STC8369-2021<\/p>\n
<\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
Magistrado ponente <\/p>\n
STC8369-2021 <\/p>\n
Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00999-01 <\/p>\n
(Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) <\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) <\/p>\n
Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia de 25 de mayo de 2021, dictada por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogot\u00e1, dentro de la acci\u00f3n de tutela instaurada por International Law and Business Consultancy Group S.A.S., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, con ocasi\u00f3n del proceso verbal sumario de \u201cprotecci\u00f3n al consumidor\u201d adelantado por Daniel Tamayo Ru\u00edz a la aqu\u00ed gestora. <\/p>\n
<\/p>\n
1. ANTECEDENTES <\/p>\n
1. La accionante suplica la protecci\u00f3n de las prerrogativas a la defensa y debido proceso, presuntamente quebrantadas por la querellada. <\/p>\n
2. De lo consignado en el ruego tuitivo y sus anexos, se colige que en la Superintendencia de Industria y Comercio se adelant\u00f3 el juicio materia de este amparo constitucional, asunto en el cual, mediante providencia de 19 de marzo de 2021, se orden\u00f3 a Law and Business Consultancy Group S.A.S. devolver a Daniel Tamayo Ru\u00edz \u201c(\u2026) la suma de $3.529.985 (\u2026)\u201d, por vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor. <\/p>\n
Esgrime la tutelante que la convocada incurri\u00f3 en defecto f\u00e1ctico, pues, <\/p>\n
\u201cen primer lugar, (\u2026) se demostr\u00f3 que (\u2026) el [demandante] consinti\u00f3 en que le retuvieran el dinero de la inscripci\u00f3n, m\u00e1s el 25 por ciento de lo que el contratante abon\u00f3, a t\u00edtulo de arras, cuando ya hubiera confirmaci\u00f3n de Enrolvenment Activo o (CoE) (\u2026). Y en segundo, porque dio por probado, sin estarlo que (\u2026) supuestamente incurri\u00f3 en informaci\u00f3n enga\u00f1osa, cuando del material allegado nada de esto est\u00e1 probado; adem\u00e1s las cl\u00e1usulas del contrato son absolutamente claras, por lo que el juzgador no estaba en la posici\u00f3n de interpretar el clausulado a favor del demandante, cosa que efectivamente hizo\u201d. <\/p>\n
3. Implora, en concreto, \u201cse revoque ipso facto la sentencia\u201d proferida en el caso bajo estudio. <\/p>\n
<\/p>\n
1. Respuesta de la accionada <\/p>\n
Se opuso al ruego resaltando la legalidad de su proceder. <\/p>\n
<\/p>\n
2. La sentencia impugnada <\/p>\n
El tribunal deneg\u00f3 la protecci\u00f3n reclamada aduciendo: <\/p>\n
\u201c(\u2026) [N]o se present\u00f3 la indebida valoraci\u00f3n probatoria que denunci\u00f3 la accionante pues, al contrastar la cl\u00e1usula del contrato que se\u00f1alaba la penalidad por cancelaci\u00f3n del proceso con las pruebas obrantes en el expediente, la SIC encontr\u00f3, razonadamente, que no se configuraban los supuestos facticos para retener el 25% del abono hecho por el accionante, pues para el 4 de abril de 2020, fecha en la que desisti\u00f3, no ten\u00eda CoE (Confirmation of Enrolment) emitido a su nombre, ya que este se expidi\u00f3 hasta el 2 de junio de 2020, aunado al hecho que la autoridad encartada determin\u00f3 que deb\u00eda interpretarse la cl\u00e1usula en disenso en favor del consumidor tal como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 4 y 34 de la Ley 1480 de 2011\u201d. <\/p>\n
<\/p>\n
3. La impugnaci\u00f3n <\/p>\n
La querellante impugn\u00f3 insistiendo en los argumentos de disenso expuestos en el libelo genitor e indicando que \u201cni en el proceso judicial ni en la tutela\u201d se valor\u00f3 el tema concerniente a la \u201cpandemia del Covid-19\u201d, para determinar un incumplimiento justificado de los \u201ct\u00e9rminos\u201d del negocio objeto de litigio. <\/p>\n
2. CONSIDERACIONES <\/p>\n
1. La alzada corresponde zanjarla a esta Sala, por cuanto la Superintendencia de Industria y Comercio, cuando ejerce funciones jurisdiccionales, asume, por disposici\u00f3n de los art\u00edculos 20.91 y 24.12 del C\u00f3digo General del Proceso, la categor\u00eda de juez civil del circuito, por tanto, en consecuencia, al Tribunal Superior del respectivo Distrito Judicial desatar, en primera instancia, las tutelas formuladas contra ella, y en segunda, a esta Corte, de conformidad con lo preceptuado en el numeral 5\u00ba del canon 1\u00ba del Decreto 1983 de 20173. <\/p>\n
Conforme lo ha indicado esta Sala en pret\u00e9ritas oportunidades4, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Constitucional, trat\u00e1ndose de las atribuciones judiciales conferidas a las entidades administrativas, entre \u00e9stas, las superintendencias, ha de revisarse la autoridad judicial despojada de sus facultades y desplazada por tales \u00f3rganos de control, en el marco de la competencia funcional. <\/p>\n
Ello, para establecer qui\u00e9n funge como su superior funcional, pues a \u00e9ste le ser\u00e1 impuesto el conocimiento de las acciones constitucionales impetradas respecto de ellas. <\/p>\n
1.1. Con la expedici\u00f3n del Estatuto del Consumidor, la Superintendencia de Industria y Comercio subsumi\u00f3 la competencia de la jurisdicci\u00f3n ordinaria en materia de \u201cacciones de protecci\u00f3n al consumidor\u201d en todos los sectores de la econom\u00eda5, tr\u00e1mite que debe adelantarse bajo el procedimiento verbal sumario (art\u00edculo 3906 ej\u00fasdem). <\/p>\n
La atribuci\u00f3n de esa potestad implica que una vez dicho \u00f3rgano de control avoca conocimiento de una \u201cacci\u00f3n de protecci\u00f3n al consumidor\u201d, lo hace en ejercicio de sus facultades jurisdiccionales, no administrativas; de manera que todos los actos se rigen, \u00fanicamente, por la citada norma especial, por ser la que regula estas acciones, y por el ordenamiento procedimental (Ley 1564 de 2012). <\/p>\n
2. La tutelante censura, puntualmente, el fallo de 19 de marzo de 2021, mediante el cual, la superintendencia criticada, le impuso devolver \u201cla suma de $3.529.985\u201d a favor de Daniel Tamayo Ru\u00edz por vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor. <\/p>\n
3. La entidad convocada, al zanjar el pleito subex\u00e1mine, evidenci\u00f3 que entre las partes del proceso existi\u00f3 una relaci\u00f3n de consumo donde el demandante contrat\u00f3 con Law and Business Consultancy Group S.A.S., \u201cel servicio de asesor\u00eda e intermediaci\u00f3n para el estudio de idiomas y aplicaci\u00f3n en instituci\u00f3n y visado ante el gobierno de Australia\u201d, cancelando, para ello, la suma de $679.207 por inscripci\u00f3n y $12.377.000 por la totalidad del convenio. <\/p>\n
Para abordar la tem\u00e1tica en disputa, la tutelada, indic\u00f3: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Se tiene que en el presente asunto lo que se discute es el tema de la retenci\u00f3n del 25% del valor total pagado por el demandante. Se se\u00f1ala por parte de la sociedad demandada que dicha retenci\u00f3n se realiz\u00f3 en base a la cl\u00e1usula n\u00famero 4 del [contrato] (\u2026). Este documento indica que se aplica la retenci\u00f3n sobre el valor de la inscripci\u00f3n y del 25% del valor abonado, cuando el aplicante decida cancelar o desistir del proceso despu\u00e9s de que el aplicante tenga un CoE (Confirmation of Enrolment) emitido a su nombre. <\/p>\n
Frente a las pruebas aportadas al plenario, la superintendencia evidenci\u00f3 una vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor, por parte de la ahora promotora, pues <\/p>\n
\u201cel CoE, el cual certifica la matr\u00edcula del demandante en la instituci\u00f3n donde iba a realizar sus estudios en Australia se expidi\u00f3 [el] 2 de junio de 2020, esto es, posterior a la fecha de la solicitud de cancelaci\u00f3n del programa al que se present\u00f3 el demandante que es con fecha de abril de 2020, es decir que el demandante solicit\u00f3 la cancelaci\u00f3n del servicio antes de la expedici\u00f3n de este documento CoE (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Analizando las penalidades de la cl\u00e1usula 4\u00b0 del [contrato], esta es clara al indicar que [la] retenci\u00f3n del 25% del valor abonado se realizar\u00eda cuando el aplicante decida cancelar o desistir del proceso despu\u00e9s de que sea emitido este documento CoE, es decir si ya se emite el documento y posterior a la emisi\u00f3n de este documento, el aplicante decide desistir, ah\u00ed es donde se aplica esta retenci\u00f3n del 25% (\u2026). Entonces teniendo en cuenta lo establecido en la cl\u00e1usula 3\u00b0 la \u00fanica retenci\u00f3n procedente es (\u2026) el valor de la inscripci\u00f3n, por ende, en aplicaci\u00f3n de lo establecido en el art\u00edculo 34 de la Ley 1480 de 2011, se evidencia que no era procedente darle aplicaci\u00f3n a esa penalidad de la retenci\u00f3n del 25% que se le efectu\u00f3 al demandante basados en esta cl\u00e1usula, porque como se indic\u00f3 la misma es muy clara al indicar que esta era viable si la solicitud de cancelaci\u00f3n era posterior a la emisi\u00f3n del CoE, cosa que no sucedi\u00f3 en ese asunto\u201d. <\/p>\n
3. No se observa irregularidad en la labor descrita, pues, aparte de promoverse la participaci\u00f3n de la tutelante, quien tuvo la posibilidad de presentar escrito de contestaci\u00f3n, solicitar pruebas y controvertir las aportadas por su contraparte, el asunto fue zanjado con base en las normas aplicables al caso y ante un examen pormenorizado del caudal demostrativo que daba cuenta de la vulneraci\u00f3n de los derechos del consumidor, por parte de la ahora quejosa. <\/p>\n
Aunque no se acogiera \u00edntegramente el discernimiento del enjuiciado sobre la problem\u00e1tica descrita, esa circunstancia no permite predicar arbitrariedad, por cuanto \u201c(\u2026) independientemente de que se comparta o no la hermen\u00e9utica de los juzgadores atacados, ello no descalifica su decisi\u00f3n ni la convierte en caprichosa y con entidad suficiente de configurar v\u00eda de hecho (\u2026)\u201d7. <\/p>\n
Sobre la valoraci\u00f3n de los elementos de convicci\u00f3n, la Sala ha sostenido: <\/p>\n
\u201c(\u2026) La apreciaci\u00f3n conjunta de la prueba consiste en la actividad intelectual que debe realizar el funcionario jurisdiccional, analizando y conjugando los diversos elementos probatorios, en cuya virtud llega a un convencimiento homog\u00e9neo, sobre el cual habr\u00e1 de edificar su fallo, estimativo o desestimativo de las pretensiones, esto es, teniendo como ciertas las alegaciones de hecho en que el demandante basa sus pretensiones, o el extremo resistente sus defensas; o que no lo son (\u2026)8. <\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) En Colombia, seg\u00fan el principio de valoraci\u00f3n racional de la prueba, implantado por mandato del art\u00edculo 187 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, hoy 176 del Estatuto Procesal vigente, es deber del juez, y no mera facultad suya, evaluar en conjunto los elementos de convicci\u00f3n para obtener, de todos ellos, un resultado homog\u00e9neo o \u00fanico, sobre el cual habr\u00e1 de fundar su decisi\u00f3n final (\u2026)\u201d. <\/p>\n
\u201c(\u2026) Tal obligaci\u00f3n legal \u2013lo sostiene la Corte-, impeditiva de la desarticulaci\u00f3n del acervo probatorio, ha sido la causa de que los falladores de instancia frecuentemente acudan a ese expediente para formar su criterio, sin atender de modo especial o preferente a ninguna de las diversas pruebas practicadas. Mediante ese procedimiento, resulta que su persuasi\u00f3n se forma no por el examen aislado de cada probanza, sino por la estimaci\u00f3n global de todas las articuladas, examinadas todas como un compuesto integrado por elementos disimiles (\u2026)\u201d9. <\/p>\n
Se destaca, la apreciaci\u00f3n de las probanzas se caracteriza por ser un acto aut\u00f3nomo del juez natural, en el marco de la sana cr\u00edtica, por lo cual <\/p>\n
\u201c(\u2026) resulta infructuoso en esta sede recriminar la apreciaci\u00f3n de los medios de acreditaci\u00f3n hecha por los juzgadores naturales, dado que ese es el espacio en el que con especial \u00e9nfasis emerge el principio constitucional de la independencia judicial; en efecto, en m\u00faltiples sentencias, entre ellas, la de 29 de junio de 2011, exp. 2011-01252-00, la Corte ha decantado que: \u2018(\u2026) el campo en donde fluye la independencia del juez con mayor vigor, es en cuanto a la valoraci\u00f3n de las pruebas. Ello por cuanto el administrador de justicia es quien puede apreciar y valorar, de la manera m\u00e1s certera, el material probatorio que obra dentro de un proceso, inspir\u00e1ndose en los principios cient\u00edficos de la sana cr\u00edtica; por lo tanto, a juicio de la Corte, la regla general de que la figura de la v\u00eda de hecho solamente puede tener una aplicaci\u00f3n en situaciones extremas debe ser manejada con un criterio restrictivo (…) de forma que s\u00f3lo es factible fundar una acci\u00f3n de tutela, cuando se observa en el caso concreto, que de manera manifiesta el operador jur\u00eddico ejecuta un juicio irrazonable o arbitrario sobre la valoraci\u00f3n probatoria por fuera de las reglas b\u00e1sicas de realizaci\u00f3n, pr\u00e1ctica y apreciaci\u00f3n, las cuales se reflejan en la correspondiente providencia (\u2026), condiciones que no se vislumbran en el caso concreto (\u2026)\u201d10. <\/p>\n
La sola divergencia conceptual no puede ser venero para demandar este amparo porque la tutela no es instrumento para definir cu\u00e1l planteamiento hermen\u00e9utico en las hip\u00f3tesis de subsunci\u00f3n legal es el v\u00e1lido, ni cu\u00e1l de las inferencias valorativas de los elementos f\u00e1cticos es la m\u00e1s acertada o la correcta para dar lugar a la intervenci\u00f3n del juez constitucional. El resguardo previsto en la regla 86 es residual y subsidiario. <\/p>\n
5. Ahora, frente a la censura elevada en el escrito impugnatorio, relacionada con la falta de an\u00e1lisis del tema concerniente a la \u201cpandemia del Covid-19\u201d para determinar un incumplimiento justificado de los \u201ct\u00e9rminos\u201d del negocio materia de litigio, esta Corte no har\u00e1 ning\u00fan pronunciamiento al respecto, pues analizadas las pruebas aportadas a este ruego, se evidencia que ese espec\u00edfico punto, no fue debatido por la tutelante dentro del caso bajo estudio. <\/p>\n
As\u00ed las cosas, la gestora desaprovech\u00f3 la oportunidad de exponer dentro del proceso, el argumento ahora ventilado, por tanto, no es dable acudir a esta acci\u00f3n excepcional para subsanar falencias o descuidos en el ejercicio de los mecanismos ordinarios y extraordinarios de defensa al interior del litigio. <\/p>\n
6. Siguiendo los derroteros de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos11 y su jurisprudencia, no se otea vulneraci\u00f3n alguna a la preceptiva de la misma ni tampoco del bloque de constitucionalidad, que ameriten la injerencia de esta Corte para declarar inconvencional la actuaci\u00f3n refutada. <\/p>\n
El convenio citado es aplicable por virtud del canon 9 de la Constituci\u00f3n Nacional, cuando dice: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Las relaciones exteriores del Estado se fundamentan en la soberan\u00eda nacional, en el respeto a la autodeterminaci\u00f3n de los pueblos y en el reconocimiento de los principios del derecho internacional aceptados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
Complementariamente, el art\u00edculo 93 ej\u00fasdem, contempla: <\/p>\n
\u201c(\u2026) Los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso, que reconocen los derechos humanos y que proh\u00edben su limitaci\u00f3n en los estados de excepci\u00f3n, prevalecen en el orden interno\u201d. <\/p>\n
\u201cLos derechos y deberes consagrados en esta Carta, se interpretar\u00e1n de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia (\u2026)\u201d. <\/p>\n
El mandato 27 de la Convenci\u00f3n de Viena, sobre el derecho de los tratados de 196912, debidamente ratificada por Colombia, seg\u00fan el cual: \u201c(\u2026) Una parte no podr\u00e1 invocar las disposiciones de su derecho interno como justificaci\u00f3n del incumplimiento de un tratado (\u2026)\u201d13, impone su observancia en forma irrestricta, cuando un Estado parte lo ha suscrito o se ha adherido al mismo. <\/p>\n
6.1 Aunque podr\u00eda argumentarse la viabilidad del control de convencionalidad s\u00f3lo en decursos donde se halla el quebranto de garant\u00edas sustanciales o cuando la normatividad interna es contraria a la internacional sobre los derechos humanos, se estima trascendente efectuar dicho seguimiento en todos los asuntos donde se debata la conculcaci\u00f3n de prerrogativas iusfundamentales, as\u00ed su protecci\u00f3n resulte procedente o no. <\/p>\n
Lo aducido porque la enunciada herramienta le permite a los Estados materializar el deber de garantizar los derechos humanos en el \u00e1mbito dom\u00e9stico, a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de la conformidad de las normas y pr\u00e1cticas nacionales, con la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y su jurisprudencia, ejercicio que seg\u00fan la Corte Interamericana se surte no s\u00f3lo a petici\u00f3n de parte sino ex officio14. <\/p>\n
No sobra advertir que el r\u00e9gimen convencional en el derecho local de los pa\u00edses que la han suscrito y aprobado, no constituye un sistema opcional o de libre aplicaci\u00f3n en los ordenamientos patrios; sino que en estos casos cobra vigencia plena y obligatoriedad con car\u00e1cter impositivo para todos los servidores estatales, debiendo realizar no solamente un control legal y constitucional, sino tambi\u00e9n el convencional; con mayor raz\u00f3n cuando forma parte del bloque de constitucionalidad sin quedar al arbitrio de las autoridades su gobierno. <\/p>\n
6.2. El aludido control en estos asuntos procura, adem\u00e1s, contribuir judicial y pedag\u00f3gicamente, tal cual se le ha ordenado a los Estados denunciados \u2013incluido Colombia-15, a impartir una formaci\u00f3n permanente de Derechos Humanos y DIH en todos los niveles jer\u00e1rquicos de las Fuerzas Armadas, jueces y fiscales16; as\u00ed como realizar cursos de capacitaci\u00f3n a funcionarios de la rama ejecutiva y judicial y campa\u00f1as informativas p\u00fablicas en materia de protecci\u00f3n de derechos y garant\u00edas17. <\/p>\n
Insistir en la aplicaci\u00f3n del citado control y esbozar el contenido de la Convenci\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en providencias como la presente, le permite no s\u00f3lo a las autoridades conocer e interiorizar las obligaciones contra\u00eddas internacionalmente, en relaci\u00f3n con el respeto a los derechos humanos, sino a la ciudadan\u00eda informarse en torno al m\u00e1ximo grado de salvaguarda de sus garant\u00edas. <\/p>\n
Adem\u00e1s, pretende contribuir en la formaci\u00f3n de una comunidad global, incluyente, respetuosa de los instrumentos internacionales y de la protecci\u00f3n de las prerrogativas fundamentales en el marco del sistema americano de derechos humanos. <\/p>\n
7. Conforme a los argumentos expuestos, se ratificar\u00e1 la providencia impugnada. <\/p>\n
3. DECISI\u00d3N <\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, en Sala de Casaci\u00f3n Civil, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, <\/p>\n
RESUELVE: <\/p>\n
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha y lugar de procedencia anotada. <\/p>\n
SEGUNDO: Notif\u00edquese lo resuelto, mediante telegrama o por mensaje de datos a todos los interesados y env\u00edese oportunamente el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisi\u00f3n. <\/p>\n
NOTIF\u00cdQUESE Y C\u00daMPLASE <\/p>\n
FRANCISCO TERNERA BARRIOS <\/p>\n
Presidente de Sala <\/p>\n
\u00c1LVARO FERNANDO GARC\u00cdA RESTREPO <\/p>\n
HILDA GONZ\u00c1LEZ NEIRA <\/p>\n
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO <\/p>\n
LUIS ALONSO RICO PUERTA <\/p>\n
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE <\/p>\n
LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA <\/p>\n
1\u0002 \u201c(\u2026) Los jueces civiles del circuito conocen en primera instancia de los siguientes asuntos: (\u2026) De los procesos relacionados con el ejercicio de los derechos del consumidor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
2\u0002 \u201c(\u2026) Las autoridades administrativas a que se refiere este art\u00edculo ejercer\u00e1n funciones jurisdiccionales conforme a las siguientes reglas: <\/p>\n
1. La Superintendencia de Industria y Comercio en los procesos que versen sobre: <\/p>\n
a) Violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en el Estatuto del Consumidor (\u2026)\u201d. <\/p>\n
3\u0002 \u201c(\u2026) 5. Las acciones de tutela dirigidas contra los Jueces o Tribunales ser\u00e1n repartidas, para su conocimiento en primera instancia, al respectivo superior funcional de la autoridad jurisdiccional accionada (\u2026)\u201d. <\/p>\n
4\u0002 Cfr., et al: ATC3195-2014, exp. 2014-00141-01. <\/p>\n
5\u0002 A excepci\u00f3n de la responsabilidad por producto defectuoso y de las acciones de grupo o las populares. <\/p>\n
6\u0002 \u201c(\u2026) Se tramitar\u00e1n por el procedimiento verbal sumario los asuntos contenciosos de m\u00ednima cuant\u00eda, y los siguientes asuntos en consideraci\u00f3n a su naturaleza: (\u2026) PAR\u00c1GRAFO 3o. Los procesos que versen sobre violaci\u00f3n a los derechos de los consumidores establecidos en normas generales o especiales, con excepci\u00f3n de las acciones populares y de grupo, se tramitar\u00e1n por el proceso verbal o por el verbal sumario, seg\u00fan la cuant\u00eda, cualquiera que sea la autoridad jurisdiccional que conozca de ellos (\u2026)\u201d. <\/p>\n
7\u0002 CSJ. STC de 18 de marzo de 2010, exp. 2010-00367-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
8\u0002 CSJ. SC. Sentencia de 14 de junio de 1982. <\/p>\n
9\u0002 CSJ. STC21575-2017 de 15 de diciembre de 2017, exp. 0500022130002017-00242-01. <\/p>\n
10\u0002 CSJ. STC de 25 de enero de 2012, exp. 2011-02659-00; ver en el mismo sentido el fallo de 18 de diciembre de 2012, exp. 2012-01828-01. <\/p>\n
11\u0002 Pacto de San Jos\u00e9 de Costa Rica, firmado el 22 de noviembre de 1969 y aprobado en Colombia por la Ley 16 de 1972. <\/p>\n
12\u0002 Suscrita en Viena el 23 de mayo de 1969. <\/p>\n
13\u0002 Aprobada por Colombia mediante la Ley 32 de 1985. <\/p>\n
14\u0002 Corte IDH. Caso Gudi\u00e9l \u00c1lvarez y otros (\u201cDiario Militar\u201d) contra Guatemala. Sentencia de noviembre 20 de 2012. Serie C No. 253, p\u00e1rrafo 330. <\/p>\n
15\u0002 Corte IDH, Caso V\u00e9lez Restrepo y familiares Vs. Colombia, Excepci\u00f3n preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de septiembre de 2012. Serie C No. 248, p\u00e1rrs. 259 a 290, criterio reiterado Caso Masacre de Santo Domingo Vs. Colombia, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de noviembre de 2012. Serie C No. 259, p\u00e1rrs. 295 a 323. <\/p>\n
16\u0002 Corte IDH, Caso de la Masacre de Las Dos Erres Vs. Guatemala, Excepci\u00f3n Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, p\u00e1rrs. 229 a 274. <\/p>\n
17\u0002 Corte IDH, Caso Furlan y familiares Vs. Argentina, Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de agosto de 2012. Serie C No. 246, p\u00e1rrs. 278 308. <\/p>\n
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STC8369-2021 LUIS ARMANDO TOLOSA VILLABONA Magistrado ponente STC8369-2021 Radicaci\u00f3n n.\u00b0 11001-22-03-000-2021-00999-01 (Aprobado en sesi\u00f3n virtual de siete de julio de dos mil veintiuno) Bogot\u00e1, D. C., ocho (8) de julio de dos mil veintiuno (2021) Decide la Corte la impugnaci\u00f3n interpuesta frente a la sentencia […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[38],"tags":[],"class_list":["post-55476","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-julio"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55476","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=55476"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/55476\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=55476"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=55476"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salacivil\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=55476"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}