para obtener, eventualmente, celeridad en la actuaci\u00f3n reprochada. <\/p>\n
Esta Corte en un asunto similar, acot\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Es menester destacar que si el querellante estima injustificada la demora de la actual autoridad competente (\u2026) tiene a su alcance la posibilidad de recusar al fiscal cognoscente en caso de encontrarse en presencia de las circunstancias contempladas en el numeral 7\u00b0 del art\u00edculo 99 de la Ley 600 de 2000 (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Respecto de ese aspecto, esta Corporaci\u00f3n en un caso an\u00e1logo expuso: (\u2026)\u201d <\/p>\n
\u201c(\u2026) El accionante se queja por la demora en que ha incurrido la Fiscal\u00eda Primera Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medell\u00edn (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Bajo ese contexto, la Sala aprecia que tal y como lo consider\u00f3 el juez constitucional de primer grado, el accionante tiene a su disposici\u00f3n \u00abla figura jur\u00eddica de la recusaci\u00f3n\u00bb, (CSJ STC 27 sep 2013, rad. 01645-01). Al respecto, en un caso de contornos similares la Corte estim\u00f3 que: <\/p>\n
\u2018(\u2026) el ordenamiento procesal penal, en el numeral 7 del art\u00edculo 56 de la Ley 906 de 2004, establece la posibilidad de formular impedimento en caso de \u2018que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada\u2019, y en el art\u00edculo 60 de la misma normatividad prev\u00e9 que \u2018si el funcionario en quien se d\u00e9 una causal de impedimento no la declarare cualquiera de las partes podr\u00e1 recusarlo (\u2026)\u2019, raz\u00f3n por la cual, dichos mecanismos de resguardo no pueden ser reemplazados o sustituidos a trav\u00e9s de la tutela, pues de lo contrario se invadir\u00edan injustificadamente las privativas funciones y competencia de otras autoridades (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En una cuesti\u00f3n similar, dijo la Sala de Casaci\u00f3n Penal que \u2018tanto en la Ley 600 de 2000 como 906 de 2004 se ofrece a las partes dentro del proceso penal el instrumento al cual acudir cuando consideren que la no resoluci\u00f3n de los casos por parte de los funcionarios judiciales pone en grave riesgo sus derechos, as\u00ed el art\u00edculo 99 y 56 respectivamente, numeral 7, que establecen las causales de impedimentos y recusaciones: (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los t\u00e9rminos que la ley se\u00f1ale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c\u2018(\u2026) De manera que puede proponer el actor su insatisfacci\u00f3n a trav\u00e9s del instituto de la recusaci\u00f3n, sin que le sea al juez de tutela suplir funciones ordinarias\u2019 (CSJ STC 29 jun 2011, rad. 54769, reiterada en las de 20 jun 2012, rad. 011221-01; 25 jul 2012, rad. 01254-01, 13 mar 2013, rad. 00178 -01) (\u2026)\u201d8. <\/p>\n
4. Refuerza la improcedencia del auxilio implorado, la desatenci\u00f3n al presupuesto de subsidiariedad, por cuanto si bien el suplicante formul\u00f3 el recurso extraordinario de casaci\u00f3n a su alcance, no lo sustent\u00f3 tempestivamente, pues, como \u00e9l mismo se\u00f1al\u00f3 en el escrito de impugnaci\u00f3n, dej\u00f3 vencer el tiempo otorgado para presentar la correspondiente de demanda y, por tanto, el remedio casacional fue declarado desierto por el tribunal acusado en auto de 21 de abril de 2021. <\/p>\n
En esa medida, el actor dilapid\u00f3 un instrumento id\u00f3neo para la defensa de sus intereses, aspecto que, valga se\u00f1alar, obedeci\u00f3 a su propia incuria, m\u00e1s no a una situaci\u00f3n atribuible al colegiado refutado. <\/p>\n
Al respecto, la Corte ha enfatizado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [R]ecu\u00e9rdese que, seg\u00fan el precedente jurisprudencial, \u00abel recurso extraordinario de casaci\u00f3n constituye un requisito de procedibilidad de la tutela contra sentencias judiciales, pues al menos debe haberse intentado su ejercicio antes de acudir al mecanismo excepcional previsto en el art\u00edculo 86 Superior. De lo contrario la acci\u00f3n de tutela se convertir\u00eda en una v\u00eda alterna para la resoluci\u00f3n de las controversias y se desvanecer\u00eda con ello su car\u00e1cter subsidiario y residual (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
5. Tocante a la pretensi\u00f3n dirigida a remitir copias para que se investigue al magistrado Juan Carlos Diettes Luna, el amparo deviene frustr\u00e1neo por cuanto el demandante puede acudir, directamente y, sin intermediaci\u00f3n alguna, ante las entidades y organismos que estime pertinentes para efectuar las manifestaciones aqu\u00ed enarboladas; adem\u00e1s, esa solicitud desborda el objeto de la acci\u00f3n de tutela, cual es, la protecci\u00f3n de los derechos fundamentales. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos10 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196911, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d12, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio13. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados incluido Colombia14, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales15; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas16. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. De acuerdo a lo discurrido, se ratificar\u00e1 el fallo de primer grado. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la Ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: NOTIFICAR lo resuelto, mediante comunicaci\u00f3n electr\u00f3nica o por mensaje de datos, a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 Atendiendo al principio de buena fe, las intervenciones de dichos sujetos procesales se toman del fallo impugnado, por cuanto a esta instancia no se alleg\u00f3 el archivo contentivo de \u00e9stas. <\/p>\n
2\u0002 CSJ. STC. 14 Sep. 2007, Exp. 2012-01316-00, reiterado en STC. 27 Oct. 2011, Rad. 2011-02245-00. <\/p>\n
3\u0002 CSJ. STC de 6 de julio de 2010, exp. -2010-00241-01; ratificada el 2 de marzo de 2011, exp. 2010-000380-01. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC11177-2018 de 29 de agosto de 2018, exp. 15693-22-08-001-2018-00099-01. <\/p>\n
5\u0002 CSJ. STP7883-2020 de 3 de septiembre de 2020, exp. 112243. <\/p>\n
6\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
7\u0002 CSJ STC13730-2019 de 10 de octubre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-03021-00 <\/p>\n
8\u0002 CSJ. Civil. Sentencia de 18 de diciembre de 2014, exp. 11001-02-04-000-2014-02258-01, reiterada el 8 de octubre de 2015, exp. 11001-02-03-000-2015-02360-00 <\/p>\n
9\u0002 CSJ. STC17119-2019 de 16 de diciembre de 2019, exp. 11001-02-03-000-2019-04106-00 <\/p>\n
10\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
11\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
12\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
13\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
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STC8365-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8365-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-02-04-000-2021-00645-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta a la sentencia de 22 de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55472","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55472","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55472"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55472\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55472"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55472"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55472"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}