STC8368-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
STC8368-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00994-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Dec\u00eddese la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 26 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por Andrea Catherine Cancino Le\u00f3n y Ricardo Alfonso Bernal Silva contra el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de esta ciudad, con ocasi\u00f3n del juicio \u201cejecutivo singular\u201d, adelantado por Gas Natural S.A. a Juan de Jes\u00fas Bernal Torres (q.e.p.d.) y otros. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. Los promotores suplican la protecci\u00f3n de la prerrogativa al debido proceso, presuntamente vulnerada por la autoridad accionada. <\/p>\n
2. Del ruego tuitivo se extrae como base de su reclamo, lo siguiente: <\/p>\n
En el Juzgado Cuarenta y Uno Civil del Circuito de Bogot\u00e1, la empresa Gas Natural S.A. inici\u00f3 contra Juan de Jes\u00fas Bernal Torres (q.e.p.d.), el juicio ejecutivo singular materia de resguardo, asunto en el cual, mediante auto de 21 de marzo de 2019, se decret\u00f3 la nulidad de todo lo actuado hasta ese momento para integrar el \u201ccontradictorio y el emplazamiento\u201d de los herederos del citado se\u00f1or. <\/p>\n
Andrea Catherine Cancino Le\u00f3n acudi\u00f3 a ese litigio como apoderada judicial de Ricardo Alonso, Ana Marlene y Leonardo Bernal Silva, hijos del all\u00ed demandado, presentando recurso de reposici\u00f3n frente a la anterior determinaci\u00f3n, alegando que \u201cno existe mandamiento ejecutivo en contra de los herederos determinados\u201d del ejecutado. <\/p>\n
Afirman los quejosos que ese remedio fue zanjado el 12 de febrero de 2021, en el sentido de emitir orden de apremio frente a los descendientes de Bernal Torres, cuando, en su sentir, lo procedente era inadmitir la demanda incoada en el litigio bajo estudio. <\/p>\n
Aseveran que el convocado omiti\u00f3 reconocer personer\u00eda a la mencionada profesional del derecho para actuar como apoderada de Ana Marlene Bernal Silva. <\/p>\n
3. Imploran, en concreto, dejar sin efecto el auto de 12 de febrero de 2021 y \u201cse ejerza control de legalidad\u201d sobre el comentado decurso. <\/p>\n
1.1. Respuesta del accionado <\/p>\n
Se opuso al auxilio resaltando la legalidad de su proceder e indicando que \u201clos reparos a que hacen referencia [los actores], no fueron ni han sido puestos en conocimiento al interior del proceso\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
Desestim\u00f3 la salvaguarda tras inferir: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [H]a de verse que mediante auto de 12 de febrero de 2021, el juzgado accionado al resolver sobre el recurso de reposici\u00f3n interpuesto contra el auto que declar\u00f3 la nulidad de lo actuado (\u2026) dispuso sobre un punto que no fue objeto de pronunciamiento en la decisi\u00f3n impugnada, en la medida que se libr\u00f3 mandamiento de pago, por tanto, tal providencia s\u00ed resultaba susceptible de recursos, de conformidad con lo dispuesto en el inciso 4\u00ba del art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso, a cuyo tenor: \u201cel auto que decide la reposici\u00f3n no es susceptible de ning\u00fan recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior\u201d. <\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, en el entendido que (sic) los accionantes se duelen que (sic) en la citada providencia no se incluy\u00f3 la totalidad de herederos determinados, como tampoco en el auto que reconoci\u00f3 personer\u00eda a la abogada que los representa, es preciso indicar que tambi\u00e9n tuvieron a su alcance la posibilidad de solicitar la adici\u00f3n de los prove\u00eddos conforme lo autoriza el art\u00edculo 287 del C\u00f3digo General del Proceso o, todav\u00eda, la correcci\u00f3n de que trata el art\u00edculo 286 ib\u00eddem (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201cFinalmente, en cuanto a la pretensi\u00f3n dirigida a \u201cejercer control de legalidad sobre el expediente, se pone de presente que ello escapa de la \u00f3rbita del juez constitucional por ser un asunto que compete al natural (\u2026)\u201d. <\/p>\n
1.3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La formularon los promotores insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor e indicado que, si bien el auto criticado por esa senda modific\u00f3 algunos numerales de la decisi\u00f3n de 21 de marzo de 2019, \u201clo cierto es que lo hizo de manera equivocada y contraria a la Ley\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. De entrada se advierte que Andrea Catherine Cancino Le\u00f3n carece de legitimaci\u00f3n para elevar el reclamo constitucional, a nombre propio, por los hechos relacionados en el escrito de tutela, pues ella obra en el memorado subex\u00e1mine como apoderada judicial de algunos herederos de Juan de Jes\u00fas Bernal Torres, persona inicialmente demandada en el comentado ejecutivo; por ende, no es titular de garant\u00eda iusfundamental alguna derivada de esa actuaci\u00f3n. <\/p>\n
2. Es menester indicar que el art\u00edculo 10\u00ba del Decreto 2591 de 1991, si bien establece: \u201c[l]a acci\u00f3n de tutela podr\u00e1 ser ejercida [indistintamente por] cualquiera\u201d, condiciona su legitimaci\u00f3n a la persona, natural o jur\u00eddica, directamente \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, a su representante o a su agente oficioso, no a los terceros. El mencionado canon normativo es desarrollo de la regla 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, de la cual se colige que a dicho auxilio solo puede acudir quien vea \u201cvulnerados o amenazados\u201d sus derechos fundamentales. <\/p>\n
Sobre el particular, esta Sala siguiendo la doctrina constitucional ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [C]iertamente, aunque el art\u00edculo 10 del Decreto 2591 de 1991, establece que \u201ccualquier persona\u201d puede acudir a la referida acci\u00f3n, no debe desconocerse, que a rengl\u00f3n seguido condiciona su legitimaci\u00f3n a que ella sea la \u201cvulnerada o amenazada en uno de sus derechos fundamentales\u201d, no el de terceros, como as\u00ed tambi\u00e9n se menciona en el [precepto] 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al decir que a tal mecanismo s\u00f3lo puede acudir quien le hayan sido \u201cvulnerados o amenazados\u201d aquellos (\u2026)\u201d1. <\/p>\n
3. Ahora, como el auxilio fue interpuesto tambi\u00e9n por Ricardo Alfonso Bernal Silva, persona que conforma el extremo pasivo del caso sublite, se entrar\u00e1 a estudiar la censura elevada por aqu\u00e9l frente al auto de 21 de febrero de 2021, mediante el cual se emiti\u00f3 mandamiento de pago en su contra. <\/p>\n
4. Se negar\u00e1 el auxilio por la desatenci\u00f3n del presupuesto de subsidiariedad, teniendo en cuenta que el actor no utiliz\u00f3 el instrumento a su alcance para atacar la providencia ahora censurada, pues frente a esa decisi\u00f3n se abr\u00eda el camino para impugnar2 mediante recurso de reposici\u00f3n, procedente a voces de lo establecido en el art\u00edculo 318 del C\u00f3digo General del Proceso; empero, aquel no hizo uso de dicho mecanismo. <\/p>\n
5. El descuido del petente le cierra el paso a esta excepcional jurisdicci\u00f3n dada su naturaleza subsidiaria. <\/p>\n
Sobre la relevancia del referido medio de defensa, esta Corte ha sido enf\u00e1tica al se\u00f1alar: <\/p>\n
No es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del proceso. <\/p>\n
En lo concerniente al citado requisito, esta Colegiatura ha adoctrinado: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [L]a accionante (\u2026), no cuestion\u00f3 la decisi\u00f3n adoptada por la funcionaria judicial acusada, (\u2026) a trav\u00e9s del recurso (\u2026) consagrado por el estatuto procesal, incuria que no puede suplirse por este medio constitucional. Es claro entonces y como reiteradamente ha sostenido la Corte, que esta acci\u00f3n debido a su car\u00e1cter excepcional y subsidiario, no resulta apta para debatir reclamaciones de linaje procesal, salvo en las eventualidades en que se configuren circunstancias de verdadera excepci\u00f3n esto es, de afectaci\u00f3n y peligro para los atributos b\u00e1sicos, porque en condiciones normales tales pretensiones deben ser ventiladas a trav\u00e9s de los instrumentos ordinarios de resguardo judicial y en el presente asunto no se acredit\u00f3 que la accionante se encontrara en esa extraordinaria condici\u00f3n (\u2026)\u201d4. <\/p>\n
6. Finalmente, en torno a la reclamaci\u00f3n relativa a imponer que \u201cse ejerza control de legalidad\u201d sobre el compulsivo censurado, se le pone de presente al tutelante que tal pretensi\u00f3n, adem\u00e1s de corresponder al fallador natural esa tarea, desborda los l\u00edmites de este mecanismo, el cual est\u00e1 previsto, concretamente, para establecer el quebrantamiento o amenaza de garant\u00edas fundamentales y adoptar las determinaciones del caso, conforme al art\u00edculo 86 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. <\/p>\n
7. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos5 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la intervenci\u00f3n de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n atacada. <\/p>\n
El tratado citado resulta aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
En sentido an\u00e1logo, la regla 93 ej\u00fasdem, indica: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el Derecho de los Tratados de 19696, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d7, impone su observancia en forma irrestricta cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
7.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio8. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus prerrogativas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las garant\u00edas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
8. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
1\u0002CSJ STC 13 dic. 2011, Rad. 13001 22 13 000 2011 00284 02. <\/p>\n
2\u0002 El prove\u00eddo acusado conten\u00eda puntos nuevos susceptibles de reposici\u00f3n, teniendo en cuenta que ese recurso se hab\u00eda interpuesto contra el auto que orden\u00f3 integrar el contradictorio y el emplazamiento de los herederos del all\u00ed ejecutado; sin embargo, el estrado querellado al resolver ese remedio emiti\u00f3 mandamiento de pago contra el aqu\u00ed actor. <\/p>\n
3\u0002 CSJ STC, de 28 de marzo de 2012, exp. 2012-00050-01, reiterada el 15 de mayo y el 17 de octubre del mismo a\u00f1o, exps. 2012-00017-01 y 2012-02127-00. <\/p>\n
4\u0002 CSJ. STC. 11 abr. 2011, rad. 00043-01; reiterada el 25 de junio, 12 de septiembre y 1 de noviembre de 2012, rad. 00143-01, 00100-01 y 0176-01, respectivamente. <\/p>\n
5\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
6\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
7\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
8\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330 <\/p>\n
9\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
10\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
11\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 a 308. <\/p>\n
7 <\/p>\n
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